Viernes 16 de Diciembre de 2016

Las triquiñuelas independentistas

Todos los medios de comunicación traen hoy la noticia de que el Sr. Mas y compañeros, en el proceso por desobediencia y prevaricación, que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, van a pedir que el Sr. Rajoy declare como testigo. Parece ser que puede ser importante para ellos, dice la noticia, para que se concluya que no hubo notificación de la orden del Tribunal Constitucional de suspender la consulta, por lo que no habría habido desobediencia.

Y hoy, la Presidente del Parlamento catalán, en el teatrillo postdeclaracion ante los jueces, ha manifestado pomposamente que  ningún tribunal puede impedir que se debata sobre la independencia de Cataluña.

Así, se confirmaría una nueva “tendencia jurídica” de los responsables de la Generalidad.  A la tendencia al fraude jurídico de las autoridades catalanas, que es algo comprobado, se une ahora una concepción tan formal del Derecho que produce asombro, naturalmente, jurídico. El Derecho  no es  ni puede ser un cascarón vacío de contenido, ni el proceso se puede convertir en actos procedimentales que se suceden en el tiempo, sin sentido unitario ni razón de ser última. Esta señora, ¡ay!, fraudulentamente, separa el debate del acuerdo posterior. Todo eso da lugar a prácticas leguleyas propias del principio del siglo pasado.

 En esta España del siglo XXI, hasta el último ciudadano con uso de razón sabía que el referéndum convocado era ilegal, estaba prohibido por el Tribunal Constitucional y su celebración era delictiva. Como sabe que debatir sobre la independencia es, incluso, saludable, pero no aprobar el procedimiento para celebrar un referéndum ilegal. Querer mantener, ocultándolo, lo contrario es fraude y “leguleyismo” en estado puro.

Valentín Cortés

Jueves 15 de Diciembre de 2016

 

El papel indeclinable de la Justicia en el Estado de Derecho.

Cada vez (por ejemplo, ayer) que el Tribunal Constitucional o, en menor medida, cualquier otro órgano jurisdiccional dictan una resolución, en relación con actuación de las autoridades de la Generalidad catalana, no son pocas las voces que se levantan para manifestar que este es un problema que no se arregla judicializándolo.

A mí, que soy jurista y procesalista, me causa estupor que esta idea pueda cuajar, porque ello sería tanto como cuestionarnos el núcleo mismo del Estado de Derecho, la existencia misma del Derecho y de la Jurisdicción. Dicho de otra manera, producido el conflicto, constitucional o jurídico (que es lo que hacen a diario las autoridades catalanas), no hay más salida natural, constitucional y democrática que resolver jurisdiccionalmente ese conflicto, porque en la aplicación de la ley está el fundamento y existencia misma de nuestro Estado. No entenderlo así es sumamente peligroso y disolvente.

Que esta situación puede ser penosa, que obligue a tomar decisiones severas a quien está legitimado para ello, no lo voy a negar, pero también para eso están esos Órganos del Estado y las personas que los sirven, pues sólo tras la toma de esas decisiones, la oportuna constitucionalmente en cada momento, salvaremos nuestra democracia, nuestra convivencia y nuestro Estado, incluso organizándonos de la manera que creamos más conveniente.

Valentín Cortés

 

 

Miércoles 14 de Diciembre de 2016 

Las proposiciones de derogación de leyes

Ya hablábamos sobre esto el pasado día 30 de Noviembre. Ayer se aprobó en el Congreso una proposición del Partido Socialista para la derogación de la Ley de Reforma Laboral.

Tal hecho no merecería un  nuevo comentario ( dado las proposiciones anteriores de derogación de otras leyes que se han aprobado) a no ser porque en esta ocasión los partidos de la oposición han  aprendido una gran lección de técnica jurídica, cual es que no tiene sentido aprobar una proposición de derogación legal si no es que se indica qué es lo que se quiere hacer con las relaciones que estaban reguladas por la Ley derogada: ¿dejarlas sin regulación?, ¿regularlas por la ley a su vez derogada por la que ahora se pretende derogar?, ¿darles otra regulación concreta y determinada?

Ahora, se ha aprobado iniciar los trámites parlamentarios con el fin de aprobar, en su caso, la derogación de la reforma laboral en dos puntos concretos, para que entre en vigor lo que entonces estaba regulado.

¡Es un éxito que alcanzar los fines políticos ( erosionar al Gobierno) vaya acompañado del rigor y sentido común jurídicos! Y yo me felicito.

Valentín Cortés

Martes 13 de Diciembre de 2016

Se necesita formación jurídica

Es obvio que con este blog no pretendo ejercer ninguna influencia, y menos en la prensa, aunque la soberbia, que no la realidad, del profesor es no predicar en el desierto.

El viernes día 2 de este mes ya dije en este blog que los independentistas acusados de quemar fotos del Rey, que no iban a comparecer ante el juez que los había citado, serían conducidos, detenidos, por la fuerza pública y que, después, los pondrían en libertad. Excuso citar de nuevo la norma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de aplicación.

Hoy han sido detenidos algunos de estos sujetos y no hay medio digital de información, salvo alguna excepción, que no dé la noticia afirmando que han sido detenidos “por quemar fotos del Rey”. Es evidente que, si predico, lo hago en el desierto.

Pero, quiero seguir predicando: sobre todo a los periodistas, para que afinen en sus noticias los aspectos jurídicos, pues menudo favor están haciendo a esos que queman fotos: ¡ser detenidos por quemar fotos del Rey!, cuando ellos, sí, saben que serán puestos de inmediato en libertad y, ¡qué suerte! le han pagado el viaje de Barcelona a Madrid.

Valentín Cortés

Lunes 12 de Diciembre de 2016

¿Solución jurídica para el cierre de tráfico en el centro de Madrid?

He leído en la prensa digital, ediciones de Madrid, que los comerciantes de la Gran Vía y su zona, y el Partido Popular, piensan iniciar acciones judiciales contra el Ayuntamiento de Madrid por el modo de llevar a cabo el cierre al tráfico, en general, de la Gran Vía y otras zonas del centro. Eso se añade a los procesos contenciosos administrativos iniciados ya, que lo que pretenden es anular el plan ideado por el Ayuntamiento, habiendo conseguido hasta ahora, vía cautelar, limitaciones importantes pero parciales al plan municipal.

No entro en el fondo de la cuestión, pues, lo que me sugiere la noticia es que un Ayuntamiento, -cuyos dirigentes, provienen en su mayoría de grupos radicales de extrema izquierda, muy cerca del mundo antisistema, - es muy difícil que tenga la “cultura” de respeto a los derechos subjetivos y libertades individuales, pues, por ideología cree más en el derecho de la colectividad, que no se puede confundir con lo que, en nuestro ordenamiento, se conoce como bien público o interés público. Estos conceptos los define la ley, la colectividad la define el poder político de turno.

En esos grupos sociales la violación de la norma jurídica, en su caso, no es sentida como tal, sino como aplicación alternativa del Derecho, es decir, como la necesidad de aplicar no tanto el Derecho que es, como, por el contrario, el Derecho que nos gustaría que fuera.

La solución jurídica a este problema sería, pues, siempre a muy corto plazo.

Valentín Cortés

 

Viernes 9 de Diciembre de 2016

¿Negociaciones precontractuales?

En el mundo jurídico, cuando estamos en los movimientos precontractuales, sobresalen dos cosas que no se deben hacer: una, confundir las fuerzas negociadoras propias creyéndolas más importantes que las del contrario y minusvalorar las de éste; y otra, confundirse de objeto de negociación, lo que es tanto como creer que se puede negociar algo que el otro nunca negociará.

Estoy dispuesto a admitir, a los meros efectos dialécticos, que los independentistas de la Generalidad de Cataluña pueden ser, como ellos afirman, hasta astutos; incluso, aunque no lo reconozcan, es lo cierto que tienen tendencia irrefrenable al fraude jurídico. De modo que en ese territorio se moverán; y, siendo conscientes de la fuerza negociadora de una y otra parte, no van a caer en el error de querer negociar lo que el Estado nunca va a negociar.

Por eso, todas estas bravatas de la Generalidad (véase hoy un resumen actualizado de las llevadas a cabo en las últimas cuarenta y ocho horas en  www.larazon.es) me indican que no van a negociar nada, porque nada de lo que quieren pueden sacar del Estado; y, si algo sacan de otra cosa, destrozarían la imagen del Estado que roba y ese largo etc., que, como monserga, ha venido animando al mundo independentista hasta hoy.

Por tanto, me temo que no hay negociaciones precontractuales y que todo acabará como siempre he dicho que lo hará, cosa que Junqueras parece creer y temer también. (vid. lo que dice en el medio citado)

Valentín Cortés

 

Miércoles 7 de Diciembre de 2016

El consenso no es una “desiderata” política,es una imposición constitucional. 

La tendencia de la clase política a opinar sólo desde la perspectiva política, olvidando o despreciando la influencia y presencia del Derecho en todo, produce curiosos y sofocantes fenómenos.

En las campañas electorales, incluidos pactos de investidura, de la época del “bloqueo”, cuando los partidos proponían y acordaban reformas constitucionales sin fin, ningún político (y escasísimo número de periodistas) manifestaban que ello era imposible, dados los resultados de las elecciones, sin el concurso del PP, lo que no era muy difícil saber con tal de leerse el Título X de la Constitución.

Ahora, es lo curioso y sofocante, descubren (véanse los periódicos de hoy) dentro de ese Título, el número 3 del art. 167 que, por lo visto, no habían leído. Y deducen que Podemos puede pedir, en los casos de “reforma exprés” la celebración de un referéndum de ratificación, para concluir que hay que tener cuidado con las reformas constitucionales que se ponen en marcha.

Cualquier alumno de primero de Derecho (siempre que haya estudiado) conoce esta norma, que es una muestra más, dentro de nuestro sistema, para que hasta las más mínimas y formales modificaciones constitucionales, se hagan con consenso, no sólo porque sea una desiderata política, sino porque es una necesidad impuesta por el Derecho, es decir, la Constitución, como ya decía en mi entrada del pasado día 1 de Diciembre.

Valentín Cortés