Miércoles 24 de Diciembre de 2014




Felicidades




Para todos ustedes, que tienen la paciencia y el agrado de leer mis opiniones, deseo muchas felicidades en esta Navidad y en el año que nos llega de inmediato.
Este blogg vive de  las noticias con contenido jurídico que, casi siempre, vienen de los jueces.Será difícil que, en estos días, nos proporcionen temas de interés, por eso nos damos vacaciones hasta el día 7 de Enero de 2015, en el que estaré de nuevo con ustedes.
Gracias y Feliz Año
Valentín Cortés

Martes 23 de Diciembre de 2014

Los argumentos demagógicos no ayudan nunca.

Ya sabemos que el Juez Castro ha utilizado en su auto de apertura del juicio oral, en el caso concreto de la imputación de Doña Cristina Borbón, el slogan publicitario “Hacienda somos todos” y  aquel otro de “Lo que tu defraudas, lo pagamos todos”.

Todos comprendemos que esto no es más que la utilización de argumentos ajurídicos instalados en la demagogia. Estos argumentos no hacen, al acusador popular, acusador particular.

La doctrina Botín( interpretadora del art. 782.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal) lo que impone es que, en los delitos públicos, si no acusan el Ministerio Fiscal y la acusación particular (en este caso, el Abogado del Estado como representante de la Hacienda Pública) la acusación popular no puede acusar, o si queremos la acusación que haga no permite al juez abrir el juicio oral. Este es el problema que tiene la acusación del Juez Castro, porque tampoco es aplicable la doctrina Atucha, dado que aquí existe acusador particular, que no existía en aquel caso.

La Audiencia de Palma, si quiere enjuiciar a doña Cristina, deberá inventarse una nueva doctrina y justificar por qué no aplica la emanada  del Tribunal Supremo y para eso no le van a servir los slogans del Sr. Castro

Valentín  Cortés.

Lunes 22 de Diciembre de 2014

La admisión a trámite de las querellas contra el Sr. Mas y la imputación de Doña Cristina de Borbón

La noticia hubiera sido que no se admitían a trámite las querellas contra el Sr. Mas y compañía, máxime el mismo día que un juez ha abierto juicio oral por delito fiscal contra la hermana del Rey. Hubiera sido difícil que la sociedad española asimilara ese supuesto.

La admisión a trámite es un acto  obligado, cuando en el relato de los hechos que se hace por el querellante se describe una conducta delictiva del querellado. Yo creo que el Ministerio Fiscal, con  la participación del Fiscal General y con el acuerdo del Consejo Fiscal, es difícil que se equivoque en este aspecto.

La noticia está en que el Tribunal Superior de Cataluña, si bien admite las querellas por desobediencia al Tribunal Constitucional, lo que aprecia hasta la persona más ajena al Derecho que exista en España, no haya admitido esas querellas por los delitos de prevaricación( actuar o dictar resoluciones manifiestamente injustas o ilegales) y malversación de caudales ( art. 433 C.Penal). El Derecho, que siempre es lógico, no entenderá que se pueda desobedecer sin actuaciones ilegales e injustas y que todo el tinglado de aquel referéndum, costeado con fondos públicos, no suponga malversación de caudales públicos.

Creo que la lógica y el Derecho se impondrán al final, aunque cuesta creerlo dados los inicios.

Valentin Cortés

Viernes 18 de Diciembre de 2014

La queja de algunos Magistrados del Tribunal Supremo

Está recogido en toda la prensa el escrito de varios Magistrados del Tribunal Supremo  dirigido al Presidente de la Sala Segunda para que le haga llegar al Presidente del Consejo General del Poder Judicial su malestar por unas declaraciones del Ministro del Interior en relación con la excarcelación de asesinos de Eta por la Audiencia Nacional.

Cuando los jueces se dedican a lo suyo, es decir, como decía el pasado día 5 de este mes, cuando se dedican a aplicar la ley, sin hacer política, es muy difícil la crítica, porque hay que ser jurista. Pero, cuando los jueces hacen más política que Derecho, junto a la crítica jurídica, que ya la hicimos ese día, la crítica política es inevitable, como lo es que provenga esa crítica de los distintos ambientes políticos.

Un Poder del Estado (como el Judicial) no puede pretender, como en tiempos pasados, quedar exento de crítica y menos que la sociedad asista impasible a las resoluciones judiciales que dicta, unas veces acertadas y otras, como a la que nos referimos, muy desafortunadas.

Valentín Cortés

 

Jueves 18 de Diciembre de 2014

La dimisión del Fiscal General.

Ya lo sabemos todos: ha dimitido el Fiscal General del Estado aduciendo motivos personales. El concepto de motivo personal es tan amplio y relativo que, no cabe la menor duda,- es inútil discutirlo como hacen todos los medios de información- el Fiscal dice la verdad.

Desde mi punto de vista: a) si, como dicen algunos, el Fiscal ha sido presionado por el Gobierno (aunque no se sabe en qué asunto), debemos estar de enhorabuena, porque el Fiscal no se ha dejado presionar y habrá puesto muy difícil ( esa sería la virtud del ejemplo) que el próximo Fiscal se deje presionar; b) si, como dicen otros, el Gobierno no ha presionado al Fiscal, también estamos de enhorabuena.

La prensa, siempre en otras cosas, no repara que en la cuestión más importante que ha decidido el Fiscal General, que es, sin duda, interponer la querella contra el Sr. Mas, poco se podría hablar de verdadera presión habiendo convocado, como lo hizo el Sr. Fiscal General, al Consejo Fiscal para tomar la decisión que tomó

También en eso estamos de enhorabuena.

Valentín Cortés

 

 

Miércoles 17 de Diciembre de 2014

 ¿Impunidad consentida?

He leído en www.elconfidencial.com que el Consejo General del Poder Judicial ha abierto procedimiento sancionador a una Juez Mercantil de Badajoz que nombraba a su novio, y después marido, administrador judicial de los concursos de acreedores que ella tramitaba en su Juzgado. Parece ser que, en un momento dado, creería que era más estético, pasó a nombrar a los miembros del despacho de su novio o marido. Espero que si los hechos son ciertos esta Juez  sea sancionada con toda severidad. ¡Ya veremos!

Lo que me escandaliza es un dato accesorio de esta resolución del Consejo (que se puede leer en el periódico digital que he citado). El expediente sancionador se incoó, según esa resolución, el 27 de Noviembre de 2014 y lleva el número de referencia y orden 35/2014; lo que quiere decir que en once meses solo se han incoado 35 expedientes sancionadores contra los miles de jueces y magistrados que hay en España. Nosotros hemos comentado algunos expedientes que se han sobreseído, por lo que el resultado es ciertamente preocupante, porque o los jueces son todo unos profesionales y funcionarios modélicos, lo que es extraño dado la sociedad que tenemos, o algo falla. Y si es así, cuanto antes se arregle, mejor para el Estado, mejor para la Justicia y mejor para el Derecho.

Valentín Cortés

 

Martes 16 de Diciembre de 2014

 

Los Puyol imputados

Así lo ha acordado la Juez de Instrucción núm.31 de Barcelona, quien manifiesta, en su auto de 11 de Diciembre pasado (y que hoy se publica en www.elmundo.es), que no espera, dado los antecedentes, que los Sres. Puyol aporten los datos que conocen y que la Juez necesita, que se han solicitado a Andorra y a Liechtenstein y que han sido negados por estos países( o sus bancos, que es lo mismo) a instancia de los Puyol,  por lo que reitera las comisiones rogatorias.

No seré yo quien critique la manera que cada cual tiene de defenderse, pero, en este caso, hay que tener en cuenta que la citación como imputados viene, no  solo tras la acusación de un tercero, sino tras esa acusación y una serie de diligencias que la Juez ha llevado a cabo, tras las que, al parecer, piensa que los hechos acusados encierran indicios de criminalidad.

Me imagino que esos países(o sus bancos) deberán extremar su diligencia a la hora de volver a denegar ofrecer los datos que se les piden, porque la tendencia internacional no es la opacidad, sino la transparencia. Por eso, creo, que al final, los datos que se están pidiendo se tendrán y quizá le hubiera convenido más a los Sres. Puyol declarar con los datos enviados que hacerlo antes de que se sepa a ciencia cierta qué es lo que se va a enviar por estos países.

Valentín Cortés

Lunes 15 de Diciembre de 2014

El auto del Juez Andreu sobre el Sr.Rato

Ya dije el viernes pasado que la petición de UPyD de prisión incondicional para el Sr. Rato, en el tema de Bankia, me parecía una “exageración”, que tenía fines extrajurídicos, que tendría poco recorrido y que el Juez decidiría “pero cambiando el método que le quieren imponer la prensa y la política interesada”.

He tenido ocasión de leer en www.expansion.com el auto fechado hoy donde el Juez se despacha a UPyD afirmando que fin de las medidas cautelares (la solicitada fue la de prisión provisional sin fianza) “no puede ser la obtención de notoriedad por parte de quien interesa del Juez que se adopten esas medidas”.

Es evidente que el Juez desplaza el centro del proceso de la política interesada, para situarlo en el más puro y estricto derecho procesal.

Estamos, pues, de enhorabuena; pero el Ministro de Justicia, que pretende reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debería pensar seriamente en que los partidos políticos no deberían tener la acción popular para perseguir procesalmente a los adversarios políticos.

Valentín Cortés

 

Viernes 12 de Diciembre de 2014

La exageración no es un buen método jurídico.

Toda la prensa digital recoge la noticia de que el partido UPyD ha pedido, en el proceso sobre Bankia y su salida a Bolsa, la prisión incondicional para el Sr. Rato, porque, dice, existe riesgo de elusión de la acción de la Justicia. A mí me parece una exageración.

Ítem más: La semana empezó con la noticia (manipulada, es claro) de la que se  deducía que el Banco España había presentado un informe pericial demoledor contra Bankia y sus dirigentes de entonces por el mismo tema y  en el mismo proceso.Después, nos enteramos que el tal informe no es del Banco España y sí de unos señores que trabajan en el Banco de España.

A mí, desde mi punto de vista, estrictamente jurídico, todo esto me parece una exageración con fines extrajurídicos, que, como tal, puede tener poco recorrido jurídico.

Obsérvese que Bankia ya ha anunciado que presentará un informe pericial acerca de los mismo hechos, que me imagino será discordante del firmado por esos empleados-técnicos del Banco de España.

Y, ¿entonces? Entonces, el juez decidirá, pero,  entiendo que cambiando el método que le quieren imponer la prensa y la política intencionada.

Valentín Cortés

Jueves 11 de Diciembre de 2014

La prescripción y el ejercicio antisocial del derecho.

Ayer noche vi en una emisora de TV un video preparado por una asociación de personas afectadas por la Talidomida que tomaron sus madres durante su gestación en los años 50. “Felicitan” a la empresa farmacéutica que vendía el fármaco porque no tendrá que indemnizar a las personas afectadas, al haber prescrito el derecho de éstas  a la indemnización (así se ha declarado por sentencia).

Que alegar la prescripción de los derechos de alguien es un derecho del obligado a dar, hacer o no hacer algo es incuestionable en la Teoría General del Derecho. Lo que plantean estos afectados con su anuncio, (que sin duda se equivocaron al ejercitar su derecho si hay un Tribunal que lo ha declarado prescrito), no es la ilegalidad de la actuación de la Farmacéutica, sino la falta de ética de tal ejercicio del derecho. En otras palabras, ¿es ético ampararse en la prescripción para negar la indemnización por daños causados incontestablemente por el fármaco que fabricó y vendió en su momento?

Sea cual sea la respuesta que le demos, ¿no es este acaso un ejercicio antisocial del derecho?, que prohíbe el art. 7.2 del Código Civil?

Por supuesto que entiendo que el Derecho, además de la Ética, debería darle respuesta y solución a este tema.

Valentín Cortés

 

Miércoles 10 de Diciembre de 2014

Dos medidas cautelares

Hoy recoge toda la prensa dos noticias relativas a dos resoluciones judiciales de carácter cautelar. Por una parte, el Tribunal Superior de Canarias denegó la medida cautelar de suspensión de la autorización administrativa para buscar petróleo en aguas españolas cercanas a las Islas Canarias. Por otra, un juez de Madrid ordenó cautelarmente el cese de actividad de Uber en todo el territorio nacional. Estas dos noticias dan idea del poder inmenso que tienen los jueces y de lo importante que es su formación y responsabilidad.

Pero lo que quiero destacar hoy es que para adoptar una medida cautelar, incluso antes de iniciar el proceso, como ocurre en el caso de Ubre, es necesario tener, el que la pide, “apariencia  de derecho”, que un Juez ha visto que tenían los taxistas de España y un Tribunal no ha entendido que tiene el Gobierno de Canarias.

 Las dos resoluciones tienen, además, una gran trascendencia, sobretodo la tomada en relación al petróleo, porque se podrá discutir jurídicamente sin que todo lo domine el componente demagógico-político que intentaba el Gobierno Canario.

Valentín Cortés

Martes 9 de Diciembre de 2014

 

“La exclusiva”

Aunque no me gusta, hoy voy a hacer una especie de reflexión personal pasada que me ha recordado una noticia de este largo fin de semana. Pido, pues, perdón.

 Durante 42 años he estado en activo en la Universidad. He tenido la fortuna, creo yo, de, excepto cuatro años, compaginar mi condición universitaria con la de abogado en ejercicio. Por eso, menos esos cuatro años, he tenido lo que se llamaba “la plena” o dedicación a tiempo parcial, y cuando, como abogado, he tenido que actuar como asesor de organismos públicos, tuve que pedir una cosa que se llamaba la “compatibilidad”.

Esto me ha costado durante años un sueldo ridículo, ahora una pensión bastante reducida y siempre el estigma de colegas, los que se autodenominaban “puros”, que, curiosamente, con más o menos artilugios, además de estar dedicados a tiempo completo a la Universidad, se dedicaban a la misma abogacía que yo, pero teniendo entonces un  sueldo digno y ahora una pensión máxima.

Todo esto me ha recordado ese señor de Podemos que dice que le faltaba un papel, cuando le han abierto expediente por no dedicarse en exclusiva a la Universidad y, además, desarrollar otras actividades lucrativas.

¡Eso no es un papel!

Valentín Cortés

Viernes 5 de Diciembre de 2014

Aplicar la ley al caso concreto y someterse al imperio de la ley.

No sé si tiene sentido que, desde aquí, recuerde que los jueces tienen como función aplicar la ley al caso concreto y que estos servidores del Estado “únicamente están sometidos al imperio de la ley” (art. 117 Constitución).

No sé si tiene sentido que recuerde  que a los ciudadanos nos importa nada lo que piensen los jueces sobre la política legislativa del Gobierno o de la mayoría del Parlamento, y que no están pagados por el presupuesto nacional para que hagan interpretaciones fuera de lugar que eviten la aplicación de la ley, o que intenten conformarla a adaptarla a sus gustos, preferencias o ideologías. La grandeza del Estado de Derecho consiste en que los jueces apliquen la Ley, y la negación del Derecho, que es la incerteza y la inseguridad jurídicas, se produce cuando los jueces olvidan estas obviedades.

No sé si tiene sentido, pero la puesta en libertad de  asesinos de ETA por una sección de la Audiencia Nacional (Sala de los Penal) me ha hecho pensar que, a lo mejor, sí tiene sentido.

Valentín Cortés

 

Jueves 4 de Diciembre de 2014

Las excusas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Que, por razones políticas, el CGPJ no quiera sancionar a unos jueces de Cataluña que hicieron un manifiesto a favor del derecho a votar en el referéndum del 9N, yo sería capaz, no de compartirlo, pero sí de entenderlo. Lo digo por la noticia que he leído en www.elmundo.es.: “El CGPJ no ve tacha disciplinaria en los jueces que firmaron un manifiesto por el derecho a decidir”; la razón, según el Consejo, es que prevalece la libertad de expresión y opinión.

Bastaría que el vocal ponente de este archivo de expediente hubiera leído  lo que dice el art. 395.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que hubiera llegado a la conclusión de que el manifiesto es toda una censura a un poder público, como es el Tribunal Constitucional, no solo al considerar a Cataluña como sujeto de soberanía, sino al incitar implícitamente a desobedecer al Tribunal defendiendo el voto. Si  hubiera leído la norma citada, sabría que eso, nada tiene que ver con el derecho y libertad de expresión y de opinión. Sencillamente es algo que está prohibido por la Ley a los Jueces y Magistrados.

Pero, para eso, primero hay que querer leer, después, hacerlo y, por último, entender lo que se haya podido leer

Valentín Cortés

Mier4coles 3 de Diciembre de 2014

 

Alargar el periodo de prescripción como remedio de la ineficacia.

He leído en www.elmundo.es que los jueces Decanos de España, en relación con los delitos de corrupción, han solicitado, y propuesto como medida adecuada, el alargamiento del periodo de prescripción de esos delitos.

La prescripción es una institución jurídica que tiene que ver con la Justicia ínsita que el Ordenamiento Jurídico exige al ejercicio de los derechos. El Derecho no puede amparar ejercitar un derecho cuando ha transcurrido un tiempo lo suficientemente dilatado como para hacer pensar que ese derecho no se ejercitará, de modo que no hacerlo hace suponer e implica un abandono de su titular.

El derecho de penar del Estado, para ser ejercitado en Justicia, debe serlo en un tiempo prudente. Alargar ese periodo no puede ser un remedio para la ineficacia de la Administración de Justicia, o la desidia de los poderes públicos, y si se alarga debe ser porque exista una conciencia social, relevante y clara, de que el Estado debe castigar esos delitos, aunque no se haya preocupado de su existencia en un tiempo dilatado. Y, ¿eso no ocurriría también con todos los demás delitos? Porque, ¿de qué sirve castigar hoy lo que ocurrió hace muchos años?

Valentín Cortés

Martes 2 de Diciembre de 2014

 

Las declaraciones del Ministro de Justicia.

Remito a ustedes a las declaraciones que esta mañana ha hecho el Ministro de Justicia en un acto denominado “desayunos de Europa Press”, que yo he leído en www.europapress.es.

Me interesa, sobre todo, la parte de intervención dirigida a analizar el problema catalán, porque oímos a los dirigentes regionales lanzar la idea de que frente a las urnas, como resorte democrático, el Estado “manda al fiscal”, como solución antidemocrática, como si en nuestro Estado de Derecho se pudiera mantener, como hace a diario el Sr. Mas, que el Derecho es injusto.

 El Ministro ha hecho bien en vincular esta posición con el nazismo, que se afirmó en la vida social de Alemania, basándose precisamente en esa idea, superada por la sociedad democrática que tiene el Derecho Positivo( Constitución incluida) anclado en la Justicia y en la seguridad jurídicas, defendidas por los jueces y, en último término, por el Tribunal Constitucional. No hay, pues, contraposición posible, en nuestra sociedad, entre Derecho y democracia.

Valentín Cortés

Lunes 1 de Diciembre de 2014

La distorsionada demanda de conflicto colectivo de Jueces por la Democracia.

He leído en www.europapress.es que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una demanda de conflicto colectivo presentada por la Asociación Jueces para la Democracia contra el Consejo General del Poder Judicial y contra el Ministerio de Justicia con base a la sobrecarga de trabajo y a la falta de plan de prevención de riesgos laborales en los Juzgados.

La noticia estaría, excepcionalmente, en la admisión a trámite de la demanda, y no en la interposición de la demanda, a no ser porque el conflicto parece que se circunscribe a los Juzgados y no a los Tribunales. Si no fuera así, esta  demanda  afectaría directamente a los que van a decidir sobre su fundamentación en la sentencia; esos jueces no decidirían entonces sobre un conflicto ajeno, sino sobre un conflicto propio, y no tendrían jurisdicción para conocer de tal asunto, y, en consecuencia, no habrían admitido a trámite la demanda.

Pero, siendo así, me pregunto, ¿es que sólo hay sobrecarga de trabajo en los juzgados? ¿Es que sólo los Juzgados carecen de un plan de prevención de riesgos laborales?

Por eso esa demanda crea una distorsión jurídica y legal evidente, que tengo curiosidad por saber cómo se solucionará por la Audiencia.

Valentín Cortés

Viernes 28 de Noviembre de 2014

¿Dónde estará el límite?

He leído en la edición nacional de ABC que el Ayuntamiento de Tarragona ha aprobado una ordenanza municipal regulando qué debe exponerse en los escaparates de las tiendas y comercios dedicados a los artículos de recuerdos turísticos: solo podrán exponerse los objetos dedicados a la promoción turística de la ciudad y la difusión de sus valores patrimoniales y culturales.

No es este el lugar de sacarle la punta política que le saca el periódico, buscándole un trasfondo antinacional a la ordenanza, pues habla de que se prohíben los toreros, las banderillas, las muñecas con traje de gitana, y, me imagino, un hórreo y, por qué no, un mañico enfajado con pañuelo en la frente, y, lo peor, la Puerta de Alcalá en miniatura e iluminada.

Pero sí es el lugar de manifestar que, aunque sorprendente, podemos enuclear casos de individuos y corporaciones tan reacias al Derecho y a la Constitución, que, por cierto, en el art. 38 reconoce una cosa que se llama libertad de empresa que, me imagino, permite al tarraconense de turno organizar su negocio y sus escaparates como le venga en gana, además con la garantía y protección de los poderes públicos como advierte el art. citado.

Valentín Cortés

 

Jueves 27 de Noviembre de 2014

Una estrategia jurídica arriesgada.

Siento citarme, pero remito a los lectores a mis opiniones de los días 20 y 24 de Octubre pasado sobre la judicialización del caso del ébola de la Señora Romero.

Esta mañana todos los periódicos digitales recogen la noticia según la cual la médico de asistencia primaria que asistió a la sanitaria se va a querellar contra ella por injurias y calumnias, pues recuérdese que, contradiciendo una versión inicial, ha afirmado por activa y por pasiva que dijo a la médico que había asistido al sacerdote, después muerto, que tuvo fiebre alta, etc.Es decir, acusó a la médico de irresponsabilidad en el ejercicio de su profesión.

Ahora la Señora Romero tiene que volver a la realidad: este asunto de su contagio no admite politización, amén de que la sociedad parece ser que no está de acuerdo en admitir que la Sanidad pública, que tanto esfuerzo y éxito ha dedicado a su curación, sea una chapuza como afirmaba ella y su marido.

 Ahora es el tiempo de las responsabilidades en el contagio. Y ahí es donde está el debate, por eso digo que la estrategia jurídica que escogieron me parece arriesgada.

Valentín Cortés

Miércoles 26 de Noviembre de 2014

La astucia y el Derecho

No solo por la puesta en escena de ayer, donde el Sr. Mas nos dio la nueva versión de su proyecto de futuro, sino por lo  dicho hoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, creo que merece la pena hacer nuestra “opinión jurídica” sobre lo hecho y conseguido hasta ahora por el Sr. Mas.

Para mí los hechos son evidentes: hay un señor que es Presidente de la Generalidad que sigue pensando, ideando, preparando y anunciando de forma continuada qué ha hecho y qué hará en el futuro para declarar a Cataluña independiente, por cierto utilizando los recursos públicos.

Primero, fue el referéndum convocado, que no se pudo celebrar. Segundo fue el pseudo referéndum que no sirvió para declarar la independencia y, ahora, propone unas elecciones para declarar la independencia, pero tienen que ser con lista única soberanista y obtener mayoría absoluta.

Me hago dos preguntas: ¿Dónde está el éxito que dicen ha obtenido sobre el Estado de Derecho y sobre el Estado?  ¿Cómo va a negar en ese proceso penal, que le espera, que tiene un plan de soberanismo que incluye necesariamente la desobediencia al Tribunal Constitucional y la ruptura (no la modificación) constitucional, y que lo tiene previsto y que usará los recursos públicos para conseguirlo?

Dado que, ahora, el plan del Sr. Mas va más allá de las  próximas elecciones generales (¿astucia?) puede ser que al Estado no le quede más remedio que utilizar el art. 155 de la Constitución. ¡Sería triste!

Valentín Cortés

 

Martes 25 de Noviembre de 2014.

La autoinculpación.

Siguiendo la rancia y clásica tradición castellana de la autoinculpación masiva (ya he escrito en este Blog sobre Fuenteovejuna) hemos sabido hoy, por su portavoz Sr. Homs, que el Gobierno de la Generalidad Catalana ha decidido esta mañana, para el supuesto de que la querella del Fiscal sea admitida por el Tribunal Superior, autoinculparse, corresponsabilizándose y solidarizándose con las acciones acusadas y perseguidas por el Ministerio Fiscal. Ya, en otro gesto parecido, los diputados regionales de los partidos soberanistas se autoinculparon de desobedecer al Tribunal Constitucional por los hechos del 9N. Los del Gobierno han decidido ir a declarar, si se admite la querella, ante el Tribunal Superior.

Es un gesto jurídicamente vacuo, que sin embargo tiene el aire bravucón que ya vimos en el Sr. Mas en unas escenas en TV, diciéndole al Ministerio Fiscal que no buscara responsables, que él era el responsable. Daña a la Justicia que la sociedad pueda entender este gesto como una presión al Tribunal.

En cualquier caso, irán a declarar solo si así lo ordena el Tribunal tras  petición de parte acusadora, dado que se han autoinculpado; no depende, pues, de ellos.

Valentín Cortés

Lunes, 24 de Noviembre de 2014

 

Las recetas del Ministro de Justicia

En www.abc.es se puede leer una información acerca de los proyectos que tiene el Sr. Ministro de Justicia para arreglar la Administración de Justicia, que, como siempre ha ocurrido, pasaría por la reforma de las leyes procesales, aunque fuera en temas puntuales.

No seré yo quien le niegue el beneficio de la duda, pero dado que queda un año de legislatura mucho me temo que no habrá tiempo de reformar leyes, que en ciertos aspectos de los que se recogen en la noticia-información afectan a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a derechos fundamentales.

La inercia, que se percibe y se sufre en la Administración de Justicia y que la paraliza en líneas generales, desgraciadamente no se arregla con modificaciones puntuales de nuestra legislación, sino con un cambio de mentalidad uno de cuyos pies debe posarse sobre una judicatura responsable, bien formada (no como ahora, tributaria de las oposiciones, en donde el acierto es “cantar” el tema en  los minutos programados no se sabe por quién) y servida por una oficina judicial que no sea como la actual, claramente decimonónica.

Valentín Cortés

 

Viernes 21 de Noviembre de 2014

No toda declaración es manifestación de la libertad de expresión o de pensamiento.

Hoy (quizá por razones obvias) no ha tenido mucho eco en la prensa lo que ayer leí en www.europapress.es; publicaba  que el juez Pedraz ha imputado, y dado orden de detener, al llamado Carnicero de Mondragón, un etarra condenado, y ya en libertad, por múltiples asesinatos durante su época de terrorista activo. Ha dicho este señor en unas declaraciones públicas que sus asesinatos no eran tales, sino meras ejecuciones y que Eta no era una organización terrorista, siéndolo en cambio el Estado.

Me felicito, porque esta vez la Justicia ha pensado que eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión y de pensamiento, y sí con el menosprecio de las víctimas y de exaltación del terrorismo y del crimen.

Pero, me sigo maravillando de cómo hay algunos periodistas que entienden que parte del cometido de su profesión es preguntar a estos señores algo y después publicarlo.

Valentín Cortés

Jueves 20 de Noviembre de 2014

Pero, ¿hay que aplicar el Derecho?

En la prensa de hoy hay un grupo de políticos (no solo secesionistas) y de periodistas (¿incultos?) que afirman que es un error tremendo que la Fiscalía haya decidido interponer una querella contra el Sr. Mas y compañeros.

Todos ellos, cuando menos, demuestran una pasmosa y evidente ignorancia de nuestro Ordenamiento Jurídico, para no creer que lo que demuestran es un desprecio infinito por la Constitución.

Para ellos, la aplicación del Derecho es una alternativa o una oportunidad. Nunca un deber, si eso incomoda.

El principio de legalidad que impone la Constitución (art. 124) a la actuación de la Fiscalía, como lo impone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, debe ser algo, para ellos, sin la menor trascendencia e importancia.

En España necesitamos que, de una vez por todas, dejemos de lado a estas opiniones, porque suponen una clara apuesta por la ruptura del Estado de Derecho, que  creo es urgente defender.

 

Valentín Cortés

Miércoles 19 de Noviembre de 2014

Al final, el Estado de Derecho.

Los españoles somos dados al pesimismo. Yo también, pero me sobrepongo.

La decisión de hoy de la Fiscalía ha sido muy importante, porque sintoniza con el sentir general de que en la actuación de los dirigentes catalanes hay, al menos, indicios racionales de criminalidad. No haberlo investigado hubiera sido muy perjudicial para la sociedad española y para el Estado. Por eso protestan algunos partidos en Cataluña.

Ahora queda la decisión del Poder Judicial. Sea cual sea la decisión que tome, que para mí está claro la que debía ser, el Estado de Derecho se habrá salvado, porque funcionará no solo en la instancia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sino también en el Tribunal Supremo y Tribunal  Constitucional. ¡La Justicia es lenta, pero inexorable!

Valentín Cortés

Martes 18 de Noviembre de 2014

 

La Fiscalía en Cataluña

Lo que cierta prensa ha llamado rebelión de la Fiscalía en Cataluña está contemplado en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y tiene en esa Ley tratamiento y solución. De modo que es una simpleza jurídica llamar a lo ocurrido rebelión.

Sin embargo, es obvio que hay una grave falta de sintonía entre lo que piensa (y ordena) el Fiscal General y los fiscales que ejercen en Cataluña, que, como todos los miembros del Ministerio Fiscal, deben actuar bajo el principio de legalidad (art. 6 del Estatuto) y de imparcialidad, que exige, según el art.7, plena objetividad e independencia (hacia el exterior).

Ya sabemos que el Derecho no es una ciencia exacta y que prácticamente todo es opinable, pero resulta imposible asimilar que ninguno de esos fiscales (¡ni un solo justo!) mantenga que el Sr. Mas y demás compañeros han delinquido y que,entre otras cosas, no hayan pedido ya el archivo de todas las denuncias presentadas ante los Juzgados y Tribunales de Barcelona contra aquellos señores.

 Y como todo es opinable en el mundo jurídico, yo mantengo que no se ha actuado conforme a lo que disponen los arts. 6 y 7 del Estatuto citado. Aquí es donde está el problema.

Valentín Cortés

Lunes 17 de Noviembre de 2014

 

El tratamiento penitenciario del Sr. Matas

Cualquiera que tenga la paciencia de leerse la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario que la desarrolla convendrá conmigo que estamos ante una legislación de conceptos abiertos, nada precisos, abocados a interpretaciones dispares y hasta interesadas, si me apuran. Por tanto, un cúmulo de circunstancias que llevan a la inseguridad e incerteza jurídicas. No lo he escrito, pero sí lo he repetido en muchas ocasiones en charlas y conferencias.

Véase un ejemplo de lo que decimos, si tienen más paciencia aún. Pueden leer el auto del Juez Penitenciario que ha anulado el otorgamiento del tercer grado al Sr. Matas (el auto está en www.elmundo.es).

Los argumentos del Juez( amparados por esa legislación) suponen en gran medida negarle al Sr. Matas los méritos que, teniendo él por educación y posición social( así lo dice el Juez), sí les serian reconocidos a otras personas que no tuvieran esa posición ni esa educación.

Me parece una argumentación ajuridica totalmente criticable.

Valentín Cortés

 

Viernes 14 de Noviembre de 2014

Los políticos y los conceptos jurídicos procesales.

Produce ternura oír a los políticos en la TV pontificar sobre conceptos jurídicos procesales como el de imputación. Naturalmente, como le dijo en su momento Cicerón a Clodio, todos lo hacen pro domo sua. Lo digo por el tema de los Sres. Gruiñán y Chávez y el Tribunal Supremo.

Veamos: Estos Sres. serán citados por el Tribunal Supremo como imputados; como, por ejemplo, lo tendría que hacer yo si alguien me interpusiera una querella por estafa y relatara unos hechos que en sí mismos tuvieran apariencia de estafa. La diferencia está en que, en mi caso, la querella  habría sido interpuesta por alguien que mal quiere y quiere hacerme daño, y, en el caso de los Sres. Griñán y Chávez, los hechos con apariencia de delito los ha relatado una Juez después de una investigación, que no ha podido culminar porque no es competente para imputar a estos señores, dado que son aforados.

Pero la culpa no es de los políticos, ni siquiera de Clodio o Cicerón, sino de unos procesalistas que, en su momento, no tuvieron claro lo que diferencia a la acusación de la imputación y confundieron al legislador, lo que ahora, con sagacidad y pro domo sua, aprovechan los unos y los otros.

Valentín Cortés

 

Jueves 13 de Noviembre de 2014

 

El Estado Español, el Sr. Martín Villa y la Juez argentina.

He leído en www.eleconomista.es  que el Sr. Martín Villa quiere declarar ante la juez argentina que ha ordenado a Interpol su detención preventiva a efectos de extradición por la comisión, cuando era Ministro de Franco, de delitos de lesa humanidad. Entiendo la postura del Sr. Martin Villa desde el punto de vista personal, pero no la comparto desde el punto de vista jurídico, aunque quizá sea la única manera de quitarse de encima la espada de Damocles que significa la orden de detención internacional, que está claro que no se ejecutará en España, pero que podría ejecutarse en cualquier país extranjero que pretenda visitar el Sr. Martín Villa. Por tanto quiere convencer a la Juez de que él no ha podido cometer el delito del que se le acusa, sin poner en cuestión su pretendida jurisdicción internacional.

El Estado Español no tiene los problemas del Sr. Martín Villa y, por tanto, hace bien en no aceptar ab initio la jurisdicción internacional de esa Juez para los hechos que investiga.

Valentín Cortés

Miércoles 12 de Noviembre de 2014

 

Una fiscalía independiente

Ayer oí al Fiscal General del Estado manifestar indignado ante la prensa que la Fiscalía era independiente del Gobierno y que no recibía ni había recibido instrucciones en relación a la actuación del Sr. Mas y demás secesionistas. Hoy he oído al Sr. Presidente del Gobierno mantener con firmeza, en el mismo tema, que el Gobierno desconoce qué tipo de querella interpondrá el Ministerio Fiscal, contra quien, por qué delitos y si al final se interpondría.

Esta sociedad está tan sumida en la corrupción, y en la desfachatez, que tanto una como otra personalidad han tenido que responder a preguntas que, en sí mismas, son ofensivas y acusadoras de conductas ilegales, provenientes de unos periodistas que ni siquiera ya creen en la división de poderes, tan acostumbrados, como están, al pasado al pensar que el Ministerio Fiscal es un correveidile del Ministro de Justicia. ¡Pronto pedirán el relevo del Fiscal General, pues no admitirán que sea independiente!

Valentín Cortés

 

Martes 11 de Noviembre de 2014

Todavía hay gente a la que se puede engañar.

El Sr. Mas ha dicho pomposamente que ha enviado una carta al Presidente de Gobierno ofreciéndole abrir negociaciones “entre los dos Gobiernos” para celebrar el “referéndum vinculante de independencia”. Ha advertido que si el Sr. Rajoy no le hace caso convocará eso que llama elecciones plebiscitarias con lista independentista única (www.elmundo.es).

Como toda la actuación del Sr. Mas, esta propuesta también está instalada en la ilegalidad y en el desconocimiento de la existencia de la Constitución. Lo que propone es que “los dos gobiernos” se olviden de la Constitución y la violen.

Como el Presidente Rajoy no puede pensar que el Sr. Mas sea un memo jurídico, es evidente que debe tratarlo como a alguien que propone ilegalidades sin fin, para que no se le acepte ninguna y ver si así engaña a alguien más, porque no olvidemos que a fuerza de insistir puede engañar otra vez  a sus amigos independentistas.

Valentín Cortés

Lunes 10 de Diciembre de 2014

 

¡Sigo creyendo en el Estado de Derecho!

Con independencia de la farsa y del descontrol, todo fuera del Estado de Derecho, cualquier persona medianamente formada sabe que ayer delinquieron gobernantes y funcionarios de Cataluña. Ya lo dije el día 5 pasado: las ovejas barruntaban mal; mal en los gobernantes catalanes y en los poderes del Estado, fundamentalmente en el Judicial, representando en este caso por varios jueces de Barcelona que se apuntaron( y acomodaron) al relativismo que yo denunciaba el miércoles pasado. Eso fue ayer, ¿y hoy? ¿Seguirán “acomodándose” el Ministerio Fiscal y los jueces?

Ahora, digo que para negociar, que es lo que recomiendan los relativistas, es imprescindible dejar esta herida jurídica cerrada y curada, porque no se puede negociar fuera del Estado de Derecho. Si no es así, como dijera el castizo: “apaga y vámonos”.

Valentín Cortés

Viernes 7 de Noviembre de 2014

La Audiencia de Palma de Mallorca y doña Cristina de Borbón

Nuestro sistema procesal penal es acusatorio. Nadie puede ser juzgado si no es tras una acusación; que, además, tiene que venir de parte legítima.

Lo que ha dicho la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca es que en la conducta de la Sra. Borbón existen indicios racionales de criminalidad por fraude fiscal. Pero para que se pueda juzgar a la Sra. Borbón es imprescindible que sea acusada por parte legítima. Lo son, en el delito fiscal, el Ministerio Fiscal( acusador público) y el Abogado del Estado( acusador particular), pero no  Manos Limpias (la acusación popular). Hasta ahora ni el Ministerio Fiscal ni la Abogacía del Estado han acusado a la Sra. Borbón.

Si se aplica la doctrina del Tribunal Supremo llamada “Botín” no podría abrirse el juicio oral para juzgarla; pero si se aplica la doctrina “Atucha”, sí, pero entonces el Juez  Bravo deberá explicar las razones que le llevan a ello y yo creo, modestamente, que no es tan fácil. Todavía quedan muchos trámites procésales para saber si al final se juzga o no a Doña Cristina

Valentín Cortés 

Jueves  6 de Noviembre de 2014

Los Sres. Chávez y Griñán y el Tribunal Supremo

¿Qué significa el informe de los fiscales del Tribunal Supremo relativo a la investigación de los EREs falsos llevada a cabo por la Juez Alaya?

La prensa habla de imputación. La fiscalía no puede imputar; eso solo le corresponde a los jueces y magistrados. Lo que los fiscales le han dicho al Tribunal Supremo es que la exposición de la Juez Alaya mantiene y contiene datos e indicios de criminalidad en la conducta de aquellos señores y que el Tribunal Supremo, que es el competente, debe investigar.

El Tribunal Supremo, lógicamente, los citará como imputados y les tomará declaración; y, después, tomará las medidas que correspondan, siendo el final de ellas o bien el sobreseimiento o bien la apertura del juicio oral.

Valentín Cortés

 Miércoles 5 de Noviembre de 2014

Hartazgo

Espero no escribir, por lo menos, hasta el día diez de este mes sobre la consulta secesionista del Gobierno de Cataluña.

De aquí al día nueve el único problema jurídico en este tema es saber si alguien cometerá delito de desobediencia y cuantos funcionarios, además, prevaricarán.

Como decía aquel poema costumbrista “mal barruntan mis ovejas...”. Pero, aun así, como jurista preferiría que el Estado no se acomodara a la desobediencia, aceptando el relativismo que le ofrece un sector de la opinión publicada, y , aunque la reacción me imagino que en todo caso sería selectiva, espero que al menos lo sea utilizando la inteligencia, dejando de lado la astucia.

Valentín Cortés

Martes 4 de Noviembre de 2014

 

La “astucia” procedimental.

Toda la prensa recoge que la Generalidad catalana ha presentado un escrito ante el Tribunal Constitucional, pidiendo que no se admita a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno; ha alegado abuso de poder del Gobierno que – se argumenta -, si piensa que este referéndum convocado no es sino una continuación del anterior, debería el Gobierno haber presentado un incidente en la ejecución  del anterior recurso y no un recurso autónomo. La manera de actuar del Gobierno implicaría que la suspensión se produciría sin audiencia previa de la Generalidad, audiencia que hubiera permitido, al tener que dar trámite a las partes, la consulta del 9 de Noviembre sin la suspensión especifica del Tribunal Constitucional.

No he podido leer los argumentos del Gobierno ni los de la Generalidad, pero observo que ésta tiene un procedimentalista “astuto”, que no procesalista. El procesalista siempre piensa qué puede hacer el contrario y nunca parte de que hará lo que más nos convenga a nosotros.

Esperaremos a ver qué hace el Tribunal Constitucional en esta batalla que necesariamente ahora es y será jurídica.

Valentín Cortés