Viernes 31 de Octubre de 2014

Quosque tandem abutere, (Estado), patienta nostra.

Debe ser mucho el dinero que Hacienda puede recaudar, al endurecer como lo hace (ahora con algunas correcciones que se van a introducir como enmiendas en el Senado a la Ley fiscal que se tramita, www.expansion.com), por la venta de los ciudadanos de sus inmuebles y derechos. No lo sé.

Lo que sí sé es, por ejemplo, que para comprar un piso debo ganar dinero y pagar impuestos por haberlo  ganado; debo pagar por el mero hecho de comprarlo, por hacer la escritura pública que me impone el Ordenamiento Jurídico, debo pagar por inscribirlo en el Registro de la Propiedad, lo que me  impone la seguridad jurídica, debo pagar todos los años en el Impuesto sobre la renta lo que se supone me produce ese bien en mi patrimonio, posiblemente debo pagar el impuesto de patrimonio por tener entre otras cosas ese piso, debo pagar al Ayuntamiento todo los años el Ibi creciente,  debo pagar los gastos comunes, y otras cosas más, que se me han olvidado.

 Y ahora (que el españolito de turno necesita venderlo porque necesita liquidez) si se le ocurre venderlo, las correcciones que eran lógicas (dentro de la lógica impuesta “por el pagar”), se reducen significativamente.

Pues bien, no sé si todo esto es fundamental para reducir el déficit, o es una torpeza política, pero sí sé que es una norma injusta y que atenta contra un principio económico y social vital cual  es el del ahorro y previsión de las familias.

Valentín Cortés

Jueves 30 de Octubre de 2014

Una oportuna reforma del Reglamento del Congreso.

He leído en www.europapress.s que el Partido Popular quiere reformar el Reglamento de las Cortes, de forma puntual, aprobando una norma que imponga la suspensión de los parlamentarios cuando contra ellos se abra el juicio oral en  procesos por delitos de corrupción.

La propuesta se asienta en determinar el momento en el que debe ser “insoportable socialmente” que un parlamentario sometido a una investigación penal siga en activo y deba ser apartado, por tanto, de la función parlamentaria.

La sociedad, en todos estos escándalos, no distingue, porque la ley es confusa, entre la acusación de la comisión de delitos que viene del Ministerio Fiscal o de un particular (por ejemplo, el Sr. Bárcenas acusa al Sr. Aceves de la comisión de delitos), y la imputación ( que siempre es judicial) de la comisión de delitos, porque la Ley torpemente ha creído, sin que hasta ahora se deshaga el equívoco, que para que alguien acuda al juzgado con abogado hay que llamarlo imputado.

 La imputación que permite que alguien sea juzgado por la comisión de delitos es la que contiene el auto de apertura del juicio oral; las anteriores (la adopción de medidas cautelares que afectan a los derechos personales del acusado - prisión, libertad condicional con fianza o sin  fianza, o al patrimonio, el auto de procesamiento) no suponen ni son la imputación definitiva y suficiente para enjuiciar. Por eso me parece bien la propuesta de modificación del Reglamento del Congreso.

Valentín Cortés

Miércoles 29 de Octubre de 2014

El desnudo integral (jurídico) de la Generalidad.

Mientras el Consejo de Estado elabora su dictamen sobre la llamada consulta participativa del 9 de Noviembre en  Cataluña, se han producido, de una parte,  declaraciones de personajes públicos que recoge hoy www.elimparcial.es y, de otra, que ayer oí en una cadena de TV, que me confirman en mis opiniones publicadas anteriormente en este blog.

El Ministro de Justicia ha dicho que esa consulta es un fraude a la Ley; lo que ya le oí también ayer al Profesor Muñoz Machado en TV, añadiendo  éste el argumento de que la Generalidad estaba actuando en vía de hecho. Es obvio que estoy de acuerdo con  ellos,y creo que es importante que se produzcan estas declaraciones, dado que entiendo que este problema, que es de consecuencias de enorme contenido político, requiere una primera solución y un primer tratamiento jurídico, y desde ese punto de vista es muy importante que así lo entienda el Consejo de Estado, tomándolas en consideración.

También he leído que el Sr. Mas ha acusado el Gobierno de cobarde por acudir al Tribunal Constitucional para evitar la pantomima del día 9. Antes la astucia, ahora la cobardía, ponen de manifiesto la desnudez jurídica del Gobierno de la Generalidad.

Valentín Cortés

 

Martes 28 de Octubre de 2014

 

La policía judicial

 

Distintas personalidades del Gobierno vienen diciendo, en los últimos días, que las investigaciones sobre “la corrupción de los políticos”, que están saliendo a la luz, “demuestran que está funcionando el Estado de Derecho”.

El Estado de Derecho se asienta en la división e independencia de los Poderes del Estado. Montesquieu, en su "De l´esprit des loix", realmente, desconfiaba del Poder Judicial, porque según él, al interpretar la Ley aplicándola, podía ir contra la voluntad popular manifestada en ella. Hoy día, nos falta la finezza de Montesquieu. Ahora no es así: se desconfía principalmente del Poder Ejecutivo, que domina al Poder Legislativo y manipula al Poder Judicial.

 Por eso cuando este Poder, a través de la Policía Judicial, saca adelante las investigaciones de los trapos sucios del Poder Ejecutivo se debe a que ahora éste respeta más la independencia del otro Poder que años anteriores, en los que existiendo la misma corrupción, no salía a la luz por impedirlo el Poder Ejecutivo que, es donde, principalmente, está la corrupción.

No es que funcione el Estado de Derecho, es que nuestro Estado de Derecho es de mejor calidad que hace unos años o, incluso, meses.

Valentín Cortés  

Lunes 27 de Octubre de 2014

La "vía de hecho".

Este fin de semana pasado se ha hablado mucho, de una parte, de la astucia del proceder de la Generalidad y del Sr. Mas (produce sonrojo oírlo decir a sus subordinados en el gobierno o partido); de otra, se ha puesto en el tapete la cobardía y miseria del Sr. Mas, que involucra a particulares y funcionarios en el llamado referéndum o consulta soberanista, sin que él actúe.

Yo tengo dicho en este blog que todo este proceso es, desde el principio, un claro fraude de la Constitución: al principio se utilizaba una ley de cobertura, claramente inconstitucional, para conseguir un resultado no querido por la Constitución; ahora se utiliza fundamentalmente la vía de hecho, que siempre es ilegal en Derecho Administrativo ( pues su esencia es normalmente que la Administración actúa sin producir actos administrativos formalmente fiscalizables) y que los "astutos" de la Generalidad creen la panacea, pero que no es sino otra modalidad de fraude a la Constitución.

Por eso  no entiendo bien que el Gobierno, eso dice la prensa, tenga dudas jurídicas en seguir con su línea de impugnaciones ante el Tribunal Constitucional.

Valentín Cortés

Viernes 24 de Octubre de 2014

Lex artis médica

La “portavoz” de la auxiliar de enfermería, ya curada del ébola, ha anunciado demandas por responsabilidad  y querellas. Es decir: la guerra judicial total. Desde el punto de vista jurídico es totalmente legítimo.

 Ya hice un comentario el lunes 20 de Octubre pasado sobre lo que vagamente se anunciaba entonces. Cualquiera que, ahora, lea los periódicos o vea los informativos de las televisiones, observará que las futuras partes, en el que podría llamarse algo así como el “proceso del ébola”, están tomando posiciones. La legítima lucha judicial, irremediablemente, se desnaturalizará por la lucha política.

El problema de esa clase de lucha es doble: que las partes procesales no podrán coincidir con las políticas, a no ser que se fuercen extraordinariamente las cosas, y que las responsabilidades económicas sólo se creen sustanciosas si es la Administración la responsable; por tanto, se buscarán.

Todo me recuerda al caso del tren de Santiago, donde no ha tenido recorrido haber buscado la responsabilidad más allá del foco lógico y natural de producción de los hechos. Y ya alguien ha recordado, por ejemplo, que a los misioneros fallecidos de ébola los han tratado sanitariamente más de 200 personas, durante muchos días y muchas horas. El problema, pues, no debe estar, lógicamente, en la actuación y protocolos del aparato y sistema sanitarios. Y si esto es así, ¿Cómo condenar a quien ha actuado dentro de las reglas de su arte o ciencia o a quienes han impuesto esas reglas?

Valentín Cortés

Jueves 23 de Octubre de 2014

La “gestualidad” de la Justicia

De eso acusa el Sr. Rull, que es coordinador de Convergencia, a la Justicia cuando actúa en Cataluña. Y añade que espera que se respete la presunción de inocencia del menor de los Oriol (imputado de blanqueo de capitales y otros delitos), que ha sido detenido esta mañana mientras que se llevaba a cabo el registro  de su domicilio en su presencia (lo he leído en www.elmundo.es).

Conviene decir que al Sr. Puyol no le han aplicado una Justicia “gestual”, un gesto, más o menos molesto; le han aplicado el art. 567 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal LECRIM), que permite al Juez adoptar las medidas de vigilancia necesarias para evitar la fuga del imputado o la sustracción de los instrumentos, efectos del delito, libros, papeles, etc, que vayan a ser objeto de registro, posibilitando que el imputado esté presente, para mayor garantía de él, y que, de camino, no incurra en un delito de desobediencia( art. 569,5 LECRIM) que hubiera cometido al resistirse a presenciar el registro.

Terminado el registro, el gesto opuesto: se levantó la detención al Sr. Puyol.

Ya se ve que el Sr. Rull no ha estado jurídicamente muy fino.

Valentín Cortés

Miércoles 22 de Octubre de 2014.

Las fronteras con África

Hoy, como ayer, como casi todos los días, la prensa nos da  imágenes lacerantes de personas, colgadas durante muchas horas en las vallas que separan Melilla con el territorio marroquí, intentando entrar en España. Nuestra legislación en materia de extranjería (fundamentalmente la LO 4/2000 sobre derechos y deberes de los extranjeros en España y su integración social) impone la entrada en el país por los puestos habilitados al efecto y con la documentación adecuada (art.25) y ordena la expulsión sin expediente a los que pretendan entrar ilegalmente en el país (art.58). Todas esas personas están en esas circunstancias.

Pero, también, todas ellas, una vez que han conseguido entrar, piden protección internacional, y en ese caso, el mismo art. 58, y la legislación de la Unión, imponen el internamiento en los centros adecuados hasta tanto se tramita el expediente.

Ahora, el PP pide en el Congreso (www.elmundo.es) que se modifique la Ley, aprovechando la tramitación de la de Seguridad Ciudadana; yo, que creo en las soluciones jurídicas, entiendo que  no servirán de nada en este caso, donde lo que se pretende es el cumplimiento de legalidades que están fuera del alcance de esas personas, desesperadas, que ven el fin de la miseria y el alcance de la dignidad con tal de pisar suelo europeo, aunque sea escalando vallas cada vez más dificultosas.

Valentín Cortés

 

Martes, 21 de octubre de 2014

 

La pérdida temporal de militancia en el PP del Sr. Rato

He leído los Estatutos del Partido Popular (www.ppbalears.es) y no he encontrado la figura de la pérdida o suspensión temporal o provisional de la militancia, salvo como medida cautelar en expediente sancionador y de sanción, igualmente en ese tipo de expediente.

Pero, admito que puedo estar equivocado, porque pudiera ser que esta figura sea un supuesto de la renuncia expresa del interesado (art. 9.-“Perdida de la condición de afiliado: la condición de afiliado se extingue automáticamente por………renuncia expresa del interesado…”.), sin que los Estatutos digan o determinen si la renuncia debe ser definitiva o provisional.

Por tanto, si la suspensión temporal o provisional puede ser solicitada por el militante, incluso cuando hay un expediente informativo abierto, como es el caso del Sr. Rato, no cabría duda que ello daría lugar a la perdida de la condición de militante, aunque fuese de forma temporal o provisional, hasta que los jueces juzguen. Y si es así, no cabe duda que es imposible que el Partido se pronuncie sobre la conducta de uno que ya no es afiliado, por  clara falta de “jurisdicción”; claro está, hasta que la recobren: precisamente cuando aquellos juzguen.Y entonces lo expulsaran o no, según sea la resolución judicial.

Valentín Cortés

Lunes 20 de Octubre de 2014

 

La judicialización de la sanidad politizada.

Por supuesto que no hablaré en este lugar de la politización de la sanidad, lo que es un hecho, pero sí lo haré de la judicialización de esta sanidad que tenemos politizada. Si nada lo remedia (por ejemplo, el sentido común) los jueces conocerán “de la chapuza del ébola”; eso ha anunciado el marido de la auxiliar de enfermería a punto de confirmarse que ya está curada de tan terrible enfermedad.

La “chapuza”, naturalmente, no podría estar en la curación, sino en el contagio y ello, quiérase o no, dará lugar a examinar la culpabilidad o la negligencia en el contagio. Si nada cambia, lo que decidan los jueces estará determinado por el peso de una dilatada jurisprudencia sobre responsabilidad médica y lo harán dentro de muchos meses, después de muchos informes y dictámenes periciales y tras el interrogatorio de los testigos y partícipes en los hechos.

No me importa adelantar que la judicialización no será el camino adecuado de solucionar lo que este Sr. llama la “chapuza del ébola”.

Valentín Cortés

Viernes 17 de Octubre de 2014

 

Acusados de administración desleal

He leído en www.wlmundo.es que, al imponer la fianza por responsabilidades civiles, el Juez ha imputado a los Sres. Blesa y Rato la comisión del delito de administración desleal de Caja Madrid ( Bankia).

Desde el punto de vista jurídico procesal se me plantean dos problemas que tendrá que resolver el juez: de una parte: centralizar la responsabilidad por administración desleal sólo en los ex presidentes de la institución será difícil, cuando había un Consejo de administración, un Comité ejecutivo y un Consejero delegado. De otra parte, estos delitos societarios no se pueden  perseguir si no es por denuncia de la entidad agraviada, salvo que el delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas (art. 296 Código Penal). Yo creo que el delito no afectó a los intereses generales cuando se cometió, pero si afecta ahora a los accionistas de Bankia, por lo que es suficiente con la acción del Fiscal, y ni siquiera es necesaria la querella de Bankia o de cualquiera de sus accionistas.

Valentín Cortés

Jueves 16 de Octubre de 2014

Sobre las tarjetas negras y las estrategias.

Leo en www.elconfidencial.com que los titulares de las tarjetas negras de Caja Madrid, que las utilizaron, “contraatacan” y piden un certificado sobre sus datos fiscales a Caja Madrid para demostrar que no defraudaron a Hacienda.

No veo, lo que no es raro dado mi desconocimiento sobre los hechos concretos del caso, donde está el contraataque. Si no he entendido mal, aquí quien ataca es la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción. Si por este asunto se debe sancionar también a la sucesora de Caja Madrid, por no cumplir sus deberes fiscales, se hará, pero no evitará que se sancione a los consejeros.

Si las tarjetas eran para cubrir gastos del ejercicio de las funciones de consejero, como corrían lógicamente a cargo de la Caja, ésta los habrá declarado como tales y no constarán en el certificado fiscal que la Caja pueda emitir. El problema es cómo justificar, por ejemplo, que comprar ropa interior a la esposa del Sr. Consejero sea gasto del ejercicio de la función de ser Consejero. Y así otros ejemplos, quizá, menos grotescos, pero igualmente claros. Por eso, donde no haya justificación, me temo que la Agencia Tributaria pensará que son complementos en especie al sueldo.

Valentín Cortés

Miércoles 15 de Octubre de 2014.

 

El CGPJ y la lista de morosos con la Hacienda.

A propósito del informe que hace el Consejo General del Poder Judicial(CGPJ) sobre los proyectos de ley, hoy leo en www.expansion.com que se critica abiertamente, en el informe dedicado a la Ley General Tributaria, que se prevea publicar el registro de morosos, que chocaría con la legislación en materia de protección de datos, según el CGPJ, y no se establezca nada en relación con el registro de defraudadores.

El moroso debe ser entendido como aquel que ha declarado correctamente sus obligaciones fiscales, pero que no ha satisfecho en tiempo y forma todo o parte de la deuda contraída con la Agencia Tributaria: por ejemplo, no pagando el segundo plazo del IRPF. El defraudador ha ocultado sus rentas a la Hacienda Pública para no pagar la cantidad a la que está obligado.

Los problemas de protección de datos que ve el CGPJ para los morosos, yo, en su caso, los vería igualmente para los defraudadores. Y no veo que tales registros sean “sanción” alguna para ninguna de las dos categorías.

 Yo creo que esto tiene poco que ver con la protección de datos: pienso que si, por ej., sabemos los nombres de aquellos que no han pagado la cuota del pago de la lavadora( el célebre R.A.I), no veo la razón de no poder saber quién defrauda a Hacienda o quien no le paga, porque saberlo dará seguridad al tráfico jurídico; la misma que da saber, con sólo acudir al Registro, lo que millones de españoles deben a los bancos por sus créditos hipotecarios.

Valentín Cortés

 

Martes 14 de Octubre de 2014

La aplicación de la Ley al Sr. Mas

He tenido la oportunidad de oír esta mañana al Sr. Mas anunciando su novedosa, me imagino, “estrategia astuta”.

He recordado, mientras que hablaba de forma tan pomposamente desleal con la Constitución y el Estado Español, que este Sr. es el máximo representante del Estado en el territorio de Cataluña y que, lógicamente, prometió o juró cumplir y respetar la Constitución.

Ahora, en mi opinión que es la de un jurista no penalista, lo veo como un sedicioso (arts. 544 y 545 Código Penal), pues induce y dirige la sedición que consiste, en este caso, en alzarse, pública y tumultuariamente fuera de las vías legales, para impedir la aplicación de las leyes y la Constitución el próximo día 9 de Noviembre. El Sr. Mas está haciendo un llamamiento a no cumplir las leyes, a no aplicarlas, a salir a la calle, en contra de la Constitución y del Tribunal Constitucional. Hasta ahora lo que hacía tenia, cuando menos, la cobertura de una ley fraudulenta; ahora ni eso.

Quizá después del día tan señalado habría que hacer muchas cosas, entre ellas aplicarle la ley al Sr. Mas. Los catalanes, me imagino, le “aplicarán” el voto.

Valentín Cortés

Lunes 13 de Octubre de 2014

Craso error

El viernes escribí lo difícil que es explicar lo obvio; me refería a un juez de Barcelona que se oponía a la suspensión de su jurisdicción en el expediente abierto contra él por redactar una constitución para el Estado independiente de Cataluña.

No sabía yo que hoy (lo he leído en www.europapress.es) el Consejo General del Poder Judicial iba a decidir rechazar la suspensión cautelar de la jurisdicción de este juez porque “en este caso, la adopción de la medida cautelar no atajaría (sic) la situación que se quiere evitar”.

En realidad, con este expediente no se quiere “atajar” nada, simplemente se quiere sancionar al juez, de modo que la medida cautelar ni es ni deja de ser aceptable por “atajar” nada, sino por asegurar la sanción en su momento, que es precisamente la de suspender al Juez en sus funciones. En este caso, contra antes se sancione a un juez con esa deslealtad constitucional, mejor para el Estado.  

Claro que, tal como apuntan las cosas, puedo estar en un craso error y creer  obvio lo que no lo es.

Valentín Cortés

 

Viernes 10 de Octubre de 2014.

La amoralidad cívica.

Posiblemente lo mas penoso desde el punto de vista del intelectual sea explicar lo obvio. En este país, en el que vivimos, estoy seguro que  es por defecto del que se dedica a explicar.

Un juez de Barcelona, que ha redactado una constitución de Cataluña, como republica independiente, no ve razón alguna para que se le suspenda por ello por el Consejo General del Poder Judicial( la noticia está en toda la prensa digital).

Explicarle a este señor que no se puede ser juez del Estado español y, por ejemplo, organizar el fraude fiscal de una empresa en la que se cobra, o no, que da igual, es explicarle en qué consisten los cimientos de la “moralidad” e integridad intelectual y  constitucional y,además, enseñarle lo que es la racionalidad.¡ Muy difícil!

Valentín Cortés

Jueves 9 de Octubre de 2014.

Otra vez la Sra Cortés

La Sra. Cortés, que es Consejera de Fomento de la Junta de Andalucía (IU), manifestó ayer ( lo he leído en  la edición Andalucía del diario ABC) que muy pronto “La mezquita de Córdoba será pública” tras la expropiación que llevará a cabo la Junta.

Con independencia del anuncio, lo mas relevante es la fundamentación que la Consejera le dio a la expropiación: “porque acabará imponiéndose la razón y el sentido común”.

Teniendo en cuenta que la expropiación es, quizá, el acto jurídico mas “traumático” dentro del ámbito de los derechos materiales de la persona, que la Consejera lo fundamente en la razón y el sentido común indica la pobreza jurídica que caracteriza a la Sra. Para expropiar lo único que vale es adaptarse a la Constitución, a la Ley de expropiación forzosa andaluza y a la estatal. Y tener presupuesto. Todo lo demás es demagogia.

Valentín Cortés

Miércoles 8 de Octubre de 2014

El fin natural de la carrera del Sr. Silva

El juez Silva ha sido condenado por prevaricación.

Durante algunos días de meses pasados estuve hablando del entonces Juez Silva. La primera vez que lo hice anuncié que este Juez terminaría mal, pues, desde el principio, su actuación  con el Sr. Blesa estaba inmersa en la prevaricación.

La condena del Sr. Silva es un ejemplo paradigmático de lo que he repetido muchas veces: solo en un país, como el nuestro, en el que el orden judicial, por lo general, “se siente irresponsable” es necesario acabar a “cañonazos” de condenas de prevaricación lo que se podría haber evitado preventivamente con un sistema de responsabilidad civil y administrativa, exigida en juicios rápidos y por tribunales no formados por jueces, por actuaciones judiciales en las que surja la sinrazón, el despropósito, o la arbitrariedad. 

Valentín Cortés

Martes 7 de Octubre de 2014

Los efectos retardados de la crisis

La crisis ha tenido algún que otro efecto que, aunque retardado, es positivo. Por ejemplo, ya no es admisible tener dinero en el extranjero sin declararlo ( efecto Bárcenas o Puyol) y no están bien vistos sobresueldos en negro o black, que dicen los enterados( efecto  tarjetas Caja Madrid).

En definitiva, esta especie de moralización de la sociedad viene propiciada o alentada por una mejor persecución del fraude fiscal.

Yo, que tengo una evidente deformación jurídica, no creo que haya tanta gente arrepentida, de pronto, en el tema de las tarjetas negras; mas bien creo que hay un claro posicionamiento ante el Fisco. La devolución de cantidades percibidas, en cargos a esas tarjetas, yo creo que son una clara manifestación de lo que estoy diciendo. Si se devuelve el dinero, pues, no se ha percibido, y si no se ha percibido, al menos, no habrá que pagar por ello, claro está, si se llega a tiempo.

Valentín Cortés

Lunes 6 de Octubre de 2014

El necesario secreto de las actuaciones judiciales

Leo en www.elmundo.es que tres vocales del Consejo del Poder Judicial han pedido al Consejo que llamen a la responsabilidad al Ministerio del Interior por el tratamiento informático que se ha dado al caso del llamado pederasta de la Ciudad Lineal.

Ya he insistido en este tema en otras ocasiones, pues creo que es importantísimo guardar en secreto las actuaciones judiciales en la fase de instrucción, pues sacarlas a la luz pública significa desvanecer los efectos de la investigación, perjudicando a las víctimas, y se puede condenar de antemano ante la opinión pública  a quien, pudiera ser, nada tenga que ver con el delito perseguido.

Por esto estoy de acuerdo con los miembros del Consejo que han hecho tal petición.

Pero, no solo hay que llamar la atención al Ministerio del Interior, sino a toda la clase periodística que confunde de manera grosera el derecho a informar con hacer juicios paralelos dificultando la condena y quebrantando el derecho a la presunción de inocencia.

Valentín Cortés

Viernes 3 de Octubre de 2014

La maternidad no debe ser el problema

La presidenta del Círculo de Empresarios, Sra. de Oriol, ha declarado que prefiere contratar a mujeres de más de 45 y menos de 25 años, pues en ellas no existe peligro de embarazo, con permiso de maternidad y petición posterior de media jornada que impide que se resuelva el contrato laboral. Yo he leído la noticia en www.elmundo.es, que no recoge más detalles ni matices. Pero, quiero creer que los había.

Es evidente que un Estado que no protegiera la maternidad, antes y después del nacimiento, sería un Estado  injusto y condenado al fracaso colectivo e histórico. Por tanto, los permisos de maternidad se deberían alargar y la media jornada imponer.

Yo opino que ahí no está el problema, que sería, en todo caso, dilucidar y decidir qué ayudas debe dar el Estado a los empresarios para compensar la posible carga que supone para ellos la maternidad de sus empleadas, que ,en todo caso, debe asumir en su totalidad el Estado.

Valentín Cortés

 

Jueves 2 de Octubre de 2014

La astucia y Fuente Ovejuna

Ayer los periódicos hablaban de la desobediencia del Parlamento de Cataluña, al desarrollar una parte esencial de la Ley de Consultas( el nombramiento de la “junta electoral”), y hoy hablan de que el Sr. Mas ha suspendido el proceso de selección de personal que tendría que trabajar para la consulta ilegal(vid. por ejemplo www.abc.es). ¿Será esta la astucia de la que  nos hablaba el Sr. Mas hace unos días?, porque un día, revestido con el hábito de diputado, desobedeció al TC y el otro acató la suspensión vestido de Presidente.

Quizá el Sr. Mas ha pensado en Lope de Vega y en su Fuente Ovejuna, y quiere que el trabajo sucio lo haga el pueblo, por aquello de que cuando el Juez pregunta ¿ Quién mató al comendador”, todos contestaron  “Fuente Ovejuna, Señor”. Si fuera así, no lo habría leído bien ni del todo, porque el comendador ( personaje al que se parece bastante), cuando antes de morir, grita al pueblo “yo soy vuestro Señor”, todos le contestan “Nuestros Señores son los Reyes Católicos”, y vuelve a gritar “espera” y todos le contestan “¡Fuente Ovejuna!, y Fernán Gómez muera”.

P.D.En cualquier caso, la responsabilidad de los diputados no se diluye por el hecho de formar  colegio.

Valentín Cortés

Miércoles 1 de Octubre de 2014

 

La  gran noticia judicial de hoy.

Es el nombramiento de Don Manuel Marchena como Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es decir, de la Sala de lo Penal.

 Los periódicos que he leído (casi todos) se empeñan en tildarlo de “conservador”, como toda descripción de su personalidad. Durante el mucho tiempo que he tenido la suerte de compartir docencia con él en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, solo he advertido que Manuel Marchena era un gran jurista, penalista y procesalista, una persona de gran preparación humanista y alguien con un gran sentido del humor que, sin duda, es la base de su espíritu dialogante.

La Sala Segunda, que, como sabemos, debe ahora enjuiciar los grandes casos de corrupción política que están sustanciados, y los que de todo tipo que sin duda vendrán, estará presidida por un magistrado, de gran formación, que solo aplicará la ley al caso concreto. Eso es lo importante y lo que nos debe tranquilizar.

Valentín Cortés