Viernes 29 de Diciembre de 2023

Un sueño como el de entonces

Ahora que termina para este blog el año 2023 me ha venido al recuerdo, un poco más de 60 años atrás, cuando Martin Luther King en su famoso discurso dijo aquello de que I have a dream; el suyo era que todos los americanos vivieran en aquel país como eran en esencia: iguales. La igualdad.

No me comparo con el Reverendo pero creo que es terrible que, en esencia, tengamos hoy su sueño de hace tantos años, porque me parece que también los españoles nos despedimos de este año, y para el que viene, con el sueño de que seamos iguales que, siendo una exigencia ética de nuestra propia naturaleza humana, lo es también de nuestra Constitución (art. 14); y ese sueño, como el de aquellos americanos, va unido a que desaparezca de nuestro panorama político y social la arbitrariedad(art 9) de los poderes públicos, que tanto la sufrieron en aquel entonces y que tanto daña la igualdad y la dignidad de las personas( art.10) y, por qué no, que todos, los poderes públicos también, viviéramos “sujetos ( como dice el art.9.1 de la Constitución) a la Constitución y al Ordenamiento Jurídico”.

Con ese deseo les felicito y deseo lo mejor para el año 2024

Valentín Cortés

 

NB volveremos el próximo día 8 de Enero de 2024

 

 

 

 

Jueves 28 de Diciembnre de 2023

 

¡Otro Real Decreto-Ley!

En el BOE de hoy se publica otro nuevo Real Decreto-Ley que este Gobierno ha dictado para regular un sinfín de materias que se dicen son urgentes. La extensión del Real Decreto-Ley (118 páginas de BOE) y el título (“para adoptar medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como paliar los efectos de la sequía”) nos muestran la falacia de entender estas medidas como un caso del art. 86 de la Constitución (“En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno….”), pues en realidad son medidas que vienen siendo elaboradas desde hace tiempo, que, además, se refieren a múltiples sectores de nuestra vida que hacen de este Decreto-Ley otro más de una multiplicidad de regulaciones que, dado el sistema de aprobación por las Cortes (aprobación o rechazo en su conjunto), es una clara violación de nuestra norma constitucional.

Valentín Cortés

 

Miércoles 27 de Diciembre de 2023

La intervención del mercado del arrendamiento de viviendas es más fácil, pero no es es una medida pertinente

La prensa en general y, especialmente la económica, recoge hoy la noticia por la que sabemos que en el Decreto-Ley (otro más), que el Gobierno piensa aprobar hoy, está recogida la medida de la prórroga de la prohibición de lanzamiento por impago de la renta pactada de aquellos inquilinos vulnerables socialmente.

La medida, desde el punto de vista constitucional, supone un ataque a la economía libre de mercado que rige, según la Constitución (art. 38, en Estado Español), y al derecho de propiedad (art. 33), y también, bajo nuestro criterio, vulnera el art. 47, que establece el derecho a una vivienda digna y el deber del Estado de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho; esa que va a tomar el Gobierno, como se ha demostrado por la práctica, lo que hace es restringir aun más el mercado del arrendamiento, lo encarece y lo dificulta hasta extremos no conocidos pero sí previsibles; por la sencilla razón de que el propietario arrendador no arrendará su propiedad a una persona que pueda dar el más mínimo signo de vulnerabilidad social.

El Estado adoptaría normas pertinentes para proteger el derecho a la vivienda de esas personas si asumiera el costo de que los vulnerables no vieran su derecho a la vivienda en peligro, lo que hoy ni se hace, ni se tiene una idea clara, entre los socios del Gobierno que se deba hacer o cómo se deba hacer. Pero, es más fácil que el costo y los riesgos económicos los asuma directamente el propietario. Sí, más fácil pero no es la medida pertinente de la que habla la Constitución.

Valentín Cortés

 

 

 

 

Martes 26 de Diciembre de 2023

La “Lucha por el Derecho” del Rey

Lo que hizo el Rey, en su discurso de Nochebuena, fue cumplir a rajatabla el art.56.1 de la Constitución cuando expresa que el “Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia” y que “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”. Por eso habló de los peligros de la unidad del Estado en estos momentos, tanto individualmente (violación del principio de igual de todos los ciudadanos, donde reside la soberanía nacional) como de la cooperación interregional, también basada en el principio de igualdad; y por eso habló de los Poderes del Estado que invaden competencias y funciones de otros Poderes estatales e hizo referencia, sin duda, a los ataques que está sufriendo, por parte del Gobierno y del Parlamento, el Poder Judicial. En este contexto tienen explicación, tras el discurso, los ataques al Rey y a la Monarquía de los partidos que apoyan el Gobierno de la Nación y de los gobiernos autonómicos con tendencias cesionistas.

Para este blog que, por convicción, está asentado en la necesidad de mantener viva “la lucha por el Derecho” y por la Constitución, el discurso fue, desde el punto de vista jurídico, un acierto total y más en este año en el que tantos ataques hemos denunciado contra la Constitución y el Ordenamiento Jurídico provenientes del Poder Ejecutivo y del sometido Poder Legislativo y con un Tribunal Constitucional que se muestra peligrosamente complaciente con los desvaríos constitucionales del Poder.

Valentín Cortés

 

Viernes 22 de Diciembre de 2023

El Presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial en defensa del Poder Judicial

Hemos leído en la prensa (por ejemplo, vid. www.elmundo.es) que el Presidente del Tribunal Supremo ha pedido al Ministro Sr. Bolaños, que sabemos que es un ministro principal de este Gobierno y responsable de todo lo que se refiere a la actuación del Gobierno en materia de Justicia y en  relación con su actuación en el Parlamento, que el Gobierno haga lo necesario para acabar con los ataques a los jueces, es decir, al Poder Judicial. Intuyo que el Presidente del Tribunal Supremo pide tal cosa porque cree que el Gobierno puede acabar de raíz con esta campaña. Desde fuera, como espectador, yo diría que puede y debe.

Lo traigo a colación porque, al mismo tiempo, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por unanimidad, ha pedido al Congreso que no cite a los jueces para ser interrogados en comisiones parlamentarias que tratan de investigar la actividad jurisdiccional de ellos y se lo ha pedido explicando lo que es un Poder del Estado que no tiene responsabilidad política (vid. prensa de hoy).

Es decir, el Poder Judicial, en su conjunto (el máximo órgano jurisdiccional y el Órgano de Gobierno del Poder Judicial), piden al Ejecutivo y al Legislativo (mera extensión, hoy día, de aquel) que se acaben estos ataques inconstitucionales y claramente contrarios a lo que en la Unión Europea se entiende por Estado de Derecho. Todo indica que a esta última cuestión empieza a ser sensible el Sr. Bolaños.

Valentín Cortés

 NB.- ¡¡¡¡¡Les deseo una  muy Feliz Navidad!!!!

 

 

Jueces 21 de Diciembre de 2023

 

Una barbaridad legislativa: El Real Decreto-ley 6/2023 de 19 de Diciembre

El BOE de ayer publicó el citado Decreto-Ley, que se titula por el Gobierno como de Medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

Este Real Decreto reforma decenas de leyes de enorme trascendencia: entre ellas todas las leyes procesales, las que afectan a la función pública y un largo etc. que sería cansado detallar. Todo se hace, de nuevo, en un nuevo “trágala” legislativo, que se toma o se deja, sin  posibilidad de distinguir temas, sin la menor discusión parlamentaria, sin el menor debate previo, sin consulta con los órganos del Estado concernidos por tan importantes reformas, con desprecio absoluto a la Constitución en su art. 86,que limita los Decretos-leyes a casos de extraordinaria y urgente necesidad, que ni existe ni es posible justificarla, y con olvido de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que no admite los llamados Decretos-leyes “ómnibus”.

Si el Congreso fuera realmente un Poder independiente y fiscalizador del Ejecutivo no aprobaría en  ningún caso este Real Decreto Ley que es claramente ofensivo para el Estado de Derecho.

Valentín Cortés

 

Miércoles 20 de Diciembre de 2023

Aparentemente una estrategia fraudulenta

La prensa de hoy recoge las, para mí, sorprendentes declaraciones del Ministro Sr. Bolaños en las que ha afirmado que las comparecencias de los jueces ante las comisiones parlamentarias, sobre los temas relacionados con el “proceso” catalán, no están permitidas por la Ley. Entiéndase bien, no son sorprendentes porque estén equivocadas, sino por venir de quien han venido, un Ministro fundamental del Gobierno que ha pactado con los independentistas precisamente estas comisiones para investigar la actividad llevada a cabo por los jueces.

Todo me hace pensar que se trata de la manifestación de una estrategia leguleya y fraudulenta que entiende que esas comisiones son legales si investigan la actividad judicial sin la presencia de los investigados. De ser así estaríamos por enésima vez ante la manifestación de la tendencia ya sabido de los independentistas catalanes, asumida por el Gobierno, tendencia irrefrenable( ya lo hemos dicho muchas veces) al fraude legal y constitucional y a la visión leguleya de la Constitución y del resto del Ordenamiento Jurídico. Porque, lo que la Constitución y la ley prohíben, en esencia, es la investigación de la actividad judicial fuera de los cauces marcados en la Constitución y en las normas procesales que regulan los procesos para exigir  responsabilidad ( civil, penal o administrativa) a los jueces ante los órganos competentes para ello, que en ningún caso son los Legislativos; porque, sencillamente, los jueces no tienen responsabilidad política.

Valentín Cortés

 

Martes 19 de Diciembre de 2023

La ley de amnistía y la Comisión Venecia

El Consejo de Europa, que no depende de las Unión Europea, a través de la Comisión Venecia, ha accedido ( vid. prensa de hoy) a informar sobre el proyecto de proposición de ley de amnistía que el PSOE ha enviado a las Cortes para su aprobación. Ese informe determinará la adecuación o no de ese proyecto legal a los estándares legales europeos en varios puntos, aunque principalmente en lo que se refiere a la arbitrariedad (para nosotros, patente como ya hemos defendido en varias ocasiones en este blog) del proyecto y ataque a la división de Poderes ( igualmente patente), así como lo referente a la amnistía de delitos de terrorismo y de malversación de caudales públicos, que sobrepasa, aún más allá, la línea roja de un Estado de Derecho europeo.

Lo importante hoy para nosotros es resaltar que el proyecto socialista será sometido, por petición del Senado, al dictamen, no sólo del Consejo General del Poder Judicial y demás órganos consultivos concernidos en el tema, sino también al de la Comisión Venecia de prestigio y seriedad indiscutibles en Europa.

En estas condiciones el recurso de inconstitucionalidad que el PSOE ( vid, www.europapress.es) ha presentado por la modificación del reglamento del Senado, que permite una tramitación parlamentaria más lenta y posibilita estos dictámenes, tiene una dificultad añadida para que prospere, pues parece difícil que el Tribunal Constitucional pueda  soslayar lo positivo de contar con estos asesoramientos que hubieran sido imposibles sin la modificación del Reglamento, precisamente por el fraude parlamentario de presentar lo que es un proyecto de ley del Gobierno como una proposición de ley de un partido político.

Valentín Cortés

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 18 de Diciembre de 2023

La citación de jueces y magistrados para declarar en las comisiones parlamentarias.

Leo en www.elespanol.com que el Consejo General del Poder Judicial ha denegado, en todo momento, el permiso para que los jueces acudan a las comisiones parlamentarias a declarar sobre las actuaciones judiciales en las que han participado. Todo ello en relación con las comisiones parlamentarias que se han creado para investigar la actuación de los jueces que han intervenido de alguna manera en los procesos penales sobre el llamado “proceso” catalán. Dicho así, es evidente que se crea una confusión que es necesario aclarar.

En primer lugar, las actuaciones jurisdiccionales (en cuanto el Juez decide y dicta resoluciones, art.233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) son secretas y el Juez comete un delito si revela algo más allá de su contenido, art. 466,2 del Código Penal); ni tampoco podrá desvelar el contenido de sus demás actuaciones judiciales fuera del estrecho campo subjetivo de las partes procesales. En segundo lugar, a los jueces sólo se les puede exigir responsabilidad civil, penal y administrativa, en los márgenes que marca la ley y ante el órgano competente, que es el jurisdiccional, en el marco civil y penal, o el del Consejo General del Poder judicial, en el marco disciplinario, porque el juez no está sometido  sino al imperio de la Ley ( art. 117 de la Constitución) que excluye la responsabilidad política y, desde luego, la justificación o explicación de actuaciones judiciales antes órganos distintos al del Poder Judicial; por lo que es inútil citarlos para que declaren ante Comisiones Parlamentarias sobre actuaciones judiciales en las que hayan podido intervenir. Es una perdida absoluta de tiempo, amén de que justificaría, en su caso, que no acudieran sin son citados para ello. Por tanto, o los parlamentarios desconocen por completo nuestro ordenamiento jurídico y constitucional ( lo que es muy probable) o buscan, sabiendo el resultado final de la citación, un  medio propagandístico de ataque al Poder Judicial

Valentín  Cortés

 

 

Viernes 15 de Diciembre de 2023

Sólo condenas formales

La Ministra de Defensa, que antes de diversos cargos políticos fue magistrada, ha manifestado -lo leo en la prensa de hoy- su rechazo a los ataques de la Sra. Nogueras en el Congreso a determinados jueces que intervinieron en las condenas que se produjeron en rededor de los acontecimientos del llamado “proceso” catalán (vid. nuestra opinión del miércoles pasado). Es saludable que un miembro del Gobierno condene esta actitud; también lo ha hecho el Ministro Sr. Bolaños.

Lo que ocurre es que ese Gobierno del que forman parte se ha constituido y se apoya en el grupo parlamentario de la Sra. Nogueras, que tiene el respaldo de aquel en todo lo dicho. Ocurre, también, que, en cumplimiento del pacto que permitió a la Sra. Robles y al Sr. Bolaños ser ministros de tal Gobierno, se ha aprobado en el Congreso, posiblemente con el voto favorable de ellos, la constitución de comisiones parlamentarias que pretenden, entre otras cosas, investigar precisamente a esos jueces, y a otros, acusándolos de eso que ahora llaman, olvidándose del español, lawfare. De donde se deduce que la condena de los ministros es sólo formal y epidérmica, pues la única manera constitucional de controlar a los jueces es a través del proceso jurisdiccional para determinar, en su caso, su responsabilidad civil, administrativa o penal por sus actuaciones jurisdiccionales. La Ministra, que ha sido magistrada, y también el Ministro se olvidan, pues, de algo tan esencial y básico en nuestro sistema constitucional.

Valentín Cortés

 

 

Jueves 14 de Diciembre de 2023

La lucha por el Derecho

Toda la prensa se hace eco de las declaraciones de un importante miembro del partido independentista catalán Junts, que ha anunciado con gran pomposidad que el Sr. Puigdemont y el Presidente de Gobierno se reunirán próximamente, en el extranjero, para “abordar la negociación y profundizar en la resolución del conflicto político”. Traigo esta declaración al blog porque, de ser cierto el contenido del anuncio, y nadie seriamente lo duda ( vid. la prensa digital de esta mañana), esa reunión se produciría antes de que se pudiera aprobar la posible ley de amnistía, pues mientras tanto, si el Sr. Puigdemont viene a España, incluso en contra de la voluntad del Presidente, aquel sería detenido y metido en prisión. De esta noticia no me interesa hoy, siendo importante, el posible enfoque penal que tendría que el Presidente se reuniera con un procesado por diversos y graves delitos, huido de la Justicia y en franca y voluntaria rebeldía a la Justicia Española, es decir, al Estado Español.

Lo que me interesa poner de manifiesto es cómo el imperante espíritu totalitario ( la acumulación del Poder Ejecutivo y Legislativo en manos de una persona, sin frenos  constatables)contamina también a todos los que coadyuvan a tal concentración de Poder, en modo tal que ese representante de Junts ya “descuenta” que a ese cúmulo de Poder se unirán el  del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, en modo tal que ni siquiera hay que esperar a que se apruebe la ley para considerar que el Sr. Puigdemont, de hecho, ya está amnistiado y es posible actuar dentro de ese marco con desprecio absoluto al Poder Judicial. Como todo esto es imposible digerirlo constitucionalmente, porque es una transgresión total de la Constitución, la “lucha por el Derecho”, seria e inexorable, se hace cada día más difícil, pero más necesaria.  Von Ihering,La lucha por el Derecho, Dykinson 2018, decía que cuando el derecho propio ha sido ninguneado y pisoteado con desdén no sólo está en juego el Derecho, sino la persona misma.

Valentín Cortés

 

Miércoles 13 de Mayo de 2023

Gravísima responsabilidad

El gran deterioro constitucional que se está produciendo, ya al inicio de la tramitación de la proposición de ley sobre amnistía, es el anuncio del advenimiento de una gran quiebra constitucional si no es que el Tribunal Constitucional para, como es su deber constitucional, este dislate de ley pactado entre el Sr. Sánchez y los independentistas catalanes y vascos.

 Ayer (vid., por ejemplo, www.elespanol.com de hoy) el deterioro constitucional lo protagonizó, entre otros,  la Sra. Nogueras, que es la portavoz parlamentaria de uno de esos grupos parlamentarios; llamó indecentes, en un discurso y en un contexto de palabras y oraciones gramaticales de insulto y menosprecio, a los magistrados del Tribunal Supremo y del Constitucional que condenaron y no ampararon a los sediciosos catalanes, lo que sobrepasa de forma clara lo que es la libertad de expresión que debe tener todo parlamentario a la hora de defender sus ideas y propuestas políticas y ataca impunemente la estructura básica del Estado, que se basa, ya lo sabemos, en la división de Poderes. El ataque al Poder Judicial es tan patente y tan programado como la responsabilidad constitucional que tiene el Presidente del Gobierno en propiciarlo y seguir con lo pactado adelante sin importarle, a lo que se deduce de sus actuación y de sus silencios y palabras, las consecuencias que ello trae.

Su responsabilidad y la de los diputados que lo apoyan es muy grave e insoslayable.

Valentín Cortés

 

 

 

Martes 12 de Diciembre de 2023

La creación de comisiones de investigación sobre actividad judicial

La aprobación hoy en el Congreso de la constitución de comisiones de investigación (sobre los atentados islamistas en Barcelona en 2017, la llamada operación Cataluña del Gobierno de Rajoy y del espionaje Pegasus) tiene el objetivo confesado y pactado (entre el PSOE y los grupos independentistas catalanes, a fin de posibilitar la investidura del Sr. Sánchez) de demostrar lo que llaman estúpidamente lawfare que, como sabemos, es un término inglés que esconde el término castellano de prevaricación judicial.

 Partir del supuesto de que existió un empleo prevaricador de la Justicia al servicio de una lucha política es de una gravedad extraordinaria; someter a los jueces, que intervinieron de alguna manera en la investigación y castigo de los delitos que se cometieron en torno a esas llamadas operaciones, a  investigación política por el Congreso es una manifestación plástica de un inconstitucional control político del Poder Judicial por el Poder Legislativo y atenta contra la independencia de este último Poder y contra el fundamental principio constitucional y democrático de la separación de Poderes estatales; unir todo esto a la tramitación  de la ley de amnistía es retorcer y agrandar aún  más la violación de nuestra Constitución, pues la conclusión  a la que se llegará será convertir a los jueces en delincuentes y a los delincuentes en jueces, todo ello, para mayor escarnio, sólo y exclusivamente para que el Sr. Sánchez sea  Presidente del Gobierno.

 La responsabilidad, en este caso, del Tribunal Constitucional será histórica y no la podrán soslayar ni el Tribunal ni sus miembros.

Valentín Cortés

 

 

Lunes 11 de Diciembre de 2023

 

La suspensión del proceso penal por causa de la futura y previsible ley de amnistía

En estos días de descanso me llamó extraordinariamente la atención la noticia, presente en todos los medios de comunicación, de la suspensión acordada por un juzgado en Cataluña del proceso penal en el que se estaba enjuiciando a determinadas personas que, según el proyecto de proposición de ley presentado por el PSOE, podrían entrar en la tan anunciada ley de amnistía, que como sabemos ni se ha aprobado, ni siquiera se ha empezado a discutir en las Cortes.

No quiero perder la ocasión de manifestar que se trata de una “barbaridad jurídica”, posiblemente producto de una aberrante interpretación legal que no encuentra amparo en ningún articulo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 744 y ss) y que va en contra del principio de legalidad que consagra de forma solemne el art. 1 de la Ley citada, como necesidad ineludible de conformar la actuación judicial a las disposiciones de la ley, lo que es un trasunto de lo dispuesto en el art. 117 Constitución que obliga a los jueces a someterse exclusivamente al imperio de la Ley. Está de más afirmar que una proposición de ley en las Cortes no es ley hasta tanto no se aprueba de acuerdo con el procedimiento legislativo vigente.

Valentín Cortés

 

Martes 5 de  Diciembre de 2023

El control del Poder Judicial

Todos los intentos, que se están haciendo por los partidos políticos que apoyan al Gobierno por controlar políticamente al Poder Judicial, están destinados al más señalado fracaso. Es evidente que esos intentos llevan acompañada una campaña de desprestigio, pero es difícil que convenza a alguien más que a los políticos interesados y a los convencidos. Porque en un Estado de Derecho el estamento judicial está absolutamente impregnado de lo que dice la Constitución al efecto: “los jueces son independientes, inamovibles, responsables y únicamente sometidos al imperio de la ley”(art. 117.1). De modo que sólo será controlado políticamente aquel que se quiera dejar controlar, y, por el conocimiento personal que tengo de muchos de ellos, será difícil que se dejen.

Digo esto a cuento de las llamadas de parlamentos regionales e incluso del propio Congreso a jueces o magistrados a comparecer en comisiones parlamentarias de investigación de actuaciones judiciales. Irán y comparecerán si están obligados a ello; otra cosa es que sean controlados y se dejen controlar. Creo que no me equivoco cuando hago estas afirmaciones.

Valentín Cortés

 

NB: volveremos el próximo día 11. ¡Buen “puente” a todos!

 

Lunes 4 de Diciembre de 2023

 

El Consejo General del Poder Judicial, en funciones

La prensa de hoy da cuenta de que el CGPJ cumple cinco años en funciones. Esta es una anomalía constitucional que, sin ningún género de dudas, se nos antoja ciertamente grave.

Es mucho más grave que por ley  se haya privado al Consejo, que está en funciones, que desarrolle algunas de ellas que son de una importancia vital para el buen desarrollo de la función jurisdiccional; y aún más que esa mutilación de funciones se haya debido a que una parte de las Cortes, necesaria para llevar a cabo la renovación de los miembros del Consejo, ha querido presionar de esa manera a la otra para que, precisamente ésta última llegue a un acuerdo que, por lo que se ve, no quiere alcanzar. De donde se deduce que la situación de “en funciones” no es el obstáculo insalvable para que el Consejo funcione normalmente, sino la ley posterior que se aprobó.

Obligar a alguien a llegar a un acuerdo, que no quiere alcanzar con el contenido que se le plantea, es un imposible jurídico, pues no sería acuerdo, sino imposición. Quizá la única postura para que la Justicia (y por ende el Estado) no sufra la falta de acuerdo, sea devolver al Consejo todas sus competencias. Recuperadas éstas, será de nuevo el momento de  promulgar una ley que impida que la renovación del Consejo esté en manos de los partidos políticos, pues siempre antepondrán sus intereses partidarios a los intereses constitucionales del Estado.

Valentín Cortés

 

 

Viernes 1 de Diciembre de 2023

 

Sólo desprecio por el Derecho

La decisión del Consejo General del Poder Judicial (vid. prensa de hoy) sobre falta de idoneidad del Sr. Ortiz como Fiscal General, según la propuesta del Gobierno, es la consecuencia obligada de la sentencia del Tribunal Supremo de hace unos días en la que se anulaba una decisión de aquel por desviación de poder, que, como dijimos el pasado 23 de Noviembre, es la manifestación más espuria de la actuación de una autoridad, incalificable por su gravedad si se predica del Fiscal General. Éste, lejos de dimitir, aceptó la nueva propuesta de renovación que le hizo el Gobierno, lo que fue producto del desprecio de uno y otro al Tribunal Supremo y al Estado de Derecho. Frente a esto no caben excusas de mal pagador, como las que recoge hoy la prensa proveniente del Ministro de Justicia, excusas que no voy a comentar por su evidente y total vaciedad jurídica.

La nueva decisión del Tribunal Supremo, anulando el nombramiento de la Presidenta del Consejo de Estado por no ser una jurista de reconocido prestigio (vid. toda la prensa de hoy), pone al Gobierno (heredero del anterior que hizo el nombramiento) ante su espejo: sólo desprecio continuado y pertinaz al Derecho sin importarle nada el Estado de Derecho. Ahora, sin duda y a coro, vendrán los ataques al Poder Judicial.

Valentín Cortés