Valentín Cortés Domínguez

Valentín Cortés Dominguez es Catedrático de Derecho Procesal. Ha sido abogado con 47 años de experiencia, conferenciante y autor de múltiples publicaciones jurídicas y de manuales de derecho procesal que son libros de texto en distintas universidades españolas y de América latina.

viernes, 7 de julio de 2017


Viernes 7 de Julio de 2017

¡Hasta Septiembre!

Estoy seguro de que, de hoy hasta el día 11 de Septiembre, se producirán muchas noticias que merecerían nuestra opinión jurídica. Pero, dentro de unos días el Parlamento entrará en vacaciones reglamentarias y los jueces nos dejarán sin resoluciones que comentar también por vacaciones judiciales y, en esas circunstancias, como en años anteriores, todos, ustedes y yo, nos merecemos un descanso:  yo, para no repetirme en exceso, intoxicados como estamos por el problema catalán, que se hará predominante, y, ustedes, para que no se cansen de leerme.

Sólo en el caso de que surja algún tema realmente de Estado, yo volvería a comentar y dar mi opinión, para inmediatamente desaparecer hasta el día 11 de Septiembre, que es el escogido sólo y exclusivamente porque es el siguiente lunes después del día 7 de Septiembre, fecha en la que normalmente se reinicia este blog.

Buen descanso y vacaciones.

Valentín Cortés

jueves, 6 de julio de 2017


Jueves 6 de Julio de 2017

¿Las soluciones políticas?

Después de la reunión-debate, ayer, de los expresidentes de Gobierno español y de la reunión entre el Sr. Rajoy y el Sr. Sánchez hoy en la Moncloa, se ha producido una considerable y ponderable coincidencia de que el referéndum secesionista es ilegal y que no es admisible. Me imagino, pues, que, para ellos, el Gobierno y las Instituciones deben impedir por todos los medios legales ese referéndum. Y si la única solución es aplicar el art. 155 de la Constitución, me imagino que todos estarán de acuerdo en su aplicación, aunque parece que el Sr. Sánchez se opone en un alarde de incoherencia jurídica.

Pero, al mismo tiempo, todos recomiendan, de una u otra manera, al Presidente que hable (palabra mágica, donde las haya), se supone que para negociar, y que dé soluciones políticas, que alguno apostilla y califica como política, pero de verdad. Lo que en román paladino significa que ofrezca, a los independentistas, ventajas políticas, que le hagan ceder en su petición de independencia.

Bien. Ninguno ha dicho de qué hay que hablar con el que tiene la idea fija de la secesión, que no sea para decirle que esta es inviable e imposible; y ninguno ha dicho cuál es la solución o ventaja política que se debería aplicar u ofrecer a quien lo único que quiere es la secesión. Sencillamente, porque no existe.

Quiero recordar que este Estado y esta sociedad no cedió al terrorismo con soluciones políticas, y que sólo hubo algunos gestos políticos, que se produjeron tras la renuncia efectiva de la violencia por parte de Eta. No veo, pues, por qué razón esa misma sociedad y ese mismo Estado -ante un chantaje, no igual, pero sí similar-, debe caer en ello.

Pero, yo no creo que los secesionistas estén en el chantaje para obtener ventajas dentro del esquema constitucional actual sino  que tienen un propósito firme de acabar con el Estado español, como lo tuvo Eta; y eso  no tiene más solución que acabar con ese peligro,( como se acabó con el peligro del terrorismo) que es tanto como decir que se aplique la Ley y la Constitución. Y cuando se apliquen con todas las consecuencias, a lo mejor es el momento de los gestos políticos.

Valentín Cortés

miércoles, 5 de julio de 2017


Miércoles 5 de julio de 2017

El Estado de Derecho sigue funcionando

Si ayer los periódicos y medios digitales destacaban la próxima promulgación por el Parlamento catalán de la Ley suprema ( de las “leyes ilegales”) hoy se escandalizan y destacan los aspectos más aberrantes, menos democráticos y más alejados de occidente de dicha ley. Me parece inútil ponderar y destacar lo obvio.

Porque, hoy como ayer, la noticia no está en ese engendro “supremo”, sino en la sentencia del Tribunal Constitucional que, por unanimidad, ha anulado los presupuestos catalanes en lo que se refiere a las partidas dedicadas al referéndum ilegal.

Desde ahora, amén de otros delitos varios, el que provea dinero público para ese referéndum, o lo reciba, estará muy posiblemente incurso en el delito de malversación de caudales públicos, en distintos grados de autoría.

Como es importante destacar, siempre desde nuestro ángulo de opinión, que frente al desbarajuste secesionista, se perfila el orden, la certeza y la seguridad jurídicas que inexorablemente se impondrán , si es que se quiere llegar hasta el final.

Valentin Cortés

 

martes, 4 de julio de 2017


Martes 4 de Julio de 2017

Cada uno es artífice de su propia ventura

Hoy toda la prensa digital trae noticias varias de la “jauría” secesionista catalana.

 Aunque prácticamente todos los medios le dan la preponderancia a la llamada” “Ley suprema”, que se ha presentado como  una especie de madre de todas las leyes (ilegales, decimos nosotros) que se promulgarán, parece ser, por el Parlamento catalán, lo realmente importante hoy es la noticia de la advertencia del Gobierno, formal y por escrito, a todos los secretarios e interventores de las entidades locales y provinciales de Cataluña, de la ilegalidad concreta y especifica que supone la celebración, y por ende, la colaboración o participación en el referéndum que se regula en esa madre de todas las leyes ilegales. El Gobierno, es decir, el Estado, avisa y advierte de las normas jurídicas que se violarían de participar o colaborar en este acto inconstitucional y anti estatutario.

En el mundo del Derecho esa advertencia pone al advertido, avisado o requerido ante la gravedad de su acción y no cabe, pues, ni excusas ni alegaciones de desconocimiento, buena fe, cumplimiento debido y un largo etc de hechos o actos que los procesalistas llamaríamos impeditivos o extintivos de la responsabilidad.

De esta manera, todos los servidores públicos con responsabilidad de las instituciones catalanas están advertidos formalmente y por escrito de la ilegalidad del referéndum, y, en ese caso, viene a cuento lo que dijo don Quijote, en su momento, parafraseando al autor romano:  ”cada uno es artificie de su propia ventura”.

Valentín Cortés

lunes, 3 de julio de 2017


Lunes 3 de Julio  de 2017

El Fiscal del Supremo y el Sr. Urdangarin

Me imagino que el Fiscal del Tribunal Supremo tiene razones jurídico-penales para pedir a este Tribunal, en sede de recurso de casación, que se eleven las penas que hay que imponer al Sr. Urdangarín por el caso Noos ( la noticia está recogida en toda la prensa digital)  

Pero, después de la sentencia del Tribunal Europeo sobre el caso Atutxa, de la que hemos comentado en este blog en su momento, será muy difícil que nuestro Tribunal pueda subir la pena sin darle la oportunidad al Sr. Urdangarin de declarar en el recurso de casación, lo que realmente no está previsto en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y dado que el proceso penal, como los demás, se rige por el principio de legalidad ( art. 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), dudo que el Tribunal Supremo se pueda inventar una norma inexistente y aplicarla.

Aunque, quizá sea este caso, u otro que pueda darse con anterioridad, la oportunidad para que el Tribunal Supremo, si quiere seguir la petición del Fiscal, contraponga su doctrina a la del Tribunal Europeo, que tantas veces desvaría jurídicamente, y la haga valer con argumentos que demuestren la perfecta  identificación de   nuestra legislación en materia casacional con el derecho europeo sobre el derecho de defensa. Por eso, quizá sea también la oportunidad de que el Ministerio Fiscal explique que nuestra legislación, en este punto, no supone por sí misma indefensión alguna para el condenado que recurre ante el Tribunal Supremo

Valentín Cortés