Martes 30 de Septiembre de 2014

La Generalidad acata la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional (leído en la prensa)

 

En la vida que se mueve en rededor del Derecho, nadie quiere el conflicto o la confrontación; me refiero a nadie que esté amparado por el Derecho, porque una de sus características es darnos certeza y seguridad (Flavio López de Oñate, La certezza del dititto, 1942). Quien no respeta la certeza y seguridad que nos proporciona el Derecho prefiere el conflicto y  quien sufre esa carencia lo que quiere es que se restablezca el Derecho.

El que motiva el conflicto, cuando propone pactos para evitarlo (ahora se dice “choque de trenes”) lo que hace es puro chantaje. Caer en la tentación del chantaje podrá solucionar el conflicto pero no obtendremos certeza y seguridad jurídicas.

Por eso, desde mi punto de vista jurídico, se equivocan los que ven la solución de este tema en la negociación. Negociar, pero ¿qué? ¿Qué clase de Constitución aceptarían los que proponen la secesión? Y si en el pacto ya no quieren la secesión y quieren otras cosas: ¿Qué clase de Estado de Derecho obtendríamos tras el chantaje y el pacto?

Desgraciadamente, este es uno de esos pleitos que no tienen un arreglo amistoso  y en el que las partes deben aceptar lo que falle el juez competente. ¡No hay otra salida! Confió en que la “cordura” de esta mañana de la Generalidad persistirá en el tiempo.

Valentín Cortés

 

Lunes 29 de Septiembre de 2014

La decisión del Sr. Mas

Todo parece indicar que el Tribunal Constitucional admitirá a trámite los dos recursos presentados por el Presidente del Gobierno. La suspensión, por tanto, de la vigencia y eficacia de la Ley de Consultas y del Decreto de Convocatoria será automática. ¡Este es el momento de la gran decisión, pues ya no puede seguir engañando!

 De aquella suspensión se deriva: i) la nulidad radical de cualquier acto que se lleve a cabo, que implique dar o conceder vigencia o eficacia de cualquiera de las disposiciones; ii) si ese acto nulo proviene de una autoridad o de un funcionario implica, cuando menos, comisión de los delitos de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional.

En un proceso jurídico, donde unos actos producen necesariamente un efecto jurídico determinado, es muy difícil que desencadenado se pueda evitar el efecto, de modo que cualquier persona avisada sabe las consecuencias que inexorablemente  producirán sus actos.

Por eso, y porque la ilegalidad no es una buena manera de presentarse ante el foro de las naciones, estoy convencido que el Sr. Mas no desobedecerá al Tribunal Constitucional. Buscará, también estoy convencido, otros caminos, por cierto, no exentos de doblez.

Valentín Cortés

 

Viernes 26 de Septiembre de 2014

Las necesarias reformas legislativas.

Repasando la prensa de estos días, y escuchando algún que otro telediario, se tiene la impresión de que el pueblo llano, y el periodismo en su conjunto, creen, en líneas generales, que la policía española funciona bastante bien, pero que, sin embargo, la Justicia no, de modo que a los que detiene la policía o bien no se les juzga o salen con prontitud de la cárcel, muchas veces para cometer los mismos delitos. Me estoy refiriendo al caso del pederasta detenido y que actuaba últimamente en Madrid.

El problema no es solo el mal funcionamiento de la Justicia, cosa que aquí he denunciado muchas veces, sino una mala legislación procesal y penal. Procesal, porque, con cierta lógica histórica, nuestra legislación procesal actual, y la jurisprudencia que la ha interpretado, ha puesto el acento en las garantías de los imputados o condenados, sin ponerla con la misma intensidad en la protección de la víctima y de la sociedad. Penal, porque la tendencia legislativa ha sido penalizar las actuaciones en el campo económico y despenalizar con cierta intensidad los delitos contra las personas y sus patrimonios.

¡Buena tarea para el próximo Ministro de Justicia!

Valentín Cortés

Jueves 25 de Septiembre de 2014

 

La explicación

Los periodistas, que piensan por lo general en clave política, dan múltiples explicaciones de por qué el Sr. Mas no promulga la llamada ley de Consultas ni convoca el referéndum. Yo, que pienso este tema en clave jurídica, aunque se me critique por alguno de ustedes, me imagino que será para no prevaricar. La prevaricación es, como se sabe, dictar una resolución a sabiendas de que es injusta o ilegal.

El Sr. Mas firmará la Ley de Consultas un minuto(es una manera de hablar) antes de convocar el referéndum y las dos actos se publicarán en el mismo Boletín Oficial de la Comunidad.

Así, el leguleyo quedará tranquilo: podrá decir que la Ley de Consultas le ampara, pues todavía no habrá podido ser suspendida por el Tribunal Constitucional tras el recurso del Gobierno.

Ahora bien, yo planteo a los penalistas la siguiente cuestión,  sabiendo que la prevaricación es sinuosa y ambigua: ¿sería prevaricación realizar toda una serie de actos en fraude a la ley para dictar una resolución a sabiendas de que será ilegal, siguiendo ese camino precisamente para hallar la cubertura legal? Pienso, por ejemplo, en el delito de alzamiento de bienes.

Valentín Cortés

24 de Septiembre de 2014

 

La dimisión

A un catedrático de Derecho Procesal y abogado, por ejemplo yo, aun sin tener ningún tipo de veleidades políticas, le hace ilusión ser Ministro de Justicia, como nos hace  ilusión ser alcaldes de nuestro pueblo o ciudad. Es algo romántico: hacer proyectos de Ley, modificar las leyes procesales, que tanta falta hace, introducir mejoras sin parar en la Justicia, hacer de la Ley Orgánica del Poder Judicial un mecanismo de eficacia y eficiencia para el Tercer Poder del Estado; y tantas cosas más.

Sobre el político (Sr. Gallardón) no me voy a pronunciar, porque no es mi cometido, aunque tengo mi opinión; pero sí lo voy a hacer sobre la obra jurídica salida de sus “talleres”. Es una obra escasísima, no ha entrado en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (lo que es fundamental), no ha resuelto los problemas de la Justicia, ni siquiera, diría yo, lo ha intentado, la reforma del Consejo General del Poder Judicial es un galimatías; la Justicia sigue lo mismo de mal, y un largo etcétera negativo.

Creo que ha hecho bien en la reforma de la llamada Justicia Universal y ha puesto un cierto orden, aunque con alguna estridencia, en  el tema de las tasas judiciales. Poco. Las otras reformas del Derecho Procesal (hipotecas, desahucios, concurso de acreedores) han venido del Ministerio de Economía

Valentín Cortés

 

 

Martes 23 de Septiembre de 2014

¿La astucia del leguleyo?

El pasado día 8 de Septiembre escribí una “opinión” que titulé “leguleyo”.

Ahora, toda la prensa viene comentando sobre el contenido de la “astucia” imprescindible, alegada por el Sr. Mas, para llevar este proceso en el que el primer acto anulable sería la promulgación de la llamada Ley de consultas, que se retrasa (debe ser por astucia) en firmar y mandar al Boletín Oficial de la Autonomía. Todo, me imagino, para hacer cuanto tiene pensado dentro de lo que le queda de “tiempo legal”.

 ¿Pero y los actos anteriores a esa promulgación que se retrasa? En www.larazon.es, en este afán de descubrir la astucia, se advierte al Sr. Mas, y asesores (citando fuentes del Tribunal Constitucional), que éste puede adoptar cuantas medidas sean necesarias, incluyendo la nulidad de actos y resoluciones, que puedan menoscabar la competencia y jurisdicción del Tribunal(es el art. 4.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que no cita el periódico): se supone, los que se llevan a cabo ahora para apoyar la convocatoria de la consulta.

El leguleyo tiene un  defecto: no contempla la Ley, ni el Ordenamiento jurídico, en su conjunto; solo contempla, me atrevería a decir, el párrafo del artículo de la Ley que está leyendo. Por eso no es astuto: es, como ya dije, simplemente ignorante o cínico, que lo mismo da en este caso.

Valentín Cortés

 

 

 

Lunes 22 de Septiembre de 2014

 

Los juicios paralelos

Toda la prensa digital recoge la noticia de la declaración de la Sra. Doña Esperanza Aguirre ante el Juzgado, imputada por delito de desobediencia por el incidente ya conocido con la Guardia Municipal de Madrid.

De la noticia solo me interesa comentar que la Sra. Aguirre (sin duda, con gran instinto político) se ha quejado que han pasado muchos meses (prácticamente seis) para que el Juez oiga su versión de los hechos.

La queja, entiendo yo, no puede ir dirigida contra el Juez que conoce del caso, pues, según la Ley, las faltas (y esa fue la tramitación que se le dieron a los hechos acusados), no exigen oír el acusado hasta el momento del juicio. Solo ha sido la decisión de la Audiencia Provincial, de que se tramite la investigación como si se tratara de un delito, lo que ha motivado que se le tome declaración ahora.

Pero, sea con razón o sin ella, la queja pone de manifiesto el peligro de la tardanza de la Justicia cuando se trata de hechos de gran resonancia publica, donde los acusados quedan ya condenados de antemano por lo que se ha venido llamando pena de banquillo y que, más justamente, debería llamarse pena del juicio paralelo.

Valentín Cortés

Viernes 19 de Septiembre de 2014

La llamada ley catalana de consultas

 

Siempre he mantenido que el problema del secesionismo catalán es de naturaleza jurídica, aunque, claro está, de gran contenido político. Las reacciones que se han producido tras el referéndum escoces, en líneas generales, van por ese camino pues recuerdan que allí la legalidad es otra; que allí se permitía el referéndum y aquí no; que allí, eso que se concreta en el derecho a  salirse del Reino Unido, existía; que aquí desgajarse de España es un derecho que no existe.

Con alguna excepción. Por ejemplo, el Sr. Mas, en tono pomposo, nos ha dicho del referéndum escoces: “este es el buen camino y de hecho es el único para resolver los conflictos y diferencias”. Se refería obviamente a votar. Pero el camino de Escocia no ha sido solo votar: ha sido votar según la ley, votar lo que se puede votar y votar quien puede hacerlo. Eso que llaman el pueblo catalán quiere votar en contra de la ley, quiere votar lo que no puede votar y quiere privar de votar a quien sí puede hacerlo: el pueblo español.

Por eso, un Derecho como el nuestro, que tiene más de XX siglos de sedimento y estructura, no admite una norma tan absoluta y paladinamente fraudulenta como la que hoy se aprobará en el Parlamento catalán, nacida para esconder y cubrir la violación de la Constitución. ¡Vano esfuerzo!

Valentín Cortés

 

Jueves 18 de Septiembre de 2014

 

Las maletas y la Unión Europea (con un poco de humor)

 

Hoy, que es un día de transición en este desbarajuste europeo que producen los referendos y leyes que lo posibilitan fraudulentamente, no a corto, sino a ínfimo plazo, en vez de pensar en Escocia y en el Sr. Mas( dice www.expansion.com: “Europa en vilo por el referéndum sobre la independencia de Escocia”) los europeos deberíamos pensar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del que hemos conocido (yo he leído la noticia en www.eleconomista.es) que, en un alarde, yo creo, de oportuno humor, ha declarado que las leyes nacionales que prohíben a las compañías aéreas  cobrar suplementos por la facturación de la maleta contradicen la normativa europea. Y para más escarnio de los europeos españoles, la que se anula es la normativa española que prohíbe el suplemento.

La sentencia salva el equipaje de mano siempre que sea proporcionado ¡Menos mal!

¿Y si los escoceses que van a votar hoy descubren que la Unión Europea tampoco es una desiderata tan imprescindible?

Valentín Cortés

 

 

Miércoles 17 de Septiembre de 2014

 

La política y la Justicia.

Vengo denunciando unas de las lacras de nuestra sociedad y de la Administración de Justicia. Es lo que yo llamo judicialización de la política. O lo que es lo mismo: resolver, o intentar resolver, los problemas o conflictos políticos por medio de la Justicia. Un error metodológico de enormes consecuencias.

He leído en www.elconfidencial.com que la Sra. Presidenta de la Junta de Andalucía, en un debate parlamentario celebrado hoy en Sevilla, ha anunciado que llevará al Gobierno a los Tribunales por “incumplir el acuerdo de reformar la financiación autonómica y por atropellar (sic) el Estatuto de Autonomía”.

Yo ya sé que no lo hará, entre otras cosas, porque no puede. Los actos de la Administración solo pueden llevarse a los Tribunales cuando estén sujetos al Derecho Administrativo (art. 1.1 Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa) y dudo mucho que la promesa de conseguir un nuevo modelo de financiación autonómica, o “atropellar” el Estatuto, lo estén. También sé que la Sra. Presidenta lo sabe, porque es licenciada en Derecho, pero no tiene empacho en decirlo porque de esa manera se sube a la onda de la judicialización de la política, que da buenos réditos electorales, por lo que se ve. Espero que llegado el caso, la Justicia no se deje, cayendo en otra lacra que me preocupa: la politización de la Justicia.

Valentín Cortés

 

 

Martes 16 de Septiembre de 20114

 

Las reacciones a las declaraciones del Sr. Margallo

 

El mejor resumen de esas reacciones las he encontrado en www.europapress.es.

Dice el Sr. Margallo que el Gobierno “está dispuesto a aplicar la Ley, toda la Ley”, en la solución del tema del secesionismo, y se han producido unas reacciones realmente curiosas. ERC ha llamado fanático al Ministro. El PNV le ha preguntado irónicamente si va a mandar los tanques. El PSOE le pide “que no eche más leña al fuego” y El Fiscal General ha afirmado que la aplicación del art. 155 de la CE es una decisión política. Nadie ha dicho que desgraciadamente eso es lo que tiene que hacer, en mayor o menor grado, el Gobierno y el Senado en el supuesto de que se inicie el proceso de secesionismo anunciado.

Es evidente que la nula formación jurídica de la sociedad española le lleva a no ver con buenos ojos la aplicación estricta de la Ley. ¡Gran problema el que tiene esta sociedad! Quizá porque en muchas ocasiones la aplicación de la ley ha sido desigual y, por ende, mecanismo de  represión y de venganza.

Valentín Cortés

Lunes 15 de Septiembre de 2015

 

 

La desilusión

He hecho un repaso de la prensa digital y noto en todos los medios que dan la noticia de la declaración del hijo del Sr. Puyol ante el Juez Ruz una cierta desilusión porque se haya ido a su casa sin que el Fiscal ni el Abogado del Estado hayan pedido medidas cautelares y sin que el juez, por tanto, las haya acordado.

Por supuesto que no tengo información para opinar sobre esta cuestión. Solo digo que nos estamos acostumbrando a que toda persona “condenada” por la prensa sea ipso facto condenada por el juez y que lo sea a la primera, imponiéndosele severas medidas cautelares.

Debo recordar que las medidas cautelares penales son privaciones o limitaciones de derechos fundamentales (libertad, libre circulación, etc). Cuando el Juez entienda que la posibilidad de investigación está asegurada, que la efectividad de la sentencia futura y posible también,  que la víctima del delito no necesita una protección adicional impuesta por la medida cautelar o cuando no hay que proteger a la sociedad en su conjunto, la medida cautelar no debe imponerse a no ser que la ley expresamente lo ordene dada las características y gravedad del delito.

Valentín Cortés

 

Viernes 12 de Septiembre de 2014

Los “efectos jurídicos” de la manifestación independentista de Barcelona.

He oído en la emisora Onda Cero a un Sr. relevante de Convergencia, (siento no acordarme del nombre) decir, en el programa de Carlos Herrera, ( mutatis mutandi) la siguiente simpleza jurídica: “después de la manifestación de ayer esperamos que el Gobierno tome nota y no recurra al Tribunal Constitucional la convocatoria de consulta”. De donde se deduce que este Sr. entiende que esa manifestación obligaría al  Gobierno a no recurrir. Es la misma idea del Sr. Mas, que poníamos el otro día de manifiesto, pero completada ahora por la nota de obligatoriedad de no recurrir visto el éxito (¡?) de la manifestación. Lo que para el Sr. Mas era un deseo ahora es un “obligación de no hacer” del Gobierno. ¡ gran progresión!.

Este tema, lo hemos dicho muchas veces, es esencialmente jurídico, lo que no quita que su resolución jurídica tenga importantísimos efectos políticos, como los tuvo, en su momento, la regulación constitucional que se hizo del mismo.

Todos los que intentan hacerlo ajurídico o metajurídico, lo que les ocurre es que no les conviene la Constitución y quieren subvertirla utilizando métodos inadecuados e ilegales.

Valentín Cortés

 

  

Jueves 11 de Septiembre de 2014

 

La apertura del Año Judicial

El Sr. Lesmes es Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Es decir, preside el órgano que administra y gobierna a todo el aparato del llamado Poder Judicial; y preside igualmente el órgano judicial máximo de España.

No hay( yo he leído la reseña en www.poderjudicial.es)en el discurso que pronunció ayer en el Acto de apertura del Año Judicial, ante el Rey y ante la sociedad  española, ni una mención relevante de las dos cuestiones que a mí me han venido preocupando desde que escribo este blog, amén de otras menores: la politización de la justicia y la judicialización de la política, por una parte; y, por otra, la irresponsabilidad de facto en la que se mueven los jueces y magistrados por mor de una deficiente regulación legal y una restrictiva aplicación de la misma en la práctica judicial. Por lo que no deben ser problemas que le preocupen a tan importante autoridad.

Como buen funcionario nos ha dado muchas cifras que pretenden demostrar el buen hacer del aparato judicial; y para, me imagino, los candorosos jurídicos, que los hay, ha prometido celeridad en la tramitación de los asuntos de corrupción: a los hechos me remito.

Lo grave de esta situación es que si no se reconocen los problemas, difícilmente los vamos a solucionar.

Valentín Cortés

Miércoles 10 de Septiembre de 2014

 

La cansina amenaza.

Todos los días (mañana, ya verán, mucho más) oímos a los señores de la autonomía catalana decir con gran pomposidad que la consulta-referéndum se va a celebrar el próximo día 9 de Noviembre. Es decir, todos los días oímos a representantes de un órgano del Estado amenazar con subvertir el orden constitucional. Eso, los buenos, los que dicen que actúan dentro de la legalidad. Los otros, los malos, los que no cumplen la ley (¡), ahora nos amenazan con la desobediencia civil.

Para el que no tiene formación jurídica es sorprendente y cansino este continuo anuncio de quehacer ilegal.

A mí me recuerda  a un socio de un despacho de abogados, donde trabajé cuando empezaba mi carrera como abogado, que siempre decía, para amenazar y amedrentar, que “iba a meter un par de querellas” contra la persona de turno. Nunca vi a nadie de los concernidos con tan singular amenaza inmutarse siquiera. Y nunca vi ese fenómeno tan especial de la interposición (¿”metedura”?) de un par de querellas al mismo tiempo.

Yo, que estoy concernido, como español, por tan cansina amenaza catalana, no me siento especialmente preocupado ni por el referéndum ni por la desobediencia civil (¡las amenazas, siempre a pares!). Solo sé lo que el Estado tiene que hacer (como aquellos amenazados por las querellas) si se pasa de la amenaza al acto. Estoy seguro que lo hará.

Valentín Cortés

 

 

Martes 9 de Septiembre de 2014

 

 

La encrucijada en la que se encuentra el Tribunal Supremo.

La remisión que ha hecho la Juez Alaya de la causa, llamada de los EREs, al Tribunal Supremo, al considerar que se debe imputar a un buen número de aforados de distintos Gobiernos andaluces, pone al Tribunal Supremo ante su responsabilidad.

No hablo de la responsabilidad civil, penal o disciplinaria (que se recoge en la Ley Orgánica del Poder judicial, aun cuando de manera lamentable), sino ante su responsabilidad política y social, que la sociedad española le va a exigir porque, por desgracia, la clase política de este país ha convertido al Tribunal Supremo en poder político. Nos jugamos el prestigio de una institución y de uno de los Poderes del Estado, en el que la sociedad española, de forma viciada y dirigida, ha puesto sus esperanzas de regeneración.

Los ajenos a estos menesteres a los que nos dedicamos, quizá comprendan ahora las luchas políticas tan tremendas que se dan cada vez que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que debe nombrar a los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es, a su vez, el Tribunal que debe decidir, por ejemplo, ¡qué casualidad!, si se imputa y de qué manera a estos señores a los que la Juez Alaya entiende que hay que imputar.

  Quizá también comprendan la lucha política, que no jurídica, para nombrar en los próximos días al Presidente de esa Sala

Valentín Cortés

 

Lunes 8 de Septiembre de 2014

 

Leguleyo

 

Con esto de la Diada dicen los periodistas, los que con él han hablado, que el Sr. Mas dice que no hará nada ilegal.

Si él convoca un referéndum (que ahora van a llamar consulta) en base a una ley autonómica que se lo permite, ¿Qué ilegalidad puede cometer? Como buen leguleyo parece que dice que hasta que el Tribunal Constitucional no declare lo contrario la ley será plenamente valida y eficaz; por tanto, él  estaría en la más estricta legalidad. Y dicen que añade: lo que se necesita es que el Gobierno no recurra esa ley al Tribunal Constitucional.

 Si es así, tal como dicen que es: estaríamos en presencia del ejemplo perfecto del leguleyo, pues lo mismo da que lo haya dicho por cinismo que por ignorancia.

Pero,  ya hace muchos años, Don Federico de Castro, maestro de los civilistas españoles, explicó con todo detalle lo que era el fraude a la Ley: utilización de una norma de cobertura para conseguir un resultado no querido por la Ley (en este caso, la Constitución)

Intentar explicar a un leguleyo, cínico o ignorante, lo que es el fraude a la Ley es tarea imposible porque no tienen la sutileza necesaria para comprenderlo o no les conviene comprenderlo.

Valentín Cortés