Miércoles 29 de Enero de 2025

La declaración del Fiscal General: un daño al Estado de Derecho que se podría haber evitado

Sea cual haya sido el tenor de la declaración del Fiscal General ante el Tribunal Supremo, que lo investiga por conducta criminal, de lo que nos enteraremos en los próximos días, y que ha terminado esta mañana, el daño que se ha producido a la institución de la Fiscalía es inconmensurable; máxime  si, como se ha publicado por la prensa de esta mañana, el Fiscal General se ha negado a contestar al Magistrado Ponente(¡¡), lo que, sin duda, es un derecho que puede ejercitar, pero que cuesta trabajo  imaginar que un Fiscal General lo ejerza; ese daño sólo se amortiguará si, tras esta declaración parcial, el Tribunal Supremo archiva la causa. Y en este caso, el daño que se habrá producido a la Justicia y, por ende, al Tribunal Supremo, será igualmente muy grave.

Por eso, todo indica, que en un sentido o en otro, cabe esperar del Magistrado instructor que el auto que dicte con ocasión de esta declaración esté lo suficientemente fundado en hechos y en Derecho para que la sociedad española tenga la seguridad de que se ha actuado de acuerdo con la Constitución(art.117:sometido únicamente al imperio de la ley) y no quepa de ningún modo que pueda, en su caso, ser objeto de censura por el Tribunal Constitucional, que tan dado está a inmiscuirse en las competencias que no le corresponden para censurar así la labor del Tribunal Supremo.

Todo esto se hubiera evitado si la Justicia estuviera investigando al Sr. García Ortiz. Ni el Gobierno ni éste han tenido la grandeza de apostar por la Institución, pues han preferido hacerlo por la persona. Todo un enorme roto en el sistema constitucional y daño al Estado de Derecho.

Valentín Cortés