Miércoles 18 de Junio de 2025

La crisis constitucional del momento y el Tribunal Constitucional

La grave crisis que sufre la nación española nos pone ante una situación realmente nueva, pues, todo parece indicar que no hay una solución prevista en la Constitución que sea eficaz para resolver esta crisis.

Ocurre que el Gobierno se mantiene gracias al apoyo de unos partidos muy minoritarios que, según la opinión pública y generalizada, lo extorsionan y chantajean políticamente con peticiones y cesiones (a menudo anticonstitucionales) de todo tipo, que van en aumento según el Gobierno se debilita por los escándalos que lo acompañan. Ocurre que el Gobierno no presenta proyectos de ley, ni siquiera el proyecto de Ley de Presupuestos (que hasta ahora creíamos inocentemente que era un deber fundamental e inexorable del Gobierno); sólo presenta proposiciones de ley que burlan el espíritu del parlamentarismo y que dejan a las Cortes como un mero repetidor de los deseos, muchas veces anticonstitucionales, de todos esos partidos políticos que lo apoyan (modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Código Penal, indultos, amnistía y un largo etc). Para no hacer la lista interminable, diremos, como colofón, que ocurre que el Poder Judicial se ve atacado de forma descarada y directa por el Poder Ejecutivo. Y no parece que haya remedio en la Constitución que pueda poner fin a esa situación que depende, pues, exclusivamente de la voluntad de los que se han coaligado tan espuriamente.

Pero, sí hay solución: que la Constitución se cumpla en su letra y en su espíritu y que el Tribunal Constitucional ( como garante de ella) ponga fin a tanto desvarío con decisiones que no avalen las leyes y actos surgidos de esos pactos espurios, y que, en su mayoría, son anticonstitucionales; y que lo haga de forma rápida. Tan simple como eso.

Valentín Cortés

 

 

Martes 17 de Junio de 2025

La de jueces, una huelga, por ahora, inevitable

La prensa de hoy publica la noticia de la convocatoria de la mayoría de las asociaciones de Jueces y Fiscales a una huelga a primeros de julio, de tres días de duración, para exigir que se retiren de tramitación las proposiciones de ley ideadas por el Sr. Bolaños, y que afectan, según criterio de esta mayoría de jueces y fiscales, a la independencia judicial (Ministerio Fiscal, instrucción penal en manos de los fiscales, organización judicial, etc.).

La convocatoria demuestra dos cosas importantes:

- la primera, que esta mayoría de jueces no se siente representada, podemos deducir, por el Consejo General del Poder Judicial; y que están pidiendo una composición nueva de éste adaptada a las exigencias de la Unión Europea, en la que la elección de los miembros del Consejo se deje en manos de los propios jueces y magistrados, sin que intervengan los partidos políticos. Si no fuera como decimos, los jueces acudirían al Consejo y no convocarían esta huelga, que se nos muestra como la única posibilidad de acabar con el estado de cosas provocado por el Gobierno.

- la segunda, que lo anterior viene agravado, si cabe, por el hecho de que no se discuten en el Congreso proyectos de ley, para cuya presentación hay que acompañarlos de los preceptivos informes de los órganos estatales concernidos por las reformas, sino de, desde el punto de vista parlamentario, proposiciones de ley, en claro fraude legal, que se ve agravado, además, por la impuesta tramitación de urgencia de tales proposiciones.

Todo esto quita mesura, estudio, reflexión, contraste de posiciones en un tema tan crucial como la redefinición global de la justicia penal en este país. Estamos, pues, abocados a una legislación sectaria, técnicamente muy deficiente y, casi con toda probabilidad, inservible y de resultados desastrosos desde el punto de vista de la división de Poderes. Así, pues, los jueces están abocados a la huelga a la que, si yo fuera juez, como ya dije, seguiría gustoso.

Valentín Cortés

 

Lunes 16 de Junio de 2025

La importancia jurídico-constitucional del informe de la UCO en el caso Cerdán

Después de las revelaciones que hemos conocido en el llamado caso Cerdán, pienso en la única cosa positiva que, se me ocurre, nos deja el tema, siempre desde nuestro ángulo visual: nadie, ni siquiera los directamente implicados, ha puesto en duda la verdad de los hechos que se relatan en el informe de la UCO.

Lo anterior tiene una trascendencia jurídica-constitucional enorme ( bajo mi criterio, mucho más que la trascendencia política) porque, bajo nuestro criterio, la campaña feroz contra la Policía Judicial y, por consiguiente, contra la Administración de Justicia, en la que han participado con ahínco y entusiasmo el propio Gobierno y partidos que lo acompañan, será muy difícil que se reproduzca y que, por consiguiente, siga, al menos, este ataque al Estado de Derecho pues se perseguía ni más ni menos que el desprestigio de la Administración de Justicia; además, entre otras cosas, dado las reacciones que se han sucedido en los medios de comunicación en este fin de semana pasado, todo indica  que en la sociedad se ha perdido cualquier sospecha de venalidad política en la Justicia y su Policía Judicial que pudiera haber florecido tras aquella campaña que, además, ha quedado claro que era  el medio escogido para acabar con los procedimiento penales que están en marcha y que afectan a las personas próximas al Gobierno. Si esto es así, habremos dado un paso muy importante, y quizá irreversible, en eso que llamamos la “lucha por el Derecho”, que pasa por la independencia total, radical y absoluta del Poder Judicial del resto de los Poderes del Estado.

Valentín Cortés

 

 

 

Viernes 13 de Junio de 2025

Las reformas legales del Ministro de Justicia y su nula credibilidad constitucional

Entre tanta corrupción, mafias y trampas electorales de las que somos ahora sabedores a ciencia cierta, gracias en muchas ocasiones a la acción popular, a la UCO y a los jueces de instrucción, y que afectan de lleno al Gobierno y al PSOE, no podemos olvidar que, en el Congreso, y de forma precipitada, se está “debatiendo” una reforma de la Justicia en la que el Ministro Sr. Bolaños se empeña en tener credibilidad afirmando su sintonía con la Constitución; reforma que pasa por una transformación que afectará al sistema de acceso a la Judicatura, a la organización judicial, al proceso penal y a su instrucción, con la dependencia  de la Policía Judicial del Fiscal, y a la acción popular, por quedarnos, tan sólo, en los puntos más sobresalientes de la reforma pretendida.

Pues bien, ni de la letra de la reforma ni del espíritu de esta, ni siquiera de la catadura jurídico-constitucional del Gobierno (nada digamos la de los partidos que lo apoyan) cabe deducir que se trata de fortalecer al Poder Judicial en el Estado de Derecho, como viene a decirnos el Ministro. Porque, simple y llanamente, por el contrario, se trata de domeñarlo y someterlo por vías, ni siquiera indirectas y disimuladas, al Poder Ejecutivo, máxime cuando estamos en un momento en el que van teniendo “explicación” las campañas, los bulos, los acosos, los nombramientos y demás guerras sucias, precisamente, dirigidas contra lo que y los que han permitido descubrirnos esta podredumbre. La credibilidad del Gobierno en la reforma legal emprendida   y su sintonía con la Constitución es, pues, nula.

Valentín Cortés

 

Jueves 12 de Junio de 2025

La crisis, también, en el Tribunal Constitucional(TC)

El lunes pasado cuando opinábamos sobre la posible negativa del TC a plantearse siquiera el problema de la presentación de la cuestión prejudicial sobre la Ley de Amnistía ante el TJUE, ya decíamos que esa decisión sería, caso de producirse, muestra de una especie de desbarre formulístico-procedimentalista (me permito las palabrejas) del Tribunal, que olvidaría, según mi opinión, que su deber constitucional es aplicar también en el procedimiento constitucional el Derecho Procesal y el Derecho de la Unión. En aplicación de esos dos derechos, si tres magistrados, como es el caso, piden que se suspenda el procedimiento y el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siguiendo la petición de la parte recurrente, no cabe aplicar, tal como ha hecho y hemos conocido hoy, soluciones de mero formulismo que tratan de esquivar la aplicación de las normas antedichas, sino estudiar el tema y resolverlo, afirmativa o negativamente, de forma razonada y razonable, para evitar decisiones arbitrarias.

El voto particular, ahora, de esos tres Magistrados a la decisión adoptada por el Tribunal es de una gravedad inusitada, por su contenido y acusaciones que en él se vierten, y demuestra la enorme crisis que vive el TC que, desgraciadamente, parece haber dejado de ser el referente constitucional en nuestro Estado de Derecho, para ser un órgano del que sólo, parece, cabe esperar adaptaciones creativas de nuestra Constitución al capricho, cada vez,  más inconstitucional de nuestro legislador.

Valentín Cortés

 

 

 

Miércoles 11 de Junio de 2025

Si yo fuera juez…

Escribo muy de mañana y no sé el grado de seguimiento que tendrá el anunciado paro para hoy de la Administración de Justicia, que se nos presenta como algo fuera de los márgenes ordinarios de una huelga laboral.

Pero, sí tengo claro que si en este momento fuera juez me sumaría gustoso al paro, porque quizá sea la única manera de poder manifestar el rechazo que me produce la situación en la que vive el Poder Judicial. Sin  querer ser exhaustivo,  ni mucho menos, asistimos a un momento en el que el Poder Ejecutivo, a diario, ataca a jueces concretos, y al sistema global de los jueces, tildándolos de prevaricadores, sin que haya acusación formal de la comisión de ese delito en ningún caso; asistimos a un momento en el que el Gobierno, lejos de procurar un Poder Judicial independiente, hace lo indecible e impensable   para manipularlo; asistimos a un momento con un gran derroche legislativo, principalmente en materia procesal y penal, que claramente está ideologizado y tiende a, en este momento, impedir la “Jurisdicción independiente y únicamente sometida al imperio de la Ley”, que marca el art. 117 de la Constitución; asistimos a un momento en el que el Poder Legislativo hace mero seguidismo del Poder Ejecutivo y da  a luz leyes o convalida Decretos-leyes que son técnicamente impresentables e ideológicamente  sectarios y contrarios a la división de poderes  y que, más que defender el interés público, defienden los intereses políticos y personales de este Gobierno; asistimos, en fin, a un momento en el que la sociedad española ha perdido la referencia constitucional que tenía antes con el Tribunal Constitucional.

Mi deseo es, pues, que el pueblo español tome conciencia con este paro de la situación peligrosísima en que se encuentra nuestro Estado de Derecho y que advierta que el peligro viene de una clara tendencia y un  claro interés en manipular al Poder Judicial.

Valentín  Cortés

 

Martes 10 de Junio de 2025

El Fiscal General del Estado(FGE)

El tema del FGE ha dejado de ser prioritariamente un problema jurídico y constitucional para ser un problema ético; este tipo de problemas son difíciles de tratar y asumir en ambientes de imperante amoralidad.

Desde el punto de vista del Derecho (Estatuto del Ministerio Fiscal), al FGE, que lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno (art. 29.1), sólo lo puede cesar, además del cambio del Gobierno, la concurrencia de causas, las establecidas en el art. 31, que deben ser apreciadas por el Gobierno, o la simple dimisión personal. Entre esas causas, en circunstancias normales, entraría sin esfuerzo dialectico alguno, el procesamiento por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones (como es el caso), pues efectivamente tal procesamiento inhabilita al FGE y a la institución de la Fiscalía ( en los asuntos que afectan al FG) a mantener viva la vigencia y práctica de los principios básicos que se deducen para ella de la Constitución (art. 124) como son el de legalidad e imparcialidad. Por las declaraciones que ayer se hicieron de varios ministros del Gobierno (entre ellos el de Justicia, como pieza importante para tener en cuenta en este juego) y las propias del FGE, ya sabemos que no se dará ni el cese ni la dimisión, de donde surge, como decíamos al principio, con toda intensidad la trascendencia de la Ética, que nos lleva también  al campo de los grandes principios del Derecho: la moral pública, el bien público, los intereses generales, la seguridad jurídica, la responsabilidad, la interdicción de la arbitrariedad, todo eso que está en el Derecho y en la Constitución y que se concentra en lo que ésta llama (art.1) valores superiores del Ordenamiento Jurídico, como son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Sólo hace falta un poco de Ética para darse cuenta de ello.

Valentín Cortés

 

 

Lunes 9 de Junio de 2025

El Tribunal Constitucional(TC) y la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea(TJUE)

En www.elmundo.es se adelanta que el TC negará suspender la tramitación del recurso contra la ley de amnistía, presentado por el PP, y abrir en este momento, tal como pidió este partido, un examen sobre si es o no necesario plantear cuestiones prejudiciales atinentes al Derecho de la Unión Europea ante el TJUE. No es baladí tener en cuenta que esta misma petición hicieron tres magistrados del Tribunal a su Presidente.

La respuesta negativa que se dará, según el medio de comunicación, se aferra, con formulismos, al mero procedimentalismo, alejado de cualquier sintonía con el Derecho Procesal que afecta de lleno también al proceso constitucional; en efecto, afirmar, tal como parece que se va a decidir, que la proposición de la cuestión prejudicial corresponde evacuarla al Tribunal es una obviedad vacía de contenido, que no evita que se haga la petición de ello; y añadir como argumento, igualmente, que nada pidió el PP con respecto a la cuestión prejudicial en momentos anteriores del proceso, es otra obviedad igualmente vacía de contenido. En realidad, el único problema que tiene que resolver el TC, tras esa petición, es si tiene sentido jurisdiccional dictar sentencia sin elevar la cuestión al TJUE  y, sólo en el caso de que no tenga duda alguna de la adaptación de la ley de Amnistía al Derecho Europeo, su respuesta tendría que haber sido que no se admite a trámite tal petición por no tener el Tribunal  esa duda; pero, claro, si no se reúne para debatir y concluir si existe esa duda ( a pesar de lo que han manifestado tres magistrados) todo indica que está dando respuestas de mero procedimentalismo que no son propias de un Tribunal jurisdiccional que, además de aplicar el Derecho Procesal, por cierto,  está sometido en aquellas materias, al mejor criterio del TJUE.

Valentín Cortés  

 

Viernes 6 de Junio de 2025

El idioma como ariete

Toda la prensa da cuenta de que la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha abandonado, tal como dijo en su momento, la Conferencia de Presidentes autonómicos cuando el Presidente del País Vasco se ha expresado en euskera, para volver después.

Desde el punto de vista político me imagino que las reacciones serán múltiples y variadas y, también me imagino, que estarán perfectamente sopesadas, política y electoralmente, tanto la acción de hablar en idiomas autonómicos como la de abandonar la Asamblea en desacuerdo. En ello no entro, como es sabido.

La Constitución, ya lo sabemos, establece (art.3.1) que “el castellano es la lengua oficial del Estado” y el deber y el derecho de usarla; y (art.3.2) que las demás lenguas españolas lo serán en sus respectivas Comunidades de acuerdo con sus Estatutos. La Asamblea de Presidentes es obviamente un acto oficial del Estado Español, en el que los intervinientes son todos españoles, que, pues, tienen el deber de conocerla, por lo que la lengua oficial de ese acto es  constitucionalmente el castellano.

Las preguntas que debemos hacernos son éstas: ¿se debe cumplir la Constitución en todo caso o según marquen las circunstancias políticas o de cortesía?  ¿y si es de esta última manera, qué principios constitucionales estarán sometidos a los vaivenes de la cortesía o de las circunstancias políticas? La contestación, le guste a unos y a otros no, es obvia. Pero, en cualquier caso, el problema de fondo es que desgraciadamente el idioma, que entra en el mundo de los sentimientos, en estos casos más que un elemento de cohesión es un ariete para luchar contra los diferentes.

Valentín Cortés

 

Jueves 5 de Junio de 2025

El aforamiento autonómico del Sr. Gallardo y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (Sala de lo Contencioso Administrativo)

Leo en www.theobjetive.com de hoy que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura(Sala de lo Contencioso Administrativo) conoce de un recurso contencioso en el que una asociación privada, denominada Liberum, ha solicitado que se anule el otorgamiento de la credencial de diputado autonómico en favor del Sr. Gallardo, y en el que, como medida cautelar, ha solicitado que se suspenda, mientras dura el proceso, los efectos del otorgamiento de la credencial, en concreto, la toma de posesión de aquel y, por tanto, su aforamiento al propio Tribunal.  Como se recordará, yo he opinado en este blog que ese aforamiento es producto de un fraude de ley que distorsiona el principio constitucional del juez natural y viola el de la indisponibilidad de la competencia objetiva y funcional penal, y por tanto que se trata de un aforamiento nulo sin duda alguna.

La importancia de esta vía emprendida es que ese recurso lo tiene que decidir el mismo Tribunal (aunque por otra de sus Salas) al que, de forma fraudulenta, se ha aforado el Sr. Gallardo, de donde resulta, según mi opinión, que el Tribunal  no asumirá de forma inmediata la competencia penal en el asunto del Sr. Gallardo, porque su decisión quedaría sometida, según mi criterio, a la previa decisión contencioso-administrativa del propio Tribunal (art. 4 Ley de Enjuiciamiento Criminal). Se trataría, pues, de un asunto, el aforamiento del Sr. Gallardo, en el que conocerían dos Salas del mismo Tribunal, lo que, al menos en teoría, le quita simplicidad y automatismo al asunto, aunque alargará en el tiempo el proceso penal contra Gallardo y el hermano del Presidente de Gobierno.

Valentín Cortés

 

 

 

Miércoles 4 de Junio de 2025

A ciencia y paciencia

La degradación evidente de nuestro Estado de Derecho hace que la generalidad de la prensa enfoque el tema del bulo de la bomba lapa como una anécdota más del deterioro político del Gobierno. Pero, ese tema tiene presuntamente un muy serio componente jurídico penal que no se puede despreciar ni olvidar (como hace la prensa), pues en el meollo del asunto lo que existe es, presuntamente, una campaña de desprestigio de la UCO que esta vez pasa por la calumnia de un exagente y, de camino, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid.

La persistencia de ciertos miembros del Gobierno en no rectificar sus declaraciones sosteniendo un evidente bulo sobre las intenciones criminales de un ex miembro de la UCO, me recuerdan la antaño formula para designar el consentimiento y tolerancias jurídicas en algo sabiendo de sus consecuencias y durante un tiempo considerable: “a ciencia y paciencia”. Pues bien, en mi opinión “a ciencia y paciencia”, cuando menos, del Presidente del Gobierno quien no les obliga a rectificar;  “a ciencia y paciencia” de los responsables y superiores orgánicos de la UCO (Dirección de la Guardia Civil y Ministro del Interior) quienes no estarían haciendo lo necesario para evitar algo que, en principio y presuntamente, entraría de lleno en una actividad calumniosa continuada, y “a ciencia y paciencia” de esos ministros que no rectifican, se estaría persistiendo en unas afirmaciones que presuntamente podrían ser calificadas de calumniosas por aquellos que se sientan afectados.

A mí me parece que olvidar esta perspectiva del tema es consecuencia de esa degradación de la que hablaba en principio en la que no estoy dispuesto a caer; de ahí mi interés en ponerla de manifiesto.

Valentín Cortés

 

Martes 3 de Junio de 2025

La ponencia de la sentencia sobre la amnistía

En la práctica de dan numerosos casos de sentencias que no se adaptan a la primera ponencia que sobre ellas se ha hecho en un tribunal. Nadie duda que la ponencia, de la que la prensa de forma generalizada da cuenta hoy, no será un caso más de esos, porque todo indica que esa ponencia desgraciadamente se convertirá en sentencia que declarará la constitucionalidad de la amnistía.

Por lo que cuenta la prensa vamos camino de confirmar lo que ya se sabía, pero la cercanía del momento y la más que evidencia plástica del texto de la sentencia sitúa a la sociedad española en un camino muy injusto y perjudicial para ella y para su Estado de Derecho, pues se da cuenta de nuevo (pero esta vez en un tema político y social crucial como es la amnistía) de su desamparo y que solamente puede contar con un Tribunal Constitucional que recrea la Constitución para defender un interés político claro del Gobierno, dejando a la sociedad desamparada ante las leyes que la violan y a los Gobiernos que no la respetan. Y todo ello (lo que se ha publicado lo indica) se hará con argumentos jurídicos constitucionales de un simplismo exasperante que nunca se hubiera podido pensar que anida en la cumbre de nuestro sistema jurisdiccional.

Valentín Cortés

 

Lunes 2 de Junio de 2025

La guerra sucia, las cloacas, los fontaneros, pero también el Derecho

Con ocasión de la publicación de “noticias” sobre la UCO en esta última semana, la prensa habla de “guerra sucia” y de cloacas y fontaneros, en el peor sentido de la palabra. Y parece, o se da a entender, que, en definitiva, se trata de una práctica exclusivamente política que, desde ese ángulo, no es aceptable en un país democrático.

Pero, sin embargo, para cualquier observador medianamente sensible, la lectura de lo que supone esa “guerra sucia” nos pone de lleno frente a operaciones con presunta naturaleza jurídico-penal, que irían desde el chantaje, pasando por la compra de voluntades con mercadeo de acciones delictivas procesales o extraprocesales, a falseamiento de realidades o de documentos, para terminar, cuando menos, en injurias y calumnias. Eso, siendo sucio parecería más bien el resultado de un presunto empeño delictivo perfectamente organizado para la obtención de fines políticos, y, en ese contexto, es sorprendente que la Fiscalía no haya iniciado, que yo sepa, actuación alguna  tendente a descubrir si realmente en todo eso existen o no prácticas, por supuesto políticamente sucias, pero también antijuridicas y penalmente perseguibles y, en su caso, condenables.

Valentín Cortés

 

 

Viernes 30 de Mayo de 2025

La inseguridad jurídica y arbitrariedad que crean los independentistas catalanes y su pacto con el Gobierno

La dependencia política del Gobierno de los independentistas catalanes está forzando las costuras de nuestro Ordenamiento Jurídico, creando una inseguridad jurídica que, sin duda, ya ha pasado factura y que la seguirá pasando en términos insoportables. No hace falta que recuerde, como botón de muestra, el grado de inseguridad y de crisis jurídica, e institucional (que ha afectado muy profundamente al Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, y al Tribunal Constitucional, etc.) que ha producido la Ley de Amnistía.

En estos últimos días la posición española en el Europa, con todo lo que ello conlleva, se ha visto muy mediatizada por la exigencia independentista de que se defienda y se obtenga en Europa la oficialidad del idioma catalán, pues supone querer traspasar las líneas del Derecho de la Unión. Y, por si fuera poco, en la OPA BBV/ Banco Sabadell se está en riesgo muy cierto de adoptarse por el Gobierno una decisión, que, desde el punto de vista de nuestro derecho interno, sería, cuando menos, arbitraria y además contraria al Derecho de la Unión.

En todos estos temas, y son sólo ejemplos, el binomio arbitrariedad/inseguridad jurídica significa una quiebra del sistema jurídico que se apoya en nuestra Constitución, que no nos podemos permitir; quiebra que lo único que transparenta es el chantaje político en el que esta sumido el Gobierno actual.

Valentín Cortés

 

Jueves 29 de Mayo de 2025

El Fiscal General en un mundo irreal

Si la noticia que comento a continuación está bien redactada y recogida de lo sucedido creo que el Fiscal General vive una falsa realidad. En www.europapress.es leo que el Fiscal General del Estado ha mantenido ante la Asamblea Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, en relación con la reforma del proceso penal que el Gobierno se empeña en llevar a cabo, dos ideas totalmente sorprendentes sobre la instrucción del proceso penal por el Ministerio Fiscal.

La primera, que la instrucción penal por el Ministerio Fiscal viene impuesta por exigencias de orden constitucional. Pues bien, he vuelto a repasar nuestra Constitución y puedo asegurar que no cabe deducir de ninguna de sus normas esa exigencia. Es más, vuelvo a leer el art. 124 de la Constitución, que se refiere al Ministerio Fiscal, y ni siquiera encuentro referencia alguna a esa exigencia constitucional de que se encargue de la instrucción penal, de modo que podríamos seguir con la instrucción en manos de los jueces de instrucción y esa sería tan constitucional como si la lleva a cabo el Ministerio Fiscal, eso sí, en este caso, adaptándose a las exigencias constitucionales que tienen los jueces según el art. 117, entra ellas la “independencia”.

La segunda, que el Fiscal General nos anima a perder el “miedo” a este cambio y manifiesta que los fiscales están perfectamente preparados para llevar a cabo esa función. No hay duda de esa capacidad profesional, pero ese no es el problema; el problema está que la fiscalía debe ser totalmente independiente del Ejecutivo y que los fiscales, no deben estar sometidos a jerarquía funcional, deben ser independientes, inamovibles y someterse únicamente a la ley. Para ello hay que cambiar radicalmente el Estatuto del Ministerio Fiscal y eso es lo que parece que no se piensa hacer.

Valentín Cortés

 

Miércoles 28 de Mayo de 2025

La deriva presuntamente criminal del caso de “la fontanera de la Moncloa”

Todos los medios de comunicación publican cada día que pasa noticias, si cabe más escandalosas, en relación con el asunto de lo que llaman la fontanera de Moncloa y la UCO.

Lo que, en principio, parecía un ataque al Estado de Derecho, al dirigirse directamente a conseguir desprestigiar a la UCO, como policía judicial, para conseguir ventajas y posiciones favorables en determinados asuntos en los que está interviniendo esta Policía Judicial, se está convirtiendo, de ser exactas todas esas informaciones que se conocen, en un asunto con tintes claramente penales que debería ser perseguido y esclarecido, pues todo parece indicar que existiría una organización criminal que ofrece este tipo de actuaciones criminales, que, por si fuera poco, se da a entender que están protegidas, de algún modo, por instituciones públicas, como por ejemplo, el Ministerio Fiscal o el propio Ejecutivo. Se trataría, pues, de un delito gravísimo.

La prensa tiene, en este asunto, como en otros, la tentación de quedarse en la epidermis (en este caso) política del asunto, pidiendo cierta actuación del Ejecutivo y señalando responsabilidades políticas concretas, pero conviene indicar que podríamos estar ante una actuación potencialmente criminal que debería dar lugar, como decimos, a una inmediata investigación del Ministerio Fiscal, para descubrir la certeza de los hechos y, para,  en su caso, depurar las responsabilidades  personales a que haya lugar en el seno del Ministerio Fiscal. Por lo que sabemos, esta investigación no se ha abierto hasta el momento.

Valentín Cortés

 

 

Martes 27 de Mayo de 2025

El Senado señala al Tribunal Constitucional(TC) el camino de la lógica y de la prudencia

Según se puede leer hoy en www.elmundo.es, el Senado se ha unido a quienes piden y sostienen que el TC debería posponer cualquier decisión sobre la adaptación de la ley de Amnistía  a la Constitución a que previamente  el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva  la duda sobre la adaptación de dicha ley al Derecho de la Unión, que, como sabemos, se ha planteado en diversos procesos por los órganos judiciales españoles, entre ellos el Tribunal Supremo, porque de nada serviría decirnos ( tal como parece más que probable que haga el TC) que la ley de amnistía se adapta a la Constitución si después se nos dice que no se adapta al Derecho Europeo.

En todo este tema lo que más sorprende no es ya que el TC pueda mantener la constitucionalidad de la Ley, lo que depende de su exclusiva voluntad, aun cuando ésta sería, como hemos venido diciendo a lo largo ya de muchos meses, claramente infundada y exclusivamente “creativa” de una nueva Constitución. Para mí lo sorprendente es esa especie de huida hacia adelante, cegata y sin sentido, que el TC mantiene al despreciar y no tener en cuenta su subordinación en materia de Derecho de la Unión al TJUE: la prudencia y la lógica le deberían llevar a la paralización de todo recurso sobre la ley de amnistía y, como ahora le pide el Senado, a elevar las cuestiones correspondientes  al TJUE.

Valentín Cortés

 

Lunes 26 de Mayo de 2025

Los ataques a la UCO son ataques al Poder Judicial

De ser cierta, la información que hoy publica www.elconfidencial.com, sobre ciertas maniobras para intentar, en definitiva,  neutralizar ciertos informes de a UCO sobre personajes próximos al Gobierno, sembrando el desprestigio de los autores, tendría evidentemente una enorme gravedad. Me interesa, pues, recalcar una obviedad procesal que parece que se olvida con mucha frecuencia en nuestra sociedad.

 La UCO no es sólo una unidad especial de la Guardia Civil, por tanto, su desprestigio no es sólo el de la Guardia civil (que lo es), sino que, en determinados casos, como el que comentamos, actúa bajo el mandato judicial como Policía Judicial; en esos casos, el desprestigio que se persigue, si  se consigue, no es el de la Guardia Civil,  sino el de la instrucción judicial dentro de la cual, en ese tema, la UCO interviene como Policía Judicial, y , por ende, el del órgano judicial que lleva a cabo la instrucción penal. Esto quiere decir que, de ser ciertas esas maniobras que denuncia El Confidencial, la acción denunciada iría dirigida directamente contra la Administración de Justicia. Sería, pues, un caso más de ataque al Estado de Derecho y, en concreto, al Poder estatal que controla la actuación de los otros Poderes estatales. Gravísimo, pues.

Valentín Cortés

 

Viernes 23 de Mayo de 2025

El “aforamiento de Badajoz”, sólo atrasará la fecha del juicio.

Ya sabemos que del tema del proceso contra el hermano del Presidente de Gobierno, aquí no tratamos los aspectos políticos (por cierto, interesantísimos). Nos dedicamos a las cuestiones jurídicas.  Desde este punto de vista, y como continuación de lo que hemos venido diciendo en los días precedentes del llamado “aforamiento de Badajoz”, me imagino que el gran debate jurídico que ahora se ha originado (en donde incluso habrá que decidir si el acta de diputado, por sí misma, afora al individuo, o si es la toma de posesión lo que determina el principio del aforamiento) propiciará, cuando menos, un lógico atraso del momento del juicio y de la sentencia. Si es eso lo que se buscaba habría que decir, con la sabiduría popular, que mucho ruido y pocas nueces, porque el problema a resolver, dentro del tiempo que sea, seguirá siendo el mismo y de la misma gravedad, aunque, mientras tanto, habrá que resolver este otro problema: ¿se puede cambiar, por un acto exclusivo de la voluntad del encausado, y   en contra de lo que establecen el art. 24 de la Constitución y el art. 8 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al juez competente para el conocimiento de una causa? Sencillamente, no; y si se cambia será de forma ilegal e inconstitucional y, por tanto, ineficaz. Y opino que la lectura sosegada de toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo en este punto va por el camino que digo, pues nunca, que yo sepa, se ha permitido algo parecido a esa disposición de la competencia penal y del juez predeterminado por la ley, que, en nuestro caso, ha llevado a cabo y decidido, por sí y ante sí, un procesado, en este caso el Sr. Presidente de la Diputación de Badajoz, que pretende, nada menos, que decidir qué órgano judicial lo juzga.

Valentín Cortés

 

 

Jueves 22 de Mayo de 2025

Apertura del juicio oral sin procesados aforados

Toda la prensa da cuenta en este día del auto de apertura del juicio oral que ha dictado la Juez de Badajoz en el caso del hermano del Presidente del Gobierno. Ese auto Apertura del juicio oral sin procesados aforados significa, entre otras cosas, que la instrucción del sumario está acabada y que no cabe realizar más diligencias instructoras que las que se han realizado, que serán las únicas que fundamentarán la acusación, pues ni se pueden anular ni modificar, y serán, pues, las que acotarán los términos del juicio que se abre. Ese auto, pues, significa igualmente que la juez entiende que existen motivos suficientes para que se juzgue a  inculpados (no aforados) de los hechos que se narran en el auto citado; y, por último, implica el mencionado auto que la juez, terminada su función, pierde la competencia en la causa a  favor, en este caso, de la Audiencia Provincial, que juzgará a los procesados, porque, que yo sepa, hasta ahora el Presidente de la Diputación de Badajoz no es diputado autonómico y, por consiguiente, no está aforado.

Mi opinión sobre este aforamiento ya la he expresado en días anteriores: se trata de una treta preprocesal que repugna al Derecho y que, en mi opinión, es radicalmente nula, por lo motivos que no voy a repetir en esta ocasión: lo que no sé es si la Audiencia Provincial, órgano competente, entrará en la calificación del aforamiento que se pretende para el enjuiciamiento de estos hechos: sería una gran victoria en la cada vez más necesaria “lucha por el Derecho”.

Valentín Cortés.  

 

Miércoles 21 de Mayo de 2025

El Tribunal Constitucional(TC) se equivoca y no comprende su situación en el marco de la Unión Europea

Leo en www.elespanol.com que el TC tiene previsto iniciar el estudio sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía el 10 de Junio y que tendrá aprobado el fallo favorable el día 26 de ese mes; si esta información responde a la verdad ello significaría: que no paraliza la tramitación de los recursos sobre la amnistía, paralización solicitada por parte de los magistrados dadas las cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal Supremo(TS) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea(TJUE); y, además, que ya tiene decidido aprobar su constitucionalidad.( Sobre el tema ya opinamos el pasado día 13 de este mes)

Además del escándalo jurídico que supone que este medio de comunicación( como otros muchos) dé por supuesto, por motivaciones políticas,  el sentido del fallo en un recurso que ni siquiera se ha empezado a estudiar, esta noticia demuestra que la mayoría de los magistrados del TC no habrían comprendido algo que se nos antoja básico: sus decisiones, cuando afectan al Derecho de la Unión, son revisables por el TJUE, que es tanto como decir que, en esas materias, las decisiones del TJUE vinculan y determinan las del TC. Es en este contexto donde --dadas las dudas planteadas por el TS sobre la adaptación de la Ley de amnistía al Derecho de la Unión, que imponen al TS la suspensión de cualquier decisión sobre la aplicación de la ley de amnistía y su interpretación hasta tanto no se resuelvan las dudas-- la decisión de seguir con el estudio sobre la constitucionalidad ( adelantando incluso tiempos y contenidos de la decisión) aparece como un disparate jurídico-constitucional difícil de asumir desde el exclusivo punto de vista del Derecho. Si es como se nos cuenta, el TC estaría sometiendo nuestro Estado de Derecho a unas tensiones imposibles de justificar.

Valentín Cortés

 

Martes 20 de Mayo de 2025

Un aforamiento judicial en fraude a la Ley

Todo indica que el actual Presidente de la Diputación de Badajoz, que está a las puertas de ser juzgado penalmente (asunto del hermano del Presidente de Gobierno) por delitos investigados por un juzgado de esta ciudad, se convertirá en los próximos días en diputado autonómico. Si es así, el resultado será que automáticamente entrará en la categoría de los aforados judiciales y, así, se alteraría algo tan fundamental como la competencia funcional del juez que lo está investigando y del órgano que, en su caso, lo debería juzgar, que la perderían en favor del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Esa perdida de competencias afectaría muy posiblemente al resto de los investigados (arts.11 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Es evidente que la dimisión de un diputado autonómico de Extremadura no está prohibida por la Ley: es legal; tampoco es ilegal que el llamado a ocupar su plaza por orden de lista electoral renuncie a ocuparla y así hasta llegar al quinto en ese orden (el Presidente de la Diputación imputado) quien finalmente acepta. Nada de eso está excluido en la ley. Sin embargo, si todas esas operaciones legales, consideradas individualmente, están coordinadas, ordenadas e impuestas por una superioridad política para que esa última persona adquiera judicialmente el apetecido aforamiento judicial, cualquier sensibilidad jurídica, aunque sea mínima, queda impactada y escandalizada.

En mi modesta opinión, si todo esto se produce, una figura jurídica trasnochada (el aforamiento), muy mal regulada, pensada en sus inicios para otros fines y con otras limitaciones, no debería ser obstáculo para que todo ese enjuague, “formalmente” legal, sea declarado nulo por ser, cuando menos, contrario a inamovibles principios constitucionales como el de la interdicción de la arbitrariedad (art. 9) y el de igualdad (art.14), y de quebrar fraudulentamente el principio de indisponibilidad de la competencia judicial penal( art. 8 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Valentín Cortés

 

Lunes 19 de Mayo de 2025

Los WhatsApp del Sr. Ávalos y el inicio de acciones por parte del Ejecutivo

He leído este fin de semana en la prensa que el Gobierno ha manifestado que si la Justicia no investiga la filtración de los WhatsApp entre el Sr. Ávalos y el Presidente de Gobierno, el Ejecutivo “iniciará las acciones pertinentes para que se conozca a fondo” lo que ha ocurrido (hoy se puede ver www.elindependiente.com). Me imagino que esa investigación judicial con la que se nos advierte, dado que se habla del “Ejecutivo”, estaría protagonizada por el Ministerio Fiscal.

Pues bien, en mi opinión para que esto sea posible y esa investigación no dependa de la denuncia de las personas agraviadas [ que, en principio, sólo pueden serlo los Sres. Ávalos y Sánchez, que son los sujetos de la “relación epistolar secreta” desvelada) (art.201.1 del Código Peral)] se requiere que la revelación de secretos “afecte a los intereses generales”, a varias personas o la víctima sea menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección (art.201.2).Descartando este último supuesto, hasta ahora, lo que se ha desvelado afecta realmente sólo al Presidente de Gobierno y al Sr. Ávalos; pero no a los intereses generales, pues estos se verían, en su caso, afectados no por desvelarse lo que sucedió en el pasado, sino por lo que sucedió, y siempre y cuando lo sucedido afectase a los intereses generales y, aun afectando, no fuera constitutivo de delito, pues en ese caso habría obligación de denunciarlo a la Justicia. Igualmente, según mi criterio, tampoco las personas que se mencionan y califican en los WhatsApp son “afectadas” por la revelación, sino, en su caso, por lo que se dijo de ellas en el pasado (injurias, calumnias).

No veo, pues, cómo argumentar y razonar que, en este caso. no sea necesario la denuncia de las personas agraviadas y pueda el Ministerio Fiscal intervenir. Esperemos, pues, esa anunciada y advertida acción del Ejecutivo.

Valentín Cortés

 

Viernes 16 de Mayo de 2025

Críticas jurídicas al anteproyecto de modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal

El miércoles pasado ya opinamos muy negativamente del anteproyecto de Ley del Gobierno sobre de nueva regulación del Ministerio Fiscal  y de la instrucción penal. Cambiar un sistema como el de la instrucción penal no es cuestión baladí ni política; es fundamentalmente jurídica. Las fuertes críticas que ayer ha tenido este anteproyecto (a pesar de ser fiesta en Madrid) han provenido del mundo jurídico (sobre todo,  de entre los fiscales y sus asociaciones) y no son debidas, tal como dijimos el pasado miércoles, a un prejuicio político sobre el Gobierno( como autor del anteproyecto), sino a la constatación técnica de que, cuando menos, atribuir la instrucción penal a los fiscales requiere inexorablemente una modificación global y concreta del sistema procesal penal, que no se observa de ninguna de las maneras en este anteproyecto de Ley. Esa modificación legal exige igualmente una fiscalía completamente independiente no sólo del Ejecutivo (lo que llevaría, según mi opinión a modificar el art. 124 de la Constitución) sino, internamente, a la desaparición del principio de jerarquía lo que haría a cada fiscal instructor independiente, sin superiores jerárquicos a los que obedecer, y únicamente sometido al imperio de la ley, tal como ahora lo son los jueces instructores (art. 117 de la Constitución).  Todo ello, sin olvidar, igualmente, que esa modificación requeriría además un sistema de contrapesos al poder de iniciar la instrucción en manos del Fiscal que pasaría necesariamente por un fortalecimiento de la acción popular (art. 125 de la Constitución) y no la ya anunciada limitación de ésta. En la cabeza del Gobierno nada de eso se contempla ni se encuentra, pues para ello hay que tener la convicción política y la jurídica que ni por asomo tiene. De ahí la escasa o nula credibilidad que nos causa el anteproyecto.

Valentín Cortés

 

Miércoles 14 de Mapo de 2025

Una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal con nula credibilidad

Ayer hemos sabido que el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley de modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal, se nos dice, en el propósito global de otorgar la competencia funcional para instruir las causas penales a los fiscales.

 Esta modificación competencial supondría una verdadera revolución en el proceso penal y en la concepción  del Ministerio Fiscal( desde el Fiscal General hasta el último fiscal de la carrera), que no se puede hacer sino desde unas bases y fundamentos inequívocamente constitucionales que, honestamente, no creo que este Gobierno tenga en la actualidad, ni creo que, por la inercia en la que está apresado, pueda tener en el futuro; basta recordar la legislación que se ha aprobado a su instancia y con su participación que, en bastantes ocasiones, o roza los limites de la Constitución o claramente, según mi criterio, la vulneran.

Esa nueva atribución funcional requiere igualmente partir de cero, acabando con el modelo anterior con una modificación sistemática y global de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que ni por vocación ni por formación jurídica este Gobierno está en condiciones de llevar a cabo, incapacidad que igualmente ha quedado acreditada por la escasísima calidad y técnica legislativa de su legado jurídico.

Es evidente que esta opinión, desgraciadamente, no es un prejuicio, sino la constatación de una realidad que se repite: y, para botón de muestra, con esta reforma, tal como está diseñada, la pieza fundamental de la Fiscalía, su Fiscal General, no sólo no seria cesado por motivos legales con la entrada en vigor de la nueva ley, sino que vería prolongado su mandato.

Valentín Cortés

 

Martes 13 de Mayo de 2025

El Tribunal Constitucional(TC) y la Ley de Amnistía ante el espejo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea(TJUE)

Sabemos por toda la prensa de hoy que tres magistrados del TC han pedido al Pleno que suspenda la tramitación de los asuntos en marcha derivados de la Ley de Amnistía o, en su caso, que el Tribunal plantee la cuestión prejudicial europea ante el TJUE. Muchas veces hemos dicho en este blog que el Derecho de la Unión impone la suspensión de todos los asuntos judiciales en los que haya que aplicar la Ley cuestionada, hasta tanto no se decida si es o no concorde con la legislación europea; también, creo yo, los que se tramitan ante el TC. Lo que impone esta legislación europea es, por si fuera poco, de una lógica aplastante dado la subordinación de los tribunales nacionales a las sentencias del TJUE sobre la adecuación de leyes nacionales a las normas de la Unión.

No sé lo que decidirá el Pleno del TC, pero sus magistrados, me supongo, que son conscientes que la decisión que vayan a tomar sobre la constitucionalidad de la ley de Amnistía, y su adecuación a las normas europeas, estará igualmente sometida, en su caso, a la cuestión que se pueda plantear al TJUE sobre la propia adecuación de su sentencia a esa legislación europea; lo que tiene una especial relevancia en cuanto las dudas hasta ahora planteadas sobre la Ley de Amnistía provienen fundamentalmente del TS que es quien debe aplicar o no la esa ley a personajes como Puigdemont y compañía. Contra antes asuma el TC el hecho de su subordinación al TJUE mejor y más rápido se resolverá el embrollo jurídico en que nos ha metido esta, cuando menos, anticonstitucional Ley de Amnistía con todas sus derivadas políticas.

Valentín Cortés

 

Lunes 12 de Mayo de 2025

Los “WhatsApp” intercambiados por el Presidente de Gobierno y el Sr. Ábalos

Toda la prensa habla hoy de los Whatsapp entre el Presidente y el Sr. Ábalos que han sido publicados por www.elmundo.es.  Evidentemente se trata de mensajes que contienen y afectan materias que se pueden incluir entre lo que llamamos los secretos o la intimidad de esas dos personas. En este sentido, en principio, quien se haya apoderado de los mismos o quien los divulgue puede, en principio, cometer un delito de descubrimiento o revelación de secretos, castigado en el Código Penal en los arts. 197 del Código Penal; decimos en principio porque esa primera afirmación chocará, sin la menor duda, con lo dispuesto en el art. 20 de la Constitución que, como sabemos, reconoce el derecho a comunicar y a recibir información veraz por cualquier medio de difusión; pero también chocará, sin duda, con el entendimiento de lo que sea, y su alcance, la limitación establecida en ese art.20(4), de la Constitución, que se refiere a que la divulgación no afecte al derecho a la intimidad, lo que, a su vez, chocará con  el concepto y límites de la intimidad de unos personajes públicos tan señalados como los concernidos y, sin duda, por el ámbito de esa intimidad que queda afectada, que parece ser exclusivamente de carácter político.

Es curioso, además, que, hasta ahora, ninguno de los concernidos, que son  los únicos que pueden poner en marcha la acción de la Justicia(art 201 del Código Penal), aún no hayan expresado su decisión de ejercer acciones penales mediante la denuncia o la querella.

Valentín Cortés

 

Viernes 9 de Mayo de 2025

El cinismo, el sectarismo y el deber constitucional de presentar proyecto de Presupuestos.

Nadie con mediana formación jurídica puede negar que el Gobierno tiene el deber de presentar un proyecto de ley de presupuestos para su aprobación en Cortes, que lo debe hacer anualmente y en una fecha determinada. Si lo niega es o bien porque no se ha leído la Constitución(art.134.2) o por sectarismo que se califica por sí mismo. No me cabe la menor duda que las dos son cosas (la ignorancia cínica y el sectarismo) que deben abundar en el Congreso. Lo digo porque ayer (vid. la prensa de hoy) se aprobó en el Congreso una moción del PP que instaba al Gobierno a cumplir tal deber constitucional, pero los diputados del PSOE y del PNV, y alguno más, se opusieron a tal moción, amen de otros que (en un alarde, supongo, de duda) se abstuvieron.

Pero, la Cámara puso formalmente de manifiesto, a pesar de todo ello, que el Gobierno no cumple con ese deber sustancial en nuestro régimen democrático ni piensa hacerlo. El siguiente paso sería, lógicamente, pedir responsabilidades y presentar, entre los votantes afirmativos de ayer, la moción de censura (art. 113 de la Constitución) para poner al frente del Gobierno a alguien que cumpla ese deber constitucional y convoque elecciones. Este paso, ya lo sabemos, ni se dio ni se dará, porque algunos de los que votaron que sí lo hicieron no tanto para defender el texto constitucional (¡que quieren destruir!) como intereses particulares mediante un voto afirmativo que sólo es aviso de posibles, próximos y seguros chantajes políticos.

Valentín Cortés

 

 

 

Jueves 8 de Mayo de 2025

El Juez y el Fiscal en el caso de la Sra. Begoña Gómez

Son conocidas las divergencias entre el Fiscal y el Juez que lleva la instrucción penal en el caso de la esposa del Presidente de Gobierno. Hoy, la prensa (vid.,www.elindependiente.com y www.elconfidencial.comn con buenos desarrollos) nos cuenta que el Juez ha, de alguna manera, tildado al Fiscal de actuar como si fuera un abogado defensor de la Sra. Gómez.

 Pues bien, todo radica y pivota en la comprensión de dos principios procesales muy importantes. El primero: el Fiscal, de acuerdo con el principio de legalidad (art.6 de Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal), actúa como defensor de la legalidad y ello le puede llevar, en la instrucción penal, a acusar o no, a propiciar diligencias de investigación, a no hacerlo o a oponerse a las que se acuerdan; esto es lo que está haciendo, pero, quizá, según cuenta la prensa, con técnica más propia de abogado de parte que de Fiscal. El segundo: el Juez debe investigar (art. 259 Ley de Enjuiciamiento Criminal y concordantes) siempre que le llega una “notitia criminis”; pues bien, lo que en este caso el Juez entiende ( y eso hay que deducir de lo que cuenta la prensa) que es una noticia de acto con apariencia de delito (en la ayuda a Air Europa), el Fiscal considera que no es tal noticia, y que, por tanto, no cabe investigar, y para ello utiliza argumentos no exactamente jurídicos, pues serían, según relata la prensa, descalificativos y de carácter personal.

Si el Fiscal entiende que hay un exceso del juez, debe recurrir con argumentos, esta vez, legales, abandonando, quizá, los ardores típicos de abogado defensor; y si el juez cree que debe investigar debe hacerlo sin apoyarse para ello en descalificaciones en contra de carácter personal, pues le basta con el Derecho. Claro está, que en el fondo de este insólito asunto late el gravísimo problema derivado de la politización de la figura del Fiscal General y de la personalidad de la investigada.

Valentín Cortés

 

 

Miércoles 7 de Mayo de 2025

El apagón, sus causas y la responsabilidad jurídica por los daños

Hoy sabemos por el Presidente de Gobierno (así lo ha dicho en el debate en el Congreso sobre el apagón) que “no vamos a precipitarnos” en el examen de sus causas ( www.europapress.es); también que (www.elespanol.com) desde la Moncloa se nos viene a decir que “a lo mejor no conoceremos nunca la causa del apagón”. Esa manera de hablar en primera persona nos pone, cuando menos, ante una realidad innegable que hasta hace poco sorprendentemente se negaba: que Red Eléctrica a estos efectos no es una empresa privada, sino pública y condicionada por la acción del Gobierno, de ahí que éste hable de las cosas de Red Eléctrica como algo propio.

Todo este discurso oficial no sé si librará al Gobierno de su responsabilidad política, pero no es el adecuado para  librar al Estado, a través de Red Eléctrica, de su responsabilidad jurídica en los daños producidos por el apagón, pues éste es un caso claro de lo que el Tribunal Supremo, desde hace decenios, entiende como responsabilidad objetiva, que técnicamente produce, para el dañado, una exoneración de prueba de la culpabilidad del Red Eléctrica, pues los hechos demuestran “prima facie” y por sí solos un principio de responsabilidad, en este caso, de esta sociedad,  la única competente para evitar apagones mediante la correcta distribución de la correcta producción eléctrica. De modo que tendrán que darse prisa para averiguar lo que pasó realmente, pues esa será, en su caso, la única manera de probar que en el caso concreto el apagón se debió a causas totalmente ajenas a la voluntad y al buen y diligente hacer de red Eléctrica. No tener prisas y hacer las cosas bien es bueno; pero no querer hacerlas (eso parece) es siempre malo.

Valentín Cortés

 

Martes 6 de Mayo de 2025 

La Opa BBVA/Banco de Sabadell y el Gobierno

Ya sabemos que la oferta que ha hecho el BBVA de adquirir las acciones representativas del capital social del Banco Sabadell ha superado el trámite de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ( con la autorización a proceder a ella en unas determinadas condiciones, aceptadas por la oferente) y que, conforme a la legislación vigente (Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión, RD de OPAS y demás normas aplicables) la  OPA debe someterse al control del Gobierno, quien decidirá si los términos en lo que se ha aprobado por la Comisión son aceptables o  se modifican,  al punto que, incluso, puedan convertir la oferta en irrealizable.

En este contexto el lanzamiento por el Gobierno de una llamada “consulta pública previa” sobre la OPA BBVA/Sabadell (vid. la prensa de hoy), aparece, en este caso, más como una estratagema poco seria que cualquier otra cosa. Esa consulta ( que en el campo prelegislativo puede tener sentido y de hecho lo tiene, aunque este Gobierno no la utilice prácticamente nunca, rechazando incluso la que es obligatoria ), ni tiene naturaleza jurídica, ni es vinculante, ni es obligatoria su publicidad, ni exime al Gobierno de su obligación de aprobar sin más la OPA o ponerle otras condiciones y no evita la responsabilidad del Gobierno por lo que decida, que, dadas las circunstancias económicas y políticas que rodean al tema, pudiera ser fácilmente una  decisión arbitraria,( interdicta por Constitución, art. 9) pues, como cualquier acto de los órganos públicos, tendría que estar fundada y razonada en Derecho, por lo que estaría sometida en su caso, como sabemos, al reproche administrativo, civil y penal. De modo que, de tener, tendrá sólo un parco y parcial recorrido político que a nadie puede engañar.

Valentín Cortés

 

Lunes 5 de Mayo de 2025

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante el reto de mostrarse independiente

Los periódicos de hoy( vid.,por todos, www.elindependiente.com) nos cuentan que la Presidenta del CGPJ pretende acabar con la situación  en la que se encuentran las Salas Segunda y Tercera del Tribunal Supremo (TS), de las que aún no se han ocupado puestos vacantes ni renovado las respectivas presidencias; para ello pretende forzar de manera inmediata las votaciones que están estancadas por el empate entre los llamados sectores conservador y progresista.

Se trata, obviamente de un problema que lejos de ser coyuntural es estructural y que viene del nombramiento de esos consejeros por los partidos políticos del arco parlamentario (en nuestro caso, sólo PP y PSOE) y, además, de que se trata de Salas del TS cuyas decisiones, ahora como antes, son vitales en temas que conciernen al Gobierno. Si se llegara a un acuerdo y hubiera nombramientos, mucho me temo que, en la situación actual, sería producto del reparto de puestos entre uno y otro grupo político, con lo que la aparente solución del problema sería una solución fallida de futuro, por tanto, muy perjudicial. La solución, pues, no está sólo en forzar mayorías (que ahora son, se quiera o no, políticas), está también en acabar con la injerencia de los partidos políticos en estos nombramientos, para lo que sólo hay que seguir las indicaciones de la Unión Europea y de la Comisión de Venecia y forzar el cambio de la Ley. Mientras tanto, la Presidenta del CGPJ, que ha demostrado su total independencia, junto a la labor que desempeña, debería convencer a todos los consejeros que su respectiva independencia de los partidos que los nombraron debería ser un valor consustancial al puesto que ocupan y que lo contrario lastra el Estado de Derecho.

Valentín Cortés

 

 

 

Miércoles 30 de Abril de 2024

El apagón

Si nos quedamos en nuestro ámbito de opinión (lo jurídico), reducimos al mínimo común denominador el fenómeno vivido y dejamos fuera sus aspectos políticos y económicos, podemos decir que el apagón ha sido un fenómeno que ha afectado a toda España y que ha producido unos daños de todo tipo muy importantes: daños económicos y morales y, en algún caso, pérdida de vidas. Ello genera unas consecuencias inmediatas, cuales son las responsabilidades civiles, penales y administrativas que se hayan podido producir y las consecuentes indemnizaciones a las personas que hayan podido sufrir daños.  

En este marco surge el Presidente de Gobierno en declaraciones públicas y responsabiliza directamente de lo ocurrido a los “operadores privados” en el sector de la producción y distribución eléctrica, incluyendo (¡) en ellos a la empresa Redeia, cuyo accionista mayoritario y decisivo es el Estado, cuando al mismo tiempo nos dice que todavía no se sabe qué es lo que ha ocurrido para que se produzca tal desastre.

Si tenemos en cuenta que el sector eléctrico está absolutamente regulado por el Estado, que la fiscalidad que le afecta viene impuesta y exigida por el Estado y que la composición y determinación de la producción eléctrica viene dada por las políticas del Estado, ( renovables si, nucleares no) y que su distribución  en cada momento depende de Redeia, cualquier observador jurídico llegará a la conclusión  de que las declaraciones del Presidente son un mero ejercicio de distracción sin éxito porque nos lleva por exclusión a centrar el foco de la responsabilidad, sin  temor a equivocarnos, en el Gobierno, sus políticas y sus agentes, es decir,  en el Estado.

Otra cosa, por supuesto no baladí, es la responsabilidad política, pero ese no es nuestro tema.

Valentín Cortés

 

Martes, 29 de Abril de 2025

El auto de la Juez de Badajoz de procesamiento del hermano del Presidente del Gobierno.

El apagón de ayer me impidió salir en el blog hablando de la noticia con contenido jurídico del día, que, sin duda, fue el procesamiento del hermano del Presidente de Gobierno y de altos cargos de la Diputación de Badajoz por prevaricación y tráfico de influencias. Tras este auto, si no es revocado en el recurso correspondiente, se producirá la apertura del juicio oral y el enjuiciamiento penal de estos señores (vid. la noticia, por toda la prensa, en www.elindependiente.com). Sobre el apagón mismo, ya habrá otro día para opinar de este desastre técnico, político, económico y jurídico.

Pues bien, en lo que se refiere al auto de la juez de Badajoz, diremos que, en la sociedad española, se ha visto como una anormalidad consentida lo que jocosamente hemos dado en llamar enchufe, cuando el enchufismo se trata no sólo de una corrupción de enormes proporciones sino un claro delito, rodeado de falsedades documentales, pues, como se dice en el auto de la juez de Badajoz, no es admisible penalmente que “alguien desarrolle sus aspiraciones profesionales utilizando recursos públicos, en detrimento de otras personas más capacitadas o de otras necesidades más acuciantes de la sociedad”. Si, tras este auto, la sociedad española reacciona de forma extrema contra esta práctica caciquil y delictiva mucho habremos ganado en responsabilidad y seguridad jurídicas y se habrá dado un paso de gigante en contra de la arbitrariedad, que es otra forma (la técnica-jurídica) de llamar a los “enchufes”. Y recuerden que todo esto ya está sentado en el art. 9 de la Constitución Española como principios inmutables que tienen que determinar la actuación administrativa.

Valentín Cortés

 

Viernes 25 de Abril de 2025

El incumplimiento del contrato de suministro de balas

Fuera de las consecuencias diplomáticas que pueda tener el incumplimiento del contrato del Gobierno español en la compra de balas a una empresa de Israel, que todo indica que las habrá, a nosotros nos interesan -ya lo sabemos- sólo las consecuencias jurídicas. En realidad, jurídicamente no ha habido ni una rescisión ni una resolución contractual como erróneamente dice la prensa: ha habido lisa y llanamente una declaración de voluntad de no cumplir lo pactado por razones que, en cualquier caso y según parece, no son contempladas en el contrato como causas de resolución unilateral del mismo.

 Hasta los niños pequeños saben que no cumplir la palabra conlleva consecuencias no deseables. El Gobierno español parece estar dominado por un sector que es proclive al uso alternativo del derecho, gran principio comunista que le ha dado grandes beneficios en el pasado, pues aparecía como una herramienta eficacísima para hacer lo que viniera en gana (impusiera la ideología) y hacerlo en el momento que se quisiera, sin temer las consecuencias de ello. Este principio ajurídico no funciona, por mucho que lo desee la rama comunista del Gobierno, en las relaciones contractuales exteriores, de modo que si el Derecho impone obligaciones y no las asumimos vendrán consecuencias negativas;  son de esperar, por tanto, demandas de resarcimiento de daños y perjuicios y lo que antaño se llamaba “perdida del crédito”, es decir, la producción del daño reputacional que sufre aquel que no cumple los contratos, y los incumple sin tan siquiera intentar justificarlo por causas que pudieran estar comprendidas en el Derecho o en el contrato: lo hace por su libérrima e irresponsable voluntad. Ítem más: Si esto afecta al Erario se comprende que el PP (vid., por ejemplo, www.europapress.es) lleve la cuestión al Tribunal de Cuentas

Valentin Cortés