Miércoles 17 de Septiembre de 2025

La libertad de empresa amenazada por acuerdos del Gobierno con los independentistas

La prensa recoge hoy (ver, por todos, www.expansion.com) la noticia sobre el pacto del Gobierno con Junts para incluir una norma adicional al proyecto de ley que regula los servicios de atención al cliente, norma en la que se obligará, no sólo a las compañías de servicios públicos, sino a todas las que superen una facturación de 50 millones o que tengan más de 250 empleados, a dirigirse al usuario en el idioma (oficial o cooficial) con que se exprese.

La CEOE ve en esta posible norma un atentado al principio de “libertad de empresa” que, como sabemos está consagrado y recogido en nuestra Constitución (art 38). Y nosotros compartimos esa opinión porque, en lugar de dejar que el  mercado fluya y que sea el que imponga las conductas a seguir en él, se prefiere un mercado intervenido forzando la Constitución, no sólo en la violación de ese principio, sino también con  la violación del derecho fundamental a expresarse en el idioma oficial en España, que es el castellano( art. 3 de la Constitución), derecho que tiene cualquier ciudadano  ( también para el que presta el servicio de atención al cliente de una empresa y para la empresa misma), sin que se le pueda exigir la expresión en cualquier otro idioma de los cooficiales, si, en el caso que examinamos, la empresa está ubicada fuera de los territorios en los que sí exista otro idioma cooficial.

En cualquier caso, aún mantenemos la esperanza de que, si se materializa este acuerdo, no pasará el filtro del Tribunal Constitucional.

Valentín Cortés

 

Martes 16 de Septiembre de 2025

La Comisión de Venecia en Madrid con los jueces

En medio del maremoto que se ha formado políticamente por los acontecimientos en el Vuelta ciclista a España y la actuación en ellos del Gobierno, de forma muy excepcional, la prensa (puede verse, por ejemplo, www.abc.es) se fija en una noticia de gran trascendencia no sólo en el campo jurídico, sino en el de la política en general y en el futuro de nuestro Estado de Derecho: la visita-inspección de la Comisión de Venecia sobre la situación judicial española.

Porque, en efecto la Comisión de Venecia está desarrollando su misión en España oyendo al Consejo General del Poder Judicial y a los jueces ( a través de las distintas asociaciones) sobre el sistema de elección de los miembros del Consejo y sobre la injerencia o no de la política( principalmente del Ejecutivo a través del Legislativo) en el órgano de dirección del Poder Judicial, en una situación en la que España se comprometió ante  la Unión Europea a establecer un sistema legal de elección de estos miembros adaptado a la legislación y principios de la Unión. Es el momento de recordar que el Gobierno ha defendido ante esta Comisión mantener el sistema actual, afirmando algo tan insólito como que “goza de total legitimidad democrática”. Conviene decir que la legitimidad del Poder Judicial viene ofrecida por la Constitución (art.117 y concordantes ) y su observancia, lo que es imposible si el Poder Ejecutivo tiene directa o indirectamente posibilidad de manipular o imponer nombramientos en el aparato judicial, como la tiene ahora. Con el sistema actual es un hecho que se favorece y posibilita la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y mantener lo contrario es ofender la inteligencia del ciudadano, al menos la mía.

Valentín Cortés

 

Lunes 15 de Septiembre de 2025

La actuación del Gobierno en la Vuelta, un  claro fenómeno de arbitrariedad

Todo indica que lo ocurrido en el final de Vuelta ciclista a España tiene su base, en gran parte, en las manifestaciones del Presidente de Gobierno y de algunos ministros de claro apoyo y protección a los manifestantes, que, nótese, en ese momento ya ejercían la violencia para impedir el libre transcurrir de la prueba ciclista. Aquellas declaraciones han, por lo que se ve, exacerbado la violencia de los manifestantes, pues se han sentido apoyados, protegidos y justificados por el propio Presidente.

Es evidente que la Vuelta es un acontecimiento deportivo y social que afecta a gran parte del territorio nacional y que, en consecuencia, debe contar con los permisos oportunos de las autoridades competentes en cada una de las zonas y materias que se ven afectadas. Permisos que, sin duda, se concedieron conociéndose la nacionalidad de los participantes. Esos permisos conllevan necesariamente el plus de la protección del Estado, mediante los mecanismos oportunos para que la carrera sea segura para los participantes, sea cual sea su nacionalidad, y para los ciudadanos. El Estado no puede conceder esos permisos para después, al socaire de intereses políticos evidentes, declinar su imprescindible asistencia para que se respeten los derechos de todos. La actuación del Presidente y su Gobierno es de una enorme arbitrariedad pues ha impedido, además, algo tan elemental como el cumplimiento de lo que se establece en el art.9.2 de la Constitución como obligación del Estado: promover las condiciones para que la libertad de los individuos y de los grupos sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, facilitando la participación de todos los ciudadanos, en este caso, en la vida cultural y social.

Valentín Cortés

 

 

Viernes 12 de Septiembre de 2025

El proyecto de ley de reducción de la jornada laboral y el cine

Mientras que el Congreso debatía y votaba el rechazo del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral --se puede leer en la prensa-- el Presidente de Gobierno iba al cine con su esposa. Por supuesto, no entro en los comentarios de la prensa sobre este tema, prensa en la que es difícil encontrar una opinión (la única relevante desde nuestro punto de vista) que tenga base jurídica o constitucional. Porque el problema no es que el matrimonio Sánchez se fuera en ese momento al cine, sino que el Presidente de Gobierno se fue con su esposa al cine en ese preciso momento. Es decir, todo indica que decidió no ser Presidente de Gobierno en ese momento, para convertirse en solícito esposo. Y ello no es acorde con la Constitución, ni con las responsabilidades, deberes y obligaciones que ésta concede al Presidente de Gobierno. El Sr. Sánchez, con gran tendencia a quebrantar la Constitución, bordearla y  aplicarla e interpretarla pro domo sua, no “ha entendido bien” que el Gobierno, según la Constitución, es un órgano colegiado (algo distinto a sus individualidades),con responsabilidad única y solidaria[art. 108 y ss Constitución (CE)], y que es presidido, dirigido y coordinado (en las funciones de cada uno de sus miembros) por el Presidente (art. 98CE). En esas condiciones, es decir como Gobierno, presentó un proyecto de ley, publicado en el BO de las Cortes Generales-Congreso el 16 de Mayo de 2025: eso le exigía estar en el debate parlamentario, presidir en el Congreso al Gobierno que presentó el proyecto de ley, y votar, en ese caso, afirmativamente:  nada de eso hizo, sólo se fue al cine con su esposa, como si lo que allí se solventaba fuera cosa de otros ( de la Sra. Vicepresidenta), como si el Gobierno y sus proyectos de ley fueran cosa de individuos, como si no fuera un órgano( único y colegiado), como si él no lo presidiera.

Un desastre.

Valentín Cortés

 

Jueves 11 de Septiembre de 2025

La campaña del Gobierno contra los jueces

Leo en  www.europapress.es que la Ministra Doña Yolanda Díaz ha manifestado pomposamente que “no he visto una instrucción semejante en mi vida”, refiriéndose a la que lleva el Juez, Sr. Peinado, en la investigación de presuntos delitos varios cometidos por la Sra. Doña Begoña Gómez.

Es inútil decir que la Sra. Díaz no conoce, pero ni puede conocer, el contenido de los actos instructorios que lleva a cabo el Juez, entre otras cosas, porque el sumario es secreto para lo que no estamos personados en ese proceso (art. 301 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), de modo que, sin un conocimiento directo, difícilmente puede haber emisión de juicio alguno, máxime de un conjunto de actuaciones que se deben contar por centenares.

Pero, lo traigo a colación, no tanto por la bufonada que supone, sino por la interiorización que parece haber en los miembros del Gobierno de tener que atacar a los jueces, de la manera que sea, que están investigando posibles actividades delictivas de miembros del partido socialista o próximos al Gobierno, al punto que se da la impresión de que se siguen por ellos consignas de hacerlo así. El daño que hacen al Juez Sr. Peinado es ridículo al lado del daño que se hace al Estado de Derecho, porque, a fuerza de atacar a los jueces y sus actuaciones la sociedad se empapa de la idea de que tenemos una Justicia condicionada por la política, pretendiendo deslegitimar preventivamente las decisiones que parece temen se tomen en el futuro. Todo ello a escasos días de la visita de miembros de la Comisión Venecia a España para examinar la situación de la Justicia en nuestro país.

Valentín Cortés

 

 

 

 

Miércoles 10 de Septiembre de 2025

El Fiscal General: su no suspensión y la cuantía de la fianza impuesta por el Instructor

Hay dos cuestiones en el auto de apertura del juicio oral contra el Fiscal General del Estado que han llamado la atención a toda la prensa.

Una, el Magistrado instructor de la causa ha decidido no suspenderlo en sus funciones de forma cautelar, suspensión que parecería lógica para evitar, no el espectáculo, y sí la incoherencia que el fiscal de la causa pueda estar condicionado, en su caso, por las ordenes que pueda recibir del propio enjuiciado, que sigue siendo su jefe. En mi opinión parece acertada dicha decisión, porque no existe (aunque ahora sea una laguna incomprensible en nuestro Ordenamiento Jurídico) una norma que contemple y ordene la suspensión de funciones por la apertura del juicio oral penal contra un Fiscal General. Siendo esta suspensión de carácter procesal penal, y limitativa de derechos, no cabe aplicarla de forma analógica por lo establecido para otros casos similares. Por tanto, la decisión judicial está en plena coincidencia con lo que se establece, para la generalidad del Ordenamiento Jurídico, en el art.  4.2 del Código Civil.

Otra, la fianza, que se considera exagerada y “un disparate” en sectores próximos al Fiscal General. Sin embargo, existiendo la posibilidad de que se declaren daños materiales (y morales, a pesar de que puedan existir otras resoluciones judiciales de otros ordenes jurisdiccionales que las hayan negado anteriormente, pues en mi opinión no existe cosa juzgada) y que pueda haber condena en costas (art.126 Ley de Enjuiciamiento Criminal), la fianza no parece ser ni exagerada ni ser un disparate, sino acorde con la norma citada y con el asunto de que se trata.

Valentín Cortés

 

Martes 9 de Septiembre de 2025

Las recusaciones del Sr. Puigdemont y la buena fe procesal

La prensa ha dado cuenta de las recusaciones presentadas por el Sr. Puigdemont a tres magistrados del Tribunal Constitucional, que forman parte del Pleno que decidirá sobre la admisión a trámite, y posterior sustanciación, del recurso de amparo contra el auto del Tribunal Supremo que ha decidido no aplicar la ley de amnistía al delito de malversación de que se le acusa. No nos interesan las motivaciones que hayan llevado al Sr. Puigdemont a presentar estas recusaciones que, entre otras cosas, amén de intrascendentes, parece que son claramente extemporáneas y que, por tanto, deberán ser rechazadas [art.223.1.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y concordantes].

 Lo que me interesa ahora es resaltar dos cosas, entre sí paradójicas: i), el mandado del art. 11.1 LOPJ (“En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe”), del que el Sr. Puigdemont no se da por concernido, lo que debería merecer sanción por el Tribunal Constitucional; y ii),la exigencia de este principio general (la probidad, la buena fe procesal) no se compagina en absoluto con la situación de rebeldía y de desprecio a la jurisdicción española que mantiene el Sr. Puigdemont, que se aprovecha de que el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24 de la Constitución) no está condicionado a la sujeción personal del que la pretende a la Jurisdicción a la que acude, y eso le permite manosear a la Jurisdicción sin ni siquiera ser un justiciable de buena fe, que la acepta en sus derechos, pero también en sus cargas y obligaciones. Esa es la grandeza ( y debilidad) del sistema que, en buena lógica, no se merece el Sr. Puigdemont y al que tanto ataca.

Valentín Cortés

 

Lunes 8 de Septiembre de 2025

 

De nuevo, de vuelta.

Después de dos meses nada ha cambiado; si acaso, todo ha empeorado. Escribo después de la entrevista del Presidente del Gobierno en TVE ( en la que se ha permitido, entre otras anomalías constitucionales, un ataque descomunal contra el Poder Judicial y jueces indeterminados, sin interponer, como sería lo lógico, las correspondientes querellas por prevaricación) y de la apertura del año judicial (en la que ha intervenido, por supuesto y por precepto, el Fiscal General del Estado, pero que no debería serlo) y no quiero engañarme: la situación es constitucionalmente muy peligrosa pues nos fallan  dos instituciones básicas en nuestro Estado de Derecho: el Tribunal Constitucional y la Fiscalía. El primero no aplica la Constitución de 1978, pues de hecho está creando otra, y el segundo también hace seguidismo del Poder Ejecutivo en los asuntos que a éste le interesan.

En este estado de cosas la incerteza e inseguridad jurídicas y constitucionales nos empapan y anulan como sociedad y como nación, y poco a poco nos sumen en una especie de relativismo jurídico, y en una gran arbitrariedad, en el que Derecho deja de ser un conjunto de normas previstas para convertirse en lo que quiere el Poder Ejecutivo en cada momento o en lo que el Tribunal Constitucional, en su nefasta labor creativa, entiende que debe ser la Constitución o incluso el Derecho Positivo. Sólo necesitamos, y no es poco, que el Poder Judicial ni caiga ni deje de cumplir su misión constitucional. Y en ésto, todo me indica que debo ser optimista.

Valentín Cortés

 

Lunes 30 de Junio de 2025

Un nuevo curso que finaliza

Hoy cerramos el presente curso en este blog; ha sido el decimotercero.

En todos estos años el mundo jurídico no se ha visto más convulso que ahora ( escándalos y problemas casi a diario), el Poder Judicial no se ha visto tan en peligro como ahora por ataques y calumnias, ni el Estado de Derecho tan lesionado por el Poder Ejecutivo con paladas de Decretos y proposiciones de leyes, convalidados ciegamente por el Legislativo, y con la bendición dolorosísima del Tribunal Constitucional que, con  sentencias como la de los EREs y la de la amnistía, desgraciadamente, para mí y para una inmensa parte de la sociedad española, ha dejado de ser el garante de la Constitución. Estamos, pues, en un escenario catastrófico sin la menor duda.

 De todo hemos dado cuenta y de todo hemos ido opinando jurídicamente día a día. “Siempre nos quedará” (como en la película) no París, pero sí el Poder Judicial en su totalidad; y también, como en la película, podremos decir (pero esta vez no cínicamente) “detengan a los sospechosos” y preserven el Estado de Derecho.

En Septiembre, Lunes día 8, estaremos de nuevo juntos. Mientras tanto, descansen de mi “opinión jurídica”.

Valentín Cortés

 

Viernes 27 de Junio de 2025

Una sentencia arbitraria sobre la Ley de Amnistía, un acto legislativo arbitrario

El descrédito del Tribunal Constitucional, que se ha venido gestando en los últimos meses, ha llegado, según nuestro criterio, exclusivamente jurídico, a su cenit con la sentencia sobre la ley de amnistía. No cabe más descrédito jurídico-constitucional.

 Una sentencia no puede hacer de lo blanco negro y menos con argumentaciones, que no razonamientos jurídicos (por lo que conocemos de la sentencia), de mero leguleyo desconocedor de principios básicos de la ciencia jurídica y constitucional. Para un botón de muestra: ¿Cómo se puede decir en Derecho que lo que no está expresamente prohibido en la Constitución puede hacerlo el legislador?. Durante muchos meses hemos hablado de la inconstitucionalidad de la ley arbitraria (a ello me remito) y este, evidentemente, no es lugar de desarrollar los múltiples y variados motivos de inconstitucionalidad de aquel bodrio legal que convierte la sentencia que lo justifica en un monumento al desprecio al Derecho y que, por iguales razones, no podemos analizar pormenorizadamente en este blog.

Además, esta sentencia es, fuera de sí misma, un gravísimo perjuicio producido  a la Nación española por este Tribunal Constitucional, pues perdemos con ella de forma definitiva unos de los pilares básicos del Estado de Derecho, que contempla al Tribunal Constitucional  como órgano de vigilancia en la aplicación estricta por los Poderes Estatales de la Constitución, porque la sociedad ( formada tanto por los que están a favor como los que en contra de la amnistía) lo percibe y lo entiende  como una continuidad del Poder Ejecutivo.  Esta desgracia se la debemos a eso que se llama mayoría progresista del Tribunal Constitucional, que ni siquiera ha sabido hacer una sentencia seria y fundada, razonada y razonable; solo ha dado a luz una sentencia que, según la doctrina de ese Tribunal, es claramente arbitraria.

Valentín Cortés

 

Jueves 26 de Junio de 2025

El Sr. Bolaños y la esposa del Presidente en la encrucijada del Tribunal Supremo (TS) y de la Audiencia Provincial de Madrid (APM)

La prensa da cuenta de la decisión de la APM que confirma la imputación de la Sra. Álvarez (funcionaria del Ministerio de la Presidencia) por tráfico de influencias en cuanto actuó como asesora de Doña Begoña Gómez, esposa del Presidente de Gobierno. En mi opinión, esto puede afectar y complicar procesalmente las posiciones del Sr. Bolaños y de la esposa del Presidente; entre otras cosas, porque la APM entiende que, en esta actuación de la Sra. Álvarez, existen indicios de desviación de fondos públicos.

 Quedaría, pues, en mi opinión, de esta manera consolidada la línea de investigación procesal del Juez, Sr. Peinado, no sólo de si esa desviación se ha producido, sino, inevitablemente, de averiguar quiénes son sus protagonistas y en ello, es evidente, queda comprendido quién o quiénes determinaron, ordenaron y permitieron que la Sra. Álvarez asesorara a la Sra. Gómez. 

En esta situación, adquiere especial interés la decisión que pueda tomar el TS en la asunción (o no, pero ordenando nuevas diligencias) de la competencia para investigar al Ministro, Sr. Bolaños, por malversación, tal como le ha solicitado el Juez, Sr. Peinado, en su “exposición razonada”. Otra cosa, es la contestación que pueda dar el TS a la “exposición razonada”, pero en cuanto se refiere a la posible comisión del delito por el Sr. Bolaños de falso testimonio en el momento de prestarlo en la instrucción penal.

Valentín Cortés

 

Miércoles 25 de Junio de 2025

De la OTAN a los Presupuestos Generales del Estado

El embrollo que se nos ofrece por el Sr. Sánchez del tema de las aportaciones dinerarias a la OTAN, en realidad, no lo es. Porque, cuando se discuten derechos y obligaciones que posteriormente se van a dilucidar en un proceso judicial, todavía es viable, e incluso puede resultar eficaz, mantener de forma firme posturas, aun cuando extremas, e incluso fuera de contexto, sobre lo que se establece en un contrato firmado entre ambas partes. Pero, nada de esto es factible cuando ese embrollo se trata de organizar en un club (en realidad, la OTAN es eso) en donde la interpretación de la mayoría sobre lo acordado (nada digamos cuando la interpretación es de la inmensa mayoría) se opone frontalmente a lo que se trata de mantener, en este caso, por el Sr. Sánchez. En ese caso, las posibilidades de no cumplir son absolutamente ridículas, pues se trata de un supuesto que no se contempla, a no ser que lo sea de forma generalizada o consensuada.

Así, pues, puesto en sus justos términos el tema, no queda más remedio al Sr. Sánchez que presentar unos Presupuestos Generales del Estado en los que se contemplen como gasto la cuantificación de los deberes aprobados en la reunión extraordinaria de la OTAN que se está celebrando en este momento. En caso contrario, el no-embrollo en la OTAN se convertiría en embrollo presupuestario y constitucional. Otra cosa es que el Sr. Sánchez sea sensible a estos temas.

Valentín Cortés

 

Martes 24 de Junio de 2025

El informe del Consejo General del Poder Judicial(CGPJ) sobre la reforma  del Ministerio Fiscal y la instrucción penal.

La prensa da cuenta del contenido del informe del CGPJ sobre la “reforma Bolaños” en materia del Ministerio Fiscal y sus funciones en la instrucción procesal penal. Es un informe muy negativo expresado de forma suave y que ha sido aprobado por unanimidad.  

De ese informe destaco la idea de que, sin una reforma a fondo del Estatuto del Ministerio Fiscal, que no es el caso según el CGPJ, no se pueden atribuir al Ministerio Fiscal las funciones instructoras en el proceso penal porque, en definitiva, no sería un órgano independiente.

A la vista de esto, cosa que ya sabíamos, se nos plantea una disyuntiva: o los redactores del informe son unos ignorantes y no saben cómo debe funcionar, en el Estado de Derecho, las cuestiones atinentes a la Justicia (regida y servida por órganos independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, art. 117.1 Constitución dixit); o, sabiéndolo, intentan domeñar la Justicia del futuro, poniéndola en gran medida en  manos de un Ministerio Fiscal dependiente del Ejecutivo; aunque nada impide que sea una mezcla de ambas opciones. Cualquiera de estas posibilidades es escandalosa e inasumible, quizá por eso tienen razón los jueces para acudir a la huelga y a la protesta tal como está anunciada y, quizá, a la postre, (permítasenos la ilusión) siendo tan burda la reforma, hasta el pretendido legislador de marcha atrás y se dé cuenta  que este proyecto legal es imposible para un Estado de Derecho, miembro de la Unión Europea, como es el nuestro.

Valentín Cortés

 

Lunes 23 de Junio de 2025

El Parlamento español y el acuerdo del Sr. Sánchez con el Secretario General de la OTAN

La prensa comenta de manera dispar el acuerdo que se dice en la Moncloa que el Sr. Sánchez ha llegado con el Secretario General de OTAN sobre las aportaciones de los países miembros a la Organización en los próximos años (vid. www.europapress.es) y, en concreto, sobre la aportación de España; acuerdo del que lo único que parece ser seguro es  que no es del Sr. Sánchez con la OTAN.

El mero enunciado del acuerdo, tal como se hace, es irreal, pues no es creíble que la OTAN vaya a permitir que las aportaciones sean distintas para unos y otros socios (en su relación con la proporción del PIB), porque se trata de obtener un resultado común e igualitario: cual es la seguridad y capacidad defensiva para todos y cada uno de los miembros. De modo, que hay que pensar que el acuerdo tiene que ser otro.

Acuerdo que, en todo caso, debe pasar por las Cortes, no sólo porque afecta a nuestra defensa y a nuestras relaciones exteriores, sino fundamentalmente porque afecta y mucho al PIB y a su distribución, lo que entra de lleno en el terreno presupuestario que es, como sabemos, competencia exclusiva, en cuanto a su aprobación, del Parlamento (art.134 Constitución). No cabe, pues, tomar compromisos de gasto, aumentándolos lo que sea, que no estén aprobados y previstos por el Parlamento, que no puede quedar vinculado de futuro por un acuerdo de la entidad formal y material que se nos dice se ha tomado.

Valentín Cortés

 

Viernes 20 de Junio de 2025

La imputación del Sr. Cerdán y sus consecuencias inmediatas

Termina la semana con una sensación agobiante de hundimiento y puede que la sociedad española se deje llevar por la sensación de un fracaso “multiorgánico” de nuestro sistema constitucional. Sin embargo, no es así, lo que está ocurriendo, y no es una paradoja, es un signo  de vitalidad de nuestro Estado de Derecho, porque lo que se hunde es sólo una concepción amoral (ojo, que no digo inmoral) del Poder del Estado, en la que, por lo que estamos comprobando día a día, no hay ni ha habido freno ni límites para intentar detentarlo de forma totalitaria; lo que se hunde, pues, es lo que podemos llamar la hasta ahora galopante “corrupción constitucional”.

Todo esto, lo hemos denunciado modestamente en este blog, día a día: es nuestra Lucha por el Derecho; porque los ataques  continuos al Poder Judicial que han provenido y provienen del Ejecutivo, con acciones, omisiones, acosos, insultos y calumnias, y del Legislativo, con leyes aberrantes e inconstitucionales, santificadas por el Tribunal Constitucional, esos ataques no tienen más explicación que la que viene dada por la defensa de la legalidad y del Estado de Derecho que está llevando a cabo el Poder Judicial. Por eso, ni el Estado de Derecho ni la Constitución se hunden; lo que estamos viviendo y lo que se hunde es la corrupción constitucional del Ejecutivo y del Legislativo y de aquellos que siguen apoyando la situación. El Estado de Derecho, pues, permanecerá y mantendrá vigente la Constitución acabando con esta corrupción constitucional que todo indica toca a su fin. Y como botón de muestra, toda la prensa da noticias de las diligencias de entrada y registro del Magistrado del Tribunal Supremo tras la imputación del Sr. Cerdán, en esta ocasión, por presunto delito de corrupción económica

Valentín Cortés

 

Jueves 19 de Junio de 2025

La teoría de la sentencia del Tribunal Constitucional(TC)como mero ejercicio de retórica y ciencia jurídicas

La prensa da cuenta hoy del añadido al texto de la ponencia de la sentencia del TC sobre la ley de amnistía, donde se entra en el estudio de si se debe o no plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Y el resultado negativo a la que llega la ponente pone de manifiesto los problemas que presenta hacer una correcta interpretación de la norma jurídica, sea cual sea su categoría. Si la interpretación no se acoge, al menos, al método sistemático y al teleológico, solemos encontrarnos con interpretaciones forzadas que van de lo meramente leguleyo a interpretaciones no sólo alambicadas sino vacías de contenido con un gran componente de creatividad legal, que hace de un órgano jurisdiccional uno legislativo.

El resultado a la que ha llegado la ponente nos indica que parece, según nuestro criterio, haberse olvidado del legislador y de su voluntad: en efecto, el legislador, tanto nacional como europeo, ha querido que, si un juez (el TC es un órgano jurisdiccional) tiene duda de que la aplicación de una norma puede contradecir otra de rango europeo, puede y debe plantear la cuestión prejudicial, que tiene como resultado inmediato la paralización del proceso. O tiene la duda o no la tiene, y eso hay que razonarlo en la sentencia cuando se ha planteado el problema en el seno del Tribunal. Pero, no sólo esto, pues parece haber creído erróneamente que su sentencia sobre la amnistía está fuera del sistema jurisdiccional español y del de la Unión( eso que dice que la sentencia es meramente teórica sobre la constitucionalidad de la ley), reduciéndola,  por lo que se ve, a un mero ejercicio teórico de brillantez jurídica sin trascendencia práctica alguna, olvidando que  la sentencia que declara la constitucionalidad consagra la vigencia de normas jurídicas y la contraria anula normas jurídicas y que si interpretación que para ello se hace de la Constitución choca con el Derecho de la Unión, esa interpretación lleva necesariamente o a cambiar la Constitución o a cambiar la interpretación efectuada, amén de impedir cualquier eficacia posterior a la sentencia impidiendo la aplicación de la ley de amnistía.

Por todo esto, creemos que no es el momento de interpretaciones constructivas del Ordenamiento Jurídico, sino de aplicar la Ley( en este caso de la Unión) al supuesto concreto

Valentín Cortés

 

 

 

 

Miércoles 18 de Junio de 2025

La crisis constitucional del momento y el Tribunal Constitucional

La grave crisis que sufre la nación española nos pone ante una situación realmente nueva, pues, todo parece indicar que no hay una solución prevista en la Constitución que sea eficaz para resolver esta crisis.

Ocurre que el Gobierno se mantiene gracias al apoyo de unos partidos muy minoritarios que, según la opinión pública y generalizada, lo extorsionan y chantajean políticamente con peticiones y cesiones (a menudo anticonstitucionales) de todo tipo, que van en aumento según el Gobierno se debilita por los escándalos que lo acompañan. Ocurre que el Gobierno no presenta proyectos de ley, ni siquiera el proyecto de Ley de Presupuestos (que hasta ahora creíamos inocentemente que era un deber fundamental e inexorable del Gobierno); sólo presenta proposiciones de ley que burlan el espíritu del parlamentarismo y que dejan a las Cortes como un mero repetidor de los deseos, muchas veces anticonstitucionales, de todos esos partidos políticos que lo apoyan (modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Código Penal, indultos, amnistía y un largo etc). Para no hacer la lista interminable, diremos, como colofón, que ocurre que el Poder Judicial se ve atacado de forma descarada y directa por el Poder Ejecutivo. Y no parece que haya remedio en la Constitución que pueda poner fin a esa situación que depende, pues, exclusivamente de la voluntad de los que se han coaligado tan espuriamente.

Pero, sí hay solución: que la Constitución se cumpla en su letra y en su espíritu y que el Tribunal Constitucional ( como garante de ella) ponga fin a tanto desvarío con decisiones que no avalen las leyes y actos surgidos de esos pactos espurios, y que, en su mayoría, son anticonstitucionales; y que lo haga de forma rápida. Tan simple como eso.

Valentín Cortés

 

 

Martes 17 de Junio de 2025

La de jueces, una huelga, por ahora, inevitable

La prensa de hoy publica la noticia de la convocatoria de la mayoría de las asociaciones de Jueces y Fiscales a una huelga a primeros de julio, de tres días de duración, para exigir que se retiren de tramitación las proposiciones de ley ideadas por el Sr. Bolaños, y que afectan, según criterio de esta mayoría de jueces y fiscales, a la independencia judicial (Ministerio Fiscal, instrucción penal en manos de los fiscales, organización judicial, etc.).

La convocatoria demuestra dos cosas importantes:

- la primera, que esta mayoría de jueces no se siente representada, podemos deducir, por el Consejo General del Poder Judicial; y que están pidiendo una composición nueva de éste adaptada a las exigencias de la Unión Europea, en la que la elección de los miembros del Consejo se deje en manos de los propios jueces y magistrados, sin que intervengan los partidos políticos. Si no fuera como decimos, los jueces acudirían al Consejo y no convocarían esta huelga, que se nos muestra como la única posibilidad de acabar con el estado de cosas provocado por el Gobierno.

- la segunda, que lo anterior viene agravado, si cabe, por el hecho de que no se discuten en el Congreso proyectos de ley, para cuya presentación hay que acompañarlos de los preceptivos informes de los órganos estatales concernidos por las reformas, sino de, desde el punto de vista parlamentario, proposiciones de ley, en claro fraude legal, que se ve agravado, además, por la impuesta tramitación de urgencia de tales proposiciones.

Todo esto quita mesura, estudio, reflexión, contraste de posiciones en un tema tan crucial como la redefinición global de la justicia penal en este país. Estamos, pues, abocados a una legislación sectaria, técnicamente muy deficiente y, casi con toda probabilidad, inservible y de resultados desastrosos desde el punto de vista de la división de Poderes. Así, pues, los jueces están abocados a la huelga a la que, si yo fuera juez, como ya dije, seguiría gustoso.

Valentín Cortés

 

Lunes 16 de Junio de 2025

La importancia jurídico-constitucional del informe de la UCO en el caso Cerdán

Después de las revelaciones que hemos conocido en el llamado caso Cerdán, pienso en la única cosa positiva que, se me ocurre, nos deja el tema, siempre desde nuestro ángulo visual: nadie, ni siquiera los directamente implicados, ha puesto en duda la verdad de los hechos que se relatan en el informe de la UCO.

Lo anterior tiene una trascendencia jurídica-constitucional enorme ( bajo mi criterio, mucho más que la trascendencia política) porque, bajo nuestro criterio, la campaña feroz contra la Policía Judicial y, por consiguiente, contra la Administración de Justicia, en la que han participado con ahínco y entusiasmo el propio Gobierno y partidos que lo acompañan, será muy difícil que se reproduzca y que, por consiguiente, siga, al menos, este ataque al Estado de Derecho pues se perseguía ni más ni menos que el desprestigio de la Administración de Justicia; además, entre otras cosas, dado las reacciones que se han sucedido en los medios de comunicación en este fin de semana pasado, todo indica  que en la sociedad se ha perdido cualquier sospecha de venalidad política en la Justicia y su Policía Judicial que pudiera haber florecido tras aquella campaña que, además, ha quedado claro que era  el medio escogido para acabar con los procedimiento penales que están en marcha y que afectan a las personas próximas al Gobierno. Si esto es así, habremos dado un paso muy importante, y quizá irreversible, en eso que llamamos la “lucha por el Derecho”, que pasa por la independencia total, radical y absoluta del Poder Judicial del resto de los Poderes del Estado.

Valentín Cortés

 

 

 

Viernes 13 de Junio de 2025

Las reformas legales del Ministro de Justicia y su nula credibilidad constitucional

Entre tanta corrupción, mafias y trampas electorales de las que somos ahora sabedores a ciencia cierta, gracias en muchas ocasiones a la acción popular, a la UCO y a los jueces de instrucción, y que afectan de lleno al Gobierno y al PSOE, no podemos olvidar que, en el Congreso, y de forma precipitada, se está “debatiendo” una reforma de la Justicia en la que el Ministro Sr. Bolaños se empeña en tener credibilidad afirmando su sintonía con la Constitución; reforma que pasa por una transformación que afectará al sistema de acceso a la Judicatura, a la organización judicial, al proceso penal y a su instrucción, con la dependencia  de la Policía Judicial del Fiscal, y a la acción popular, por quedarnos, tan sólo, en los puntos más sobresalientes de la reforma pretendida.

Pues bien, ni de la letra de la reforma ni del espíritu de esta, ni siquiera de la catadura jurídico-constitucional del Gobierno (nada digamos la de los partidos que lo apoyan) cabe deducir que se trata de fortalecer al Poder Judicial en el Estado de Derecho, como viene a decirnos el Ministro. Porque, simple y llanamente, por el contrario, se trata de domeñarlo y someterlo por vías, ni siquiera indirectas y disimuladas, al Poder Ejecutivo, máxime cuando estamos en un momento en el que van teniendo “explicación” las campañas, los bulos, los acosos, los nombramientos y demás guerras sucias, precisamente, dirigidas contra lo que y los que han permitido descubrirnos esta podredumbre. La credibilidad del Gobierno en la reforma legal emprendida   y su sintonía con la Constitución es, pues, nula.

Valentín Cortés

 

Jueves 12 de Junio de 2025

La crisis, también, en el Tribunal Constitucional(TC)

El lunes pasado cuando opinábamos sobre la posible negativa del TC a plantearse siquiera el problema de la presentación de la cuestión prejudicial sobre la Ley de Amnistía ante el TJUE, ya decíamos que esa decisión sería, caso de producirse, muestra de una especie de desbarre formulístico-procedimentalista (me permito las palabrejas) del Tribunal, que olvidaría, según mi opinión, que su deber constitucional es aplicar también en el procedimiento constitucional el Derecho Procesal y el Derecho de la Unión. En aplicación de esos dos derechos, si tres magistrados, como es el caso, piden que se suspenda el procedimiento y el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siguiendo la petición de la parte recurrente, no cabe aplicar, tal como ha hecho y hemos conocido hoy, soluciones de mero formulismo que tratan de esquivar la aplicación de las normas antedichas, sino estudiar el tema y resolverlo, afirmativa o negativamente, de forma razonada y razonable, para evitar decisiones arbitrarias.

El voto particular, ahora, de esos tres Magistrados a la decisión adoptada por el Tribunal es de una gravedad inusitada, por su contenido y acusaciones que en él se vierten, y demuestra la enorme crisis que vive el TC que, desgraciadamente, parece haber dejado de ser el referente constitucional en nuestro Estado de Derecho, para ser un órgano del que sólo, parece, cabe esperar adaptaciones creativas de nuestra Constitución al capricho, cada vez,  más inconstitucional de nuestro legislador.

Valentín Cortés

 

 

 

Miércoles 11 de Junio de 2025

Si yo fuera juez…

Escribo muy de mañana y no sé el grado de seguimiento que tendrá el anunciado paro para hoy de la Administración de Justicia, que se nos presenta como algo fuera de los márgenes ordinarios de una huelga laboral.

Pero, sí tengo claro que si en este momento fuera juez me sumaría gustoso al paro, porque quizá sea la única manera de poder manifestar el rechazo que me produce la situación en la que vive el Poder Judicial. Sin  querer ser exhaustivo,  ni mucho menos, asistimos a un momento en el que el Poder Ejecutivo, a diario, ataca a jueces concretos, y al sistema global de los jueces, tildándolos de prevaricadores, sin que haya acusación formal de la comisión de ese delito en ningún caso; asistimos a un momento en el que el Gobierno, lejos de procurar un Poder Judicial independiente, hace lo indecible e impensable   para manipularlo; asistimos a un momento con un gran derroche legislativo, principalmente en materia procesal y penal, que claramente está ideologizado y tiende a, en este momento, impedir la “Jurisdicción independiente y únicamente sometida al imperio de la Ley”, que marca el art. 117 de la Constitución; asistimos a un momento en el que el Poder Legislativo hace mero seguidismo del Poder Ejecutivo y da  a luz leyes o convalida Decretos-leyes que son técnicamente impresentables e ideológicamente  sectarios y contrarios a la división de poderes  y que, más que defender el interés público, defienden los intereses políticos y personales de este Gobierno; asistimos, en fin, a un momento en el que la sociedad española ha perdido la referencia constitucional que tenía antes con el Tribunal Constitucional.

Mi deseo es, pues, que el pueblo español tome conciencia con este paro de la situación peligrosísima en que se encuentra nuestro Estado de Derecho y que advierta que el peligro viene de una clara tendencia y un  claro interés en manipular al Poder Judicial.

Valentín  Cortés

 

Martes 10 de Junio de 2025

El Fiscal General del Estado(FGE)

El tema del FGE ha dejado de ser prioritariamente un problema jurídico y constitucional para ser un problema ético; este tipo de problemas son difíciles de tratar y asumir en ambientes de imperante amoralidad.

Desde el punto de vista del Derecho (Estatuto del Ministerio Fiscal), al FGE, que lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno (art. 29.1), sólo lo puede cesar, además del cambio del Gobierno, la concurrencia de causas, las establecidas en el art. 31, que deben ser apreciadas por el Gobierno, o la simple dimisión personal. Entre esas causas, en circunstancias normales, entraría sin esfuerzo dialectico alguno, el procesamiento por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones (como es el caso), pues efectivamente tal procesamiento inhabilita al FGE y a la institución de la Fiscalía ( en los asuntos que afectan al FG) a mantener viva la vigencia y práctica de los principios básicos que se deducen para ella de la Constitución (art. 124) como son el de legalidad e imparcialidad. Por las declaraciones que ayer se hicieron de varios ministros del Gobierno (entre ellos el de Justicia, como pieza importante para tener en cuenta en este juego) y las propias del FGE, ya sabemos que no se dará ni el cese ni la dimisión, de donde surge, como decíamos al principio, con toda intensidad la trascendencia de la Ética, que nos lleva también  al campo de los grandes principios del Derecho: la moral pública, el bien público, los intereses generales, la seguridad jurídica, la responsabilidad, la interdicción de la arbitrariedad, todo eso que está en el Derecho y en la Constitución y que se concentra en lo que ésta llama (art.1) valores superiores del Ordenamiento Jurídico, como son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Sólo hace falta un poco de Ética para darse cuenta de ello.

Valentín Cortés

 

 

Lunes 9 de Junio de 2025

El Tribunal Constitucional(TC) y la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea(TJUE)

En www.elmundo.es se adelanta que el TC negará suspender la tramitación del recurso contra la ley de amnistía, presentado por el PP, y abrir en este momento, tal como pidió este partido, un examen sobre si es o no necesario plantear cuestiones prejudiciales atinentes al Derecho de la Unión Europea ante el TJUE. No es baladí tener en cuenta que esta misma petición hicieron tres magistrados del Tribunal a su Presidente.

La respuesta negativa que se dará, según el medio de comunicación, se aferra, con formulismos, al mero procedimentalismo, alejado de cualquier sintonía con el Derecho Procesal que afecta de lleno también al proceso constitucional; en efecto, afirmar, tal como parece que se va a decidir, que la proposición de la cuestión prejudicial corresponde evacuarla al Tribunal es una obviedad vacía de contenido, que no evita que se haga la petición de ello; y añadir como argumento, igualmente, que nada pidió el PP con respecto a la cuestión prejudicial en momentos anteriores del proceso, es otra obviedad igualmente vacía de contenido. En realidad, el único problema que tiene que resolver el TC, tras esa petición, es si tiene sentido jurisdiccional dictar sentencia sin elevar la cuestión al TJUE  y, sólo en el caso de que no tenga duda alguna de la adaptación de la ley de Amnistía al Derecho Europeo, su respuesta tendría que haber sido que no se admite a trámite tal petición por no tener el Tribunal  esa duda; pero, claro, si no se reúne para debatir y concluir si existe esa duda ( a pesar de lo que han manifestado tres magistrados) todo indica que está dando respuestas de mero procedimentalismo que no son propias de un Tribunal jurisdiccional que, además de aplicar el Derecho Procesal, por cierto,  está sometido en aquellas materias, al mejor criterio del TJUE.

Valentín Cortés  

 

Viernes 6 de Junio de 2025

El idioma como ariete

Toda la prensa da cuenta de que la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha abandonado, tal como dijo en su momento, la Conferencia de Presidentes autonómicos cuando el Presidente del País Vasco se ha expresado en euskera, para volver después.

Desde el punto de vista político me imagino que las reacciones serán múltiples y variadas y, también me imagino, que estarán perfectamente sopesadas, política y electoralmente, tanto la acción de hablar en idiomas autonómicos como la de abandonar la Asamblea en desacuerdo. En ello no entro, como es sabido.

La Constitución, ya lo sabemos, establece (art.3.1) que “el castellano es la lengua oficial del Estado” y el deber y el derecho de usarla; y (art.3.2) que las demás lenguas españolas lo serán en sus respectivas Comunidades de acuerdo con sus Estatutos. La Asamblea de Presidentes es obviamente un acto oficial del Estado Español, en el que los intervinientes son todos españoles, que, pues, tienen el deber de conocerla, por lo que la lengua oficial de ese acto es  constitucionalmente el castellano.

Las preguntas que debemos hacernos son éstas: ¿se debe cumplir la Constitución en todo caso o según marquen las circunstancias políticas o de cortesía?  ¿y si es de esta última manera, qué principios constitucionales estarán sometidos a los vaivenes de la cortesía o de las circunstancias políticas? La contestación, le guste a unos y a otros no, es obvia. Pero, en cualquier caso, el problema de fondo es que desgraciadamente el idioma, que entra en el mundo de los sentimientos, en estos casos más que un elemento de cohesión es un ariete para luchar contra los diferentes.

Valentín Cortés

 

Jueves 5 de Junio de 2025

El aforamiento autonómico del Sr. Gallardo y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (Sala de lo Contencioso Administrativo)

Leo en www.theobjetive.com de hoy que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura(Sala de lo Contencioso Administrativo) conoce de un recurso contencioso en el que una asociación privada, denominada Liberum, ha solicitado que se anule el otorgamiento de la credencial de diputado autonómico en favor del Sr. Gallardo, y en el que, como medida cautelar, ha solicitado que se suspenda, mientras dura el proceso, los efectos del otorgamiento de la credencial, en concreto, la toma de posesión de aquel y, por tanto, su aforamiento al propio Tribunal.  Como se recordará, yo he opinado en este blog que ese aforamiento es producto de un fraude de ley que distorsiona el principio constitucional del juez natural y viola el de la indisponibilidad de la competencia objetiva y funcional penal, y por tanto que se trata de un aforamiento nulo sin duda alguna.

La importancia de esta vía emprendida es que ese recurso lo tiene que decidir el mismo Tribunal (aunque por otra de sus Salas) al que, de forma fraudulenta, se ha aforado el Sr. Gallardo, de donde resulta, según mi opinión, que el Tribunal  no asumirá de forma inmediata la competencia penal en el asunto del Sr. Gallardo, porque su decisión quedaría sometida, según mi criterio, a la previa decisión contencioso-administrativa del propio Tribunal (art. 4 Ley de Enjuiciamiento Criminal). Se trataría, pues, de un asunto, el aforamiento del Sr. Gallardo, en el que conocerían dos Salas del mismo Tribunal, lo que, al menos en teoría, le quita simplicidad y automatismo al asunto, aunque alargará en el tiempo el proceso penal contra Gallardo y el hermano del Presidente de Gobierno.

Valentín Cortés

 

 

 

Miércoles 4 de Junio de 2025

A ciencia y paciencia

La degradación evidente de nuestro Estado de Derecho hace que la generalidad de la prensa enfoque el tema del bulo de la bomba lapa como una anécdota más del deterioro político del Gobierno. Pero, ese tema tiene presuntamente un muy serio componente jurídico penal que no se puede despreciar ni olvidar (como hace la prensa), pues en el meollo del asunto lo que existe es, presuntamente, una campaña de desprestigio de la UCO que esta vez pasa por la calumnia de un exagente y, de camino, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid.

La persistencia de ciertos miembros del Gobierno en no rectificar sus declaraciones sosteniendo un evidente bulo sobre las intenciones criminales de un ex miembro de la UCO, me recuerdan la antaño formula para designar el consentimiento y tolerancias jurídicas en algo sabiendo de sus consecuencias y durante un tiempo considerable: “a ciencia y paciencia”. Pues bien, en mi opinión “a ciencia y paciencia”, cuando menos, del Presidente del Gobierno quien no les obliga a rectificar;  “a ciencia y paciencia” de los responsables y superiores orgánicos de la UCO (Dirección de la Guardia Civil y Ministro del Interior) quienes no estarían haciendo lo necesario para evitar algo que, en principio y presuntamente, entraría de lleno en una actividad calumniosa continuada, y “a ciencia y paciencia” de esos ministros que no rectifican, se estaría persistiendo en unas afirmaciones que presuntamente podrían ser calificadas de calumniosas por aquellos que se sientan afectados.

A mí me parece que olvidar esta perspectiva del tema es consecuencia de esa degradación de la que hablaba en principio en la que no estoy dispuesto a caer; de ahí mi interés en ponerla de manifiesto.

Valentín Cortés

 

Martes 3 de Junio de 2025

La ponencia de la sentencia sobre la amnistía

En la práctica de dan numerosos casos de sentencias que no se adaptan a la primera ponencia que sobre ellas se ha hecho en un tribunal. Nadie duda que la ponencia, de la que la prensa de forma generalizada da cuenta hoy, no será un caso más de esos, porque todo indica que esa ponencia desgraciadamente se convertirá en sentencia que declarará la constitucionalidad de la amnistía.

Por lo que cuenta la prensa vamos camino de confirmar lo que ya se sabía, pero la cercanía del momento y la más que evidencia plástica del texto de la sentencia sitúa a la sociedad española en un camino muy injusto y perjudicial para ella y para su Estado de Derecho, pues se da cuenta de nuevo (pero esta vez en un tema político y social crucial como es la amnistía) de su desamparo y que solamente puede contar con un Tribunal Constitucional que recrea la Constitución para defender un interés político claro del Gobierno, dejando a la sociedad desamparada ante las leyes que la violan y a los Gobiernos que no la respetan. Y todo ello (lo que se ha publicado lo indica) se hará con argumentos jurídicos constitucionales de un simplismo exasperante que nunca se hubiera podido pensar que anida en la cumbre de nuestro sistema jurisdiccional.

Valentín Cortés

 

Lunes 2 de Junio de 2025

La guerra sucia, las cloacas, los fontaneros, pero también el Derecho

Con ocasión de la publicación de “noticias” sobre la UCO en esta última semana, la prensa habla de “guerra sucia” y de cloacas y fontaneros, en el peor sentido de la palabra. Y parece, o se da a entender, que, en definitiva, se trata de una práctica exclusivamente política que, desde ese ángulo, no es aceptable en un país democrático.

Pero, sin embargo, para cualquier observador medianamente sensible, la lectura de lo que supone esa “guerra sucia” nos pone de lleno frente a operaciones con presunta naturaleza jurídico-penal, que irían desde el chantaje, pasando por la compra de voluntades con mercadeo de acciones delictivas procesales o extraprocesales, a falseamiento de realidades o de documentos, para terminar, cuando menos, en injurias y calumnias. Eso, siendo sucio parecería más bien el resultado de un presunto empeño delictivo perfectamente organizado para la obtención de fines políticos, y, en ese contexto, es sorprendente que la Fiscalía no haya iniciado, que yo sepa, actuación alguna  tendente a descubrir si realmente en todo eso existen o no prácticas, por supuesto políticamente sucias, pero también antijuridicas y penalmente perseguibles y, en su caso, condenables.

Valentín Cortés

 

 

Viernes 30 de Mayo de 2025

La inseguridad jurídica y arbitrariedad que crean los independentistas catalanes y su pacto con el Gobierno

La dependencia política del Gobierno de los independentistas catalanes está forzando las costuras de nuestro Ordenamiento Jurídico, creando una inseguridad jurídica que, sin duda, ya ha pasado factura y que la seguirá pasando en términos insoportables. No hace falta que recuerde, como botón de muestra, el grado de inseguridad y de crisis jurídica, e institucional (que ha afectado muy profundamente al Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, y al Tribunal Constitucional, etc.) que ha producido la Ley de Amnistía.

En estos últimos días la posición española en el Europa, con todo lo que ello conlleva, se ha visto muy mediatizada por la exigencia independentista de que se defienda y se obtenga en Europa la oficialidad del idioma catalán, pues supone querer traspasar las líneas del Derecho de la Unión. Y, por si fuera poco, en la OPA BBV/ Banco Sabadell se está en riesgo muy cierto de adoptarse por el Gobierno una decisión, que, desde el punto de vista de nuestro derecho interno, sería, cuando menos, arbitraria y además contraria al Derecho de la Unión.

En todos estos temas, y son sólo ejemplos, el binomio arbitrariedad/inseguridad jurídica significa una quiebra del sistema jurídico que se apoya en nuestra Constitución, que no nos podemos permitir; quiebra que lo único que transparenta es el chantaje político en el que esta sumido el Gobierno actual.

Valentín Cortés

 

Jueves 29 de Mayo de 2025

El Fiscal General en un mundo irreal

Si la noticia que comento a continuación está bien redactada y recogida de lo sucedido creo que el Fiscal General vive una falsa realidad. En www.europapress.es leo que el Fiscal General del Estado ha mantenido ante la Asamblea Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, en relación con la reforma del proceso penal que el Gobierno se empeña en llevar a cabo, dos ideas totalmente sorprendentes sobre la instrucción del proceso penal por el Ministerio Fiscal.

La primera, que la instrucción penal por el Ministerio Fiscal viene impuesta por exigencias de orden constitucional. Pues bien, he vuelto a repasar nuestra Constitución y puedo asegurar que no cabe deducir de ninguna de sus normas esa exigencia. Es más, vuelvo a leer el art. 124 de la Constitución, que se refiere al Ministerio Fiscal, y ni siquiera encuentro referencia alguna a esa exigencia constitucional de que se encargue de la instrucción penal, de modo que podríamos seguir con la instrucción en manos de los jueces de instrucción y esa sería tan constitucional como si la lleva a cabo el Ministerio Fiscal, eso sí, en este caso, adaptándose a las exigencias constitucionales que tienen los jueces según el art. 117, entra ellas la “independencia”.

La segunda, que el Fiscal General nos anima a perder el “miedo” a este cambio y manifiesta que los fiscales están perfectamente preparados para llevar a cabo esa función. No hay duda de esa capacidad profesional, pero ese no es el problema; el problema está que la fiscalía debe ser totalmente independiente del Ejecutivo y que los fiscales, no deben estar sometidos a jerarquía funcional, deben ser independientes, inamovibles y someterse únicamente a la ley. Para ello hay que cambiar radicalmente el Estatuto del Ministerio Fiscal y eso es lo que parece que no se piensa hacer.

Valentín Cortés

 

Miércoles 28 de Mayo de 2025

La deriva presuntamente criminal del caso de “la fontanera de la Moncloa”

Todos los medios de comunicación publican cada día que pasa noticias, si cabe más escandalosas, en relación con el asunto de lo que llaman la fontanera de Moncloa y la UCO.

Lo que, en principio, parecía un ataque al Estado de Derecho, al dirigirse directamente a conseguir desprestigiar a la UCO, como policía judicial, para conseguir ventajas y posiciones favorables en determinados asuntos en los que está interviniendo esta Policía Judicial, se está convirtiendo, de ser exactas todas esas informaciones que se conocen, en un asunto con tintes claramente penales que debería ser perseguido y esclarecido, pues todo parece indicar que existiría una organización criminal que ofrece este tipo de actuaciones criminales, que, por si fuera poco, se da a entender que están protegidas, de algún modo, por instituciones públicas, como por ejemplo, el Ministerio Fiscal o el propio Ejecutivo. Se trataría, pues, de un delito gravísimo.

La prensa tiene, en este asunto, como en otros, la tentación de quedarse en la epidermis (en este caso) política del asunto, pidiendo cierta actuación del Ejecutivo y señalando responsabilidades políticas concretas, pero conviene indicar que podríamos estar ante una actuación potencialmente criminal que debería dar lugar, como decimos, a una inmediata investigación del Ministerio Fiscal, para descubrir la certeza de los hechos y, para,  en su caso, depurar las responsabilidades  personales a que haya lugar en el seno del Ministerio Fiscal. Por lo que sabemos, esta investigación no se ha abierto hasta el momento.

Valentín Cortés

 

 

Martes 27 de Mayo de 2025

El Senado señala al Tribunal Constitucional(TC) el camino de la lógica y de la prudencia

Según se puede leer hoy en www.elmundo.es, el Senado se ha unido a quienes piden y sostienen que el TC debería posponer cualquier decisión sobre la adaptación de la ley de Amnistía  a la Constitución a que previamente  el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva  la duda sobre la adaptación de dicha ley al Derecho de la Unión, que, como sabemos, se ha planteado en diversos procesos por los órganos judiciales españoles, entre ellos el Tribunal Supremo, porque de nada serviría decirnos ( tal como parece más que probable que haga el TC) que la ley de amnistía se adapta a la Constitución si después se nos dice que no se adapta al Derecho Europeo.

En todo este tema lo que más sorprende no es ya que el TC pueda mantener la constitucionalidad de la Ley, lo que depende de su exclusiva voluntad, aun cuando ésta sería, como hemos venido diciendo a lo largo ya de muchos meses, claramente infundada y exclusivamente “creativa” de una nueva Constitución. Para mí lo sorprendente es esa especie de huida hacia adelante, cegata y sin sentido, que el TC mantiene al despreciar y no tener en cuenta su subordinación en materia de Derecho de la Unión al TJUE: la prudencia y la lógica le deberían llevar a la paralización de todo recurso sobre la ley de amnistía y, como ahora le pide el Senado, a elevar las cuestiones correspondientes  al TJUE.

Valentín Cortés

 

Lunes 26 de Mayo de 2025

Los ataques a la UCO son ataques al Poder Judicial

De ser cierta, la información que hoy publica www.elconfidencial.com, sobre ciertas maniobras para intentar, en definitiva,  neutralizar ciertos informes de a UCO sobre personajes próximos al Gobierno, sembrando el desprestigio de los autores, tendría evidentemente una enorme gravedad. Me interesa, pues, recalcar una obviedad procesal que parece que se olvida con mucha frecuencia en nuestra sociedad.

 La UCO no es sólo una unidad especial de la Guardia Civil, por tanto, su desprestigio no es sólo el de la Guardia civil (que lo es), sino que, en determinados casos, como el que comentamos, actúa bajo el mandato judicial como Policía Judicial; en esos casos, el desprestigio que se persigue, si  se consigue, no es el de la Guardia Civil,  sino el de la instrucción judicial dentro de la cual, en ese tema, la UCO interviene como Policía Judicial, y , por ende, el del órgano judicial que lleva a cabo la instrucción penal. Esto quiere decir que, de ser ciertas esas maniobras que denuncia El Confidencial, la acción denunciada iría dirigida directamente contra la Administración de Justicia. Sería, pues, un caso más de ataque al Estado de Derecho y, en concreto, al Poder estatal que controla la actuación de los otros Poderes estatales. Gravísimo, pues.

Valentín Cortés

 

Viernes 23 de Mayo de 2025

El “aforamiento de Badajoz”, sólo atrasará la fecha del juicio.

Ya sabemos que del tema del proceso contra el hermano del Presidente de Gobierno, aquí no tratamos los aspectos políticos (por cierto, interesantísimos). Nos dedicamos a las cuestiones jurídicas.  Desde este punto de vista, y como continuación de lo que hemos venido diciendo en los días precedentes del llamado “aforamiento de Badajoz”, me imagino que el gran debate jurídico que ahora se ha originado (en donde incluso habrá que decidir si el acta de diputado, por sí misma, afora al individuo, o si es la toma de posesión lo que determina el principio del aforamiento) propiciará, cuando menos, un lógico atraso del momento del juicio y de la sentencia. Si es eso lo que se buscaba habría que decir, con la sabiduría popular, que mucho ruido y pocas nueces, porque el problema a resolver, dentro del tiempo que sea, seguirá siendo el mismo y de la misma gravedad, aunque, mientras tanto, habrá que resolver este otro problema: ¿se puede cambiar, por un acto exclusivo de la voluntad del encausado, y   en contra de lo que establecen el art. 24 de la Constitución y el art. 8 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al juez competente para el conocimiento de una causa? Sencillamente, no; y si se cambia será de forma ilegal e inconstitucional y, por tanto, ineficaz. Y opino que la lectura sosegada de toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo en este punto va por el camino que digo, pues nunca, que yo sepa, se ha permitido algo parecido a esa disposición de la competencia penal y del juez predeterminado por la ley, que, en nuestro caso, ha llevado a cabo y decidido, por sí y ante sí, un procesado, en este caso el Sr. Presidente de la Diputación de Badajoz, que pretende, nada menos, que decidir qué órgano judicial lo juzga.

Valentín Cortés