Valentín Cortés Domínguez

Valentín Cortés Dominguez es Catedrático de Derecho Procesal. Ha sido abogado con 47 años de experiencia, conferenciante y autor de múltiples publicaciones jurídicas y de manuales de derecho procesal que son libros de texto en distintas universidades españolas y de América latina.

viernes, 11 de febrero de 2022

 

Viernes 11 de Febrero de 2022

Las conversaciones secretas del Gobierno sobre los presos de ETA

La entidad y sustancia de estas conversaciones no se conocen todavía, pero parece ser, según la prensa, que ellas han encerrado algún tipo de negociación ente Bildu y el Gobierno que afecta a los presos de ETA y a sus condiciones penitenciarias.

Aunque parezca lo contrario, este tema no es sólo político (como pareciera se deduce de los análisis que se hacen en la prensa), sino que es fundamentalmente jurídico y, secundariamente, político. Porque, en efecto, tanto el Código Penal (arts. 35 y 78.2), como la L.O. 1/1979 de Vigilancia Penitenciaria, como así mismo el Reglamento Penitenciario (RD 190/1996, art. 203 y ss) marcan el carácter absolutamente individual y personalísimo de las condiciones penitenciarias y de conducta del preso para la valoración positiva de cualquier tipo de beneficio penitenciario. Y ello, como se comprenderá, es incompatible con la existencia de un (podríamos llamar) “paquete” de supuestos individuales que merezcan el mismo tratamiento: nuestro Derecho no admite esa posibilidad, porque cada uno de los tratamientos personales se deberían entonces no tanto a las circunstancias individuales de cada preso, como a las negociaciones preexistentes entre Gobierno y Bildu y tendrían, por demás, un coste o contrapeso político incompatible con la Ley. O los presos tenían ya derecho a esos beneficios, y, si no se concedieron a cada uno individualmente, se violó la Ley; o no los tienen y si se conceden, se viola ahora la Ley.

Por tanto, si es cierto lo que cuenta la prensa, lo que ahora hay, muy posiblemente, es no sólo responsabilidad política, sino fundamentalmente responsabilidad  jurídica por parte de quienes hayan negociado en nombre del Gobierno la situación penitenciaria de los presos de ETA.

Valentín Cortés.

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