Miércoles,
28 de Febrero de 2013
Respetar a la Jurisdicción
El lunes pasado hablaba de las querellas como
instrumento equivocado de la lucha política; ahora leo en el Mundo digital de
28 de Febrero que Izquierda Unida (IU) ha presentado este jueves en la Audiencia
Nacional la querella que había anunciado contra los ex tesoreros del PP Luis
Bárcenas y Álvaro Lapuerta, los ex miembros de la cúpula del partido
Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo, así como ocho
empresarios, por la supuesta 'contabilidad B' en la formación política. Al
parecer Izquierda Unida presenta la querella conjuntamente con Ecologistas
en Acción, las asociaciones Justicia y Sociedad y Libre de Abogados y
Los Verdes; los delitos acusados,
según el periódico, son once. Aquí tienen
un ejemplo de lo que decía.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal,
sabiamente, permite la acción popular desde su promulgación (art.101) y la
Constitución la consagra (art.125); así, que nada tengo que decir porque se
ejerza la acción popular. Pero las querellas, que son el medio de ejercitar la
acción popular ((art. 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), tienen que
acusar de la comisión de delitos relatando circunstanciadamente hechos
concretos, y no veo como los querellantes pueden ser conocedores de estos
hechos que dan lugar a la comisión de, nada
menos, que once delitos distintos; máxime cuando la Fiscalía
anticorrupción está investigando y todavía no sabe qué fue lo que ocurrió. Según el periódico, los
querellantes afirman en su querella que los ex tesoreros y los entonces miembros
del Gobierno y altos cargos del partido "recibían una cantidad de dinero o
bien mercancías, servicios y otros regalos en especie en pago por haber violado
la ley" a cambio de adjudicaciones a
los empresarios, "defraudando así a la sociedad y haciendo primar
exclusivamente su propio y desmedido afán de enriquecimiento".
No veo claro
que se cumpla lo dispuesto en el art. 270 Ley de Enjuiciamiento Criminal y sí
veo claro que se quiere utilizar el mecanismo legal para conseguir fines
políticos: repito lo que ya dije:
utilizando métodos equivocados no se consiguen los fines perseguidos.
Valentín
Cortés
Resulta cuando menos curioso que precisamente quienes más se oponen a la acción popular, propugnando su desaparición, sean los que la ejerciten en este caso, lo cual confirma ese uso político y poco responsable. Como casi siempre, dependiendo de quién emplee determinada institución, es estupenda o contraviene los principios democráticos.
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