Miércoles 15 de Abril de 2020

 

Una confiscación que no ampara el estado de alarma

La Orden del Ministerio de Sanidad, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado, confiscando todos los test de detección que existan en manos privadas es sumamente peligrosa y esencialmente irregular desde el punto de vista jurídico -amen que desde otras perspectivas, que no nos toca a nosotros analizar, merezcan un reproche serio- en casos como el de Siemens-Gamesa en donde las pruebas habían sido adquiridas y eran utilizadas como medida de prevención  de la enfermedad en los empleados en la vuelta al trabajo que se produjo el lunes pasado.

Es cierto que, en cuanto material sanitario de primer orden, las pruebas de detección deben estar al servicio de la comunidad, y con conocimiento y, digamos, bajo el control del llamado “mando único”, pero este conocimiento y control no permite confiscar material propiedad de una empresa que, precisamente, se estaba utilizando para prevenir contagios, siguiendo así, por cierto, la obligación que tenia Gamesa en relación con sus empleados y con la sociedad.

Los resabios totalitarios que imperan en la acción del Gobierno, que he venido denunciando, ayer por última vez, son cada vez más clamorosos, injustos e irregulares desde el punto de vista jurídico.  ¿Puede el Gobierno, acaso, decir que esas pruebas de detección son mas necesarias en otras personas que en los trabajadores de la empresa Siemens? Sólo en ese caso, se justificaría una confiscación de tal calibre.

Valentín Cortés