Jueves 5 de Noviembre de 2026

La dignidad de un ministro dimitido no está sino en admitir que la dimisión se decide voluntariamente y por no haber cumplido las obligaciones constitucionales

Decíamos ayer, desde nuestra óptica, que la dimisión del Sr. Puente, si es que fue un acto voluntario y no forzado por la superioridad, no se había producido por las causas etéreas, indeterminadas y nada jurídicas, que había ideado en la comparecencia en el Congreso, sino por la constancia pública y notoria de que no había cumplido las obligaciones que se le impusieron constitucionalmente            (art.98.2 CE) por el hecho de aceptar el cargo: llevar a cabo la gestión de las tareas de Gobierno dependientes de su ministerio, lo que no ha hecho, era evidente, precisamente por la falta de gestión y de acción.

Hoy, después de que ayer el Sr. Cuerpo de forma sonora cesara al Presidente de Adif, podemos saber sin duda alguna que la dimisión del Sr. Puente fue otro cese que, curiosa y notoriamente, no se produjo por no haber cumplido con sus obligaciones, sino porque ese incumplimiento tan notorio estaba arrasando el crédito electoral del PSOE. Pero hay más, el Presidente del Gobierno y sus ministros, y responsables del partido socialista, hablaron inmediatamente al unísono de dignidad (otro concepto indeterminado y nada jurídico) del Sr. Puente  al presentar su cese-dimisión y lo han hecho sin sonrojo, cuando es difícil, por no decir imposible, encontrar dignidad alguna en un claro incumplimiento de las obligaciones constitucionales  que le afectaban por ser ministro, sin ni siquiera admitir tal incumplimiento. Para presumir de esa dignidad hubiera hecho falta que realmente hubiera habido dimisión y que se hubiera llevado a cabo por no cumplir con las obligaciones que tenía como ministro, que es lo único que tiene en cuenta la Constitución; todo lo demás es, como dicen ahora, relato y, por su fuera poco, impostado.

Valentín Cortés

 

Miércoles 4 de Noviembre de 2026

La dimisión del Sr. Puente

Después de una larguísima intervención de varias horas en el Congreso sin aceptar responsabilidad alguna en los accidentes de tren de los últimos meses, el Sr. Puente dimitió en base a conceptos tan indeterminados, etéreos y pocos jurídicos o constitucionales como “dignidad política”, “coherencia” y “empatía con las víctimas”, dado que (nos dijo solemnemente) “un Ministro de Transportes no puede continuar en el cargo con dos accidentes de esta gravedad” (sic).

Pero, en realidad, el tema no es así, si leemos la Constitución(CE); en efecto, al igual y en correspondencia al nombramiento de ministro, que se acepta si libremente se quiere aceptar, la dimisión de ese cargo recorre el mismo camino centrado en la voluntad como única causa. Si, por el contrario, un ministro se ve forzado a dimitir (como parece que es el caso, según su propias palabras) sólo puede ser porque realmente  entiende que la responsabilidad que aceptó en el nombramiento por el Presidente( art.100 CE)  no la ha asumido como se  establece en  CE ( art.98.2) que nos dice que el Presidente dirige la acción del Gobierno sin “perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos( los ministros) en su gestión”; es decir, un ministro tiene que cumplir con las obligaciones que se derivan del ejercicio de sus competencias: y ésta es su única responsabilidad. Y es entonces cuando hay que preguntarse si ha habido acción o inacción en el ejercicio de  sus competencias gubernamentales (art.98 CE) y si ha habido o no en ese ejercicio arbitrariedad (art.9.3 CE). Desde este prima, estamos seguros que  el Sr. Puente ha dimitido por no cumplir con las obligaciones de ministro y, en consecuencia, no asumir las responsabilidades que aceptó en su nombramiento; en este contexto, el Presidente de Gobierno tambien es responsable de haberlo nombrado ministro, y, posteriormente, de no haberlo cesado, como era su obligación dada la trayectoria del ministro que hemos padecido los españoles.

Valentín Cortés

 

Martes 3 de Noviembre de 2026

Fin de la acampada en la Puerta del Sol

La prensa da cuenta del desalojo, que ha llevado a cabo esta madrugada la policía, de los acampados en la Puerta del Sol de Madrid. Las razones esgrimidas para tal actuación policial, según he podido leer en la prensa, han sido básicamente mantener que el derecho de manifestación (y de ocupación del espacio público, por consiguiente) de los acampados “no es ilimitado” en el tiempo, algo tan obvio que entra de lleno en lo que puede calificarse de verdad de Perogrullo.

La terminación  de esta situación de ilegalidad manifiesta, no impide que ahora pongamos de manifiesto que, en cualquier caso, dado el muy largo tiempo que ha sido protegido ese derecho de manifestación --que no necesariamente se tenía haber ejercido a través de una acampada en suelo público, y que, en todo momento, se ha ejercido además en contra y en perjuicio de los derechos de los demás vecinos y ciudadanos y de sus intereses--, todo indica que hemos estado ante una actuación de la Administración que permitiendo la acampada ha sido  de principio al final clara y manifiestamente arbitraria, pues, incluso,  la determinación del momento en el que hay que pensar, según la Delegación de Gobierno, que se han  traspasado los límites temporales de la protección de tal derecho de los manifestantes, y se ha puesto fin a la manifestación, responde claramente al capricho y arbitrariedad de la Delegación de Gobierno de Madrid, pues sinceramente creo que no responde a razones jurídicas y legales superiores sino que coincide ( la terminación) con que tal acampada no es beneficiosa ya para los intereses electorales del Gobierno.

Valentín Cortés

 

 

Viernes 30 de Octubre de 2026

Las nacionalizaciones de los “nietos” y la teoría del racimo de cerezas

Las noticias que se conocieron ayer sobre la totalidad de los nacionalizados ( por la ley de “nietos”), afectados por la medida cautelar del Tribunal Supremo, que suspende cautelarmente su inscripción  como  tales en el censo electoral, son aún más esclarecedoras que la que comentamos el pasado miércoles: sólo un 0,5% de los “nietos” obtuvieron la nacionalidad de acuerdo con los requisitos legales, los demás lo fueron en base a la ilegal y fraudulenta Instrucción Ministerial, lo que resalta extraordinariamente la oportunidad de la cautela judicial acordada y la necesidad de mantenerla.

 Pero también hemos sabido, que han sido miles de otras nacionalidades( las de los hijos de los "nietos") que se han otorgado en base a esas otras ilegalmente obtenidas por esos “nietos” españoles nacionalizados y aquí juega la famosa teoría cherry picking, que nos permite determinar el efecto de la nulidad de un acto jurídico a los elementos unidos o dependientes de él. No será extraño, pues, que la medida cautelar del TS pueda ser ampliada para afectar a esas otras personas, para evitar, pues, la votación de las personas que pudieran haber obtenido la nacionalidad en base a otra otorgada ilegalmente. Conviene recordar que el derecho a votar en las elecciones generales (art.23 Constitución) es un derecho reconocido en la Constitución, pero sólo a los ciudadanos españoles (art.23 en relación con el art. 13 Constitución) y que, por tanto, ese derecho a votar pende de la persistencia y legalidad de su nacionalidad, nacionalidad que se puede perder o quedar suspendida (excepto en el caso de ser de origen: art.11.2 Constitución), si es que se ha obtenido en base a una previa nacionalidad ilegalmente otorgada de la que trae causa. Si tiramos de la cereza podrida-nula, la nulidad afectará igualmente a todas las que pendan de aquella.

Valentín Cortes.

 

Jueves 29 de Octubre de 2026

Frente al desastre

Mirar a los acontecimientos desde el exclusivo ángulo jurídico y legal, como hacemos en este blog, me produce un gran y confuso sentimiento personal de insatisfacción cuando en este momento escribo a cerca del desastre ferroviario de ayer. Por supuesto que el Derecho no arregla la muerte, el sufrimiento de los heridos y el de tanto familiar afectado, el desánimo social ni siquiera la sensación de fracaso social que invade ahora a la sociedad española. Pero cuando la muerte o los daños, sean corporales o materiales, nos llegan por la culpa, la negligencia, la inacción, o la desidia de alguien, de un tercero, los siglos que llevamos de civilización imponen a la sociedad buscar una reparación para ella misma y para los afectados por el daño, aunque nunca sea plenamente satisfactoria la tal reparación: de ahí que, desde hace muchos siglos, acudamos en esos casos a buscar y dilucidar su autoría, mediata o inmediata, para hacerle asumir su responsabilidad. Los romanos distinguieron la culpa personal y la que llamaron culpa in eligendo y culpa in vigilando, e incluso enuclearon  una  culpa por acción y otra por omisión, que hacen referencia a los deberes, las cargas y obligaciones no cumplidas o atendidas no adecuadamente

Esto es lo que tiene que hacer la sociedad española desde ya y sin descanso, y en ese campo creo honestamente que en este caso existen todas las responsabilidades que pensaron los sabios de Roma. Ahora, lo que hay que dilucidar igualmente es si esa responsabilidad que existe es civil, penal o administrativa o todas a la vez. El tiempo y el Derecho lo dirán

Valentín Cortés

 

Miércoles 28 de Octubre de 2026

Una Instrucción ministerial de “amplio e ilegal espectro”

Leo en la prensa (vid. en www.theobjetive.com o www.elmundo.es) que, de todos los miles de expedientes revisados en el consulado de Buenos Aires, siguiendo las órdenes del Tribunal Supremo en el asunto de la aplicación de la “ley de nietos”, ni uno sólo de ellos se basa en la condición de exilio político sufrido por el antecesor del solicitante de nacionalidad española; en  todos los casos, pues, la nacionalidad se ha obtenido en aplicación exclusivamente de la famosa e ilegal Instrucción Ministerial que amplió los supuestos de  su obtención.

Traigo la noticia al blog porque es reveladora de la gran magnitud y enorme importancia del fraude a la ley que conlleva la Instrucción y de su trascendencia en el proceso electoral en marcha, máxime cuando fue precisamente Argentina el destino, posiblemente mayoritario, de la emigración española a América en la postguerra inmediata y el país donde la “colonia española” es más numerosa.

En estas condiciones se me antoja muy difícil que el Tribunal Supremo pueda modificar la medida cautelar adoptada y sus efectos electorales, y parece inevitable que la misma se confirme con la sentencia definitiva que se dicte en su momento.

Valentín Cortes

 

 

Martes 27 de Octubre de 2026

Ceuta: la investigación judicial, lenta pero inexorable

Si, como yo, siguen ustedes las noticias en los medios de comunicación, las declaraciones de muy diversos testigos en la causa que lleva la Juez Tardón sobre lo sucedido en Ceuta a finales de Julio del presente año, quizá lleguen a la misma conclusión que yo he llegado: todo indica, pues : i), que lo que realmente ocurrió fue una “invasión” organizada por Marruecos, que consistía en la entrada de miles de personas( cerca de 90.000) forzando todo tipo de fronteras con Marruecos, las físicas vigiladas y las naturales no vigiladas(las marítimas); ii), que, por demás, la entrada masiva de personas era conocida, en grado por ahora no determinado, por el Gobierno español; iii), que el Gobierno español nada hizo, prevista la entrada, para impedirla ni previamente ni en el momento en que se produjo; iv), que la reacción, posterior a la invasión, del Gobierno español frente a Marruecos no existió; y v),que desde la fecha de la invasión hasta que terminaron las vacaciones del Sr. Sánchez ( final de Agosto), la acción del Gobierno puede decirse que fue inexistente y que la posterior aun permite la estancia en Ceuta( pasados tres meses) de una cifra de  personas invasoras que parece llegar a las 20.000.

Por supuesto, que todas estas deducciones las hago con la lectura de la prensa y, por supuesto, que sólo es el Juzgado quien tiene que valorar todo el material investigado que se va acumulando en el sumario para determinar si hay o no apariencia de delito; pero, a nosotros, simples lectores de lo que se escribe y dice en la prensa, todo nos indica que estamos ante una consciente y meditada inacción del Gobierno en lo que sí se puede calificar de invasión y ataque a la soberanía nacional y a la integridad del territorio nacional, que, curiosamente, fue la acertada opinión del presidente del Gobierno a poco de producirse los hechos.

Valentín Cortés