Valentín Cortés Domínguez

Valentín Cortés Dominguez es Catedrático de Derecho Procesal. Ha sido abogado con 47 años de experiencia, conferenciante y autor de múltiples publicaciones jurídicas y de manuales de derecho procesal que son libros de texto en distintas universidades españolas y de América latina.

martes, 17 de noviembre de 2026

 

Martes 17 de Noviembre de 2026

La "verdad judicial" de la invasión de Ceuta

Tengo la sensación, conociendo las informaciones de los medios de comunicación, de que el Gobierno está imponiendo la construcción de una verdad judicial, en torno a lo sucedido en Ceuta, que tiene todos los visos de apartarse en demasía de la verdad histórica. Me refiero a los informes (sobre todo, el de CNI) y algunas testificales que van llegando a manos de la Juez instructora y de las que nos dan cuentan los medios de comunicación. Porque, en definitiva, lo que se dilucida en esa investigación es la responsabilidad penal final por la inacción gubernamental antes y durante la invasión de finales de julio. En el proceso, el problema de crear una verdad judicial fuera de los limites de la verdad histórica es de muy difícil solución pues exige, amén de otras obviedades, grandes dosis de coherencia y de lógica en la confección de esa verdad judicial. En tal sentido (y sólo por poner dos ejemplos llamativos), afirmar que esa enorme invasión no fue organizada (directa o indirectamente) por el gobierno de Marruecos, ofende gravemente la inteligencia de cualquier ciudadano y, por ende, la de la juez instructora; al igual que ofende esa inteligencia mantener que el CNI prácticamente desconocía el tamaño de la invasión, pues, se dice, no informó con precisión de lo que se veía venir a simple vista. No se olvide que los informes periciales y los testimonios de terceros (y esos que comentamos lo son) son valorados por los jueces con criterios lógicos y de razón que se imponen por Ley con la aplicación del criterio de la libre valoración judicial.

Por eso, y en base a estas informaciones que nos dan los medios de comunicación, en principio, yo diría  que, de seguir esa tónica inculpatoria, mucho me temo que la investigación judicial de responsabilidad por inacción no se quedará en el Delegado de Gobierno.

Valentín Cortés

lunes, 16 de noviembre de 2026

 

Lunes 16 de Noviembre de 2026

¿Un uso judicial olvidado?

En este blog hemos defendido la tesis de que ese pretendido uso judicial de  abstenerse de dictar resoluciones judiciales en periodo electoral que puedan afectar a los partidos políticos, para no incidir  con ellas en el resultado de la elecciones, no sólo es contrario a Derecho ( el Derecho procesal es siempre derecho positivo y el proceso no se puede regir por usos o costumbres) sino contrario a toda lógica, porque al socaire de no incidir perjudicando o beneficiando a algún partido político, a quien se beneficia o perjudica  es inexorablemente al políticamente contrario. De modo que se trata de un uso ilegal y, por demás, perverso en sus resultados

En esta precampaña y en lo que llevamos de campaña electoral observo, en líneas generales, que los jueces siguen dictando sus resoluciones, al parecer, sin tener en cuenta este ilegal y mal uso procesal. Esta observación ha quedado corroborada, en estos días pasados, al conocer unas determinadas consideraciones que el Ministro de Justicia ha hecho públicas quejándose de la inobservancia de ese uso tradicional de la judicatura, pues se ha sabido de forma continuada de resoluciones que afectan negativamente a personas cercanas al Gobierno o al partido socialista en los diversos y numerosos casos de corrupción que se tramitan en los juzgados y tribunales penales.  Si esta observación es acertada, y se refiere a la generalidad de los casos, bienvenido sea el fin de ese uso contra legem que se venía practicando por los jueces y tribunales.

Valentín Cortés

jueves, 12 de noviembre de 2026

 Viernes 13 de Noviembre de 2026


El Cis y sus encuestas electorales

Muy brevemente. Mis conocimientos científicos en demoscópia son inexistentes y, por demás, no los pretendo. Pero me atrevería a decir que el empecinamiento del Cis en dar resultados electorales que ningún otro centro demoscópi- co ofrece, no puede ser sino porque o bien todos los demás se equivocan o, al contrario, es el Cis quien lo hace. Si esto ocurre con puntualidad de reloj suizo en una inmenso número de ocasiones de los últimos años, y despues los resultados son otros muy disntitos a los previstos por el Cis; si además la equivocación está siempre en que se inflan las posibilidades de PSOE y descinflan las de la oposicion, desde el punto de vista de la lógica, parecería que hay una intención en equivocarse; y si, por si fuera poco, el Cis se nutre de fondos públicos para llevar a cabo esas equivocaciones voluntarias, desde el punto de vista de Derecho, se podría llegar a la conclusión de que, en esas equivocaciones, hay una utilización ilegal de fondos públicos para beneficio particular del PSOE y para desvirtuar la voluntad del ciudadano en un acto tan trascendente como las elecciones generales, todo lo cual puede tener, en principio, y presuntamente , trascendencia penal.

Valentín Cortés

 

Jueves 12 de Noviembre de 2026

La evidencia perversa de la falta de Presupuestos Generales del Estado

No hay día en el que la prensa no  recoja noticias del abandono que han sufrido las inversiones del Estado en el mantenimiento y desarrollo de los servicios y estructuras físicas que conforman y vertebran a este país. Y cunde una especie de gran desánimo social y una preocupación importantísima por el futuro inmediato, lo que se manifiesta en las propuestas electorales que se presentan a los ciudadanos. Y no hay día que no nos anuncien la disposición de partidas de miles de millones de € que el Gobierno destina a lo que estima pertinente sin el menor control parlamentario( vid. por ejemplo hoy en www.abc.es)  Sabemos que todo ello comportará en el futuro inmediato un reajuste de nuestra economía y, muy posiblemente, un aumento de la fiscalidad.

En este contexto, y para dar ideas de posibles nuevas propuestas electorales, hay que decir que este estado de cosas viene propiciado fundamentalmente por el incumplimiento del Gobierno en los últimos años de su obligación de actuar con presupuestos discutidos y aprobados, lo que obviamente comporta, con anterioridad, la obligación de presentar un proyecto de los mismos a las Cortes Generales (art. 134 CE). Debemos ser conscientes que no presentar esos presupuestos ha permitido que dejen de desarrollarse políticas que, si se hubieran presentando a debate los mismos, hubiera sido muy difícil, por no decir imposible, eludir (piénsese por ejemplo en el mantenimiento de las infraestructuras de ferrocarril o de las carreteras, o de las líneas eléctricas) y quizá evitado gasto y uso del dinero público para fines que no eran prioritarios para la nación y sí para los intereses exclusivos del Gobierno de turno; en definitiva, se hubiera podido controlar y procurar el cumplimiento del art. 31.2 CE que establece que el gasto público realizará una asignación  equitativa de los recursos públicos adecuando su programación y ejecución a los criterios básicos de eficiencia y economía.

Nada de esto se ha hecho, y quizá convenga no confiar en el talante democrático de nuestros dirigentes y penalizar de alguna manera esas conductas anticonstitucionales.

Valentín Cortés

miércoles, 11 de noviembre de 2026

 

Miércoles 11 de Noviembre de 2026

La huelga general y el Derecho

Cuando escribo esta opinión, a primera hora de la mañana de hoy, no tengo noticias de la incidencia en la sociedad de esta huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios. Desde mi punto de vista de jurista, confieso que no me interesa ese aspecto del tema, pues, por deformación de tantos años, simplemente me he ido al Derecho, que es lo único que interesa en este blog por ser su única guía.

Así, leo en el art. 28.2 de la Constitución que se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, que, por supuesto (no hay otra manera de interpretarlo), no son los comunes que pudieran tener todos y cada uno de los ciudadanos, sino los específicos de los propios trabajadores que ejercen ese derecho. Y, tras esa lectura, leo el art. 11.a) del RFDL 17/1977, que regula el derecho de huelga, que me dice que es ilegal la huelga que se inicia o que se sostiene por motivos políticos o por cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados.

Honestamente, la conclusión que he sacado no es otra que esta huelga general, sin tener que profundizar mucho, tiene visos muy firmes de ser una huelga ilegal.

Valentín Cortés

 

martes, 10 de noviembre de 2026

 

Martes 10 de Noviembre de 2026

La Instrucción ministerial en la aplicación de la ley de nietos y los indicios de fraude electoral

En Derecho Procesal la esencia de la medida cautelar está en la instrumentalidad y en la acomodación de ella al fin que se pretende conseguir que no es otro que la efectividad de la sentencia que se pueda dictar al final del proceso (art. 721 Ley de Enjuiciamiento Civil).Por eso, según nuestra opinión, el Tribunal Supremo Sala Tercera(TS) acierta al negar en el auto conocido ayer la medida cautelar solicitada, en relación con la Ley de nietos, que pretendía impedir cautelarmente el derecho de voto, en las próximas elecciones generales, a los descendientes de los “nietos”, que por ser directos, la han obtenido, con  legalidad formal, de aquellos que no se ha demostrado que lo fueron de acuerdo con la Ley, pues para ello se utilizó la fraudulenta Instrucción Ministerial. Era una medida cautelar, que cumplía todos los requisitos si es que pudiera aplicarse antes de celebrarse las elecciones. No lo era y, por eso, elementales razones de legalidad formal y de seguridad jurídica imponían al TS no aceptar la medida cautelar solicitada.

Pero que esos hijos de “nietos” puedan votar no implica que su nacionalidad no sea objetable, y que la acción de los que propiciaron tal fraude no sea censurable. En ese sentido, es de destacar que el TS habla claramente de la existencia de “indicios fundados de irregularidad” (que) “podría alterar ilegítimamente la conformación de las Cortes Generales”, lo que, casi con toda seguridad, dará lugar a causas penales contra aquellas personas que han dado lugar a esa grave alteración del censo y de la conformación de las Cortes, e, igualmente, contra las que han impedido por su inacción que esta medida cautelar se pudiera tomar únicamente por razones temporales que han determinado la falta de instrumentalidad efectiva de la misma.

Valentín Cortés

viernes, 6 de noviembre de 2026

 

Viernes 6 de Noviembre de 2026

Tras los accidentes, investigación penal

Hemos sabido por la prensa de esta mañana que la Fiscalía Europea ha abierto una investigación acerca de la utilización fraudulenta de determinados fondos europeos destinados a inversiones en infraestructuras ferroviarias. No se trata de una investigación con finalidad económica o de control de utilización de esos fondos, sino de una investigación de carácter penal, porque se habrán puesto de manifiesto hechos (que no conocemos) en torno a la utilización de esos fondos que tienen apariencia de delito.

Igualmente sabemos que la Justicia española está investigando penalmente, también en relación con este accidente de Urda (sigue la abierta en relación con el accidente de Adamuz), la realización de otros actos de inversión en infraestructuras con apariencia de delito que se han puesto de manifiesto.

Entiéndase bien el alcance de todas esas actuaciones de investigación penal; no se investiga por si ha habido alguna actuación penalmente sospechosa; sino que se investiga, porque, desde el principio, existe apariencia delictiva de hechos concretos llevados a cabo   y que han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía Europea o de los jueces españoles.

Con esas  investigaciones se establecerá si esas apariencias delictivas se confirman en indicios racionales de criminalidad que, en su caso, deberían ser juzgados penalmente. Todo esto añade una gravedad adicional a todo el desastre ocurrido.

 Valentín Cortés