Martes 27 de Octubre de 2026

Ceuta: la investigación judicial, lenta pero inexorable

Si, como yo, siguen ustedes las noticias en los medios de comunicación, las declaraciones de muy diversos testigos en la causa que lleva la Juez Tardón sobre lo sucedido en Ceuta a finales de Julio del presente año, quizá lleguen a la misma conclusión que yo he llegado: todo indica, pues : i), que lo que realmente ocurrió fue una “invasión” organizada por Marruecos, que consistía en la entrada de miles de personas( cerca de 90.000) forzando todo tipo de fronteras con Marruecos, las físicas vigiladas y las naturales no vigiladas(las marítimas); ii), que, por demás, la entrada masiva de personas era conocida, en grado por ahora no determinado, por el Gobierno español; iii), que el Gobierno español nada hizo, prevista la entrada, para impedirla ni previamente ni en el momento en que se produjo; iv), que la reacción, posterior a la invasión, del Gobierno español frente a Marruecos no existió; y v),que desde la fecha de la invasión hasta que terminaron las vacaciones del Sr. Sánchez ( final de Agosto), la acción del Gobierno puede decirse que fue inexistente y que la posterior aun permite la estancia en Ceuta( pasados tres meses) de una cifra de  personas invasoras que parece llegar a las 20.000.

Por supuesto, que todas estas deducciones las hago con la lectura de la prensa y, por supuesto, que sólo es el Juzgado quien tiene que valorar todo el material investigado que se va acumulando en el sumario para determinar si hay o no apariencia de delito; pero, a nosotros, simples lectores de lo que se escribe y dice en la prensa, todo nos indica que estamos ante una consciente y meditada inacción del Gobierno en lo que sí se puede calificar de invasión y ataque a la soberanía nacional y a la integridad del territorio nacional, que, curiosamente, fue la acertada opinión del presidente del Gobierno a poco de producirse los hechos.

Valentín Cortés

 

Lunes 26 de Octubre de 2026

¿Impugnación del resultado de las elecciones?

Escribo esta opinión sin conocer exactamente los tiempos procesales del proceso que se sigue ante el Tribunal Supremo (TS) en el tema de la llamada “ley de nietos”. Con este desconocimiento, percibo que por la prensa se extiende la idea de que, en caso de perder las elecciones, el PSOE impugnaría los resultados que se vean afectados por el que podríamos denominar “voto de nietos”, si es que estos, bien por sentencia firme, bien por medida cautelar en vigor, no se hubieran podido depositar. Si ello es así, posiblemente se podrían ver afectados cantidad de resultados electorales en cuanto son votos que, de haberse producido, teóricamente estarían desperdigados por un gran número de circunscripciones electorales (las que hubieran elegido las personas nacionalizadas por la ilegal Instrucción Ministerial).

Con este grado de incertidumbre, y quedándonos en lo meramente jurídico, añadiremos que, de acuerdo con la Ley Electoral (art.112.2), es el TS, Sala Tercera el órgano competente para resolver los recursos contenciosos-electorales que se puedan presentar impugnando los resultados, de donde la situación que se plantea puede ser realmente “curiosa” desde el punto de vista procesal, en modo tal que: i), la decisión que se tome respecto a la posible impugnación estará siempre condicionada a la que se tome previamente por la misma Sala en relación con la nulidad de la Instrucción y de la incorporación al censo  de esos electores; y ii) en el supuesto de que llegado el caso aún no se hubiere tomado esa decisión, la de los recursos electorales no se podría tomar hasta tanto la otra no se tome, pues ésta es prejudicial, y habría, pues, que suspender el contencioso-electoral hasta ese momento.

En cualquiera de los casos, la decisión que tomara, al final, el TS sería recurrible ante el Tribunal Constitucional en amparo y es aquí donde adquiere una importancia trascendental el fundamento jurídico tercero del auto del TS sobre la amnistía dictado el pasado 19 del presente mes, al que me remito.

Valentín Cortés

 

Viernes 23 de Octubre de 2026

El requerimiento del Tribunal Supremo(TS) a los ministros Bolaños y Albares en el tema de la “ley de nietos”.

En mi experiencia de muchos años en el ejercicio de la abogacía, cuando un Juez o Tribunal emite un requerimiento con advertencia, en caso de incumplimiento, de sanción o deducción de testimonio por posible responsabilidad penal, estamos ante un caso, podemos decir, “terminal” o de agotamiento de las posibilidades de atraso del cumplimiento por agotamiento igualmente de la “paciencia” judicial. Y desde esa misma experiencia, deduzco que si, a pesar de la advertencia, el requerimiento no se cumple, se hace parcialmente o de forma defectuosa, estamos ante una de estas dos posibilidades: i) el requerido, por causas que pueden ser diversas, pero no ajenas, no puede cumplir el requerimiento; o ii) no quiere hacerlo porque así le conviene, y asume las consecuencias.

 Pudiera darse el caso que se den ambas circunstancias; por ejemplo, en nuestro caso, que nace de una Instrucción ministerial claramente ilegal y con presuntos visos de prevaricación y fraude electoral ( por eso precisamente se ordenan las medidas cautelares por el TS en el tema que comentamos), lo que podría ocurrir es que se den las dos circunstancias: el Gobierno se resistiría a entregar las listas requeridas de nacionalizados afectados por la medida cautelar del TS, si es que estas hubieran sido confeccionadas sin que se hubieran seguido los trámites administrativos oportunos y sin la observancia de los requisitos de fondo legales, por lo que, amen de no poder dar la lista conforme a lo solicitado por el TS, al Gobierno no le interesaría que este desorden e ilegalidad se conociera. Pero, en cualquiera de los dos ( o tres casos) el requerimiento del TS tiene la ventaja adicional de contribuir de forma importante a la necesaria fe ciudadana en la limpieza del proceso electoral, que es, en sí mismo, un bien público que hay que proteger.

Valentín Cortés

 

Jueves 22 de Octubre de 2026

Dos magnificas noticias  en rededor de la “ley de nietos”

Ayer, al mismo tiempo que nos enterábamos de la decisión del Tribunal Constitucional(TC) de no admitir siquiera a trámite el recurso de amparo del Defensor del Pueblo relativo a la llamada ley de nietos, supimos que un juzgado de Madrid había admitido a tramite una querella por prevaricación contra la Sra. Fuentes, que, en su  momento, fue la Directora General del Ministerio de Justicia que firmó la célebre Instrucción ministerial que ha dado lugar a la inscripción como nacionales españoles de personas que no cubren los requisitos establecidos en la Ley de Memoria Democrática( ley de nietos) para poder concederles la nacionalidad española.

 Las dos son magníficas noticias: la primera, porque el TC no traspasa una línea muy difícil de haber asimilado jurídicamente si es que se hubiera admitido a trámite el recurso del Defensor del Pueblo ( vid. nuestros comentarios anteriores  sobre este problema), con lo que el Estado de Derecho no se ve seriamente vulnerado; la segunda,  le da a la famosa Instrucción ( según nuestro criterio,claramente nula de pleno Derecho) la posibilidad de desprenderse del marchamo penal de prevaricación  que, a simple vista, podría acompañarla si es que no se dan en la realidad de los hechos de su emisión los requisitos de tal delito.

 Todo ello, con la ventaja adicional, en las dos noticias, de dar tranquilidad y garantías de limpieza a las elecciones próximas, alejando la sospecha y el peligro de fraude electoral.

Valentín Cortés

 

  Miércoles 21 de Octubre de 2026

El Tribunal Supremo(TS) acata la decisión del Tribunal Constitucional(TC) sobre la amnistía de la malversación

El tenor de la decisión del TS aplicando la amnistía al Sr. Puigdemont y demás condenados por malversación de caudales públicos, tras la sentencia del TC amparándolos, me parece un monumento al Estado de Derecho.

Y lo es, en términos muy simples y sencillos, porque, de una parte, acata sin duda alguna el mandato constitucional que da a las sentencias del TC, decisorias sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, fuerza de cosa juzgada y, por consiguiente, de obligada observancia y aplicación (art. 164.1 Constitución): así, pues, el TC ha declarado que en la ley de amnistía está incluida la malversación cometida por esos señores y el TS dicta su resolución de acuerdo con esa declaración.

Pero, de otra parte, esa obediencia constitucional no es óbice para que el TS se olvide de lo dispuesto en el art. 123.1 Constitución, y, en consecuencia, ponga de manifiesto que esa decisión del TC, (como otras anteriores, a las que hemos hecho referencia en el pasado en este blog) vulnera el mandato contenido en esa norma constitucional. Bajo mi punto de vista no es una manifestación obiter dicta, que se dice de pasada, sino una manifiesta y pública puesta en conocimiento del TC de que las competencias constitucionales del TS están siendo asumidas inconstitucionalmente por el TC.  Para el TS, el Estado de Derecho se agrieta cuando alguno de sus órganos se separa de la función constitucional que se le ha asignado y, además, se hace de forma reiterada.

Valentín Cortés

Martes 20 de Octubre de 2026

La inacción del Gobierno en Ceuta, de nuevo judicializada

Leo en www.europapress.es que el Gobierno de Ceuta ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para obligar al Gobierno de la Nación a “actuar” a fin de posibilitar la tramitación y resolución de los expedientes de expulsión de los adultos que a finales de Julio pasado invadieron la ciudad.

 Ya dijimos en el primer momento que, durante la invasión, antes y después de ella, lo que se ponía de manifiesto de forma extraordinaria era la “inacción” del Gobierno o, si queremos, la dejación de funciones frente a lo que son las obligaciones constitucionales del Gobierno. Ahora lo escandaloso es la, al parecer, necesaria judicialización de esa inacción, tan llamativa y persistente, que   casi tres meses después de los hechos siguen, a pesar de los requerimientos oportunos, sin poder plantearse y resolver los necesarios expedientes que permitan la expulsión de los adultos que participaron en la invasión y que por miles permanecen aún en Ceuta, persistiendo, mientras tanto, los perjuicios en cadena que se produjeron al momento de la invasión.

Mucho nos tememos que esa “inacción” se haga cada vez más escandalosa y notoria, en modo tal que podría acabar por determinar una declaración múltiple de responsabilidad en todos los sectores legales por los órganos judiciales competentes.

Valentín Cortés

 

Lunes 19 de Octubre de 2026

El recurso de amparo del Defensor del Pueblo, ¿Qué derecho constitucional individual y concreto se pretende proteger?

Hemos sabido este fin de semana que el Defensor del Pueblo ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la medida del Tribunal Supremo ordenando a la Junta Electoral Central no incluir cautelarmente en el censo electoral a los llamados “nietos”, que adquirieron la nacionalidad española en virtud de la famosa “Instrucción” de una Directora General del Ministerio de Justicia (con fraude a la Ley de Memoria Democrática). Ni voy a hacer aquí, ni está en mi ánimo, un juicio de intenciones políticas de tal interposición de recurso, pero sí diré que me parece imposible admitir (y no lo hago) que tenga en su base el más mínimo rigor jurídico, ni siquiera con una interpretación muy laxa del Ordenamiento Jurídico. Además de lo que ya expusimos el pasado día 13 del presente mes, y de lo que la prensa ha afirmado acertadamente, me detengo en un solo dato: con el recurso de amparo se pretende proteger un derecho fundamental de alguien concreto (o perfectamente identificado o identificable en las propias actuaciones judiciales) por una decisión de los órganos judiciales y siempre que se haya producido tal violación del derecho fundamental invocado. En nuestro caso, además de no ser firme esa decisión (art.43.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), existe un problema que requiere una previa solución: deducir de las actuaciones judiciales, o designar, las personas concretas a las que se le ha violado ya tal derecho, porque las violaciones de derechos constitucionales no son abstractas sino subjetivas y concretas, ya que los derechos constitucionales (arts. 14 al 29 de la Constitución) son por naturaleza subjetivos. Por si esto fuera poco, el recurso se presenta antes de que esos desconocidos titulares del derecho hayan podido siquiera ser notificados de la violación de su derecho (art.43.2 de la ley citada)y decidir si quieren o no protegerlo.

Valentín Cortés