Miércoles 23 de Septiembre de 2026

El Estado de Derecho y el Tribunal Constitucional(TC)

La decisión del TC se rechazar la ponencia que inadmitía el recurso de amparo del independentista catalán Turull, al que el Tribunal Supremo no aplicó la Ley de Amnistía por entender que el delito de malversación, por el que fue condenado, estaba excluido por dicha ley (dando paso, por consiguiente, a una ponencia en la que se admitirá el amparo), es un paso más de la auto mutación que el TC ha llevado a cabo para convertirse en el órgano jurisdiccional supremo, además de serlo en materia de garantías constitucionales ( recuérdese como botón de muestra  de  sus antecedentes, la sentencia de los EREs); todo ello en clara contraposición con lo dispuesto en el art. 123.1  Constitución que reserva la cualidad de órgano supremo de la Jurisdicción al Tribunal Supremo.

Esta, en mi opinión, anticonstitucional mutación se agrava con la desafortunada y anticonstitucional doctrina, ya consolidada del propio TC, de asumir como función propia, igualmente anticonstitucional, la de creador de derechos y situaciones constitucionales (por ejemplo, sentencias de la eutanasia y aborto). De todo ello resulta un daño inconmensurable a nuestro sistema constitucional y al Estado de Derecho, pues de todo aquello se deriva que el TC ya no sólo controla la adecuación de la actividad del Poder Legislativo y del Poder Judicial (lo que es su misión), sino que sustituye a esos Poderes, dándose el agravante de  que siempre se hace en sintonía con el ideario del Poder Ejecutivo, que por supuesto no es el representante del pueblo español( art.66.1 Constitución), en el que, por demás, reside la soberanía nacional( art. 1.2 Constitución).

Valentín Cortés

 

Martes 22 de Septiembre de 2026

El enésimo ataque al Poder Judicial

La decisión del Juez de abrir el juicio oral contra la Sra. Gómez, y hacerlo por jurados, ha levantado de inmediato el esperado y desgraciado torrente de insultos calumniosos contra el Juez, al que se le acusa de, si usáramos palabras técnicas, de haber prevaricado, de principio a final, en la instrucción judicial, es decir de haber cometido un delito ciertamente grave en la esfera judicial. Desgraciadamente nada nuevo, pero no por ello menos grave, en la situación creada y alimentada de continuo por el Gobierno para acosar al Poder Judicial en su función jurisdiccional en los casos en los que de forma directa o indirecta está comprometido.

Lo novedoso está no ya en la presión intolerable que se hace sobre el futuro jurado, sino en la deslegitimación que se hace de la Justicia por Jurados, que, como sabemos, es una forma de participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia y que está consagrada en el art. 125 de la Constitución, debiéndose advertir que su reconocimiento constitucional fue debido a la exigencia y defensa cerrada del PSOE. Yo nunca fui partidario de reintroducir los jurados en nuestra Constitución, porque creía y creo que la legitimidad democrática de la Justicia de los jueces no es menor que la que puedan tener los jurados, no añadiendo su existencia un plus a la esencia del Estado de Derecho, pero eso no puede llevarnos a pensar y defender que el tribunal por jurados es más manipulable por la opinión pública o por presiones externas que un tribunal profesional.

Aquí, como en otras ocasiones, el Gobierno lo que hace simplemente es presionar y denigrar de nuevo al Poder Judicial, atacando la separación de Poderes que nuestra Constitución establece, todo ello sin reacción alguna de la Fiscal General y, posiblemente, con la protesta del Consejo General del Poder Judicial.

Valentín Cortés

 

Lunes 21 de Septiembre de 2026

El Presidente, la Sala Tercera del Tribunal Supremo y la Democracia

Ya sabemos que este fin de semana el Presidente de Gobierno ha calificado como un hecho muy grave que socava la democracia la resolución de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, suspendiendo los otorgamientos de nacionalidad española, y los efectos de las ya concedidas, ex Ley de Memoria Democrática completada por una “instrucción” contra legem de una Dirección General del Ministerio de Justicia. Sinceramente quiero creer que tal espanto de manifestación proviene de su probada ignorancia de nuestra Constitución. En cualquier caso, remito al lector a www.elmundo.es de hoy donde encontrará un buen examen de lo que ha significado la aplicación de esa instrucción contra legem en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CECA) y lo que supone e implica de peligro cierto de alteración del censo electoral y, por consiguiente, de alteración de la voluntad popular. Por tanto, la medida cautelar estaba más que justificada sí además nos encontramos que cautelarmente toda indica que las nacionalidades se han otorgado, fuera de lo establecido por la ley, siguiendo la “instrucción”  de esa Directora General que, para mayor pasmo, he leído en la prensa que es Fiscal de carrera profesional.

Esa resolución cautelar no socava en absoluto la democracia, pues, al contrario, la afianza y, además, mantiene así uno de los fundamentos del Estado de Derecho: la legalidad (art 9.1 Constitución) y su control únicamente por el Poder Judicial (art.117 Constitución). Todo indica (quiero creer otra vez) que el Presidente de Gobierno no está preparado para regir nuestro Estado de Derecho, pues parece que no comprende siquiera sea los principios básicos del mismo.

Valentín Cortés

 

 

Viernes 18 de Septiembre de 2026

Invasión e inacción de Gobierno

Hay dos términos, de gran contenido jurídico y constitucional, que gran parte de la prensa (no toda) utiliza de forma continuada para referirse a los acontecimientos de Ceuta. Se habla de invasión y se hace referencia a la inacción del Gobierno y se hace con gran acierto, según mi opinión que vengo manteniendo desde el principio de esta crisis.

La invasión nos lleva a conceptos constitucionales como soberanía nacional (art.1.2) e integridad territorial (art.8.1) cuya defensa y garantía la Constitución pone como misión de las Fuerzas Armadas(art.8.1). De ellos se acordó el Presidente de Gobierno en un arranque de claridad constitucional a principios de la crisis. La invasión pone en peligro o impide temporalmente, en distintos grados de intensidad, la plena soberanía nacional porque supone un ataque a la integridad territorial.

El otro término es inacción que se contrapone a acción de Gobierno, que el art. 98.2 Constitución otorga al Presidente de Gobierno, que está encargado (art.97 Constitución) de dirigir la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Esta inacción en  acabar con la invasión se está investigando, como tal, por el Poder Judicial a los efectos de dilucidar su existencia y derivar de ello, en su caso, posibles responsabilidades penales. Con la utilización de esos términos, no se trata de criticar puntuales políticas más o menos acertadas, sino de constatar lo que incluso va más allá de la mera pasividad, pues se trata  de una inacción que pareciera nacer de una decisión clara de su Presidente que incluso torpedea la exigencia de acción hecha por la autoridades de Ceuta, de una parte del Parlamento, del conjunto de la sociedad, o de, incluso, la Unión Europea ( ayer mismo, con la oposición socialista). Quizá todo se deba a que el Presidente no se ve concernido en el tema, lo que explica que se excusara alegando el derecho a vacaciones o que ahora nos remita con desdén al Sr. Vivas para contestar a preguntas que sí le conciernen constitucionalmente.

Valentín Cortés                                                                                                                     

 

Jueves 17 de Septiembre de 2026

La nacionalidad no de origen siempre y sólo se adquiere de acuerdo con lo establecido en la Ley(art.11 Constitución)

En el tema de la resolución del Tribunal Supremo, por la que suspende provisionalmente el registro (ex Ley de Memoria Democrática) de las personas extranjeras como españoles, todo indica que existe, intencionadamente o no, un proceso de creación de confusión a la opinión pública que, modestamente y desde nuestro punto de vista, conviene aclarar con la Constitución en la mano; así:

-Sólo a los españoles de origen está prohibido privarles de su nacionalidad española (art.11.2); a los demás españoles que hayan adquirido, por otra vía, la nacionalidad española, cabe la posibilidad de que la pierdan (art.11.1) de acuerdo con lo establecido en la ley. Por eso mismo, a todos los afectados por la llamada “ley de nietos” les cabe la posibilidad de que se les prive de la nacionalidad adquirida, si (como ha podido ocurrir en el caso examinado) no hubiesen adquirido la nacionalidad de acuerdo con lo establecido en la ley (art.11.1), sino de acuerdo con lo dispuesto en una “instrucción” ilegal dada arbitrariamente por una Directora General del Ministerio de Justicia.

-Esos españoles que han adquirido ya la nacionalidad por ese procedimiento, cuya legalidad está en examen judicial, es necesario y perfectamente legal suspenderles cautelarmente cualquier efecto legal que se derive de la nacionalidad otorgada, como, por ejemplo, el derecho de participar, previa inscripción en el censo electoral, activa o pasivamente, en los asuntos públicos mediante las elecciones por sufragio universal (art. 13.2 en relación con art.23.1), todo ello hasta tanto se compruebe que la nacionalidad se ha otorgado como quiere la Constitución: es decir,  de acuerdo con  lo establecido en la ley (art.11.1), pues sólo esos españoles no de origen, tienen como los de origen, derecho a participar en las elecciones.

-Si no fuera así, en las elecciones podrían votar personas que la Constitución no admite que tengan ese derecho (art 13.2 en relación con el 23.1).

Valentín Cortés

 

Miércoles 16 de Septiembre de 2026

El Gobierno ante la investigación judicial de la Audiencia Nacional sobre la invasión de Ceuta

La tramitación de la querella contra el Delegado de Gobierno en Ceuta (con acusación de graves delitos que hacen referencia a los actos desarrollados en el periodo anterior e inmediato de la invasión) que ha asumido la Audiencia Nacional, tras haberse inhibido el Juzgado de Ceuta, es, se quiera o no por el Gobierno, un paso más en una investigación que posiblemente no se detendrá en la actuación del Delegado del Gobierno, sino que inexorablemente llegará al propio seno del Gobierno. Que de esa investigación quepa deducir responsabilidades penales lo sabremos en las próximas semanas. Pero es inevitable que se produzca la investigación, con lo que ello comporta.

Como es igualmente inevitable( como ya advertimos desde el principio), que la Audiencia Nacional, para dilucidar la existencia o no de los delitos acusados, revise la actuación del Gobierno tras la invasión ( que, bajo mi punto de vista, se puede englobar en la inacción o pasividad mostrada por el Gobierno), que es incluso más importantes jurídica y constitucionalmente que los hechos que se produjeron (o no) en la posible prevención de la invasión y en los que permitieron la invasión misma con todo el reguero de desgracias que ocurrieron durante ella.

Ante esto, miembros destacados del Gobierno han tomado un camino equivocado, cual es insultar y calumniar a la Juez de la Audiencia Nacional, insinuando claramente su prevaricación, cuando el camino acertado es llevar a cabo “la acción del Gobierno” y respetar el Estado de Derecho, sometiéndose con plena colaboración a la investigación judicial que se ha iniciado en  la Audiencia Nacional.

Valentín Cortés

 

Martes 15 de Septiembre de 2026

El CIS y el derroche del erario

Confieso sin sonrojo alguno que mis conocimientos en demoscopia no pasan de la definición de la RAE de la palabra misma. No me atrevería, pues, a analizar los buenos o malos fundamentos, métodos, sistemas o conceptos que en los sondeos de opinión del CIS se usan. Pero, tengo sentido común y ello me permite hablar, desde mi punto de vista, de esos sondeos cuándo analizan la opinión política de los españoles y dan resultados, y ese sentido común y dotes de observación me dicen que no corresponden a la realidad y que nadie parece creerlos. Si eso es así --(y todo indica que lo es; por ejemplo, el Presidente Sánchez a pesar de los buenas, según el CIS, expectativas electorales del momento, no convoca elecciones) -- estaríamos en presencia de una contradicción ontológica e irresoluble, pues se daría como opinión publica lo que todos y todo nos dice que no lo es. Bien, pero el problema es que, siendo el CIS una institución pública que gasta dinero del erario, esos resultados en los que prácticamente nadie de los que conforman la opinión pública  cree que sean  opinión pública nos ponen de frente a una especie de derroche del erario, derroche al que incluso algún jurista puntilloso podría calificar de malversación de caudales públicos, pues los que se usan estarían destinados por ley a dar la opinión pública sobre el tema electoral, con la paradoja que sistemáticamente todo indica que no es la que nos dicen esas encuestas. Si en ello hay intencionalidad, no lo sé, pero sí sé que hay derroche del erario y no sería extraño que cualquier día cualquier juez nos diga si hay o no malversación (esta vez sí) pública en ese tirar con polvorilla del rey o algo más.

Valentín Cortés