Jueves 30 de Abril de 2026

El inexistente derecho a mentir de Aldama

Leo en la prensa que, ante las declaraciones de Aldama ayer en el Tribunal Supremo, el PSOE en un comunicado establece, más o menos explícitamente, que, como en el derecho   defensa de aquel entra el de mentir, eso fue precisamente lo que hizo Aldama.

Ante esta afirmación conviene, para que la cuestión no se desvirtúe, aclarar algo importante y es que esa identificación del derecho de defensa con el derecho a mentir no es correcta en Derecho, porque siendo verdad que al acusado (y Aldama es acusado) no se le toma declaración bajo juramento o promesa de decir verdad (como, por ejemplo, al testigo que por ello tiene obligación de decir verdad), ello no implica que sus falsedades queden fuera del control del Derecho. El acusado (y no es poco) sólo tiene derecho (y constitucional, art.24.2) a “no confesarse culpable”, pero curiosamente, si nos atenemos a lo que conocemos por la prensa, ayer Aldama se confesó culpable de múltiples delitos (de todos por los que se le enjuicia), y a esa auto confesión añadió la acusación de que, en esos delitos, participaron otras personas. Esa acusación de participación, si es falsa, no queda protegida por el derecho de defensa, y quedará sometida, por tanto, a las consecuencias establecidas en el Derecho Penal (acusación falsa, calumnias, etc).

Obviamente, tampoco la credibilidad de esas acusaciones viene dada por el hecho de la previa auto confesión de culpabilidad [que ni siquiera es suficiente para la propia condena (art.406 Ley Enjuiciamiento Criminal)]: en su caso, el convencimiento del Tribunal en la certeza, probabilidad o verosimilitud de aquellas acusaciones se obtiene necesariamente con la valoración de otros medios probatorios que a ello coadyuvan.

Valentín Cortés

 

Miércoles 29 de Abril de 2026

Un Gobierno irresponsable creando arbitrariedad, inseguridad  y desigualdad jurídicas

No es éste lugar para hacer un estudio, ni siquiera una mera relación, de los problemas jurídicos, que deberán resolver los jueces, y que se han originado por el RDL que llaman “de los alquileres” y que ayer no fue convalidado por el Congreso, anulándolo, por tanto. Si diré que hablando la Constitución (CE) (art.86) de los RDL como “disposiciones legislativas provisionales” y de “convalidación” como contrapuesta a “anulación”, yo soy de la opinión de que, estos RDL no convalidados, son disposiciones provisionales sin el menor efecto jurídico ab initio.

En cualquier caso, lo que aquí sí puedo destacar es que este RDL, que fue aprobado por el Gobierno a ciencia cierta de que no sería convalidado por el Congreso, es un enorme monumento a la violación de normas constitucionales. Veamos, sin ánimo de agotar los supuestos, varios:

-lo que disponía no era evidentemente de extraordinaria y urgente necesidad (art.86 CE).

-su aprobación por el Gobierno, sabiendo su no convalidación posterior, es una indiscutible arbitrariedad del Gobierno, prohibida por el art.9.3 CE.

-esa aprobación ha dado lugar a unas manifiestas inseguridad e incerteza jurídicas (interdictas por el art. 9.3 CE), que atentan la esencia misma de lo que es el Derecho y su función, que, por supuesto, propiciará miles de conflictos jurídicos y de decisiones judiciales todo ello de forma gratuita, irresponsable (art. 9.3 CE), y muy perjudicial para los derechos individuales, debilitando el principio de la economía libre de mercado (art.38 CE).

-y ha creado unas situaciones de desigualdad entre arrendatarios, difíciles de compaginar con el derecho de igualdad ex art.14 CE.

Eso es, un gran acopio de violaciones constituciones

Valentín Cortés

 

 

 

Martes 28 de Abril de 2026

La prioridad nacional: “manca finezza”

La “prioridad nacional”, de la que hablamos sin citarla el pasado día 22 de Abril, es referencia total y abusiva en todos los medios de comunicación. De ser un concepto, podríamos decir que, cada día que pasa, se observa que es menos concreto, menos absoluto y más relativo, en modo tal que cuando pase a ser, si así ocurre, un concepto jurídico contenido en el supuesto de hecho de una norma, todo el mundo dirá que es un concepto amplio, abierto, relativo, indeterminado, o cualquier otro apelativo que lo que esconde es incerteza en su contenido, en definitiva, un cajón de sastre que puede contener pocas o muchas cosas, según los casos. Y siendo así ¿cómo se puede hablar en esa situación, de que, por sí y en sí, sin desarrollo legal, esa prioridad nacional es sustancialmente anticonstitucional (según han dicho de una u otra manera, por poner un ejemplo, los Sres. Zapatero o Sánchez)? Digamos además que la igualdad, que es el espejo dónde debe mirarse esa prioridad nacional, y que se establece en el art. 14 de la Constitución como una de las bases de los derechos de los ciudadanos, como tal derecho no es absoluto, pues depende de las situaciones que se comparen y midan por el mismo rasero de igualdad; y así lo tiene establecido la doctrina asentada desde hace ya mucho tiempo del Tribunal Constitucional. Ni somos iguales (en el sentido que hablan algunos políticos) ni el derecho y la Constitución nos trata como tales (por ejemplo, vid. nuestro blog del día 22 de Abril).

Este es un debate que exige “finezza” (Andreotti y su “manca finezza” en relación con la política española) que, en efecto, nos falta porque nos sobra mucha brocha gorda interesada  sólo en la política sectaria.

Valentín Cortés

 

Lunes 27 de Abril de 2026

Jordi Puyol y la Constitución que lo ampara

La prensa de esta mañana recoge la noticia de la exclusión del Sr. Puyol del juicio en el que se le juzgaba a él y a sus hijos de múltiples delitos de corrupción y de contenido económico, alguno de los cuales el propio Puyol admitió en el pasado. La Audiencia ha tomado esta decisión después de oír personalmente al procesado (ahora con 95 años) y de tener en su poder el informe del Forense sobre la salud mental del Sr. Puyol. En definitiva, la Audiencia ha aplicado correctamente lo dispuesto en el art. 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con lo que establece el art. 20 del Código Penal, pero, sobre todo, con lo dispuesto en el art. 24 de la Constitución.

 La sociedad ante estas situaciones ( y ya se puede comprobar en algunos comentarios de la prensa y medios de comunicación) lucha con sentimientos encontrados, pues, en realidad, ve truncado su deseo “de hacer justicia” con los que considera delincuentes, y si entiende bien que a los incapaces mentales, que no comprenden la ilicitud de sus actos en el momento de la comisión,  se les excluya de toda responsabilidad penal (art. 20 del Código Penal), le cuesta trabajo aceptar que las incapacidades psíquicas sobrevenidas del acusado tengan como efecto excluir el juicio y, por tanto, la responsabilidad penal que en ese se pueda declarar.  Por eso, cuando el art. 24 de la Constitución establece, como principio rector y fundamental de nuestro proceso judicial, el derecho de defensa (que todos tenemos), lo primero que impide es que, quién no tenga la más plena capacidad personal durante el proceso penal, pueda ser parte acusada, por lo que es excluido de mismo y de sus consecuencias, sólo por el simple hecho de que esa persona no puede ejercitar su derecho a defenderse en el proceso. Ésta es la grandeza de la Constitución y del derecho de defensa que hoy ha respetado la Audiencia Nacional y ha favorecido al Sr. Puyol.

Valentín Cortés

 

Viernes 24 de Abril de 2026

El CIS del Sr. Tezanos

Leo en www.elindependiente.com que el último informe del CIS sitúa electoralmente al bloque del PSOE y Sumar por encima de 3,9 puntos sobre el conjunto formado por el PP y Vox. El diario citado tilda irónicamente este resultado demoscópico como “milagro”.

No tengo que insistir mucho afirmando que mis conocimientos en sociología y demoscopia no pasan de cuatro lugares comunes que están en eso que se llama el acervo cultural de los españoles. Por eso mismo, y siguiendo la regla intelectiva de que la falta de conocimiento el humano la sustituye, en su caso, por la fe y la confianza, tengo que decir que no es mi caso y que la fe en la exactitud o la confianza en los pronósticos demoscópicos del Sr. Tezanos son nulas. Curiosamente de la experiencia acumulada de deduce la misma idea; y en el acervo cultural de los españoles está muy extendida la idea de que sus pronósticos no son acertados. Y, en ese momento, pues, se produce la gran pregunta con contenido jurídico, porque el Sr. Tezanos no hace ejercicios teóricos-prácticos en el desarrollo de la ciencia que practica y en el ámbito de su cátedra universitaria, sino pronósticos, en este caso, políticos electorales en un instituto sociológico estatal ( el CIS).La pregunta es, partiendo de la honestidad personal del Sr. Tezanos, si es licito o no que el Estado pague con dinero público lo que, al menos, parece ser tanto desvarío demoscópico, cuando además, dado su procedencia, puede tener una evidente influencia en los comportamientos electorales de un sector de ciudadanos, que podría, en su caso, distorsionar o condicionar voluntades a la hora de votar, y ello podría tener un cariz jurídico penal mucho más grave. Yo, modestamente, no creo que el Estado deba pagar tanta inexactitud científica y que debería cesar al Sr. Tezanos, como manera directa e inmediata de acabar con esta grave anomalía.

Valentín Cortés

 

Jueves 23 de Abril de 2026

Un brindis al Sol

Ya sabemos que la precisión terminológica requiere una base de conocimiento que, tratándose de la Constitución, es exigible a toda la clase política, mucho más al Presidente de Gobierno. El conocimiento no se supone, se tiene o no se tiene, y es difícil echarlo de menos cuando, como en el caso del Presidente, se modifican o mutan las bases del propio comportamiento político a conveniencia de unos intereses también mutantes, pero a mí no me cabe duda de que el Presidente, al menos, tiene un conocimiento básico de los conceptos esenciales de la Constitución.

Digo todo esto, porque escandalizarse, como ha hecho ayer un amplio sector de la prensa nacional, porque el Presidente habla de España y Cataluña como dos países distintos, es un ejercicio sin recorrido constitucional. En efecto, la Constitución habla de España como Estado(art.1); de la nación española como única e indivisible(art.2.1) y de regiones y nacionalidades que la “integran” (art.2.1) (entre ellas Cataluña). En la Constitución, pues, no existen entidades que se llamen “país” y ese conocimiento lo tiene el Presidente, de modo que estamos ante un paradigmático “brindis al Sol”, pues el Presidente también sabe que conseguir que Cataluña sea una entidad distinta y similar a España requiere una modificación y reforma constitucional imposibles, aunque ese brindis, como le ocurre a los toreros que lo han practicado, le pueda reportar aplausos calurosos, pero sólo de los tendidos de Sol.

Valentín Cortés

 

Miércoles 22 de Abril de 2026

El pacto de investidura en Extremadura y la Constitución

El pacto entre PP y Vox para formar gobierno en Extremadura está suscitando multitud de comentarios, más que jurídicos, políticos.  Incluso hoy el Presidente de Gobierno ha tachado en el Congreso al pacto de inconstitucionalidad.

Pues, bien, lo importante, bajo mi opinión, es que este pacto se encuadra expresamente por las partes en el marco de más estricto cumplimiento de la Ley, es decir de la Constitución. Y en ese sentido, lo que puede ser constitucional o no son las políticas que se desarrollen en el futuro en aplicación del tal pacto ( como en todo); y para hacer una buena interpretación de la constitucionalidad de esas futuras políticas me parece básico no olvidar que la Constitución establece derechos que son “de todos”; que  otras veces para designar a los titulares de ciertos derechos habla de “personas”; otras, regula derechos y deberes “de los ciudadanos”, o de los “españoles y los ciudadanos”. Por tanto, todo esto indica que hay sectores jurídicos en los que la Constitución no establece una misma regulación de derechos y obligaciones para todas las personas que puedan vivir en España; es, por tanto, en este marco, que expresamente se acepta por los partidos firmantes del pacto, donde se deben analizar las políticas y actos concretos del ejecutivo extremeño que se desarrollen o se pretendan desarrollar en el futuro. Por eso, me parece fuera del contexto jurídico-constitucional afirmar ahora que el pacto es inconstitucional, pues el juicio de intenciones no es de ningún modo un método jurídico aceptable.

Valentín Cortés