Miércoles 16 de Marzo de 2022

Las soluciones de la Ministra de Derechos Sociales para atajar la crisis

Leo en www.europapress.es que, en  materia de vivienda, a la Ministra de Derechos Sociales, que pertenece a Podemos, se le siguen ocurriendo las mismas medidas que tiene tomadas desde que están en el Gobierno y no había crisis económica, añadiendo como novedad una tercera; estas medidas son la prórroga del decreto anti desahucios y el aumento de la cantidad correspondiente al Ingreso Mínimo Vital, y, la novedosa, la  congelación de la actualización de las rentas en los arrendamientos.

Desde el punto de vista jurídico no tengo nada que objetar al aumento del Ingreso Mínimo Vital, que, con cargo a los presupuestos, soportaría el Estado (es decir, el conjunto de los ciudadanos); es una medida absolutamente constitucional que tiene su apoyo, por ejemplo, y entre otros, en el art. 31, pero también en el art. 39 ambos de la Constitución.

Pero, congelar la actualización de las rentas de los arrendamientos y prorrogar una vez más el decreto anti desahucios( por lo que de provisional se va a convertir en permanente y perpetuo) supone un ataque directo no sólo a los arts. citados de la Constitución, sino igualmente al 33 ( que protege el derecho de propiedad) y al 9 que establece el principio de interdicción de la arbitrariedad, que consistiría, en este caso, en que esta política social del Gobierno la soporten exclusivamente aquellas personas que tienen pisos en propiedad que o bien están arrendados o bien  están  garantizando deudas con hipoteca.

Sería conveniente que estos Ministros fuesen pensando medidas de protección social, pero constitucionales y, siempre, a cargo del Estado.

Valentín Cortés

 

 

 

 

 

 

Martes 15 de Marzo de 2022

El asunto Gali y la Ley de Secretos Oficiales

El Juez que investiga el llamado caso Gali (líder saharaui que, reclamado por la Audiencia Nacional, entra en España, con documentación falsa, y sin cubrir los trámites fronterizos) está próximo a archivar la causa, a pesar de la constancia necesaria de la comisión de delitos, porque, afirma, no puede investigar quienes son los responsables de esa entrada ilegal al alegarse por la defensa, la Ley de Secretos Oficiales que, al parecer, cubre esta materia o conjunto de hechos que se investigan y afecta a todos los órganos del Estado ( incluido los jueces).

Hay que decir que esa Ley es de 5 Abril de 1968, cuya última modificación de produjo en Octubre de 1978; es, por tanto, una ley preconstitucional que difícilmente se sostiene en la Constitución. Pero, aun así, no es baladí que aquí el secreto oficial parece estar desvelado, al menos en lo esencial para la investigación penal: porque debemos saber quién, según la Ley(4), aprobó este secreto como oficial( o es el Consejo de Ministros o la Junta de Jefes del Estado Mayor), así como la fecha de declaración del secreto, lo que, por lógica, no entra ni puede estar dentro del secreto oficial; y también está desvelada la materia del secreto: que un señor que se llama Gali y que tiene unas responsabilidades penales( que se conocen)  pendientes en España ha entrado aquí con nombre falso y sin cubrir trámite alguno fronterizo, amparado por las fuerzas de seguridad españolas.

Estos dos factores hacen muy difícil, en mi opinión, que se pueda alegar la Ley de Secretos Oficiales para impedir la investigación del Juez a cerca de las personas que permitieron esa entrada ilegal en España. Y si la Ley resulta que es suficiente, entonces habrá que derogarla y promulgar una  nueva que evite hurtar, al socaire del secreto, información al Juez que investiga hechos presuntamente criminales. El secreto nada tiene que ver con la persona que ordenó o autorizó la entrada, así, en España de este señor.

Valentín Cortés

 

 

 

Lunes 14 de Marzo de 2022

La necesidad de establecer un sistema jurídicamente seguro en las sanciones económicas a los particulares rusos.

 

Ya dije en los primeros días de la invasión  rusa a Ucrania, y de las medidas económicas que había tomado Occidente, que ello nos metía de lleno en la necesidad de establecer un sistema jurídico que, a la postre,  hicieran seguras, eficaces e irrecurribles las medidas económicas que Occidente está tomando, no ya con Rusia, como Estado, sino contra determinados personas rusas, en sus bienes en el exterior. Porque, en definitiva, esta guerra económica en este sector que ahora comentamos, en el entendimiento que creo que es   necesaria, debería ser, desde el punto de vista jurídico, segura y eficaz y no lo será, si al final, muchas de estas medidas pueden revertirse por ser ilegales.

Porque, desde mi perspectiva jurídica, no entiendo que, por ejemplo, en nuestra legislación, existan normas claras, -fuera de las genéricas, difíciles de aplicar por su dificultad probatoria, y que se reducen al blanqueo de capitales-, para privar a una persona de sus bienes, que se le confisquen, que se bloqueen sus cuentas corrientes o anulen sus tarjetas de crédito, etc., todo ello fuera del proceso y sin mandato judicial. Porque, se podría cuestionar, ¿Cuál es la base jurídica-fáctica concreta de una medida en la  persona concreta a la que se aplican? No por ser ruso y rico, para el Derecho, está justificado esta sanción; ni tampoco por pertenecer a la lista de personas sospechosas de una determinada agencia de información de un determinado país. Creo, pues, que falta solidez jurídica a esas medidas y sería extraordinariamente negativo que los jueces se vean obligados en el fututo a anular, primero, los embargos efectuados, y, después, a sancionar a las autoridades que han establecido este tipo de medidas, para, al final, reconocer a los sancionados el derecho a resarcirse de los daños y perjuicios que le hayan ocasionado.

Valentín Cortés

 

 

 

Viernes 11 de Marzo de 2022

La intervención del precio de la electricidad

He leído en www.elmundo.es que la Ministra Sra. Calviño ha manifestado que el Gobierno está trabajando para intervenir el precio de la electricidad.

Intervenir en el precio de un producto significa fijar un precio fuera de las leyes del mercado. Si es en eso en lo que piensa y trabaja la Ministra, desde el punto de vista económico ya sabemos cuáles son las consecuencias de ello, máxime cuando en el tema están involucradas empresas con enormes accionariados y necesidades de inversión y, lógicamente, no siendo mi campo de opinión, no entro en ello.

Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, la intervención significaría que el Gobierno (me imagino que por Decreto-Ley) ignoraría, en la producción de energía y su venta y posterior distribución, la facultad y poder de los contratantes de fijar un elemento esencial del contrato, cual es la contraprestación por el producto: el precio. Si los contratantes lo admiten, no hay problema; pero, si no lo admiten, se produce una verdadera expropiación del poder de disposición y autonomía de la voluntad de las partes contratantes, desnaturalizando lo que es un contrato.

Yo dudo que esto quepa en nuestra Constitución, en la que rige (art. 38) la economía de empresa en el marco de la economía de mercado y en la que el art. 33 reconoce el derecho de propiedad, poniendo límites y condiciones concretas a cualquier expropiación de cualquier derecho.

El Estado debe propiciar políticas para abaratar el precio de la luz y, entre otras cosas, tiene en sus manos el poderoso elemento de la fiscalidad (que, por cierto, va más allá del IVA que pagamos en nuestro recibo de la electricidad). Ese es su campo constitucional de actuación.

Valentín Cortés

 

Jueves 11 de Marzo de 2022

La politización de la Fiscalía

Leo en la prensa digital de hoy que la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Sra. Ayuso, ha manifestado que la Comunidad llevará al Ministerio Fiscal los contratos de suministro de mascarillas que empresas afines, según ella, al PSOE han hecho hasta ahora. Es una reacción ante la investigación iniciada por el  Ministerio Fiscal del contrato de suministro de mascarillas con el que está relacionado el hermano de la Sra. Ayuso. El esquema de acción-reacción me parece insostenible y, en absoluto, defendible.

Dicho esto, parece evidente que el origen de este problema está en que el Ministerio Fiscal está investigando penalmente un suministro de mascarillas, cuya base inicial es una denuncia anónima recibida por el Sr. Casado, y una declaración  de la propia Fiscalía de que en la denuncia posterior ante ella por estos hechos no había contenido penal que perseguir, lo que no fue óbice para que iniciara la investigación. Ahora, la Sra. Ayuso pone a la Fiscalía en la contradicción y en el dilema de iniciar investigaciones penales, que afecten al PSOE, posiblemente sin que exista contenido penal en las mismas. De modo que se podría acabar diciendo aquello de “en el pecado lleva la penitencia”.

Pero, mientras tanto, una institución constitucional jurídica, y la Fiscalía lo es, queda desprestigiada, quizá, por la politización que sufre y que no ha sabido rechazar de plano en este y otros temas.

Valentín Cortes

 

 

Miércoles 9 de Marzo de 2022

La independencia e imparcialidad de los tribunales según el Tribunal Europeo de Derecho Humanos

La nueva sentencia anulatoria dictada por el TEDH (3/febrero/2022) www.mjusticia.gob.es( área internacional. tribunal europeo)(de la que leo un comentario en www.hayderecho.com),que afecta a una resolución del Tribunal Supremo polaco, por entender que éste no es un tribunal imparcial, al estar compuesto por magistrados que han sido designados por un Consejo Judicial, cuyo miembros no son elegidos mediante un sistema que  imponga directamente el nombramiento por los jueces, nos pone sobre aviso, cuando menos, de lo que puede pasar con determinadas sentencias de nuestro Tribunal Supremo ( siendo las más relevantes, lógicamente, la dictada contra los sediciosos catalanes).

Desde el punto de vista procesal, y en relación con el sistema procesal español, el Tribunal introduciría una causa de inhabilitación general para ejercer la jurisdicción de cualquier magistrado o juez que haya sido designado directamente por el CGPJ, porque la tacha de falta de independencia del Consejo con respecto al Poder Ejecutivo y Legislativo, parece que se traslada sin más a los magistrados nombrados por el Consejo. En definitiva, se negaría de raíz, y por principio, la imparcialidad de nuestro Tribunal Supremo;todo ello sin matices, sin referencias al caso concreto, sin examen pormenorizado sobre las circunstancias que concurren en el caso y en los jueces que intervienen en el Tribunal.

Si esa doctrina no se matiza, a lo que nosotros interesa, en el caso español, nos encontraríamos con una situación apocalíptica: el Tribunal Supremo, pero también los demás tribunales españoles, estarían inhabilitados para el ejercicio de la jurisdicción, por faltarles, ab initio y de forma objetiva, la imparcialidad (art. 117 de la Constitución) porque todos ellos tienen miembros designados por el CJPJ.¡Lo que hay que arreglar( necesariamente, sin  perdida de tiempo) por la via legislativa se pretende arreglar, eso parece, a base de sentencias!

Siendo así la doctrina, si se generaliza, será un verdadero exceso del TEDH, cuyos desaciertos jurídicos son clamorosos, como hemos puesto de manifiesto en varias ocasiones en este blog.

Valentín Cortés

 

 

 

Martes 8 de Marzo de 2022

No existe norma jurídica que obligue a nadie a dar explicaciones morales de su conducta si ésta no es sancionable jurídicamente 

Las circunstancias han convertido a Juan Carlos I, que en su momento fue Rey, en un ciudadano normal, sin responsabilidades públicas de ningún tipo. Como Rey ni tenía responsabilidades jurídicas ni políticas. Es por ese carácter de ciudadano ordinario por lo que se ha podido seguir la investigación penal global y universal de su conducta económico-fiscal a la que lo ha sometido el Ministerio Fiscal en busca de cualquier delito que hubiera podido cometer. De haber sido Rey en este momento, esta investigación hubiera sido imposible jurídica y constitucionalmente.

 Ha dicho el Fiscal que, en su investigada conducta, ni  fiscal ni criminalmente hay delito por el que se le pueda perseguir. Este ciudadano, que tiene desde hace tiempo residencia en el extranjero, ha manifestado que no piensa establecer su residencia en España (como lo haría, en sus circunstancias, cualquier otro ciudadano que se hubiera visto sometido a tal investigación), aunque piensa venir de visita de vez en cuando; ha añadido que lamenta haber realizado cualquier acto inadecuado.

El Presidente de Gobierno (vid. la prensa de hoy) dice que las explicaciones de Juan Carlos “no son de recibo” y que tendrá que dar explicaciones de su conducta, que después de la investigación del Fiscal no puede examinarse sino desde el prisma de la moral. Y yo me pregunto: ¿qué norma jurídica ampara y concreta la obligación del ciudadano, investigado criminal y fiscalmente por delito fiscal o cualquier otro económico, de dar explicaciones de su conducta, por muy inmoral que nos parezca, cuando no es constitutiva de delito y no se puede perseguir penal ni políticamente? Y si no existe norma alguna, la conducta será inapropiada, inmoral o execrable, pero no se podrá exigir que demos explicación de ella.

Valentín Cortés