Lunes 15 de Junio de 2020

La seguridad jurídica

Se está celebrando en Madrid el foro que ha reunido a los grandes empresarios españoles para discutir sobre las medidas a tomar para reavivar la economía española, postrada tras los meses de internamiento que hemos sufrido.

 Es esclarecedor que, hasta el momento de escribir esta opinión, los dos grandes empresarios, representantes de Inditex y Mercadona, han resaltado la necesidad de que el Gobierno ofrezca y persiga el imperio de la seguridad jurídica. Quiero recordar que la Constitución (nos dice el art. 9.3) “garantiza” la vigencia de tal seguridad jurídica, por lo que los empresarios no han hecho mas que recordar al Gobierno, y a los demás Poderes estatales (Legislativo y Judicial), la obligación que tienen.

La seguridad jurídica no es una entelequia, por mucho que durante estos meses de estado de alarma el Gobierno y las Cortes, y en menor medida el Poder Judicial, se hayan “empeñado” en que lo sea. La seguridad jurídica, junto con la certeza jurídica, son necesidades básicas de cualquier sociedad, pues son  los pilares de la convivencia ordenada y en progreso cívico y económico de ella, que necesita no sólo regularse jurídicamente, sino hacerlo de acuerdo con la Constitución, con los principios que de ella emanan y en consonancia con el resto del Ordenamiento Jurídico. Si, como ahora ocurre, se discuten la habilitación constitucional del Gobierno para legislar en según qué materias y el modo de hacerlo; la mediatización, casi anulación, del Parlamento   hasta su parálisis; y la falta de una pronta y eficaz respuesta de la Justicia a los conflictos jurídicos reales del país, es evidente que no se está cumpliendo con el mandato de la Constitución, y hacen bien los empresarios en pedir que haya seguridad jurídica.

Valentin Cortés

 

Viernes 12 de Junio de 2020

La grandeza de la Justicia

Toda la prensa ha publicado el archivo de las actuaciones instructorias penales sobre la autorización, del Delegado de Gobierno en Madrid, de la manifestación del 8 de Marzo pasado. Había indicios de criminalidad, pues era difícil e irracional creer que un Delegado de Gobierno en una Comunidad Autónoma no fuera consciente de las posibilidades de contagio del coronavirus por la proximidad física de las personas en una reunión de masas el 8 de Marzo, y esos indicios eran suficientes para abrir una investigación penal.

Había, pues, la posibilidad de que no fuera así y la Juez lo investigó.

Esta Juez, después de grandísimos ataques ajurídicos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía del Estado, ha realizado diligencias probatorias, a la que se oponían esas partes procesales, y ha llegado ahora la conclusión, valoradas esas diligencias probatorias, de que ese Delegado del Gobierno no era consciente de la gravedad del contagio por proximidad. Y como lógica consecuencia jurídico-penal, de aquellos indicios penales de criminalidad ha pasado a la declaración de que no hay pruebas que demuestren que ese señor conocía y era con consciente de que la decisión, de autorizar la manifestación, que había tomado era injusta e ilegal.

Esa es la grandeza de la Justicia y la miseria de las acusaciones que la Justicia ha sufrido hasta ese momento, acusaciones sectarias y ajurídicas.

Pero no se olvide que la responsabilidad penal nada tiene que ver, como hemos venido repitiendo muchas veces en los últimos días, con la responsabilidad civil o administrativa.

Valentín Cortés

 

Jueves 11 de Junio de 2020 

Criterios fiscales aconstitucionales

He leído en www.republica.com que la Ministra de Hacienda ha declarado que no se subirán los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora.

Para ser ministra del ramo, en el que la técnica  general se completa a medias con el Derecho y la Economía de un país, pero que, en cuanto a la técnica Legislativa, se debe atener al Derecho y sus postulados, produce un enorme sonrojo jurídico observar como para ella el principio de capacidad económica ( art. 31 de la Constitución), como determinante de cualquier  capacidad y, correspondientemente, obligación tributaria, se ha convertido en el de la capacidad y obligación tributaria según la clase social  en la que el Gobierno incluya a cada uno de los ciudadanos.

Ya sé que cuando se presente el proyecto de Ley en las Cortes Generales el impuesto o impuestos correspondientes irán referidos a una suma concreta de sueldo o de rentas, pero es sintomático (que al igual que cuando se habla de “impuesto a los ricos”) el criterio determinante que aflora y determina la subida de impuestos es el social, que no es precisamente el económico que marca la Constitución. De donde la injusticia fiscal, bajo mi opinión, puede estar servida.

Valentín Cortés

 

Miércoles 10 de Junio de 2020

Posiblemente un RDL tardío

Fuera de la situación contemplada y regulada dentro del estado alarma, que se termina de forma definitiva para todo el territorio nacional el próximo día 21 de Junio (RD 555/2020), no caben constitucionalmente restricciones o limitaciones en el ejercicio de los derechos del ciudadano, pues la terminación del estado de alarma significa precisamente que no existe causa que imponga y justifique esas restricciones. Cabe recordar que estas limitaciones y restricciones las hemos soportado en razón a la existencia de la crisis sanitaria.

En ese contexto es difícil comprender el RDL que hoy viene publicado en el BOE (21/2020 de 9 de Junio de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19) que entrará en vigor (art. 2.3) en todos los territorios que no alcancen ahora la fase III de las llamada “desescalada” el citado día 21 de Junio. Es decir, que no existiendo oficialmente para esa fecha crisis sanitaria (pues no habrá estado de alarma) se imponen medidas, que se suponen suficientes, para prevenir, contener y coordinar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (¡).

De donde es fácil colegir una de estas dos cosas: o el estado de alarma no fue necesario pues hubieran bastado estas medidas que ahora se toman, o este RDL es un canto a la ineficacia más absoluta y nos amenaza un rebrote importante de la enfermedad. Es sintomático que, por poner un ejemplo paradigmático, ahora sea esencial el uso de la mascarilla y la distancia entre personas y durante mucho tiempo del estado de alarma no lo fueran. Por eso auguro un gran rebrote, al menos, de la conflictividad jurídica tras la entrada en vigor de este RDL, quizá por ser tardío.

Valentín Cortés

 

 

Martes 9 de Junio de 2020

La manifestación del 8 Marzo y el ruido político intencionado

Como la Justicia en tanto afecta a un político se politiza, o tratan de politizarla, asistimos a este espectáculo en torno a la responsabilidad del Delegado del Gobierno en Madrid por permitir la manifestación del 8 de Marzo y otras más que entonces se celebraron. Pero nada mas lejos del Derecho que el ruido político, siempre sectario.

En Derecho Procesal un hecho notorio no necesita prueba; dice el art. 281.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que “no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general”, es decir, aquellos que sean conocidos por todos y también por el juez.

Que el día 8 de Marzo la población sabía de la existencia y peligrosidad del coronavirus y de su infección por el contacto cercano (como es el caso de una manifestación o un mitin) es un hecho notorio que, quizá, en un ímpetu de garantismo, está motivando diligencias sumariales, precisamente, para probar su notoriedad, pero que en un ambiente menos viciado incluso serían innecesarias.

Si, es otro caso, el Sr. Simón o el Delegado del Gobierno en Madrid, Sr. Franco, conocían ese dato, diríamos que es irrelevante para determinar la responsabilidad de ellos (pues se puede ser responsable por acción o por omisión negligente o dolosa), pero puede ser determinante para concretar, en su caso, la responsabilidad penal, civil o la administrativa. Y en todo este desbarajuste no se entiende que la Abogacía del Estado y la Fiscalía contribuyan con argumentos no procesales a ese ruido político que en nada favorece a la Justicia.

Valentín Cortés

 

Lunes 8 de Junio de 2020 

El Sr. Iglesias y las residencias de ancianos

La prensa digital de esta mañana recoge las declaraciones del Vicepresidente del Gobierno arremetiendo contra las autoridades regionales de Madrid y Castilla-León, acusándolas y responsabilizándolas, incluso penalmente, de las muertes de ancianos en las residencias. Todo a cuento de posibles protocolos médicos que desaconsejaban, según los casos, el traslado de ancianos contagiados del coronavirus a los hospitales.

La politización de la medicina no es buen camino, pues es evidente que las muertes de ancianos se han producido en todo el territorio nacional y en la generalidad de los países, con independencia del color ideológico de los responsables políticos. Si, como ocurre en España, todavía tenemos un mando único que ha ejercido y ejerce su poder de modo evidente, disponiendo del Boletín Oficial como ha querido, no señalar a este mando en esa politización puede ser irreflexivo y, desde luego, olvida la figura jurídica del “daño por omisión” o el de la ”dejación de funciones”.

Por otra parte, judicializar, y  hacerlo penalmente, la praxis médica impuesta en circunstancias realmente extraordinarias tampoco es buen camino para resarcir a los familiares de los fallecidos en las residencias, ni siquiera para hacerlo con la sociedad en su conjunto, porque el dolo penal o la imprudencia grave son elementos esenciales para la comisión del delito, que no parece que lo hubiera en  momentos en los que, hasta hubo que levantar hospitales y UVIs en pocos días, precisamente para salvar vidas.

Si la decisión médica protocolizada, la que fuera, fue una mala praxis médica, si es que existe responsabilidad, ésta será seguramente civil y administrativa, pero difícilmente penal.

Valentín Cortés

Viernes 5 de Junio de 2020

La regulación post estado de alarma

Distintos medios de comunicación digitales especulan acerca del contenido del anunciado Decreto-Ley que regulará ciertos aspectos de la vida y situaciones de los ciudadanos una vez que se acabe el estado de alarma el próximo día 21 del presente mes.

No voy a entrar en ese contenido, que puede variar, de ahora al momento de promulgación, tantas veces como ocurrencias pueda tener el Gobierno o el mando único.

Pero sí quiero, desde ahora, afirmar que una vez terminada la situación del estado de alarma no es posible que con  Decreto-Ley se puedan regular situaciones que impliquen una disminución del ejercicio de nuestros derechos fundamentales y constitucionales. De modo que será muy difícil que lo que se pueda salir adelante por el camino actual sin el mecanismo de la Ley Orgánica.

En cualquier caso, ya aventuro una creciente conflictividad jurídica y judicial una vez que la situación legal actual quede sin estar habilitada por el estado de alarma, si es que se piensa seguir interviniendo la vida del ciudadano tal como se ha hecho hasta ahora.

Valentín Cortés