Martes 25 de Septiembre de 2013

 

El amparo del Consejo General del Poder Judicial a la jueza Alaya

En otras ocasiones he hablado del amparo que el Consejo General del Poder Judicial (CJPJ) puede dar a los jueces y magistrados que se sientan inquietados o perturbados en su independencia (art. 14 Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ).Lo hago de nuevo porque hoy hemos sabido que el Consejo otorga, otra vez, ese amparo a la Juez ante las manifestaciones de algunos políticos andaluces acerca de la actuación de esta Juez en el caso de los EREs falsos.

¿Puede un político presionar con sus comentarios o actuaciones a un Juez? Evidentemente no, por eso la LOPJ arbitró este sistema que supone, podíamos decir, cuando se otorga el amparo, un toque de atención sobre la ilegalidad de la actuación que es catalogada como perturbación o  presión, para que no se vuelva a repetir.

Pero cuando, como ocurre con la Juez Alaya, los amparos del CGPJ se producen con (anómala y sospechosa) persistencia, parece que debe entrar en juego lo que establece el art. 14.2 LOPJ y, por lo tanto, debe el Fiscal ejercitar las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial.

Es hora de que respetemos a la Justicia, aunque no nos guste lo que hagan sus servidores; para eso están los recursos

Valentín Cortés

 

 

Martes, 24 de Septiembre de 2013

El auto 63/2013 del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (TSCV)

Se trata del auto de hoy que rechaza la competencia del TSCV para asumir la causa contra el Sr. Camps y la Sra. Barberá por los presuntos delitos que, en exposición razonada, les imputaba el Juez Sr. Castro, juez del conocido caso Urdangarín. He leído el extenso auto en www.elmundo.es.

Hay dos cosas importantes en este auto:

Una, es que, haciendo un estudio detallado de la instrucción en lo que se refiere a los dos imputados aforados, rechaza la competencia porque afirma que no existen en la causa “indicios o principios de prueba que puedan servir de apoyo a la imputación de los hechos” que se les hace; añadiendo que “hay que individualizar la conducta concreta delictiva del imputado”, exigiéndose que en los hechos narrados “los imputados hayan tenido participación personal y directa”. Es decir, se descalifica la instrucción del Sr. Castro en relación a estos imputados.

Otra, es - tal como dijo la Juez Alaya en su famoso auto de “imputación” ex art. ll8 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal LECrim de los Sres. Griñán, Chávez y demás (vid nuestro blog, día once de Septiembre de 2013)- que mantiene que la exposición razonada para elevar la causa al TSCV exige la depuración de cuantas diligencias sean precisas, incluso la de tomar declaración a los imputados en razón del art. 118 de la LECrim, siempre que los mismos lo acepten.

Doctrina que se repite y que, creo yo, tendrá trascendencia: ya lo veremos cuando se resuelvan los recursos contra el auto de la Juez Alaya.

Valentín Cortés

 

Lunes 23 de Septiembre de 2013

De nuevo sobre de la recusación del Presidente del Tribunal Constitucional

 

He leído en www.larazon.es un extracto del auto del Tribunal Constitucional (TC) rechazando la recusación de su Presidente.

La base del auto es, por supuesto, que la Ley no impide que los Magistrados pertenezcan a partidos políticos; tampoco lo hace la Constitución. Este argumento no es baladí ni reduccionista y no puede ser despreciado, porque indica que no se quiso privar por el constituyente al TC de militantes de partidos políticos, sino de dirigentes de esos partidos (esa sí es causa de incompatibilidad).

Lo que ahora dice el TC es que el magistrado, sobretodo siendo, como tiene que ser, una personalidad prestigiosa, por supuesto en el Derecho, pero no solo, no cabe exigirle que renuncie a esas circunstancias y vivencias que conforman tal personalidad y prestigio, que por sí mismas no pueden ser “ condicionamientos negativos que afecten a su imparcialidad”.

El voto particular del Magistrado Luis Ortega, sin quererlo, viene a reforzar esta idea, pero desde un punto de vista distinto, pues mantiene que se debería haber aceptado la recusación porque, viene a decir, ya hay suficiente sombra de sospecha sobre la independencia del Tribunal sobre los partidos políticos, “en virtud de nombramiento de los magistrados y de las ocasionales coincidencias entre el sentido del voto de los magistrados y el signo político de los proponentes”, para añadir una sospecha más. Siendo así, lo que no acepto, la conclusión sería tener un TC como no quiso el constituyente. Propondría, en ese caso, cambiar el sistema, pero por Ley.

Valentín Cortés

Viernes, 20 de Septiembre de 2013

 

La Ley de apoyo a emprendedores y el concurso de acreedores.

La prensa económica (yo le he leído en www.cincodias.es) recoge una modificación importante que la Ley de apoyo a emprendedores, que ayer aprobó el Congreso definitivamente, hace de la Ley Concursal; en concreto del pasivo necesario para aprobar acuerdos de refinanciación, en la llamada fase del preconcurso (esa fase en la que se bloquea la posibilidad de pedir el concurso necesario y, por tanto, la consecuente y muy posible liquidación de la empresa). Ahora, será el 55% del pasivo, cuando antes se exigía el 75%.

Con esta medida se conseguirá la aprobación de más preacuerdos que eviten, a la postre, el concurso con final de liquidación empresarial, lo que no satisface ni a los acreedores ni al deudor, y menos a la economía nacional.

Creo que grandes concursos, como ahora el de Pescanova, se beneficiarán de esta mejora, en la ya importante tendencia del legislador en buscar la continuidad de la empresa, pues, en definitiva, las entidades bancarias (que, no se pierda de vista, son las que han financiado a la concursada), están más interesadas en mantener a la empresa que en liquidarla, asumiendo, lógicamente, un cierto control en la gestión de ella.

Valentín Cortés

 

 

Jueves, 19 de Septiembre de 2013

El Informe del fiscal en el juicio del “caso faisán”

 

Lo he leído en prácticamente toda la prensa digital, pero las frases entrecomilladas que siguen las he cogido de www.larazon.es.

Ha dicho el Fiscal en su informe “que no puede descartar que haya otras personas que no sabemos” que participaron en el chivatazo; que espera, después de que se pronuncie la condena de los actualmente acusados, éstos acaben hablando y poder, entonces, “ir más arriba”; y por ultimo: “no vamos a ir más arriba ¿para qué? ¿Para que lleguen y consigan una absolución?”

Estoy seguro que ustedes están lo mismo de perplejos que yo. Es decir, el fiscal parece que ha llegado ahora a la conclusión que prácticamente habían llegado todos aquellos que han seguido este tema con seriedad jurídica.

Para mí la perplejidad me viene suministrada a grandes dosis porque no sé cómo el Ministerio Fiscal puede desentenderse ahora de los defectos y limites irracionales que indudablemente ha tenido la instrucción de ese caso que no ha llegado “arriba”, que es, por lo visto y oído ahora, donde tenía que haber llegado.

Valentín Cortés

Miércoles 18 de Septiembre de 2013

 

El disco duro

 

La Administración  de Justicia está tan mediatizada que  toda la prensa digital de hoy da como noticia importante que la Fiscalía Anticorrupción se opone a que el Juez de Instrucción abra una investigación sobre la destrucción del disco duro del ordenador que usaba el Sr. Bárcena en la sede del PP.

¡Es absolutamente sorprendente!

Puede ser que el Juez al final abra esa investigación y, una vez abierta, ¿qué? Y si no la abre ¿qué?

En el Derecho debemos movernos, aunque sea  por pura higiene mental, en un plano distinto al de los medios de comunicación y al de los partidos políticos. Tenemos que comprender que los periodistas y los partidos políticos van por su camino, y lo que para ellos es importante, porque en ese terreno la  mera suposición es un valor mediático diario, a lo mejor para la Justicia es indiferente. Porque en el “totum revolutum” la Justicia no gana, pero la prensa tiene páginas que llenar y los partidos tienen motivo para atacar al contrincante.

Pero hay servidores de la Justicia que retrasmiten las actuaciones judiciales como si fueran un partido de futbol: ¡hasta con emoción!

Contra antes salga la Justicia de ese bucle, mejor para todos.

Valentín Cortés

Martes, 17 de Septiembre de 2013

¿Ser, parecer o dar motivos para que parezca?: Esa es la cuestión.

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado las recusaciones presentadas por la Generalidad y Parlamento de Cataluña que afectaban al Presidente del TC. Parece ser que el Sr. Presidente era, al ser nombrado magistrado, hace ya bastantes años, miembro del Partido Popular.

Estas recusaciones no podían tener un planteamiento jurídico en sentido estricto, porque ni la  Constitución ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional impiden que un magistrado sea militante de un partido político. Quizá el constituyente entendió que al contrario de los órganos judiciales, el TC es claramente un órgano, jurisdiccional de claro origen político. No conozco a nadie que niegue esto. Ahora bien, esta militancia ¿elimina, por sí, la apariencia de imparcialidad? Este es el problema que habrán resuelto los magistrados, pues la carencia de apariencia es motivo de recusación.

Y tendrán que hilar con firmeza el descosido que se ha producido ( de claro origen y contenido político) porque lo que digan tiene que valer para el futuro, pues, que yo sepa, a todos y cada uno de los magistrados se les podría tachar de falta de apariencia de imparcialidad en casos parecidos, pues todos han sido nombrados en circunstancias de lucha, enfrentamiento y componenda políticas.

Porque, ¿Qué es peor, a efectos de perdida de la apariencia de imparcialidad, ser de un partido político, parecerlo, o dar motivos para que lo parezca?

Valentín Cortés