Miércoles 22 de Abril de 2020

Una ciénaga de negligencia

Hoy no voy a opinar de la inconstitucionalidad del RDL 15/2020 de 21 de Abril, en el que el Gobierno, al socaire del coronavirus, legisla en 59 páginas interminables de BOE sobre lo divino y lo humano, como si fuera el Parlamento.

Hoy he leído un dato escalofriante en la prensa. En efecto, leo en la prensa digital que ayer hubo 4.211 contagiados de coronavirus, de los cuales 1.365 eran personas integrantes del aparato sanitario(www.elconfidencial.com); según fuentes del Ministerio de Sanidad, 33.153, de los contagiados totales que ha habido hasta ayer, reúnen la condición de personal sanitario.

Ya abemos que yo no opino políticamente en esta sede; sí lo hago desde el punto de vista jurídico y, siendo así, no tengo más remedio que decir que el dato que  he trasladado  demuestra, por sí mismo, la negligencia del Gobierno, que es quien ostenta el mando único en la lucha contra la enfermedad y, por tanto, su responsabilidad directa en los daños que se están produciendo, al menos, a esa clase médica, pues eso indica necesariamente que los medios  materiales con los que se está trabajando o son insuficientes o son claramente defectuosos. Si se trata de incompetencia, ésta es claramente inexcusable pues aquel que sea incompetente no puede asumir, sin responsabilidad, el mando único de una situación.

Que la negligencia del mando único es generalizada y se extiende por todos los ámbitos lo demuestra este simple  y particular dato: vivo en el municipio que  dicen tiene la renta per capita más alta del país: ¡todavía no he podido adquirir unas simples mascarillas para mi familia y para mí! Quizá esto pueda explicar cómo después de tantas semanas de internamiento, todavía tenemos ese dato escalofriante de contagiados diarios.

Valentín Cortés

Martes 21 de Abril de 2020 

El general en su laberinto

No me refiero al Simón Bolívar de García Márquez, sino al General Santiago de la Guardia Civil en su particular laberinto de bulos

Dice el General de la Guardia Civil, según recoge toda la prensa, que el benemérito Cuerpo “estudia los bulos, y no la crítica política, susceptibles de desafección a las instituciones de Gobierno”.

La verdad es que el recuerdo de los que eran “afectos” (al régimen) y “desafectos” resuena en las memorias de los un poco mayores como yo.

Me pregunto inocentemente ahora si ser desafecto a este Gobierno o a este régimen es un delito; y yo llego a la conclusión, fácil y honesta, que no.

Yo estoy de acuerdo en perseguir los bulos, cuando estos son el medio de cometer delitos, el que sea (la Fiscal General del Estado los tiene ya muy individualizados y estudiados) (vid. nuestra opinión del pasado viernes 17 de Abril), pero no puedo estar de acuerdo en que se vigile a los que lo crean, si con ello no cometen delito, pues el bulo siempre ha sido combatido propagando la verdad.

Me pregunto inocentemente, de igual manera, que, si el que propaga el bulo, porque se lo ha creído, debe ser investigado y perseguido. Porque, ¿dónde está el final de la lucha, así entendida, contra el bulo? ¿y al que hace chanza de la noticia? ¿y al que la comenta? Y…

Valentín Cortés

Lunes 20 de Abril de 2020

Un dislate casi completo

Leo en www.eleconomista.es una amplia y detallada noticia acerca de un informe elaborado en el seno del Consejo General del Poder Judicial sobre la prevista avalancha de demandas, recursos y querellas judiciales que se van a producir cuando termine el estado de alarma por la enfermedad producida por el coronavirus.

La preocupación del Consejo radica en cómo hacer frente a esa avalancha, y la mía (mi preocupación) es comprobar que la solución para el Consejo pasa por unificar al máximo las distintas pretensiones de los ciudadanos contra la Administración, agrupándolas por clases para así obtener una solución rápida y, sobre todo, uniforme de la Justicia, modificando las leyes procesales, incluso, para legitimar a los sindicatos (¡) para plantear demandas colectivas. Pareciera que ¡no quieren tener miles de demandas, quieren tener pocas!

Pero, claro, ¿piensa el Consejo que hay reclamaciones uniformes en una situación como esta en donde las vivencias personales son esencialmente individuales y distintas las unas o las otras? Cuando lleguen, y es un ejemplo que pone el Consejo, los miles de demandas de familiares por muerte de sus mayores en las residencias, ¿cómo se pueden unificar los casos pidiendo responsabilidad civil? Y, ¿ha pensado el Consejo quien debe determinar el contenido de esas demandas colectivas dentro de esos sindicatos? ¿Y si hablamos de los autónomos? ¿Y de los confiscados? Etc. etc.

Podría seguir poniendo inconvenientes de todo tipo hasta el día que se termine el estado de alarma. Sólo pido que el Estado (en este caso, el Consejo General del Poder Judicial) nos deje(“en mi hambre mando yo”, dice un viejo aforismo popular) a los individuos pensar cómo manejamos nuestros intereses y que prevea la forma de trabajar mucho más intensamente de lo que lo hace ahora y, por lo que se ve, ha pensado hacer en el futuro.

Valentín Cortés

Viernes 17 de Abril de 2020

La Constitución y la lucha contra el bulo o la falsa noticia

www.elconfidencial.com recoge en la edición de hoy la noticia sobre un informe elaborado por la Secretaria General Técnica del Fiscal General del Estado, en el que se analizan los posibles delitos que se pudieran cometer, en su caso, por la divulgación y elaboración de bulos o de noticias falsas.

Nos parece muy bien que el Ministerio Fiscal ahonde en el estudio técnico de estos hechos con relevancia penal para ponerle coto, perseguir penalmente y deparar castigo a quienes cometan esos delitos propagando bulos o noticias falsas. Nada que oponer.

Pero una cosa es la reacción ordenada del Estado contra el delito y otra cosa es que al Estado (por ejemplo, el Ejecutivo mediante Decretos-Leyes o, quizá, simples Órdenes Ministeriales; o el Legislativo dominado por el Ejecutivo) se le ocurra que un medio de acabar con el delito, que se comete con esa propagación y difusión de información falsa, sea el control de los medios de difusión de noticias, limitando el derecho de información o de difusión del pensamiento que ampara la Constitución (art. 20). Cabe decir que el ejercicio de esos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa( art. 20.2). De modo que no vale, ni por activa ni por pasiva, que ningún Poder, a no ser el Judicial pueda intervenir en el desarrollo y ejercicio de esos derechos (art. 20. 5 citado), lo que haría en su caso mediante la represión penal o condenas civiles.

Valentín Cortés

Jueves 16 de Abril de 2020

Mi grito particular de hoy

El Consejo General del Poder Judicial, según mi opinión, está sesteando, si es que se puede hablar de esta manera.

 El Derecho nos rige para darnos certeza y seguridad en nuestra variadas y múltiples relaciones sociales y personales y, posiblemente, sólo los muy mayores de nuestra sociedad han vivido, con nuestra guerra, una época con menos certeza y seguridad que la que ahora disfrutamos: económica (por supuesto), social (también por sabido) pero lo realmente perverso es que hoy empieza a no haber certeza y seguridad jurídicas, que ellos, a su manera, tenían.

El Consejo del Poder Judicial, que mantiene al aparato judicial prácticamente cerrado, no se da cuenta que lo único que nos queda en estas épocas de crisis es tener certeza y seguridad de lo que es el Derecho y eso, sólo, lo da el Juez al que acudimos para que reestablezca el Derecho previamente dado. Nada de esto tenemos ahora; es más, sufrimos una clarísima invitación en la sociedad a no cumplir con nuestras obligaciones (y no me refiero a las que nos imponen todos los días por órdenes ministeriales, llenas de contradicción y ocurrencias), a no someternos a los compromisos, o a violar impunemente lo previamente establecido: la crisis lo facilita todo.

Por eso, mi grito hoy tiene que ir dirigido al Poder Judicial, para que despierte y se preste a reconocer, tal como le impone el art. 24 de la Constitución, el derecho a la tutela efectiva de nuestros derechos e intereses frente al Estado y frente a los demás ciudadanos: ¡pongan a los jueces y tribunales a funcionar!

Valentín Cortés

 

Miércoles 15 de Abril de 2020

 

Una confiscación que no ampara el estado de alarma

La Orden del Ministerio de Sanidad, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado, confiscando todos los test de detección que existan en manos privadas es sumamente peligrosa y esencialmente irregular desde el punto de vista jurídico -amen que desde otras perspectivas, que no nos toca a nosotros analizar, merezcan un reproche serio- en casos como el de Siemens-Gamesa en donde las pruebas habían sido adquiridas y eran utilizadas como medida de prevención  de la enfermedad en los empleados en la vuelta al trabajo que se produjo el lunes pasado.

Es cierto que, en cuanto material sanitario de primer orden, las pruebas de detección deben estar al servicio de la comunidad, y con conocimiento y, digamos, bajo el control del llamado “mando único”, pero este conocimiento y control no permite confiscar material propiedad de una empresa que, precisamente, se estaba utilizando para prevenir contagios, siguiendo así, por cierto, la obligación que tenia Gamesa en relación con sus empleados y con la sociedad.

Los resabios totalitarios que imperan en la acción del Gobierno, que he venido denunciando, ayer por última vez, son cada vez más clamorosos, injustos e irregulares desde el punto de vista jurídico.  ¿Puede el Gobierno, acaso, decir que esas pruebas de detección son mas necesarias en otras personas que en los trabajadores de la empresa Siemens? Sólo en ese caso, se justificaría una confiscación de tal calibre.

Valentín Cortés

 

Martes 14 de Abril de 2020

 

La perversión del estado de alarma

Que la situación actual en España no debe seguir ordenada por la normativa del estado de alarma -si es que son necesarias las medidas que se están tomando, sobre todo en lo que se refiere a la movilidad de las personas y sus consecuencias- es un lugar común entre las personas con sensibilidad jurídica.

La observación de la realidad del día a día nos demuestra, además, que, al socaire de llamado mando único para luchar contra la pandemia, se ha dado por bueno que desaparezcan, de hecho, dos de los Poderes del Estado: el Legislativo y el Judicial. No existen razones para que ambos Poderes estén cerrados e inutilizados, prácticamente al completo, por una serie de medidas que se suponen eficaces en exclusiva, cuando posiblemente existen otras que permitirían el funcionamiento de ambos Poderes de forma eficaz, aunque quizá no con el máximo rendimiento, resolviendo el Judicial, por ejemplo, conflictos jurídicos de enorme importancia social y económica, global e individualmente considerados.

 El resultado pernicioso y perverso de todo esto es que el Poder Ejecutivo, siempre expansivo, va adquiriendo modos autoritarios, ilegales y claramente inconstitucionales, como, por poner un solo ejemplo de esta última semana, posibilitar por Orden Ministerial la ocupación de viviendas de propiedad privada para tutelar fines sociales que al Ministro de turno le han parecido tutelables por encima de otros intereses y derechos, saltándose todos los requisitos competenciales que la Constitución impone.

Así, pues, vivimos un total y absoluto desbarajuste jurídico y constitucional al que hay que poner coto. Todavía no es tarde para remediar esta perversión del sistema de alarma.

Valentín Cortés