Miércoles 29 de Enero de 2025

La declaración del Fiscal General: un daño al Estado de Derecho que se podría haber evitado

Sea cual haya sido el tenor de la declaración del Fiscal General ante el Tribunal Supremo, que lo investiga por conducta criminal, de lo que nos enteraremos en los próximos días, y que ha terminado esta mañana, el daño que se ha producido a la institución de la Fiscalía es inconmensurable; máxime  si, como se ha publicado por la prensa de esta mañana, el Fiscal General se ha negado a contestar al Magistrado Ponente(¡¡), lo que, sin duda, es un derecho que puede ejercitar, pero que cuesta trabajo  imaginar que un Fiscal General lo ejerza; ese daño sólo se amortiguará si, tras esta declaración parcial, el Tribunal Supremo archiva la causa. Y en este caso, el daño que se habrá producido a la Justicia y, por ende, al Tribunal Supremo, será igualmente muy grave.

Por eso, todo indica, que en un sentido o en otro, cabe esperar del Magistrado instructor que el auto que dicte con ocasión de esta declaración esté lo suficientemente fundado en hechos y en Derecho para que la sociedad española tenga la seguridad de que se ha actuado de acuerdo con la Constitución(art.117:sometido únicamente al imperio de la ley) y no quepa de ningún modo que pueda, en su caso, ser objeto de censura por el Tribunal Constitucional, que tan dado está a inmiscuirse en las competencias que no le corresponden para censurar así la labor del Tribunal Supremo.

Todo esto se hubiera evitado si la Justicia estuviera investigando al Sr. García Ortiz. Ni el Gobierno ni éste han tenido la grandeza de apostar por la Institución, pues han preferido hacerlo por la persona. Todo un enorme roto en el sistema constitucional y daño al Estado de Derecho.

Valentín Cortés   

 

 

 

 

 

Martes 28 de Enero de 2025

El Gobierno y Junts juegan con la Constitución

Se ha celebrado el Consejo de Ministros y la noticia ha sido que el Gobierno no ha aprobado otro decreto-ley “ómnibus” igual al que fue derogado hace días por el Congreso. Ha aprobado otro, igualmente "ómnibus", pero en el que no se incluyen, principalmente, las medidas de tipo fiscal que aquel contenía.

Ya dije ayer que creía que eso ( aprobar un decreto igual al anteriormente derogado) no se produciría por la gravedad constitucional que ello hubiera representado. Pero tengo que ser humilde y confesar que no creía que el Gobierno hiciera lo que ha hecho: insistir en el carácter "omnibus" de su norma, pues realmente no se sabe bien qué tiene de similitud la subida de las pensiones con medidas, por ejemplo, que afectan  a los derechos del arrendamiento de viviendas.

Todo esto se hace, parece ser, aceptando el Gobierno que las Cortes tramiten la proposición no de ley (PNL) del Junts para que el Presidente de Gobierno se someta a una cuestión de confianza. Lo que añade incluso más gravedad constitucional al tema, porque no sólo el Gobierno negocia actos de la Mesa del Congreso( la competente para aceptar las PNLs), sino que, jugando en vano con la Constitución, se pone énfasis en que quede claro que el Presidente, sea cual sea la suerte de la PNL, no se someterá a tal cuestión, como por otra parte le faculta el art. 112 de la Constitución, de donde hay que deducir que la tramitación por la Mesa no tendría fundamento alguno.

En definitiva, tanto el Gobierno como Junts entienden la Constitución, no como la norma básica del Estado, sino como algo que se puede manosear y despreciar hasta tanto sirva para sostener los intereses políticos de cada uno de ellos. 

Valentín Cortés

 

Lunes 27 de Enero de 2025

La posible reincidencia en el RD “omnibus”

Por lo que publica la prensa todo indicaría que el Gobierno aprobará un nuevo D-L “ómnibus” exactamente igual que el que no fue convalidado y sí derogado la semana pasada.

Me resisto a creer que esto vaya a ocurrir. En cualquier caso, si ello fuera así estaríamos ante una situación crítica, desde el punto de vista constitucional. En efecto, sabemos que la Constitución dejó establecido el principio de la responsabilidad política del Gobierno ante el Congreso de los Diputados; así lo expresa el art. 108. De modo que el rechazo de la convalidación de un RDL y, por consiguiente, su derogación, es la manifestación del poder de control que el Congreso tiene sobre el Gobierno (art.66) y expresa el resultado de dicho control. Y si bien esa derogación no tiene por qué ser causa para exigir la responsabilidad política por medio de la moción de censura (art. 113), reiterar su presentación sería signo inequívoco de un intento de ejercer la función legislativa, esta vez de forma ilegitima, pues, se estaría usurpando y negando además la facultad constitucional del Congreso, como representante del pueblo español, de controlar la acción del Gobierno (art. 66.1 y 2.),control que se ha expresado derogando el primer decreto.

 No se trataría de una burla, que también; sería además la apropiación ilegitima de facultades, que son sólo del Congreso, y desconocerlas, obviando y despreciando el control que el Congreso hace, por mandato constitucional, de la labor del Gobierno. Todo, una monumental violación de la letra y del espíritu de la Constitución, que sólo cabe esperar que no se produzca.

Valentín Cortés.

 

Viernes 24 de Enero de 2025

El Rey recuerda los mandatos constitucionales para los jueces y la Presidenta del Consejo General del Poder Judicial afirma su cumplimiento y su autoridad.

La prensa se hace eco de las palabras del Rey en el acto de la entrega de despachos a los nuevos jueces, así como de las de la Presidenta del Consejo General del Poder Judicial, en defensa de los jueces y de su función constitucional, en el caso del Rey, y de la defensa de la actuación judicial y del sistema de selección de aquellos, en el caso de la Presidenta del Consejo.

Para centrar el tema en la Constitución y no en la Política, como ha hecho un sector de la sociedad, quiero citar cuatro normas de la Constitución que dan fundamento a estas obvias, pero duras, palabras, sobre todo estando presente en el acto el Ministro de Justicia y el Fiscal General:

- art.1.2): La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes.

-  art.56.1): El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia y modera el funcionamiento regular de las instituciones.

- art.117.1): La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados.

-art. 122.2): El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. Y está integrado por el Presidente y veinte consejeros.

Nadie mas legitimado que el Rey para recordar la Constitución a todos y a quien tantas veces la orilla; ni nadie con  más autoridad que la Presidenta del Consejo para recordar que los jueces se atienen a los mandatos de la Constitución cumpliendo su función y en manifestar, a quien parece desconocer que no tiene poder alguno sobre los jueces y su organización, que no es necesario cambiar el sistema de selección de los jueces, ni, menos, politizarlo.

 

Valentín Cortés

 

Jueves 23 de Enero de 2025

La no ratificación de los “decretos ómnibus” una gran victoria constitucional

Toda la prensa digital comenta la no ratificación por el Congreso de eso que llaman “decreto ómnibus” y, naturalmente, dan al hecho una importancia y trascendencia políticas indudables.

Para nosotros, que ya comentamos ayer esta noticia, el rechazo tiene una trascendencia extraordinaria, pero no política (que puede que la tenga, pero no es nuestro afán) y sí fundamentalmente constitucional y democrática. Reunir en un sólo decreto materias totalmente dispares, y, en la mayoría de los casos, políticamente antagónicas, para someterlas, en una especie de trágala, en  un sólo acto, a la aprobación del Congreso deja la función parlamentaria de todos, pero fundamentalmente de la oposición, prácticamente en la nada, pues no sólo es que no se haya podido intervenir en lo que parece fundamental en el proceso legislativo ( el debate), sino que se desnaturaliza la facultad que la Constitución(art.86) otorga al Gobierno de legislar, pero sólo en circunstancias de extraordinaria urgencia y necesidad que, por esencia, no se dan, cuando se nos presenta una batería de cuestiones dispares a aprobar, con lo que, a la postre, estamos privando al Parlamento de sus funciones y el Poder Ejecutivo invade y anula al Poder Legislativo.

Ahora sólo falta que la oposición parlamentaria se niegue por sistema a tramitar y a aprobar cuantos decretos leyes incurran en el vicio fraudulento que ahora criticamos y, en ese caso, el Estado de Derecho habrá dado un paso de gigante en su lucha contra el fraude constitucional.

Valentín Cortés

 

 

 

Miércoles 22 de Enero de 2025

 

La práctica fraudulenta del Decreto Ley “ómnibus”

He leído esta mañana en www.elespanol.com que el PP votará en contra de la aprobación del próximo DL “ómnibus” que, junto a la revalorización de las pensiones, incluye múltiples cuestiones de muy diversa naturaleza e importancia política. El fraude consiste en poner en el brete a la oposición de aprobarlo, porque, en caso contrario, algo que sí les interesa, como es el caso del tema de las pensiones, no se aprobaría. La práctica es anticonstitucional según una constante doctrina del Tribunal Constitucional y es puro chantaje político para conseguir forzar la voluntad de la oposición.

Leo en la noticia que, junto al rechazo, se presentará una proposición de ley para aprobar la parte correspondiente a las pensiones.

Me parece una noticia gratificante, pues muestra el camino que hay que adoptar para evitar los chantajes que se producen con estos decretos fraudulentos.

Valentín Cortés

 

Martes 21 de Enero de 2025

El cambio en la Presidencia de Telefónica y sus efectos procesales

La ya muy larga e intensa campaña de desacreditación de la Justicia que, cuando menos, está animada por el Poder Ejecutivo -y por el Legislativo que hace seguidismo- con modificaciones de nuestra legislación que llevan a la desautorización y descalificación de los jueces y sus decisiones, produce efectos colaterales no deseados, supongo, por los animadores de esta estrategia y no previstos por los que defiende el Estado de Derecho. En este sentido, es ciertamente curioso que el cambio en la Presidencia de Telefónica, que ha impuesto el Gobierno, y más concretamente de forma directa, el Presidente de Gobierno, ha sido interpretado por un amplio sector de la prensa y medios de comunicación, y de la sociedad española, como un intento del Gobierno ( Presidente de Gobierno) de interferir en las pruebas judiciales en los procesos del Fiscal General, de la Sra. Gómez y del hermano del Presidente, en los que Telefónica debe intervenir como perito o testigo de forma más o menos trascendental.

El daño que todo esto hace a la Justicia es inconmensurable y de efectos casi inmediatos, pues igualmente se traslada a la sociedad la idea de que, en este país, la Justicia estaría inerme y sometida y tergiversada, en su caso, por hipotéticas prácticas claramente delictivas y mafiosas de manipulación de pruebas, cuando los resortes que los jueces tienen en sus manos son realmente eficaces para, en su caso, impedir la producción de estos efectos perniciosos. La Justicia en España no es manipulable con estos procedimientos tan groseros. En cualquier caso, todo indica que ese cambio de Presidente en Telefónica tiene circunscritos sus origines y causas en cuestiones económicas-empresariales y políticas como, por ejemplo, hoy destaca un medio nada sospechoso de afinidad al presidente de Gobierno como es www.vozpopuli.com.

Valentín Cortés