Jueves 20 de Diciembre de 2018

La pena de banquillo

Parte de la prensa digital de hoy (no toda) recoge la noticia (aunque de forma muy precaria; vid. por ejemplo www.elespañol.com) de la absolución por la Audiencia Provincial de Murcia del ex Presidente de la Junta de esa Comunidad Autónoma, Sr. Sánchez, de los delitos de falsedad y prevaricación.

 Por la comisión de esos delitos fue acusado, digamos que con perseverancia, por el Ministerio Fiscal; fue obligado a dimitir de su puesto de Presidente al considerar que la tramitación de la querella y posterior apertura del juicio eran signo inequívoco de corrupción; fue perseguido políticamente por los partidos de la oposición y, digamos, que abandonado por su propio partido, en donde se aceptó a regañadientes que no dimitiera también de su puesto de diputado.

La politización de la Justicia, el considerar que la mera acusación significa condena, la eliminación de la presunción de inocencia como herramienta política; en definitiva, el encanallamiento de la política y el deterioro de la Justicia hace que hoy no sea noticia destacada la absolución  de alguien que fue triturado por los medios cuando la simple acusación, posiblemente preñada de tintes políticos, era noticia cumbre de muchos días y culminaba un caso de libro de lo que se llama pena de banquillo.

Valentín Cortés

 

Miércoles 19 de Diciembre de 2018

La nueva regulación de los arrendamientos de viviendas

El Boletín Oficial del Estado del día 18 de Diciembre publica el Real Decreto Ley 21/2018 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que según la norma correspondiente entra en vigor hoy, el día después de su publicación en el BOE.

Es evidente que, además, el Decreto-Ley tiene que ser convalidado por el Parlamento, convirtiéndose, entonces y en su caso, en Ley.

No obstante, como norma transitoria primera, se establece que esta regulación ex novo, lógicamente, no se aplica a los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto-Ley, pues lo contrario sería darle efectos retroactivos a la norma lo que, según nuestra opinión, no se justificaría en ningún caso.

Sin embargo, al modificarse parcialmente el procedimiento para los desahucios (arts. 441,549 y 686 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), aunque el Decreto Ley nada haya previsto, al implicar modificación de normas procesales, éstas deben entrar en vigor y aplicarse a los procedimientos judiciales en marcha, aunque en ellos se estén dilucidando cuestiones referentes a contratos anteriores a la publicación del Decreto ley,  pero siempre que tal aplicación no haga retroceder las actuaciones procesales.

Valentín Cortés

 

Martes 18 de Diciembre de 2018

La competencia del Tribunal Supremo para conocer de los delitos de rebelión de los que se acusa a los independentistas procesados.

Un delito de rebelión, por naturaleza, lo es contra la esencia misma del Estado y, afecta, por lógica consecuencia, a todo el territorio nacional. Lo mismo que si fuera un delito de sedición lo que se juzgara.

Esta tarde toda la prensa digital habla de las intervenciones de las defensas ante el Tribunal Supremo defendiendo la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque dicen que los actos que dieron lugar a la acusación se circunscriben en su realización y efectos a Cataluña. El Fiscal ha replicado que aquellos hechos atacaron “al corazón de la democracia española”.

 Discutir este tema es como querer convertir lo blanco en negro; el art.  472 del Código Penal, que tipifica la rebelión, está incluido en un Título que se intitula “delitos contra la Constitución” que, por esencia, tiene su desarrollo y extiende su eficacia en todo el territorio nacional.

Si se observa los independentistas actúan y piensan, con los ojos puestos en el maná que les puede caer desde el Tribunal Europeo, que todo lo que ocurrió (que ahora se tipifica como rebelión) en nada afecta a España, pues Cataluña, para ellos, no forma parte de España.

Nos espera, pues, una prolongada “clase” de independentismo en el proceso que se seguirá ante el Tribunal Supremo.

Valentín Cortés

Lunes 17 de Diciembre de 2018

 Una idea muy equivocada del Decreto-Ley

He leído en www.republica.com que el Ministro Sr. Ábalos, que además es gran autoridad en el PSOE, ha declarado que el Gobierno seguirá gobernando a través del Decretos-leyes porque “hay urgencia y necesidad”. Esta declaración se produce dentro de la situación política actual, donde nadie discute que gobernar a través de leyes aprobadas por el Parlamento es imposible por los distintos bloqueos que se pueden llevar a cabo y por la inexistencia de una mayoría estable y seria que permita la aprobación de los Presupuestos.

La utilización por el Gobierno del Decreto-Ley es una medida excepcional, imposible para regular determinadas materias y que sólo se puede habilitar en caso de extraordinaria y urgente necesidad, lo que se deduce de los términos inequívocos del art. 86.1 de la Constitución, que se enmarca en el Capítulo Segundo (de la Elaboración de las leyes) del Título III (de las Cortes Generales). Es decir, para la Constitución, el Decreto-Ley sustituye a la Ley cuando hay una extraordinaria y urgente necesidad de legislar sobre algo, y es, por tanto, imprescindible buscar un camino inmediato a la promulgación legislativa, lejos de los trámites parlamentarios.

El Ministro ha cambiado esa teoría de forma hábil al prescindir de lo extraordinario en las circunstancias sobrevenidas y al hacer de la “necesidad urgente”, dos cosas distintas: basta que la situación, que ya no tiene que ser extraordinaria, se entienda que debe ser regulada (regulación necesaria) y que sea urgente hacerlo, para que el Gobierno lo haga a través del Decreto-Ley.

El pensamiento del Ministro es, pues, claro: Es necesaria la aprobación de los Presupuestos: sí. Es urgente: sí. Ergo:  nada impediría aprobar los Presupuestos, total o parcialmente, a través de Decretos-Leyes.

Como se observará una tesis muy equivocada sobre lo que es un decreto-Ley, que permite no convocar elecciones.

Valentín Cortés

Viernes 14 de Diciembre de 2018 

La paralización de la exhumación del cadáver de Franco

No pensaba opinar sobre un asunto que, desde el principio, ha sido claramente político, por mucho que haya implicado la modificación de la llamada Ley de Memoria Histórica.

Pero, hace semanas se ha judicializado con un recurso de la familia Franco contra el acuerdo de inicio del proceso para la exhumación del cadáver y, ahora, con la petición de la paralización cautelar de la ejecución de tal acuerdo. Hoy, parte de la prensa digital se hace eco de la tesis contraria de la Abogacía del Estado (vid.www.elconfidencial.com y www.republica.com), exponiendo los argumentos que recoge parcialmente la prensa. Siendo, pues, un tema jurídico, opino de este.

Para nosotros es importante poner de manifiesto [- además de algo obvio cual es que si se ejecuta la exhumación antes de que se resuelva el recurso( lo que de la lectura de la prensa parece que la Abogacía del Estado descarta) (¡), de nada ha valido ejercitar el derecho a la tutela efectiva que la Constitución reconoce a los Franco ( el llamado periculum in mora)] - que para tener derecho a la cautela de la suspensión se ha de tener, en principio, la apariencia del derecho que se ejercita ( el llamado fumus boni iuris ).Y en este aspecto es donde pareciera que el Tribunal Supremo se fijará a la hora de decidir, pues, en nuestra opinión, mientras la reforma de la Ley citada no sea declarada inconstitucional no vemos cómo, en este caso, se puede tener fumus boni iuris, pues el Derecho permite la exhumación, siempre que se sigan los cauces legalmente establecidos.

Valentín Cortés

Jueves 13 de Diciembre de 2018

El independentismo y la Constitución

En algunos sectores del PSOE se está gestando la idea de la posibilidad de ilegalización de los partidos políticos independentistas (vid. por ejemplo en www.elmundo.es). No sé el alcance político que pueda tener tal tendencia, ni las causas que la motivan; ni voy a entrar obviamente en ello.

Pero, desde el punto de vista constitucional, conviene recordar que la Constitución nos obliga a cumplirla y respetarla en todos sus términos, pero no nos impone el pensamiento político único. Por eso, ese respeto y cumplimiento cabal de la Constitución no nos impide pensar de forma distinta en lo que se refiere al ideario político que de ella se desprende y a lo que se refiere a la estructura y definición del Estado, siempre que no queden afectados por ese pensamiento los derechos y libertades fundamentales que la Constitución acoge en función de su conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 10 y 14 y ss concordantes de la Constitución).

De aquí que quepan, según mi opinión, en la Constitución los partidos políticos que defiendan la secesión, siempre que se trate de conseguirla por los caminos establecidos en la Constitución para la modificación o sustitución de esta.

Los independentistas catalanes puedan pensar lo que quieran y pueden defender lo que quieran, pero con cumplimiento cabal de lo que se establece en la Constitución para su modificación o sustitución. Eso es lo que no han hecho en el pasado, y parece que no quieren hacer en el presente y futuro: por eso mismo pueden haber delinquido en el pasado y pueden seguir delinquiendo en el futuro.

Valentín Cortés

 

Miércoles 12 de Diciembre de 2018

Deslealtad y desenfoque constitucionales

En el debate que se ha celebrado esta mañana en el Congreso sobre la cuestión catalana el Presidente del Gobierno ha dicho que actuará con contundencia si hay violación de la Constitución y el Sr. Tardá, de ERC, le ha contestado: “nos va a abocar de nuevo a la desobediencia” (vid. toda la prensa de esta mañana).

Esas dos frases resumen perfectamente el estado de la cuestión catalana que se centra en la deslealtad constitucional de las autoridades catalanas, y en el desenfoque constitucional que, bajo mi opinión, sufre el Sr. Presidente, porque esa deslealtad constitucional es ya, aunque el Presidente del Gobierno no lo quiera ver, una violación de la propia Constitución.

Porque esas autoridades no aceptan el principio que rige el Estado de las Autonomías y que se deduce de su regulación en la Constitución: Las Autonomías son Estado y, como tal Estado, están controladas por órganos estatales como el Tribunal Constitucional, el Gobierno de la Nación, previo dictamen del Consejo de Estado, la jurisdicción Contencioso-Administrativa y el Tribunal de Cuentas (art. 153 Constitución). Amenazar con la desobediencia cuando se anuncia la posibilidad de ejercer el control del Gobierno amparado por la Constitución es violar la Constitución.

Valentín Cortés