Jueves 18 de Octubre de 2018 

La sentencia del Tribunal Supremo

Toda la prensa se hace eco, y la Bolsa también, de la sentencia del Tribunal Supremo que decide que el impuesto de actos jurídicos, en caso de préstamos y creditos hipotecarios, lo paga el prestamista y no la entidad prestataria. He leído la sentencia y el fallo de la sentencia en www.elmundo.es.

En la sentencia se declara la nulidad del art. 68.2 del Reglamento del Impuesto sobre actos jurídicos documentados que establecía que ese impuesto lo pagaba el prestatario.

No entro en la argumentación jurídica y lógica de la decisión del Tribunal Supremo, que incluso ha merecido un voto particular concurrente, sino en el hecho que, en Derecho, las sentencias anulatorias de normas jurídicas ( que suponen de facto una  regulación legal ex novo), por regla general no puede producir efectos ex tunc, sino ex nunc, a no ser que se establezca en la propia sentencia lo contrario y, en ese caso, sería más que dudoso, desde el punto de vista constitucional(art. 9.3: irretroactividad de las normas no favorables), que la sentencia afectase a los prestatarios hipotecarios anteriores a la fecha de la sentencia.

Según mi opinión, hace mal la prensa en plantear supuestos que no se sostienen, en una especie de corriente justiciera contra la banca, pues no olvidemos (y el Tribunal Supremo no debería olvidarlo) que el mercado hipotecario es una de las patas de nuestro entramado jurídico-económico-financiero, que necesita, de forma esencial, certeza y seguridad  jurídicas.

Valentín Cortés

Miércoles 17 de Octubre de 2018 

El proyecto de presupuestos del Gobierno

Es casi monográfico en la prensa de hoy el tema de la bondad y legalidad de los Presupuestos Generales del Estado proyectados por el Gobierno. Por supuesto que no vamos a dar nuestra opinión sobre la bondad macroeconómica y financiera del Proyecto del Gobierno que será enviado a la Unión Europea. Nuestro análisis es y debe ser exclusivamente jurídico.

Desde el punto de vista del control europeo, que se avecina, me imagino que una desviación en el déficit previsto, del fijado por la Unión de cinco décimas, será pecata minuta y nunca una ilegalidad. Pero, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico español, esos presupuestos se proyectan con un déficit superior al que está aprobado por las Cortes Españolas, que al rechazar hace pocas semanas el objetivo de déficit propuesto por el Gobierno (1,8%), debe entenderse que es el vigente tras la última aprobación llevada a cabo por las Cortes (1,3 %). En mi opinión esa es la interpretación que hay que hacer de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria (art. 15.7 y concordantes).

Por eso me parece acertado el mensaje que están dando los partidos PP y Cs, al mantener que los presupuestos son ilegales. ¿Cómo impedir la ilegalidad? A Cs se le ha ocurrido no tramitar en el Congreso el Proyecto de Ley de Presupuestos por ser contrarios a la Ley de Estabilidad Presupuestaria con un acuerdo de la mayoría de la Mesa.

Políticamente, un escandalo mayúsculo; jurídicamente, un buen embrollo que tendrán que dilucidar los Letrados de las Cortes y, en su caso, el Tribunal Constitucional.

Valentín Cortés

Martes  16 de Octubre de 2018

Por si le sirve al Gobierno

Según una información de hoy en www.elmundo.es el Presidente de Gobierno “está enfriando” la respuesta anunciada contra el acuerdo del Parlamento de reprobación del Rey. En esa información se da también noticia de una declaración del Sr. Presidente el día 12 de Octubre en la que afirmaba que la resolución del Parlamento catalán no implicó “ninguna ilegalidad ni irregularidad”. Todo esto se une a la tesis de que un acto que no produce efectos jurídicos no puede ser recurrido al Tribunal Constitucional.

La reprobación acordada implica conceptualmente una censura total y global a la actuación del Rey; esto no es discutible. Y, por supuesto, esa reprobación no produce el efecto jurídico pretendido de abolición de la monarquía (la forma política del Estado español, según el art. 1.3 de la Constitución) que se solicitaba. Pues, para eso hay que hacer una revisión total de la Constitución por el procedimiento del art. 168 Constitución. Eso ya se sabe.

Pero, eso no significa que la reprobación no haya producido efectos jurídicos, ni que no sea ilegal ni irregular: produce los que están previstos para sancionar el incumplimiento de cualquier norma jurídica; en este caso, porque quien censura exige con ello responsabilidad y eso está prohibido por la norma del art. 56.3 de la Constitución en cuanto el Rey no está sujeto a responsabilidad y quedan prohibidos, por consiguiente, cualesquiera actos que tiendan a exigirla.

Por eso, la sanción en este caso no puede ser sino la nulidad del acto ilegal; que es en mi opinión lo que tiene que pedir el Gobierno al Tribunal Constitucional.

Valentín Cortés

PS.- Leo a primera hora de la tarde que el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional el acuerdo del Parlamento catalán de reprobación al Rey (www.abc.es)

Lunes 15 de Octubre de 2018 

El espejo de la situación

He abierto la página de www.republica.com y me encuentro con dos titulares en paralelo: de una parte, se nos dice “La fiscalía baraja 20 años de cárcel para Junqueras y ERC pide la absolución para apoyar los PGE”. De otra, y justo al lado, unas declaraciones de Felipe Gonzalez: ”no tener presupuesto ya no es decisivo porque es aplicable la prorroga”. Si a ello le añadimos las filtraciones de este fin de semana sobre el contenido del escrito de acusación del Fiscal del Tribunal Supremo, las excusas de no intervención de la Ministro de Justicia, y las baladronadas de los independentistas llenas de amenazas, tendremos un espejo de la realidad política del momento.

Los independentistas sólo tratan (pienso que estérilmente) de convertir en político un asunto que es exclusivamente jurídico, porque, evidentemente, les iría mucho mejor de lo que previsiblemente les va a ir. De otro lado, no se olvide que las bazas políticas, aunque sean ilusorias e ilegales cómo estas que usan ERC, sólo se tienen si se les dan, y desde ese punto de vista, parece lógico pensar que quien ha apoyado una investidura, porque se le ha pedido, se crea con poder para influir sobre el contenido de los presupuestos. El problema es que se quiere influir con peticiones y amenazas imposibles e ilegales. Por eso está bien que alguien del peso y perspectiva socialista, como Felipe Gonzalez, advierta que no tener presupuestos ya no es decisivo pues se prorrogan los vigentes, aunque sean los del Sr. Rajoy.

Estoy convencido que la Sala Segunda del Tribunal Supremo no dejará que un asunto jurídico se solucione con criterios políticos.

Valentín Cortés

 

 

Jueves 11 de Octubre de 2018

Un despropósito jurídico 

He leído en www.elespanol.com que la Vicepresidente del Gobierno ha declarado en la emisora de radio de mayor audiencia en Barcelona que el Gobierno derogará el Decreto- Ley del Gobierno de Rajoy por el cual se posibilitó, hace justo un año, que un número grande de empresas catalanas se llevaran su domicilio a un lugar fuera de Cataluña al no regular como necesario el acuerdo de la Junta de accionistas para decidirlo, requiriéndose tan sólo el acuerdo del consejo o del órgano de administración.

Aquel Decreto-Ley permitió que miles de empresas pudieran en poco tiempo (eso era lo importante) trasladar el domicilio en Cataluña por otro fuera de esa región. Se consiguió tranquilidad en los mercados y seguridad en los clientes y accionistas de aquellas sociedades. Y no se dio, que se sepa, el caso de ninguna empresa que utilizara ese Real Decreto-Ley para cambiar, en tiempo récord, el domicilio de cualquier lugar del territorio nacional a Cataluña.

La decisión del Gobierno, si al final se toma, indicaría que piensa que las turbulencias independentistas han terminado y que conviene, pues, poner de nuevo trabas de trámites, tiempo y otras exigencias formales de publicidad para el cambio de domicilio que fue lo que precisamente se suprimió con el Decreto-Ley. Amén de que derogar el decreto sería tanto como poner esas trabas formales a las sociedades que quisieran volver a residir en el territorio de la Comunidad autónoma de Cataluña. ¡Todo un despropósito jurídico! Y quizá político.

Valentín Cortés

Miércoles 10 de Octubre de 2019

La tesis

Todo indica, por las noticias que ha ido publicando la prensa en estas ultimas semanas, que la tesis doctoral del Presidente del Gobierno, en cierta parte, es producto del plagio, amén de que contiene, parece ser, infinidad de defectos formales, que ningún doctorando puede cometer y mucho menos para obtener el sobresaliente cum laude que, como es sabido, es la nota máxima que se puede alcanzar en el grado de doctor.

Este tema, que se ha planteado en la sociedad y prensa de estos últimos días, no es ni mucho menos exclusivamente universitario, pues además de las connotaciones penales que pueda tener en su caso un plagio, no cabe duda que afecta al interés público que el Presidente del Gobierno ostente y disfrute de lo que realmente se haya podido ganar, no sólo en buena lid, sino en escrupuloso cumplimiento de las normas establecidas.

Para entendernos en pocas palabras, a mí, como doctor, me afecta personalmente, y tengo interés directo en ello, que toda tesis doctoral, que se pueda leer en España, se haga con cumplimiento de las normas establecidas y sin el menor rasgo de plagio, pues fue así como yo accedí al grado de doctor y fue eso lo que se me exigió. Y a los que no sean doctores les afecta y tienen interés directo en que el Presidente del Gobierno ostente las titulaciones que se merece y no las que haya podido ganar fuera de las reglas de juego.

El Presidente, cuando no quiere ir al Senado para dar cuenta de la tesis, hace mal, me imagino que políticamente, pero sobre todo hace mal desde el punto de vista legal. Es por este sector por donde le auguro peores resultados pues son muchos los que tienen interés.

Valentín Cortés

Martes 9 de Octubre de 2018

Delegar no es sustituir

Quien delega poderes o facultades tiene necesariamente que estar en la plenitud de sus derechos y necesariamente ha de tener los poderes y facultades que delega. El que sustituye se pone en el lugar del sustituido, quien, desde ese momento, pierde la titularidad de los derechos, facultades o poderes que podía ejercer.

 Lo que hoy ha decidido la mesa del Parlamento catalán es que los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo no pueden delegar, pues no tienen el poder de ejercer ninguno de los poderes, facultades o derechos que tuvieran con anterioridad en razón de su condición de parlamentario. Se está, pues, obedeciendo al Tribunal Supremo en la manera decidida por el Magistrado instructor de no incidir en las mayorías parlamentarias modificándolas. Se puede sustituir, pero no cabe delegación de voto, pues eso sería tanto como admitir que los diputados no están suspendidos.

Pues bien, leo en  www.lavanguardia.com el comunicado que han publicado( el periódico publica una fotocopia del comunicado) los cuatros diputados catalanes de JXCat suspendidos por el Tribunal Supremo en la causa por rebelión; comunicado que se ha publicado tras el acuerdo de la mesa.

El lenguaje, las acusaciones al Tribunal Supremo y al Magistrado instructor (a quien se denomina como Llarena, a secas) recuerda mucho, salvadas las grandes distancias, a la dialéctica y a literatura de los comunicados que se publicaban en la Colombia del final de siglo pasado y que provenían del cártel de Medellín en su dislocada lucha contra el pueblo y el Estado de Colombia. Merece la pena leerlo en su versión original en catalán.

Esa dislocada lucha de estos señores contra el Estado Español se resume en la bravata final del comunicado que me atrevo a traducir, que por sí sola se comenta: “Consideramos que esta delegación (la que ellos exigen) sólo puede ser rechazada desde la argumentación supeditada a las posibles coerciones de un órgano ajeno al poder legislativo”, que, por supuesto, es el Tribunal Supremo.

Valentín Cortés