Jueves 27 de Septiembre de 2018 

La receta Iceta

He leído en www.lavanguardia.com una amplia referencia sobre unas declaraciones públicas de esta mañana del Sr. Iceta acerca del problema catalán.

No voy a entrar en comentar, obviamente, el contenido político de lo que, parece ser, él mismo llama “receta Iceta”; pero no quiero dejar de hacer constar que, entre el batiburrillo de afirmaciones que se hacen por el Sr. Iceta, hay algunas de contenido jurídico que no parece equivocado imaginar que no se deben al desconocimiento y sí a la clara intencionalidad de minar la actuación de los Tribunales y unirse a la estrategia que sigue el Gobierno y demás políticos cercanos. Así, el Sr. Iceta no sabe “cómo encaja el delito de rebelión en lo que sucedió en Cataluña”; y, al mismo tiempo que afirma que hay que dejar que los tribunales dicten sentencia, dice que “la prisión preventiva de los soberanistas está durando mucho”.

La primera afirmación sólo se la puede plantear alguien que tenga grandes conocimientos de Derecho Penal, que sea capaz de distinguir el supuesto de hecho de un tipo penal y de otro; y, sobre todo, que tenga un amplio conocimiento del sumario o sumarios que se sustancian en este momento. Si es así, sabrá que los hechos que se investigan( que no se reducen como dice el Sr. Iceta a la hora y nueve segundos que duró la independencia) son de tal gravedad que la prisión preventiva, dadas las demás circunstancias, no es algo que jurídicamente se pueda discutir, se califiquen como rebelión o como sedición. Y modestamente afirmo que no me constan ni las capacidades jurídicas del Sr. Iceta, ni que conozca a fondo los sumarios que se han sustanciado.

Yo creo que no cabe dar “recetas” si se ayuda (uno más en la lista) a desacreditar las decisiones que vienen del Tribunal Supremo y de los demás Tribunales que juzgan “lo que sucedió en Cataluña”, como dice el Sr. Iceta; pues difícilmente habrá solución política, incluida la que defiende él, si no se acepta previamente la solución jurídica, lo que veo difícil que haga si se desacredita desde ahora.

Valentín Cortés

Miércoles 26 de 2018

Una encuesta de distracción

Mi escepticismo sobre las encuestas políticas del CIS, tengo que confesarlo, es grande. Por eso la noticia de que un 69,6% de la población española, según la última encuesta del CIS, (vid. la noticia en www.elindependiente.com) entiende que es “necesario” modificar la Constitución de 1978 no ha hecho sino aumentarlo. Yo dudo mucho que la población española sepa cuál es el contenido de la Constitución o, siquiera, que sepa por aproximación cuáles de las cuestiones que le preocupan dependen del contenido de la Constitución, o que sepa cuál es el mecanismo establecido para modificar la Constitución y la trascendencia de iniciar ese camino de modificación. No es extraño lo que digo porque, por ejemplo, ya vimos que un pueblo tan teóricamente culto como el británico fue a un referéndum y votó sin saber lo que significaba hacerlo a favor o en contra del Brexit.

Por tanto, le doy credibilidad nula a esta conclusión de la encuesta, que es la única que comento, por tener, además de un claro contenido político, un trascendente contenido jurídico.

Ahondando en la noticia se sabe algo tan sorprendente como que la mayoría, de los que entiende que es “necesaria” la reforma, llega a esa conclusión porque entiende que hay que mejorar ”la coordinación de las competencias en sanidad y educación” o porque creen “que hay que profundizar la transparencia y control, de la actividad política”, que, sin duda, se pueden mejorar hasta el infinito sin necesidad de cambiar una coma a la Constitución. A no ser que lo que le preocupa a esa inmensa mayoría de españoles sea la estructura autonómica de nuestro Estado; pero eso curiosamente ni se pregunta ni se refleja en la encuesta.

 

Valentín Cortés

 

Martes 25 de Septiembre de 2018 

La otra derivada

Ayer nos referíamos a unas declaraciones del Presidente sobre el tema catalán que son, en si mismas, un enorme error de análisis, que se hace político cuando es jurídico lo obligado.

Las declaraciones del Presidente son el culmen de otras que provienen, como es sabido, de una especie de amplia panoplia de políticos del Gobierno que lo que hacen es proponer soluciones judiciales (libertad de los investigados con censura incluida a la prisión ordenada; indulto para después de la sentencia con censura, por tanto, a la misma condena, etc.) que, en definitiva, son contrarias a las decisiones tomadas por los jueces y que suponen claramente socavar la legitimidad y justicia de la actividad que llevan a cabo los órganos judiciales en relación con los presuntos delitos cometidos. Estos políticos dicen que las medidas judiciales (legales) no son justas y el Presidente, poniendo la guinda en el pastel, habla de soluciones políticas.

Yo creo que el Presidente del Consejo del Poder Judicial, como máxima autoridad del Tercer Poder del Estado, debería defender públicamente algo tan importante como la independencia de la Justicia, censurando lo que no es crítica legitima, sino presión inaceptable del Ejecutivo sobre el Judicial.

Valentín Cortés

Lunes 24 de Septiembre de 2018

El método y el caos

Tantas veces he hablado de la necesidad de analizar bien la naturaleza del problema para aplicar, en su solución, el método adecuado, que puedo parecer aburrido, pero dado que, tal como hemos comprobado la semana pasada, parece ser que  algunos políticos no han aprendido evidentemente en sus estudios lo suficiente sobre la necesidad del método, me parece oportuno insistir ahora en el tema.

Dice el Presidente de Gobierno (vid. la prensa de esta mañana) que en Cataluña hay que aplicar la solución política canadiense de Quebec, culminando el rosario de opiniones de ministros y demás autoridades que apuntan a la solución política del “tema catalán” (el indulto de los presos es una solución política, máxime cuando se habla de ella antes de la necesaria condena judicial).

El desenfoque metodológico del Presidente proviene de sostener que el problema de Quebec era de la misma naturaleza que el problema catalán, obviando el detalle de que allí no hubo rebelión o, si queremos, sedición, ni comisión de una retahíla de delitos que ahora están investigando los tribunales y que, en un tiempo, serán juzgados. Difícilmente eso es un conflicto político, pues es claramente un conflicto jurídico que, en aplicación del método científicamente adecuado, llevaría al Presidente y ad lateres a no poder invocar ahora soluciones políticas.

Buscar y aplicar una solución metodológicamente inadecuada no sólo no soluciona el problema concreto, sino que puede agravarlo considerablemente. Por eso, si se quieren aplicar soluciones políticas, hágase, pero, primero, hay que solucionar el problema jurídico, y cuando esté solucionado, segundo, hay que buscar, invocar y aplicar las soluciones políticas que admita el Derecho y aplicarlas tal como lo admita el Derecho. Todo lo demás es el caos.

Valentín Cortés

Viernes 21 de Septiembre de 2018

Ni siquiera ratón

Ya dije hace días que el tema de los aforamientos sería el parto de los montes. Pasados estos días, creo que puedo haberme equivocado.

Se trata de una materia, la de la eliminación de los aforamientos, que exige, según quieren algunos, la reforma de la Constitución con referéndum incluido. Según quieren otros, puede que sólo exija la reforma de la Constitución por la vía rápida. Según desearían otros, la reforma de los estatutos autonómicos; o, si acaso, en el mas sencillo de los supuestos, se exigiría la reforma de leyes orgánicas, como la Ley Orgánica del Poder Judicial.

No es pensable que el Presidente de Gobierno no fuera consciente de estas circunstancias al anunciar la eliminación de los aforamientos en nuestro ordenamiento, ni de los apoyos desiguales y de todo tipo que necesitarían tales reformas y de los rechazos cruzados que implicarían algunas de ellas. No es pensable que no supiera que era una propuesta condenada al fracaso.

Por eso, quizá me equivoqué y más que el parto de los montes sea el aborto de los montes, pues puede ser que el ratón nazca antes de tiempo y en forma de fracaso político, pero sobre todo jurídico, pues ese problema hay que arreglarlo, sí, pero por el camino adecuado, como también advertí en su momento, y con las limitaciones adecuadas.

Valentín Cortés.

Jueves 20 de Septiembre de 2018 

Jueces acríticos

Toda la prensa recoge la escandalera que ha puesto en marcha el Sr. Torra, Presidente de la Generalidad catalana, al publicarse que una serie de jueces, en un chat privado, que de alguna manera se ubica en el Consejo General del Poder Judicial, hablan de golpistas para referirse a los presos catalanes acusados de rebelión.

Es evidente que llevarse las manos a la cabeza, pedir dimisiones, airear la noticia como signo de la falta de independencia de la Justicia en España, no tiene más destinatario que el exterior por si acaso, en el futuro, un juez de cualquier país de la Unión o el propio Tribunal europeo dicta una resolución en el sentido que tanto ansían los independentistas.

Pero fuera de eso, lo que el Sr. Torra cínicamente pretende es que los jueces sean acríticos, que no tengan criterio jurídico penal y que no sean seres pensantes. El juez acrítico no existe; lo que tiene que existir y exigirse es el juez imparcial y para eso, en caso de duda, están la abstención del juez que se sienta parcial con la causa que va a juzgar o la recusación del juez por la parte procesal cuando crea que el juez que lo va a juzgar no es imparcial. Pero que yo sepa el Sr. Torra, hasta el momento, no ha sido imputado o acusado de ningún delito.

Valentín Cortés

Miércoles 19 de Septiembre de 2018

Fraude de Ley

Utilizar una disposición adicional de proyecto de ley en  tramitación parlamentaria, para regular una materia que nada tiene que ver con el objeto de la Ley en cuestión,  es una práctica que ha sido común y continuada en nuestra historia democrática legislativa.

Hasta ahí, no hay peros. Pero si esa técnica se utiliza para conseguir un fin no querido por la ley, o que no se hubiera conseguido de seguirse en camino adecuado estamos ante un fraude a la Ley.

Las Cortes pueden privar al Senado de su veto en la aprobación del techo de gasto presupuestario, pero si para eso se utiliza un camino que no es el establecido legalmente, sino otro que nos permite el mismo resultado obviando las dificultades que provienen de las mayorías parlamentarias del momento, estamos ante un fraude a la Ley  y a la Constitución y  ante una perversión democrática inadmisible.

Valentín Cortés