Martes 25 de Septiembre de 2018 

La otra derivada

Ayer nos referíamos a unas declaraciones del Presidente sobre el tema catalán que son, en si mismas, un enorme error de análisis, que se hace político cuando es jurídico lo obligado.

Las declaraciones del Presidente son el culmen de otras que provienen, como es sabido, de una especie de amplia panoplia de políticos del Gobierno que lo que hacen es proponer soluciones judiciales (libertad de los investigados con censura incluida a la prisión ordenada; indulto para después de la sentencia con censura, por tanto, a la misma condena, etc.) que, en definitiva, son contrarias a las decisiones tomadas por los jueces y que suponen claramente socavar la legitimidad y justicia de la actividad que llevan a cabo los órganos judiciales en relación con los presuntos delitos cometidos. Estos políticos dicen que las medidas judiciales (legales) no son justas y el Presidente, poniendo la guinda en el pastel, habla de soluciones políticas.

Yo creo que el Presidente del Consejo del Poder Judicial, como máxima autoridad del Tercer Poder del Estado, debería defender públicamente algo tan importante como la independencia de la Justicia, censurando lo que no es crítica legitima, sino presión inaceptable del Ejecutivo sobre el Judicial.

Valentín Cortés

Lunes 24 de Septiembre de 2018

El método y el caos

Tantas veces he hablado de la necesidad de analizar bien la naturaleza del problema para aplicar, en su solución, el método adecuado, que puedo parecer aburrido, pero dado que, tal como hemos comprobado la semana pasada, parece ser que  algunos políticos no han aprendido evidentemente en sus estudios lo suficiente sobre la necesidad del método, me parece oportuno insistir ahora en el tema.

Dice el Presidente de Gobierno (vid. la prensa de esta mañana) que en Cataluña hay que aplicar la solución política canadiense de Quebec, culminando el rosario de opiniones de ministros y demás autoridades que apuntan a la solución política del “tema catalán” (el indulto de los presos es una solución política, máxime cuando se habla de ella antes de la necesaria condena judicial).

El desenfoque metodológico del Presidente proviene de sostener que el problema de Quebec era de la misma naturaleza que el problema catalán, obviando el detalle de que allí no hubo rebelión o, si queremos, sedición, ni comisión de una retahíla de delitos que ahora están investigando los tribunales y que, en un tiempo, serán juzgados. Difícilmente eso es un conflicto político, pues es claramente un conflicto jurídico que, en aplicación del método científicamente adecuado, llevaría al Presidente y ad lateres a no poder invocar ahora soluciones políticas.

Buscar y aplicar una solución metodológicamente inadecuada no sólo no soluciona el problema concreto, sino que puede agravarlo considerablemente. Por eso, si se quieren aplicar soluciones políticas, hágase, pero, primero, hay que solucionar el problema jurídico, y cuando esté solucionado, segundo, hay que buscar, invocar y aplicar las soluciones políticas que admita el Derecho y aplicarlas tal como lo admita el Derecho. Todo lo demás es el caos.

Valentín Cortés

Viernes 21 de Septiembre de 2018

Ni siquiera ratón

Ya dije hace días que el tema de los aforamientos sería el parto de los montes. Pasados estos días, creo que puedo haberme equivocado.

Se trata de una materia, la de la eliminación de los aforamientos, que exige, según quieren algunos, la reforma de la Constitución con referéndum incluido. Según quieren otros, puede que sólo exija la reforma de la Constitución por la vía rápida. Según desearían otros, la reforma de los estatutos autonómicos; o, si acaso, en el mas sencillo de los supuestos, se exigiría la reforma de leyes orgánicas, como la Ley Orgánica del Poder Judicial.

No es pensable que el Presidente de Gobierno no fuera consciente de estas circunstancias al anunciar la eliminación de los aforamientos en nuestro ordenamiento, ni de los apoyos desiguales y de todo tipo que necesitarían tales reformas y de los rechazos cruzados que implicarían algunas de ellas. No es pensable que no supiera que era una propuesta condenada al fracaso.

Por eso, quizá me equivoqué y más que el parto de los montes sea el aborto de los montes, pues puede ser que el ratón nazca antes de tiempo y en forma de fracaso político, pero sobre todo jurídico, pues ese problema hay que arreglarlo, sí, pero por el camino adecuado, como también advertí en su momento, y con las limitaciones adecuadas.

Valentín Cortés.

Jueves 20 de Septiembre de 2018 

Jueces acríticos

Toda la prensa recoge la escandalera que ha puesto en marcha el Sr. Torra, Presidente de la Generalidad catalana, al publicarse que una serie de jueces, en un chat privado, que de alguna manera se ubica en el Consejo General del Poder Judicial, hablan de golpistas para referirse a los presos catalanes acusados de rebelión.

Es evidente que llevarse las manos a la cabeza, pedir dimisiones, airear la noticia como signo de la falta de independencia de la Justicia en España, no tiene más destinatario que el exterior por si acaso, en el futuro, un juez de cualquier país de la Unión o el propio Tribunal europeo dicta una resolución en el sentido que tanto ansían los independentistas.

Pero fuera de eso, lo que el Sr. Torra cínicamente pretende es que los jueces sean acríticos, que no tengan criterio jurídico penal y que no sean seres pensantes. El juez acrítico no existe; lo que tiene que existir y exigirse es el juez imparcial y para eso, en caso de duda, están la abstención del juez que se sienta parcial con la causa que va a juzgar o la recusación del juez por la parte procesal cuando crea que el juez que lo va a juzgar no es imparcial. Pero que yo sepa el Sr. Torra, hasta el momento, no ha sido imputado o acusado de ningún delito.

Valentín Cortés

Miércoles 19 de Septiembre de 2018

Fraude de Ley

Utilizar una disposición adicional de proyecto de ley en  tramitación parlamentaria, para regular una materia que nada tiene que ver con el objeto de la Ley en cuestión,  es una práctica que ha sido común y continuada en nuestra historia democrática legislativa.

Hasta ahí, no hay peros. Pero si esa técnica se utiliza para conseguir un fin no querido por la ley, o que no se hubiera conseguido de seguirse en camino adecuado estamos ante un fraude a la Ley.

Las Cortes pueden privar al Senado de su veto en la aprobación del techo de gasto presupuestario, pero si para eso se utiliza un camino que no es el establecido legalmente, sino otro que nos permite el mismo resultado obviando las dificultades que provienen de las mayorías parlamentarias del momento, estamos ante un fraude a la Ley  y a la Constitución y  ante una perversión democrática inadmisible.

Valentín Cortés

 

 

Martes 18 de Septiembre de 2018

 

La Unión judicial europea

Es verdad que las decisiones de los jueces belgas y alemanes en relación con la entrega de prófugos de la Justicia española han abierto graves y severas críticas en España sobre la inexistencia de un marco judicial europeo que, realmente existe, pero que no llega a la desiderata que cada uno de los europeos esconden en el fondo de su pensamiento.

Ahora (vid. una buena crónica en www.republica.com) nuestra Audiencia Nacional ha rechazado la extradición  a Suiza( que no es evidentemente la Unión Europea, pero que nos sirve de ejemplo) del financiero Falciani porque el delito por el que se pide la extradición a Suiza, el espionaje financiero, no tiene encaje en nuestro Código Penal. Esto es igual a lo que han argüido los jueces belgas o alemanes, que tanto nos ha molestado.

Este caso (Falciani), como otros que no son de dominio público, lo que demuestran es que queda un gran camino que recorrer para que, en definitiva, las decisiones de un juez de aquí sean eficaces, sin más, allí, y que las que toma un juez de allí, lo sean aquí. Ello será imposible mientras existan Estados soberanos, que lo son, entre otras cosas, porque la Justicia es, en cuanto Poder del Estado, tan soberana como éste; siempre habrá, pues, espacios reservados de forma exclusiva y excluyente a la Jurisdicción de un Estado soberano, que lo es, también, porque tiene autonomía para decidir lo que es delito en su territorio, pero no lo es para que los demás se plieguen a esa decisión.

Nos toca, pues, esperar.

Valentín Cortés

Lunes 17 de Septiembre de 2018

Los aforamientos

Parece que en España hay más de 250.000 aforados (vid. www.elmundo.es de hoy). Yo dudo mucho que todos, ni siquiera la inmensa mayoría, sean necesarios. Y dudo más que sea una ventaja para el investigado, pues en muchas ocasiones pierde posibilidades procesales, cuáles pueden ser algunos de los recursos que podría utilizar si no fuera aforado. Creo que en esta opinión estarán de acuerdo la inmensa mayoría de mis colegas universitarios procesalistas.

Sin embargo, el Presidente de Gobierno, la gran masa social que forman los políticos e incluso la propia sociedad española, creen que se trata de un “privilegio” que, afirman, hay que suprimir, por lo que se trata de una medida que, así examinada y así propuesta, es popular. Por eso la vende el Presidente (véase la prensa de hoy) con “toda suerte de trompetería y cohetería”, parafraseando nosotros en esto a un insigne procesalista como era el Prof. Prieto Castro.

Todas esas personas confunden privilegio con ventaja; el aforamiento es un privilegio, pero no implica una ventaja. El problema está, por eso se vende la gran reforma de la Constitución anunciada hoy, en que ese privilegio se entiende como una ventaja, que viene dada, en muchas ocasiones, porque los políticos, a través de los Parlamentos, pueden determinar la composición, aunque sea parcial, de algunos tribunales que conocerán las causas de los aforados. Deberíamos, pues, empezar por quitar esas “ventajas” (más fácil que modificar la Constitución) y veríamos si suprimir el privilegio seguiría siendo popular.

En todo caso, ¿sabe el Presidente cuales de los miles de aforamientos hay que suprimir?

¡Trompetería y cohetería, pues, para posiblemente un parto de los montes!

Valentín Cortés