Jueves 6 de Abril de 2017

El Tribunal Supremo y AENA

La noticia más importante, posiblemente, desde el punto de vista económico, que hoy está en los periódicos digitales,-de forma irregular (¡para alguno de los medios de prensa, ni siquiera es digna de recogerse!)-, es la anulación por parte del Tribunal Supremo de un auto judicial que establecía el modo de ejecutar por AENA la sentencia dictada en un proceso iniciado por los residentes en una urbanización cercana a Barajas, a quienes les afectan los ruidos de aterrizaje y despegue de la ampliación del aeropuerto. Frente a la supresión de dichos vuelos o la reducción al treinta por ciento ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el TS no establece esas pautas, sino que, en cambio, devolviendo la ejecución a dicho Tribunal, le ordena que se haga una nueva medición de esos ruidos de acuerdo con la normativa europea vigente y que sea AENA quien determine lo que debe hacer para cumplirla, no sólo con audiencia de los vecinos de esa urbanización sino con el resto de afectados por la resolución de la sentencia( empresas, distribuidores, etc.), todo ello para evaluar el coste del cumplimiento de la decisión judicial.

 A mí me parece que el Tribunal Supremo está abriendo la posibilidad de una indemnización dineraria en el futuro, que ahora parece estar cerrada por la propia esencia de la decisión del Tribunal Superior.

En definitiva, se aprecia otra dosis de sentido común que se inyecta por la Justicia a esta sociedad que muchas veces se queja de la judicialización de nuestra vida social.

Valentín Cortés

Miércoles 5 de Abril de 2017.

Las sentencias firmes, sobre las clausulas suelo, anteriores a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Toda la prensa de esta tarde recoge la noticia del auto del Tribunal Supremo que niega la revisión de las sentencias firmes anteriores a la decisión del Tribunal Europeo que estableció la retroactividad de la nulidad a los casos anteriores a esa decisión. Esto significa que el Tribunal Supremo español, aplicando la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha negado a privar de la eficacia de cosa juzgada a aquellas sentencias firmes anteriores a la decisión europea. Es, desde el punto de vista de los afectados, una malísima noticia, pero desde el punto de vista de la seguridad y certeza jurídicas, imprescindibles en cualquier ordenamiento jurídico, una noticia magnífica de la que tenemos que alegrarnos, pues esa eficacia sólo debe ceder en aras precisamente de la inseguridad y certeza que pudiera crear en casos, previa y legalmente determinados, una sentencia firme. Lo que no era el caso.

El Tribunal Supremo, debemos estar de enhorabuena, no ha cedido a la tendencia populista llevando a cabo una interpretación legal que destroce los principios procesales garantes de la seguridad y certeza jurídicas, lo que hubiera sido letal, después de que el Tribunal Europeo ya cedió a la eliminación. en este caso, de otro de los principios básicos del ordenamiento jurídico, cual es el principio de la irretroactividad de los actos jurídicos, a no ser que expresamente se prevea lo contrario.

Valentín Cortés

 

Martes 4 de Abril de 2017

La crítica a los aforamientos

No sé las razones por las que el ya ex presidente de la Comunidad de Murcia ha dimitido de su puesto de presidente, pero no de su condición de diputado regional. Tampoco me interesan si nos atenemos al objeto de este blog.

Pero, sí sé cuál es el resultado procesal de mantener la condición de diputado: sigue como aforado y, por consiguiente, sus posibles imputaciones por los delitos que se investigan en un Juzgado de Murcia y en la Audiencia Nacional, no las conocerán estos juzgados, sino el Tribunal Superior de Justicia, que hasta ahora no se sabe qué es lo que piensa de todo esto. Los otros sí: quieren imputarlo.

Es decir, el aforamiento se presenta, no como una institución procesal con contenido político (salvaguardar la posición política privilegiada, por razón de su cargo del diputado), sino fundamentalmente como institución con contenido exclusivamente procesal que permite un rechazable plus de oportunidad para el político o el aforado, pues, de hecho y de derecho, se le da la posibilidad de escoger al Juez que lo va a Juzgar. Ese plus no lo tienen el resto de los ciudadanos.

Quizá en el futuro, la legislación, que algún día ha de llegar, debería mantener el aforamiento en todo caso, privando de aquella posibilidad a los aforados, aunque hayan dimitido de su cargo.

Valentín Cortés  

Lunes 3 de Abril de 2017

La instrucción penal por el Ministerio Fiscal

Hoy hemos sabido que un juez de la Audiencia Nacional pide al Tribunal Superior de Justicia de Murcia que investigue, para después, imputar, al Presidente de la Autonomía. Lo hace porque, siendo él incompetente, no lo puede ni investigar ni imputar. Antes lo hizo, para otro caso, un juez de Murcia.

El caso nos pone sobre el papel las ventajas de todo tipo que tendría que el Ministerio Fiscal tuviera en sus manos la instrucción penal, y que el Juez no la tuviera. Si fuera así, el Presidente (o cualquier otra persona, pues lo de este Presidente es un ejemplo que lo traigo por su actualidad) no tendría en este momento problema alguno. Su situación sería la de un investigado por el Ministerio Fiscal que pide al Juez que lo impute. Y la sociedad, o, como en este caso, el mundo de la política, estarían expectantes con la decisión que pudiera tomar el Juez, es decir, a la espera con interés y atención.

En definitiva, en la situación actual, la instrucción por el Juez (en este caso, dos, incompetentes ambos, pues el competente es el Tribunal Superior de Justicia de Murcia) añade un plus que hace que no estemos expectantes, sino sólo indiferentes, pues en el plano social y político, para el Presidente de Murcia,( o para cualquier otra persona que fuera el investigado) los efectos ya se han producido y prácticamente es indiferente que, no ya se le investigue, sino que, a la postre, se le impute por el Juez competente.

Valentín Cortés

Viernes 31 de Marzo de 2017

Un

La importancia del sentido común

Aunque es una noticia de hace un par de días, no quisiera terminar la semana en este blog sin referirme a la que provenía del Tribunal Superior de Galicia, que había dictado un auto en el que declaraba que recibir unas botellas de vino por el Presidente de Galicia no era cohecho por sí mismo, enmendando a una jueza para quien recibir regalos era sinónimo de delito si el obsequiado era funcionario, sin que para ella fuera determinante si al regalo había precedido o sucedido acción u omisión de aquel en los términos de los arts. 419 y ss del Código Penal. ¡Como se ve una obviedad!

Esa misma jueza era tachada en ese auto de abrir causas generales basándose en hechos sin especificar siquiera el motivo o razón por los que consideraban tales hechos delitos aptos para ser investigados, cuando no suficientes para tomar medidas cautelares contra el funcionario. ¡Como se ve otra obviedad!

Lo traigo a este blog porque observo “inyección” en el sistema de sentido común y control del vedetismo que anida, de vez en cuando, en determinados jueces que tienen un modelo de Justicia penal muy lejano del que se desprende de nuestra Constitución y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Valentín Cortés

Jueves 30 de Marzo de 2017 

La dignidad de los parlamentarios

Leo en www.efe.com que hoy, al inicio de la sesión en el Congreso, un parlamentario ha manifestado que abandonaba el pleno en solidaridad con el Sr. Homs y para “defender la dignidad de los parlamentarios”. Le han acompañado, en su indignación, los diputados independentistas catalanes, los de Podemos y alguno más.

Es curioso que Montesquieu -del que somos tributarios por eso tan intrínseco de un régimen democrático como es la división de poderes- viera el peligro del sistema en el Poder Judicial, pero no como ofensor de la dignidad de los parlamentarios, sino en cuanto que, aplicador de la voluntad de la ley (es decir del Parlamento), contraviniera esa voluntad popular de forma interesada, tras la correspondiente interpretación en el momento de la aplicación.

Si Montesquieu viviera con nosotros, a la vista del Parlamento español actual, cambiaría su teoría y establecería que el peligro está en el Poder Legislativo, que no legisla, todo lo más deroga, y que impone, según conveniencias del momento y de los grupos parlamentarios, y en virtud de muchos factores circunstanciales ( que no se sabe si son manifestación de la voluntad popular) la ejecución por el Gobierno de una política que no es del Gobierno, y que, para terminar, ofende con este tipo de actuaciones a los jueces y ataca su independencia.

Valentín Cortés

 

Miércoles 29 de Marzo de 2017

La conferencia de Puigdemont

La prensa de hoy recoge que el Senado ha decidido, ante la petición que efectuó en su día el Sr. Puigdemont de hablar en esa Cámara sobre el referéndum secesionista, invitarlo a que solicite la convocatoria de la Comisión General de Comunidades Autónomas, - al entender que es el cauce “institucional adecuado”-, que, tras la petición, sería convocada.

El Sr. Puigdemont, airado ante la respuesta que considera “insólita” e “inaudita”, ha dicho que buscará una alternativa para hablar sobre el referéndum en Madrid.

Yo entiendo que los cauces y modelos parlamentarios establecidos en el Reglamento de la Cámara puedan ser muy duros para un independentista, pero no me parecen que sean inauditos ni insólitos; sólo son reglamentarios y, por tanto, legales. ¡No es difícil de entender, basta con leerse el Reglamento!

Valentín Cortés