Jueves 16 de Marzo de 2017

 

Los estibadores

Me imagino que  rechazar la convalidación de un Decreto-Ley deberá producir réditos políticos; si, por las razones que sean, esos réditos no se generan, estaríamos ante un fracaso sin paliativos, pues junto a los perjuicios jurídicos (se trata de un régimen que contradice y viola el derecho europeo, así declarado por sentencia), que se producen al seguir con el régimen actuar para la contratación laboral y empresarial en el mundo de la estiba, sumariamos la falta de rédito político.

Porque el problema no es la multa que nos impondrá diariamente la Unión Europea, que me imagino que hasta se puede pagar; el problema es mantener un sistema cuasi medieval de contratación y de participación en el mundo de la estiba, en régimen de monopolio, por el que la Constitución sale muy dañada en sus arts. 28, libertad sindical, y 38, libertad de empresa, lo que, aunque me lo imagino, me resisto a pensar que pueda dar redito político alguno.

Recomiendo leer hoy la noticia e informe en  www.cincodias.com.

Valentín Cortés

 

Miércoles 15 de Marzo de 2017

El discurso del ex Presidente del Tribunal Constitucional.

Toda la prensa digital de hoy destaca la intervención de despedida del ex Presidente del Tribunal Constitucional, señalando su frase: “el Tribunal Constitucional no puede solucionar el problema catalán”.

Lo que dice el ex Presidente es una gran obviedad, porque, efectivamente, el Tribunal Constitucional no puede hacer sino lo que le permiten y encomiendan la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en donde no se le atribuye la función de resolver el problema catalán ni ningún otro similar.

Lo que sí puede el Tribunal, y hasta ahora, también bajo su presidencia, lo ha hecho muy bien, es anular cualquier iniciativa de las autoridades, en este caso, catalanas, contraria a la Constitución. Eso es lo que se le pide. Porque no se puede obviar (y el Tribunal no estará, seguro, en esa posición) que, siendo el problema catalán, también y primigeniamente, un conflicto de tipo constitucional y jurídico, el Estado de Derecho impone, como primera medida, resolver ese conflicto. Y para eso están los tribunales

La solución, una vez superado ese paso necesario, se dará por sí sola o, muy seguramente, vendrá impulsada por una actuación claramente política, si los independentistas siguen empecinados en su actitud.Para eso están el Gobierno y el Senado.

Valentín Cortés

 

Martes 14 de marzo de 2017

Otra vez sobre la sentencia

Dice el Tribunal que la convocatoria del referéndum era ilegal, pero que se podía interpretar que tal como se celebró no fue injusta, que es lo que define el delito de prevaricación; también dice que condenar por prevaricación seria condenar dos veces por los mismos hechos; así, pues, la desobediencia evita, según esta interpretación, la prevaricación.

Se puede observar cómo el formalismo y el nominalismo jurídicos y legales, así como la asimilación de la técnica del fraude a la ley, imperantes en los ambientes del independentismo catalán, ha calado en el Tribunal, que distingue como algo no consustancial a la ilegalidad (que admite) la injusticia, a la que se refiere el tipo penal de prevaricación. Y, por si fuera poco, que admite, para castigar por desobediencia, que se permitiera la pantomima fraudulenta de la “participación ciudadana” y que, por el contrario, no se considere prevaricación el no hacer nada para evitar la pantomima, que, por supuesto, se había alentado y que, evidentemente, no surgió por generación espontánea.

Por último, diré que un mismo hecho no puede ser enjuiciado dos veces y condenado dos veces; pero un mismo hecho puede ser constitutivo de varios delitos, según los resultados y bienes jurídicos atacados, que por esa razón deben ser penado( el hecho) en todas sus consecuencias: si disparo con la pistola y mato a una persona y, además, con el mismo disparo dejo tuerta a otra, no cometo un delito, cometo dos y los dos no se excluyen y los dos deben ser penados pues dos son los bienes jurídicos atacados con mi acción.

Pero, cuando se está en el nominalismo, en el formalismo, en la ilógica y falta de razón, esto es difícil comprenderlo.

Valentín Cortés

Lunes 14 de Marzo de 2017

 

La sentencia

Los magistrados han leído el fallo, pero, lógicamente, no los fundamentos jurídicos y fácticos del mismo. No podemos hacer, pues, una crítica de la sentencia.

Lo importante es saber que el fallo es la conclusión lógica de “incluir” en una norma jurídica los hechos, dados en la realidad según las pruebas practicadas en el juicio, y aplicar las consecuencias jurídicas establecidas en la norma que se aplica para esos casos.

Se ha condenado por desobedecer, que implica una conducta, positiva o negativa, consciente que es contraria a la ley y que merece una sanción penal; y no se ha condenado por prevaricación que es actuar( o no) administrativamente con conciencia de su ilegalidad.

Creo, pues, que la sentencia carece de la lógica y razonabilidad que exige la Ley.

En cualquier caso, ni la he leído ni sé que dirá el Tribunal Supremo en el caso del sr. Homs que, por cierto, es idéntico a este que se ha Juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sólo deseo que, por el bien y el prestigio de la Justicia, sea un fallo razonable y lógico.

Valentín Cortés

Viernes 10 de Marzo de 2017

 

Las clausulas suelo de los créditos hipotecarios y el Tribunal Supremo

He leído en www.europapress.es una noticia relativa a una reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara la legalidad de una clausula suelo, en la que el Tribunal no aprecia falta de transparencia.

Se pone coto a una especie de espiral de defensa sin matices de los derechos que la Ley ofrece a los consumidores, que ha sumido a las empresas prestadoras de servicios en una especie de auto de fe continuo.

Lo he dicho muchas veces en este blog que la falta de transparencia hay que probarla y que no es posible presumirla en todas y cada una de las situaciones como si fuese una especie de falta de transparencia objetiva que se diera  en las clausulas suelo por el hecho de serlo, o en cualquiera otra que haya sido discutida en los tribunales. La falta de transparencia es subjetiva y tampoco cabe asimilarla a la dificultad de su entendimiento (que dicho de paso es poca a la hora de comprender el contenido y objetivo de tal clausula suelo). Por eso, su tratamiento tiene que ser individualizado y no es criticable jurídicamente la actitud de algunas entidades financieras que examinan caso por caso antes de devolver el dinero.

Otra cosa sería que la cláusula fuese abusiva por su imposición, lo que es difícil mantener en el llamado mercado hipotecario de la época en la que proliferó este tipo de clausulas

Valentín Cortés

Jueves 9 de Marzo de 2017

El futuro Presidente del Tribunal Constitucional 

Tanto www.larazon.es como www.elespañol.com recogen la noticia del malestar en los magistrados “conservadores del Tribunal Constitucional” por el acuerdo entre PP y PSOE para evitar que la presidencia recaiga en  manos del Magistrado Ollero.

La noticia causa escandalo dado que el art. 160 de la Constitución establece que el Presidente de ese tribunal lo nombra el Rey a propuesta del pleno del Tribunal; y la noticia, obviamente, da a entender que los magistrados del Tribunal están condicionados y obligados por el pacto entre los partidos.

El daño que se hace a la credibilidad de la institución es enorme, porque de forma irresponsable se le dice a la sociedad que, no sólo la génesis del Tribunal (lo que no se puede negar, dado el sistema de nombramiento de los Magistrados-art.159 de la Constitución) es política, sino que igualmente lo es el nombramiento del Presidente, lo que es inadmisible en el marco de la Constitución.

Yo me resisto a creer, no tanto que los partidos hayan llegado a un acuerdo con ese contenido, y que unos y otros presionen para que se cumplimente, como que los Magistrados vayan a sentirse condicionados por tal acuerdo.

Valentín Cortes

Miércoles 8 de Marzo de 2017

El secreto de las actuaciones sumariales

Insisto en el art. 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice, cándidamente, que “las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral”.

Les pido que hagan un repaso de la prensa digital de esta tarde y de la noticia que recogen todos los medios, prácticamente con el mismo contenido y letra, relativa al sumario sobre la presunta financiación ilegal del PP en Madrid. ¡Incluso con párrafos idénticos entrecomillados!

Es decir, además de ponerse por montera el art. 301 de la Ley, hay alguien en el Jugado o en las acusaciones (no cabe pensar que sea nadie de la defensa) que lo que ha dado ha sido prácticamente un comunicado de las nuevas diligencias que ha practicado o va a practicar el Juez de instrucción.

Mientras este estado de cosas perdure, nuestro déficit en materia procesal penal no tendrá vara para ser medido, y no cabrá reforma (imputado, investigado, etc) alguna que impida la llamada pena de telediario o, en este caso, de comunicado.

¡Una vergüenza!

Valentín Cortés