Viernes 5 de Octubre de 2018

Pura coacción

Los partidos independentistas se han “conjurado” (vid. la prensa de hoy) para seguir unidos en el Gobierno de Cataluña al menos hasta que se dicte la sentencia por el Tribunal Supremo en el juicio a celebrar contra los procesados por rebelión.

Han hecho mas o menos cómo los jugadores de los equipos de futbol que se conjuran en el campo para vencer al contrario que les va ganando el partido. Pero la diferencia está en el tono claramente amenazante que tiene esta conjura y en la coacción que encierra, no sólo aquella, sino las palabras del Presidente, Sr. Torra, afirmando, durante esta semana, en distintas ocasiones, que la sentencia señalará un punto de inflexión en la política catalana y en el quehacer del Gobierno catalán.

Nunca un tribunal estuvo tan amenazado y coaccionado, ni siquiera cuando ha juzgado y condenado a las mafias del narcotráfico. ¡En eso ha quedado la política catalana!

Valentín Cortés

 

 

Jueves 4 de Octubre de 2018

La búsqueda desesperada de la fortuna en Estrasburgo

Es sabido que la estrategia jurídica de los independentistas pasa por forzar diversas y continuadas decisiones de los tribunales españoles (que normalmente no se dan en la práctica diaria) para acudir, en su caso, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo buscando la nulidad de las resoluciones de los Tribunales españoles y la correspondiente “sanción” que la publicidad de ello comportaría. Hoy la prensa da cuenta de la enésima decisión del Tribunal Supremo negando la puesta en libertad de los presos independentistas que están en prisión provisional. Es claro que en ninguna de las ocasiones que los procesados han pedido la libertad se han dado las condiciones legales para que se produzca. Pero el juego está en buscar, desesperadamente diría yo, la resolución que “oportunamente” se pueda llevar al Tribunal de Estrasburgo con cierto éxito.

En este contexto (vid.www.elconfidencial.com) tiene importancia que ese Tribunal haya inadmitido la demanda de algunos de los miembros de la llamada Junta Electoral ilegal, constituida para poner en marcha el referéndum ilegal catalán, que fue disuelta por el Tribunal Constitucional, imponiendo, además, multas coercitivas a sus miembros hasta tanto no renunciaran al nombramiento. Ahora el Tribunal de Estrasburgo, desestimando la demanda, no aprecia violación de derechos humanos alguna en la decisión del Tribunal Constitucional.

La importancia de la decisión del Tribunal está en que no se ha producido la contraria, que, dados los antecedentes del Tribunal, en todo tipo de asuntos, no cabía excluir. De ahí la persistencia de los independentistas.

Valentín Cortés

Miércoles 3 de Octubre de 2018

La ilegalidad no es el camino.

Toda la prensa rememora el discurso del Rey hace un año en relación con la situación de ilegalidad política en Cataluña en aquel entonces. Porque, no se nos olvide, no era una situación política inadmisible, sino una situación de ilegalidad inadmisible.

En aquel momento el discurso sirvió para que los partidos políticos, que no querían aplicar el remedio del art. 155 de la Constitución, decidieran, casi obligados por las palabras del Rey, aplicar el procedimiento constitucional de disolver el Parlamento catalán e intervenir la administración catalana. Aquella situación de ilegalidad y de rebelión a la que se refería el Rey fue eliminada por la actuación del Tribunal Constitucional que anuló todo el conjunto normativo anticonstitucional que vertebraba el nacimiento de una república rebelde; y por la iniciación de procesos judiciales penales contra los autores de aquellos actos punibles que, en poco tiempo, estaban en prisión o habían huido. El Estado, pues, funcionó perfectamente en defensa de la legalidad y sigue haciéndolo, pues esa situación de ilegalidad no ha existido en este periodo de tiempo.

Ahora, al cabo justo del año, todo indica que se inicia de nuevo la rebeldía por actos que, irremediablemente, serán ilegales frente a los que el Estado responderá con la misma contundencia y eficacia que hace un año, porque los independentistas, no se olvide tampoco, plantean sus deseos políticos desde la ilegalidad, despreciando los procedimientos legales que saben le son adversos. Por eso no cabe mas remedio que el jurídico.

Y ahora sí, sin duda, de forma irremediable, esa respuesta jurídica eficaz vendrá acompañada por la contundencia política que no hubo hace un año cuando el Estado decidió aplicar el art. 155 de la Constitución.

Valentín Cortés

 

 

 

Martes 2 de Octubre de 2018

De nuevo el fraude y la ilegalidad

Ya tengo dicho en este blog que los independentistas catalanes y sus ad lateres tienen una irrefrenable tendencia al fraude de ley y a la ilegalidad.

 Hoy de nuevo se ha puesto de manifiesto esta tendencia cuando se ha rechazado en el Parlamento( vid. www.elmundo.es) suspender a los procesados tal como ordenaba el Tribunal Supremo y, sin embargo, se ha acordado que los derechos de los diputados procesados puedan ser ejercidos por otros por delegación, consiguiendo así el efecto permitido por el propio Tribunal Supremo de evitar que la suspensión influyera sobre el juego de las mayorías parlamentarias.  De esta manera, el Parlamento catalán ha acordado de forma gratuita e innecesaria dos cosas: primero, no acatar la orden del Tribunal Supremo; y segundo, aprobar la forma de ejercer los derechos parlamentarios de unos diputados, que el Parlamento afirma que no están suspendidos, pero a los que pone en la situación de tales. Como siempre, los independentistas buscan encubrir la ilegalidad en el fraude a la Ley.

Se trata, pues, de añadir consciente e innecesariamente un componente de ilegalidad a una situación política que, en las últimas horas, además, se ha desenfrenado por el camino de la necesaria, cada vez más, aplicación del art. 155 de la Constitución. Porque el auto del Tribunal Supremo no tiene para el Parlamento catalán más camino que el acatamiento (eso es parte del Estado de Derecho), que desgraciadamente ha sido negado hoy de forma chulesca, gratuita e innecesaria.

Valentín Cortés

 

Lunes 1 de Octubre de 2018

El conflicto Chile-Bolivia

Posiblemente mal aconsejado, o mal informado, el Gobierno de Bolivia llevó hace años a Chile ante el Tribunal de la Haya ( Corte Internacional de Justicia) demandando que se declarara la obligación de Chile de negociar de buena fe una salida al mar de Bolivia; lo que significaba, lisa y llanamente, pretender que Chile debería ceder en todo o en parte los derechos adquiridos por el Tratado de 1904 que puso fin a la guerra entre ambas repúblicas, tras la cual Bolivia perdió y cedió una franja de terreno de unos 400 kilómetros de costa al Océano Pacífico. Hoy se ha dictado sentencia, negando la pretensión de Bolivia (vid. toda la prensa digital de esta tarde).

Porque, si no cabe la posibilidad jurídica de anular el Tratado vigente desde 1904 – y no la había -, ¿cómo se puede pretender que la contraparte esté obligada a negociar una salida al mar, lo que implicaría necesaria y conceptualmente pretender obligar a alguien a que sus derechos, adquiridos legítimamente y reconocidos como tal en un tratado bilateral, sean cedidos a un tercero sólo por la conveniencia económica de éste?

Es verdad que en el marco internacional (por tanto, también en la Corte Internacional de Justicia) el Derecho se desdibuja y a veces parece que se construye hasta con dificultades conceptuales, pero, en este caso, la demanda de Bolivia se nos antoja realmente sorprendente, siempre, desde el punto de vista jurídico, como incluso parece que ha sido para la Corte Internacional de Justicia que no tuvo empacho en manifestar al principio de proceso que, en ningún caso, aun en el caso de que admitiera la demanda de Bolivia, el Tribunal determinaría el resultado de las negociaciones.

Valentín Cortés

Viernes 28 de Septiembre de 2018 

La última derivada

Nos referíamos el lunes y martes a los problemas que engendrarían las declaraciones del Presidente de Gobierno sobre la necesidad de llegar a una solución, como en Quebec, para Cataluña.

La última derivada de esas declaraciones (el lunes y el martes exponíamos dos conjuntos de problemas que engendrarían) se manifiesta cuando el Presidente de la Generalidad le espeta al del Gobierno (vid. elmundo.es) que deje de hablar de “priorizar el conflicto”, como táctica de los independentistas, y que llegue a un pacto como el de Quebec con referéndum incluido, precisamente lo propuesto por el Presidente de Gobierno.

En la solución de los problemas (y ahora estamos implicados en la solución jurídica del problema catalán), la introducción en el debate de falsos, o legalmente inaceptables, supuestos o soluciones (es lo que hizo el Sr. Sánchez con aquellas declaraciones) da como resultado una pérdida alarmante de fuerza, que, en el caso concreto, padecen precisamente los tribunales españoles. Porque si la rebelión o la sedición que va a juzgar el Tribunal Supremo tiene su origen en la promulgación de leyes por la Generalidad que permitían consultas populares ilegales, que, además, se llevaron a cabo con violencia en las personas y cosas, ¿Cómo es que ahora una de las partes ( el Estado) le ofrece a la otra( los presuntos delincuentes) la realización precisamente de un referéndum que es ilegal dentro de nuestra Constitución? ¿No comprende el Sr. Sánchez que eso es dar una baza al Sr. Torra incompatible con la tarea que llevan a cabo el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y demás tribunales que juzgan precisamente aquellos hechos?

Y como dar una opinión jurídica, como es mi cometido en este blog, no ampara los prejuicios o juicios de intenciones, no voy mas allá de la constatación de los hechos que he efectuado.

Valentín Cortés

 

Jueves 27 de Septiembre de 2018 

La receta Iceta

He leído en www.lavanguardia.com una amplia referencia sobre unas declaraciones públicas de esta mañana del Sr. Iceta acerca del problema catalán.

No voy a entrar en comentar, obviamente, el contenido político de lo que, parece ser, él mismo llama “receta Iceta”; pero no quiero dejar de hacer constar que, entre el batiburrillo de afirmaciones que se hacen por el Sr. Iceta, hay algunas de contenido jurídico que no parece equivocado imaginar que no se deben al desconocimiento y sí a la clara intencionalidad de minar la actuación de los Tribunales y unirse a la estrategia que sigue el Gobierno y demás políticos cercanos. Así, el Sr. Iceta no sabe “cómo encaja el delito de rebelión en lo que sucedió en Cataluña”; y, al mismo tiempo que afirma que hay que dejar que los tribunales dicten sentencia, dice que “la prisión preventiva de los soberanistas está durando mucho”.

La primera afirmación sólo se la puede plantear alguien que tenga grandes conocimientos de Derecho Penal, que sea capaz de distinguir el supuesto de hecho de un tipo penal y de otro; y, sobre todo, que tenga un amplio conocimiento del sumario o sumarios que se sustancian en este momento. Si es así, sabrá que los hechos que se investigan( que no se reducen como dice el Sr. Iceta a la hora y nueve segundos que duró la independencia) son de tal gravedad que la prisión preventiva, dadas las demás circunstancias, no es algo que jurídicamente se pueda discutir, se califiquen como rebelión o como sedición. Y modestamente afirmo que no me constan ni las capacidades jurídicas del Sr. Iceta, ni que conozca a fondo los sumarios que se han sustanciado.

Yo creo que no cabe dar “recetas” si se ayuda (uno más en la lista) a desacreditar las decisiones que vienen del Tribunal Supremo y de los demás Tribunales que juzgan “lo que sucedió en Cataluña”, como dice el Sr. Iceta; pues difícilmente habrá solución política, incluida la que defiende él, si no se acepta previamente la solución jurídica, lo que veo difícil que haga si se desacredita desde ahora.

Valentín Cortés