Jueves 15 de Mayo de 2014

 

El diputado que no dimite

He leído en www.abc.es que un diputado regional asturiano del IU, condenado por prevaricación, no quiere dimitir  ya que piensa recurrir ante el Tribunal Supremo en recurso de casación. Argumenta que no se aferra a su puesto, sino a su derecho de defensa.

Con independencia de que se puede aferrar a su derecho de defensa, sin aferrarse al puesto, yo creo que es importante que aprendamos en nuestra sociedad a respetar los derechos procesales. El derecho al recurso, efectivamente, es parte esencial del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva, que es la piedra angular de nuestro sistema de derechos procesales. Por eso estoy de acuerdo con este señor cuando clama por no ejecutar, en la práctica, parte de la sentencia que todavía no es ejecutable, pues ello haría ilusorio, en la práctica, el ejercicio de su derecho constitucional de defensa y tutela efectiva. Posiblemente ejercer, con ese añadido, su derecho a la tutela efectiva no sea políticamente correcto, pero eso es otra cosa.

 

Valentín Cortés

Miércoles 14 de Mayo de 20014

 

Suma y sigue de la Juez Alaya

 

Hemos podido saber hoy que la Juez Alaya ha imputado, en el caso de los EREs falsos, a los altos cargos de la Agencia de Inversión y Desarrollo Andaluz que, en su momento, pagaba las ayudas que concedía la Consejería de Empleo del Gobierno Andaluz. Los acusa de prevaricación, malversación y falsedad.

Con independencia de  que la instrucción de la Juez nos está representando un sistema de corrupción generalizada, en donde la insensibilidad jurídica de la clase dirigente andaluzada parece que no tenía limite, lo llamativo desde el punto de vista procesal es que esta instrucción se está llevando a cabo, al menos eso se percibe desde fuera, sin las necesarias ayudas de los poderes públicos andaluces ( Andalucía tiene transferidas las competencias en Justicia) que es obligado aportar, amén de que sería conveniente prestar para deshacer, en un sentido o en otro, las dudas que puede plantear a la sociedad este tipo de macro-instrucciones. Porque, si al final, la Juez está en lo cierto, quizá a alguien se le ocurra enjuiciar esta falta de colaboración.

Valentín Cortés

 

Martes 13 de Mayo de 2014

El caso Faisán

He leído en www.abc.es que el Fiscal del Tribunal Supremo ha defendido,  en la vista del recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, que no se puede condenar a los policías por colaboración con banda armada porque el chivatazo, probado, no benefició a ETA ni los policías tenían intención de ello.

Si la intención es, en este caso, elemento tipificador de los hechos como colaboración con banda armada, constituye un problema jurídico que, sea cual sea la solución que le dé el Tribunal Supremo, tendrá sus consecuencias de futuro.

Pero que el chivatazo no beneficiara a Eta, porque benefició al “proceso de paz” del Sr. Zapatero, es lisa y llanamente un problema atinente a la inteligencia, que por bien de la Justicia debe resolverse, precisamente, inteligentemente.

Valentín Cortés

 

Lunes, 12 de Mayo de 2014

 

El censo y el referéndum secesionista

 

He leído en ABC, en la sección España, que el Gobierno se propone perseguir política y legalmente la elaboración de un censo electoral como el que pretende hacer la Generalidad para la celebración del referéndum secesionista.

Me parece que no hay más censo que el que se ha elaborado, y se elabora, por el Estado con fines electorales y en el que es pieza fundamental la actividad de los distintos Ayuntamientos de España. De modo que el que pueda elaborar la Generalidad será ilegal y nulo de pleno derecho.Y el que hay no se puede utilizar para lo que quiere la Generalidad

Otra cosa es que, para aquella elaboración, se utilicen los datos del censo electoral existentes en cada uno de los municipios españoles. Aquí la “persecución legal” (delito de prevaricación, suspensión de funciones del Ayuntamiento ley de protección de datos, etc.) es fundamental que la lleve a cabo el Gobierno y el Ministerio Fiscal; como es fundamental que la Administración de Justicia esté a la altura de las circunstancias. En eso, entre otras cosas, consiste el Estado de Derecho

Valentín Cortés

Viernes 9 de Mayo de 2014

La imputación  de los altos cargos de Adif.

Todo aquel que me siga en este camino de opiniones jurídicas, que es difícil que tenga fin, sabe lo critico que he sido con el Juez que lleva la instrucción de los hechos por las muertes ocasionadas por el tristísimo accidente ferroviario de Santiago de Compostela. Llevar la responsabilidad hasta donde la lleva el Juez le abre un camino como el de mis opiniones: un camino sin fin. Utilizando esa lógica, creo yo, podría seguir imputando a mucha más gente.

No es de esto de lo que quiero hablar. He leído en www.elmundo.es que el juez en su auto dice que estos señores, ex altos cargos de Adif, son imputados por “potenciales autores de un delito contra la seguridad colectiva y participes de un delito de homicidio y lesiones por imprudencia grave”. Es decir, si leemos en castellano, se trataría de autores que pueden existir, pero que aún no existen.

Yo tenía entendido que se imputa, o se procesa, porque existen indicios racionales de criminalidad en la actuación concreta de una persona.

Lo digo con el máximo respeto: Ni comparto la lógica de este Juez ni su concepto de potencial autor como determinante de la imputación.

Valentín Cortés

 

Jueves 8 de Mayo de 2014

La inviolabilidad del Rey

He leído en www.elmundo.es que el Juez Pedraz no ha admitido a trámite una querella interpuesta por un abogado  contra el Rey y Felipe González, basándose al parecer en los relatos de la Sra. Pilar Urbano en un libro de reciente publicación. La querella era por el delito de rebelión.

De lo que se deduce de la noticia, me parece sorprendente que, en relación al Rey, el juez se entretenga en afirmar que  no se aprecian indicios suficientes que permitan la investigación penal de los delitos denunciados. Es verdad, también según la noticia, que el juez ha recordado en su auto el art. 56.3 de la Constitución que establece que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Por eso mismo, la vigencia de esa norma constitucional le forzaba a rechazar la querella, al menos en lo que se refiere al Rey, sin más argumento que el art. citado, sin necesidad de entrar en calificaciones jurídico-penales de los hechos, de modo que, si la realidad es como narra la noticia, sería una actuación judicial realmente sorprendente y  fuera de lugar.

Valentín Cortés

Miércoles, 7 de Mayo de 2014

 

La acción popular.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Sr. D. Ignacio González, ha sido objeto de dos querellas criminales a cuento de un ático que, al parecer, tiene en Marbella. Sus acusadores mantienen que se ha comprado en fraude fiscal.

El Fiscal del Tribunal Supremo ha informado en el sentido de no admitir la querella a trámite, dado que los hechos que se relatan no son delito. Posiblemente el Tribunal Supremo hará lo que le dice el Ministerio Fiscal.

Hoy, al leer la noticia, he sabido para mi sorpresa que las querellas han sido interpuestas por la llamada Asociación de afectados por la gestión de la televisión pública madrileña (ex trabajadores de Telemadrid) y por el PSOE de Madrid.

Puede ser que la finalidad de las querellas sea jurídica, no seré yo quien lo niegue, pero el legislador debería modificar la ley para que no quepa que este tipo de entidades interpongan querellas que tienen un altísimo componente político y dan la apariencia de venganza política. Porque la Justicia sufre y se resiente con este tipo de actuaciones.

Valentín Cortés