Viernes 22 de Noviembre de 2013

 

Los justicieros mundiales

Hoy la prensa viene alarmada por la crisis que puede abrirse entre España y China a cuento de la orden de detención internacional del ex presidente chino Jiang Zemin y ex primer ministro Li Peng dictada por la Audiencia Nacional por la actitud del Gobierno chino en la represión que se produjo años atrás en el Tibet.

¿Puede un órgano judicial español poner en peligro las relaciones de España con otros países? ¿Y con China, que compra generosamente nuestra deuda?

Desde tiempos del Sr. Garzón nuestros jueces han sido tentados por estas “extravagancias”, dicho sea en el sentido etimológico del término. Y comprendo( ¡como no!) que debe ser importante dictar orden de detención del sr. Peng o del Sr. Zemin

La Ley Orgánica del Poder Judicial (¡ese es el problema!) lo permite en el art. 24.4. Pero le pone la condición de que los responsables vivan en España (parece ser que no es el caso); o que existan víctimas españolas (no constan, según mis noticias); o que exista un vínculo de conexión relevante del delito con España (no existe). Y añade la Ley: "y, en todo caso," que en el país competente (China), no se haya iniciado procedimiento que suponga una investigación o persecución efectiva (que será el caso).

Yo creo que los jueces de la Audiencia Nacional se extralimitan, interpretan mal y extensivamente la ley y no tienen derecho a poner en riesgo las relaciones de España en el exterior, en este caso con una potencia como es China, por muy execrables(como lo son) que sean lo hechos y muy abominables (como igualmente lo son) las autoridades chinas.

Valentín Cortés

Jueves, 21 de Noviembre de 2013

Lo que significa el auto dictado por la Audiencia Provincial de Sevilla en relación con la ex ministra Sra. Álvarez

La ley procesal penal será muy difícil modificarla para hacer un texto nuevo, moderno y que favorezca, con todas las garantías, la reparación del daño a la víctima del delito y el castigo del culpable.

Un ejemplo de esa dificultad es el auto (www.abcandalucia.es) que da pie a esta opinión. Dice la Audiencia, y dice bien, que la Junta  de Andalucía no tiene legitimación para recurrir la imputación de una serie de personas, siendo como es parte acusadora. La legitimación para defenderse obviamente la tienen las personas acusadas o imputadas, y el Ministerio Fiscal, que, funcionalmente, defiende la legalidad, por lo que acusa o defiende.

¡Pero la Junta no es quien para defender a la Sra. Álvarez!

La confusión entre el plano político-partidario-clientelar y el jurídico-procesal es tan grosera que hasta el más alejado del mundo jurídico se da cuenta.

Pero más grosero es todavía, que los órganos judiciales no hayan expulsado a la Junta de su posición de parte acusadora.

¿Se ve ahora la dificultad de hacer una ley nueva donde todas estas cosas, y otras muchas más tocadas por lo político, no puedan ocurrir?

Valentín Cortés

 

Miércoles, 20 de noviembre de 2013

La vergüenza de nunca acabar

Siento hablar de nuevo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Creo que debo hacerlo, porque, entre los jueces que compondrán el próximo consejo que han pactado los partidos, están Dña. Clara Martínez de Careaga y Dña. Celina Gallego. La primera, esposa del ex Fiscal General del Estado, el señor Conde Pumpido; y la segunda, del ex ministro socialista D. José Antonio Alonso. No niego la valía de estas señoras, simplemente me parece digno de estudio que se practique esta especie de endogamia jurídico-matrimonial.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, recientemente modificada en todo lo que se refiere al consejo, está claro que no puede luchar contra ni vencer el españolísimo “Natalico, colócanos a tos” que le gritaban al Sr. Rivas los de su pueblo alpujarreño cuando los visitaba prometiéndoles hasta un puerto de mar en la montaña de Pitres.

Yo sólo pediría más respeto; y lo pediría, por favor.

Valentín Cortés

Martes 19 de noviembre de 2013

¿Hay que ser tan explicito?

En toda la prensa digital he podido leer la noticia de que el PSOE y el PP, así como los partidos no marginales, han llegado a un acuerdo para nombrar, en el Congreso y en Senado, los vocales del Consejo correspondientes a las cámaras legislativas.

Pero en uno de esos medios de comunicación he leído la noticia de que el Sr. Rajoy y el Sr. Rubalcaba se van a reunir inmediatamente para acordar la persona que ha de presidir el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, lo que van a acordar estos dos señores es el nombre de la persona que elegirán como presidente los vocales del Consejo cuando estén todos nombrados. En mi tierra dirían: esto es un perfecto futurible.

¿Es necesario mostrar de manera tan evidente y explicita las vergüenzas de nuestro sistema judicial? Yo creo que se podía haber evitado, porque la prensa la lee una capa muy importante de la sociedad española que todavía tiene posibilidades de indignarse ante tanta zafiedad.

Valentín Cortés

Lunes 18 de noviembre de 2013

El derecho de huelga.

Desde el punto de vista jurídico, en la huelga de limpieza de Madrid destaca lo que la alcaldesa ha pedido: que se regule el derecho de huelga.

Posiblemente sea uno de los pocos derechos fundamentales que no tiene la regulación precisa, quizá, no tanto porque se piense que la situación actual de desregulación es asumible, como porque el legislador (es decir, el Parlamento) no se ha atrevido a ponerle el collar al perro (dicho en términos figurativos).

Hemos visto estos días como es difícil dialogar jurídicamente con unos sindicatos que entienden el derecho de huelga como integrado, en una parte esencial, por la coacción de muchos de sus afiliados y el matonismo de alguno de sus dirigentes.

Si reguláramos el derecho de huelga no nos avergonzaríamos de muchas cosas y esas que son vergüenza serían sancionadas correctamente.

¿Querrán el Ministerio Fiscal y los jueces empezar con esta huelga el camino de la sanción a la coacción que nos llevará al camino de la regulación legal?

Valentín Cortés

Viernes, 15 de Noviembre de 2013

La sanción del Consejo General del Poder Judicial( CGPJ) al Juez Silva

He leído la noticia en www.elmundo.es y www.expansion.es .

El CGPJ sanciona al Sr. Silva por desvelar a la prensa cuestiones y datos del Sr. Blesa que conocía por la investigación que estaba llevando. Parece, según estos medios, que quiere convertir su causa por prevaricación en un ataque y acusación contra el Sr. Blesa.

Lo que quiero destacar es que la judicatura no puede estar en la prensa por estas noticias. Jueces como el Sr. Silva, con esas reacciones, tiene que haberlos, como los hay entre los profesores y los abogados. Pero es misión del Consejo no solo la labor represiva, imponiendo sanciones (que está muy bien), sino, más importante, la labor preventiva de inspección. La actitud del Sr. Silva no es de ahora, tiene que venir y viene de lejos, y es ahí donde cabe preguntarse si los mecanismos de prevención son manejados de forma tan eficaz como los represivos.

Si el CGPJ tuviera clara su inspección preventiva, las noticias en los periódicos sobre la judicatura no serían como estas.

Valentín Cortés

Jueves, 14 de Noviembre de 2013

 

La propiedad intelectual y su protección.

 

Me ha llamado enormemente la atención leer en la edición digital de ABC, sección cultural, que el Sr. Don Enrique Cerezo, presidente de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), ha pedido en el seno del Observatorio ABC sobre la Marca España “la creación de un fiscal de los derechos de la propiedad intelectual para defender de la piratería a autores y creadores”. Lo llamativo es que el diario lleva la noticia a la sección cultural.

Realmente, ni el legislador, ni la Administración de Justicia, nada digamos del ciudadano, han tomado conciencia de la degradación cultural y jurídica que supone admitir, cómo se admite hoy día en España, la “piratería” y los ataques a la propiedad industrial e intelectual. Yo he visto como en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid se vendía un modesto manual que coescribo con el Prof. Moreno Catena, en fotocopias, con la advertencia a gran tipografía de “más barato y sin los párrafos farragosos del original”. Aquel “pirata” no solo violaba la propiedad intelectual, sino que nos insultaba a los autores, pues los párrafos farragosos eran los que aleatoriamente suprimía sin ningún criterio selectivo. Cuento esto porque ese acto se permitía en la Facultad sin que saltaran las alarmas ni en profesores ni en alumnos. ¡Era algo normal!

Quizá haya que acoger lo que propone el Sr. Cerezo y, quizá también, haya que llevar esa noticia a la sección jurídica de los diarios, porque de cultural nada tiene ¡Por algo hay que empezar!

Valentín Cortés