Jueves 28 de Diciembnre de 2023

 

¡Otro Real Decreto-Ley!

En el BOE de hoy se publica otro nuevo Real Decreto-Ley que este Gobierno ha dictado para regular un sinfín de materias que se dicen son urgentes. La extensión del Real Decreto-Ley (118 páginas de BOE) y el título (“para adoptar medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como paliar los efectos de la sequía”) nos muestran la falacia de entender estas medidas como un caso del art. 86 de la Constitución (“En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno….”), pues en realidad son medidas que vienen siendo elaboradas desde hace tiempo, que, además, se refieren a múltiples sectores de nuestra vida que hacen de este Decreto-Ley otro más de una multiplicidad de regulaciones que, dado el sistema de aprobación por las Cortes (aprobación o rechazo en su conjunto), es una clara violación de nuestra norma constitucional.

Valentín Cortés

 

Miércoles 27 de Diciembre de 2023

La intervención del mercado del arrendamiento de viviendas es más fácil, pero no es es una medida pertinente

La prensa en general y, especialmente la económica, recoge hoy la noticia por la que sabemos que en el Decreto-Ley (otro más), que el Gobierno piensa aprobar hoy, está recogida la medida de la prórroga de la prohibición de lanzamiento por impago de la renta pactada de aquellos inquilinos vulnerables socialmente.

La medida, desde el punto de vista constitucional, supone un ataque a la economía libre de mercado que rige, según la Constitución (art. 38, en Estado Español), y al derecho de propiedad (art. 33), y también, bajo nuestro criterio, vulnera el art. 47, que establece el derecho a una vivienda digna y el deber del Estado de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho; esa que va a tomar el Gobierno, como se ha demostrado por la práctica, lo que hace es restringir aun más el mercado del arrendamiento, lo encarece y lo dificulta hasta extremos no conocidos pero sí previsibles; por la sencilla razón de que el propietario arrendador no arrendará su propiedad a una persona que pueda dar el más mínimo signo de vulnerabilidad social.

El Estado adoptaría normas pertinentes para proteger el derecho a la vivienda de esas personas si asumiera el costo de que los vulnerables no vieran su derecho a la vivienda en peligro, lo que hoy ni se hace, ni se tiene una idea clara, entre los socios del Gobierno que se deba hacer o cómo se deba hacer. Pero, es más fácil que el costo y los riesgos económicos los asuma directamente el propietario. Sí, más fácil pero no es la medida pertinente de la que habla la Constitución.

Valentín Cortés

 

 

 

 

Martes 26 de Diciembre de 2023

La “Lucha por el Derecho” del Rey

Lo que hizo el Rey, en su discurso de Nochebuena, fue cumplir a rajatabla el art.56.1 de la Constitución cuando expresa que el “Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia” y que “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”. Por eso habló de los peligros de la unidad del Estado en estos momentos, tanto individualmente (violación del principio de igual de todos los ciudadanos, donde reside la soberanía nacional) como de la cooperación interregional, también basada en el principio de igualdad; y por eso habló de los Poderes del Estado que invaden competencias y funciones de otros Poderes estatales e hizo referencia, sin duda, a los ataques que está sufriendo, por parte del Gobierno y del Parlamento, el Poder Judicial. En este contexto tienen explicación, tras el discurso, los ataques al Rey y a la Monarquía de los partidos que apoyan el Gobierno de la Nación y de los gobiernos autonómicos con tendencias cesionistas.

Para este blog que, por convicción, está asentado en la necesidad de mantener viva “la lucha por el Derecho” y por la Constitución, el discurso fue, desde el punto de vista jurídico, un acierto total y más en este año en el que tantos ataques hemos denunciado contra la Constitución y el Ordenamiento Jurídico provenientes del Poder Ejecutivo y del sometido Poder Legislativo y con un Tribunal Constitucional que se muestra peligrosamente complaciente con los desvaríos constitucionales del Poder.

Valentín Cortés

 

Viernes 22 de Diciembre de 2023

El Presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial en defensa del Poder Judicial

Hemos leído en la prensa (por ejemplo, vid. www.elmundo.es) que el Presidente del Tribunal Supremo ha pedido al Ministro Sr. Bolaños, que sabemos que es un ministro principal de este Gobierno y responsable de todo lo que se refiere a la actuación del Gobierno en materia de Justicia y en  relación con su actuación en el Parlamento, que el Gobierno haga lo necesario para acabar con los ataques a los jueces, es decir, al Poder Judicial. Intuyo que el Presidente del Tribunal Supremo pide tal cosa porque cree que el Gobierno puede acabar de raíz con esta campaña. Desde fuera, como espectador, yo diría que puede y debe.

Lo traigo a colación porque, al mismo tiempo, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por unanimidad, ha pedido al Congreso que no cite a los jueces para ser interrogados en comisiones parlamentarias que tratan de investigar la actividad jurisdiccional de ellos y se lo ha pedido explicando lo que es un Poder del Estado que no tiene responsabilidad política (vid. prensa de hoy).

Es decir, el Poder Judicial, en su conjunto (el máximo órgano jurisdiccional y el Órgano de Gobierno del Poder Judicial), piden al Ejecutivo y al Legislativo (mera extensión, hoy día, de aquel) que se acaben estos ataques inconstitucionales y claramente contrarios a lo que en la Unión Europea se entiende por Estado de Derecho. Todo indica que a esta última cuestión empieza a ser sensible el Sr. Bolaños.

Valentín Cortés

 NB.- ¡¡¡¡¡Les deseo una  muy Feliz Navidad!!!!

 

 

Jueces 21 de Diciembre de 2023

 

Una barbaridad legislativa: El Real Decreto-ley 6/2023 de 19 de Diciembre

El BOE de ayer publicó el citado Decreto-Ley, que se titula por el Gobierno como de Medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

Este Real Decreto reforma decenas de leyes de enorme trascendencia: entre ellas todas las leyes procesales, las que afectan a la función pública y un largo etc. que sería cansado detallar. Todo se hace, de nuevo, en un nuevo “trágala” legislativo, que se toma o se deja, sin  posibilidad de distinguir temas, sin la menor discusión parlamentaria, sin el menor debate previo, sin consulta con los órganos del Estado concernidos por tan importantes reformas, con desprecio absoluto a la Constitución en su art. 86,que limita los Decretos-leyes a casos de extraordinaria y urgente necesidad, que ni existe ni es posible justificarla, y con olvido de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que no admite los llamados Decretos-leyes “ómnibus”.

Si el Congreso fuera realmente un Poder independiente y fiscalizador del Ejecutivo no aprobaría en  ningún caso este Real Decreto Ley que es claramente ofensivo para el Estado de Derecho.

Valentín Cortés

 

Miércoles 20 de Diciembre de 2023

Aparentemente una estrategia fraudulenta

La prensa de hoy recoge las, para mí, sorprendentes declaraciones del Ministro Sr. Bolaños en las que ha afirmado que las comparecencias de los jueces ante las comisiones parlamentarias, sobre los temas relacionados con el “proceso” catalán, no están permitidas por la Ley. Entiéndase bien, no son sorprendentes porque estén equivocadas, sino por venir de quien han venido, un Ministro fundamental del Gobierno que ha pactado con los independentistas precisamente estas comisiones para investigar la actividad llevada a cabo por los jueces.

Todo me hace pensar que se trata de la manifestación de una estrategia leguleya y fraudulenta que entiende que esas comisiones son legales si investigan la actividad judicial sin la presencia de los investigados. De ser así estaríamos por enésima vez ante la manifestación de la tendencia ya sabido de los independentistas catalanes, asumida por el Gobierno, tendencia irrefrenable( ya lo hemos dicho muchas veces) al fraude legal y constitucional y a la visión leguleya de la Constitución y del resto del Ordenamiento Jurídico. Porque, lo que la Constitución y la ley prohíben, en esencia, es la investigación de la actividad judicial fuera de los cauces marcados en la Constitución y en las normas procesales que regulan los procesos para exigir  responsabilidad ( civil, penal o administrativa) a los jueces ante los órganos competentes para ello, que en ningún caso son los Legislativos; porque, sencillamente, los jueces no tienen responsabilidad política.

Valentín Cortés

 

Martes 19 de Diciembre de 2023

La ley de amnistía y la Comisión Venecia

El Consejo de Europa, que no depende de las Unión Europea, a través de la Comisión Venecia, ha accedido ( vid. prensa de hoy) a informar sobre el proyecto de proposición de ley de amnistía que el PSOE ha enviado a las Cortes para su aprobación. Ese informe determinará la adecuación o no de ese proyecto legal a los estándares legales europeos en varios puntos, aunque principalmente en lo que se refiere a la arbitrariedad (para nosotros, patente como ya hemos defendido en varias ocasiones en este blog) del proyecto y ataque a la división de Poderes ( igualmente patente), así como lo referente a la amnistía de delitos de terrorismo y de malversación de caudales públicos, que sobrepasa, aún más allá, la línea roja de un Estado de Derecho europeo.

Lo importante hoy para nosotros es resaltar que el proyecto socialista será sometido, por petición del Senado, al dictamen, no sólo del Consejo General del Poder Judicial y demás órganos consultivos concernidos en el tema, sino también al de la Comisión Venecia de prestigio y seriedad indiscutibles en Europa.

En estas condiciones el recurso de inconstitucionalidad que el PSOE ( vid, www.europapress.es) ha presentado por la modificación del reglamento del Senado, que permite una tramitación parlamentaria más lenta y posibilita estos dictámenes, tiene una dificultad añadida para que prospere, pues parece difícil que el Tribunal Constitucional pueda  soslayar lo positivo de contar con estos asesoramientos que hubieran sido imposibles sin la modificación del Reglamento, precisamente por el fraude parlamentario de presentar lo que es un proyecto de ley del Gobierno como una proposición de ley de un partido político.

Valentín Cortés