Miércoles 30 de Octubre de 2019

 

Una reforma constitucionalmente inoportuna en el tiempo

 

Me explico de inmediato.

La prensa recoge las manifestaciones del Sr. Sánchez en las que ha afirmado que el PSOE llevará en su programa electoral la reforma constitucional para convertir al Estado Español en un estado federal

No hablaré aquí de la oportunidad política del punto programático en cuestión, pues no es objeto de este blog, pero sí me importa decir que tal reforma afecta a la esencia misma del Estado y , en consecuencia, al Título Preliminar de la Constitución.

La cuestión no es baladí, como es sabido, pues en ese caso la reforma de la Constitución se ha de hacer por el procedimiento del art. 168 de la Constitución que impone la aprobación por mayoría de los dos tercios de las Cortes (Congreso y Senado), la disolución inmediata de las mismas, la ratificación por las nuevas Cámaras del texto aprobado por mayoría de dos tercios y la posterior aprobación por referéndum de ámbito nacional.

Con estas condiciones constitucionales, y dadas las circunstancias sociales que se viven en nuestro país, quizá la idea de seguridad y certeza jurídicas-constitucionales, que subyace en el art. 116 de la Constitución, debería ser criterio que guiara a los políticos en sus pretensiones de reforma constitucional.

Valentín Cortés

Martes 29 de Octubre de 2019 

Rebajas fiscales

He leído en www.eleconomista.es que Casado ha presentado ante los empresarios un plan económico-fiscal que prevé una rebaja fiscal importante y con el que se compromete a suprimir por ley los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio, amen de rebajas sustanciales en otros ( Renta, Sociedades, etc).

La rebaja de impuestos responde obviamente, en la mayoría de las ocasiones, a razones netamente económicas, que van de las meramente recaudatorias a las incentivadoras de actividad económica. Pero hay ocasiones que la supresión o la rebaja del impuesto responde a razones de absoluto carácter constitucional. En este sentido debemos tener muy claros los principios que se establecen en el art. 31 de la Constitución. Ni se pueden establecer impuestos confiscatorios, ni cabe contribuir a sostener los gastos públicos fuera del principio de capacidad económica, que conllevan lógicamente no pagar impuestos sobre actividades ya gravadas por otros impuestos. Es el caso del impuesto de sucesiones y donaciones en ciertas situaciones familiares, y el de Patrimonio, en todo caso, en el que la capacidad económica que permitiría el impuesto ya ha sido gravada previamente para obtenerlo.

Solo resta que el ciudadano lo entienda y defienda sus derechos, por los medios que tiene a su alcance, todos, ante lo que es una actuación del Estado claramente anticonstitucional.

Valentín Cortés

Lunes 28 de Octubre de 2019

La fanfarria de las autoinculpaciones

He leído en www.republica.com que en Cataluña se producen “grandes colas” de ciudadanos para autoinculparse de los delitos cometidos por los políticos condenados por sedición.

Tengo que decir que en nuestra legislación (Ley de Enjuiciamiento Criminal) la autoinculpación, o la confesión del procesado y del enjuiciado, no goza de buena prensa. Remito al lector a los arts. 406,655,694 y 820 de la citada Ley y observarán como eso, que llaman pomposamente auto inculpación, es claramente un propagandístico brindis al Sol, pues no tendrá eficacia alguna, a no ser que se den detalles precisos de actuaciones delictivas concretas que puedan ser calificadas de sedición, y que se enmarquen dentro del conjunto de hechos por lo que han sido condenados los sediciosos y que  se encuadren, además, en alguna de sus posibles autorías o participaciones.

Todo lo que no sea eso es simple fanfarria, por no decir fanfarronería, procesal-penal. En cualquier caso, se echa de menos las de los fugados Puigdemont y compañía que no entrarían en el grupo del “propagandístico brindis al Sol”.

Valentín Cortés

Viernes 25 de Octubre de 2019

Las “puertas giratorias”

Se han dado a conocer ayer(www.elmundo.es)  los razonamientos de la Audiencia Nacional para apartar al magistrado De la Prada del conocimiento del juicio sobre la financiación ilegal del Partido Popular, al haber sido recusado.

La Audiencia acepta que el magistrado perdió la apariencia de imparcialidad que debe tener todo miembro de un Tribunal a la hora de juzgar.  Posiblemente, según mi opinión, sea la causa mas grave de todas cuantas se regulan como motivos de recusación, pues se acepta que al Juez le falta (en ese caso concreto) una condición esencial para poder ejercer su función jurisdiccional, pues según el art. 117 de la Constitución los jueces deben ser, en todo caso, “independientes” no solo, como es obvio, de los poderes públicos, sino también de las partes que van a ser juzgadas.

A esa gravedad se une que la falta de apariencia proviene de haber introducido en la sentencia del caso Correa apreciaciones sobre la financiación del Partido Popular que ni estaban probadas, ni se hacían dentro del objeto penal enjuiciado: es decir, se fue imparcial, incluso, saltándose los limites competenciales del momento impuestos por el principio acusatorio.

Ayudaría mucho a solucionar estos problemas que se impidiera que Jueces que se han dedicado a la política, regresaran a la vida judicial, en eso que se ha llamado “puertas giratorias”, que es posiblemente una de las mayores “perversiones” de nuestro sistema judicial.

Valentín Cortés

Jueves 24 de Octubre de 2019

¡Diálogo!

De distintos ámbitos de la vida empresarial de Cataluña, además de la política-sector independentista, se lanzan proclamas en favor del dialogo como método de solución de los problemas que afectan a esa Comunidad; exponente paradigmático de la falta de dialogo sería, para algunos, en este momento, la negativa del Presidente de Gobierno de hablar con el Sr. Torra.

He tenido la paciencia de leer el contenido de ellas, fundamentalmente en www.lavanguardia.com, y no he tenido la fortuna de encontrar en ellas propuestas o contenidos concretos de dialogo, a no ser que se entienda como dialogo la imposición de las tesis independentistas. El Sr. Torra, por ejemplo, se quejó ayer en el Parlamento catalán de que el Sr. Sánchez, en su momento, no quisiera dialogar sobre la propuesta de un referéndum acordado.

Es imposible dialogar, con pretensión de arreglar el problema, si lo que se persigue es vulnerar la Constitución, o si ese dialogo que nos conduciría al pacto que todo lo arregla supone la violación de normas constitucionales.

Yo creo que ese dialogo debería empezar por preguntar a los independentistas si aceptan, como punto de partida, que Cataluña no es sino una comunidad autónoma, parte del Estado español, porque a estos efectos no es otra cosa. Para después preguntar qué proponen para modificar la Constitución, por el camino constitucionalmente previsto.

Todo lo demás es ganas de perder el tiempo.

Valentín Cortés

 

Miércoles 23 de Octubre de 2019

El Sr. Torra: el nuevo Sansón

Lo tenemos dicho en días anteriores: la certeza que tiene el Sr. Torra de que será inhabilitado por la Justicia, hace que esté envalentonado en sus bravatas contra el Estado. No tiene frenos, por tanto, políticos, pues nada pierde, ya que la condena es sólo la inhabilitación que ya tiene ganada en brillantes oposiciones de desobediencias anteriores.

Por eso, quizá lo que esté buscando, como todos los que se sienten como Sansón (y los independentistas son muy dados a los heroísmos míticos), es que con él mueran todos “los filisteos”, que en realidad son representados en este drama por los independentistas de la Mesa del Parlamento catalán. Eso explica la proposición que ha presentado ante ésta, bien es verdad que juntamente con otros partidos del sector independentista, lo que es un claro desafío al Tribunal Constitucional, y que dice el Sr. Torrent que no paralizará, por lo que parece haberse pasado del bando de los filisteos a la de los hebreos.

Y ante esto, ¿Qué puede hacer el Estado? Quizá ha llegado el momento de la responsabilidad del Tribunal Constitucional de aplicar una doctrina sobre la necesidad de poner fin a la deslealtad constitucional, mediante una interpretación no timorata del art. 155 de la Constitución (que cabe, por supuesto) que permita al Estado asumir de nuevo indeterminadas ( las que sean necesarias) competencias en su momento transferidas y hacerlo por tiempo indefinido, tanto como sea preciso para volver a la senda de la lealtad. Pero para eso, el Tribunal debe salir de su, eso que ahora se llama, zona de confort.

Valentín Cortés

Martes 22 de Octubre de 2019

Las incongruencias del Gobierno

Leo en la prensa digital que la Ministra de Justicia estará presente en la exhumación del cuerpo de Franco; y lo hará en su calidad de Ministra y como Notario Mayor del Reino.

Se le da de esa manera una relevancia al acto que trasciende lo meramente privado para adentrarse en el ámbito estatal, y, en grado sumo, pues se envía a la Ministra a dar fe de un acto, que por la ceremonia que lo va envolver, parece que tiene una trascendencia pública del máximo nivel. Pareciera que, para el Gobierno, no se exhuma tanto a Franco como al cuerpo de un ex Jefe del Estado.

Tengo que aclarar que, desde el punto de vista personal, me es indiferente dónde esté enterrado o dónde se le vaya a enterrar, y pienso que todo este episodio ha sido un enorme gasto de energías legislativas, primero, y judiciales, después.  Pero no vaya a ser que, desde el punto de vista legal-protocolario, con esta presencia “notarial”, el Gobierno le esté dando la razón, y se haya alineado, con los que exigen rendir honores militares a Franco en la exhumación y entierro de su cuerpo, precisamente por lo que la Ministra va al Valle de los Caídos: por ser el cuerpo de alguien que fue Jefe del Estado.

Valentín Cortés