Jueves 14 de Febrero de 2019

 

El derecho a no declarar contra sí mismo.

El Sr. Junqueras ha manifestado esta mañana al Tribunal, en el proceso por rebelión, que no piensa contestar a las preguntas de las acusaciones. Ese es su derecho (art. 24.2 de la Constitución) que le permite no contestar a lo que le pueda preguntar una parte, no hacerlo a determinadas preguntas que se le puedan hacer y, supuesto que esa misma norma le concede el derecho a no declararse culpable, es evidente que “puede” mentir o reinventar lo ocurrido para adaptarlos a su mejor defensa. Por eso, no se toma juramento al acusado cuando declara, al contrario que le ocurre al testigo que tiene que declarar en todo caso y decir verdad bajo promesa o juramento. En definitiva, en nuestro proceso penal rige el principio acusatorio, de modo que quien tiene que probar la culpabilidad es el acusador, que no debe esperar por ello que el acusado colabore.

Que el Tribunal, pues, no pueda condenar por los silencios no significa que esos silencios puedan en ocasiones inclinar la valoración de otras pruebas en un sentido o en otro.

 Por eso, nunca he entendido que los acusados no aprovechen las declaraciones, todas, para fortalecer su defensa y protegerse de esas inevitables y humanas interpretaciones que, en caso contrario, se hará de los silencios.

Valentín Cortés

Miércoles 13 de Febrero de 2019 

El resurgir de Carl Schmitt

El Sr. Torra que, como sabemos, es el Presidente de la Generalidad catalana ha dicho en Onda Cero( www.elmundo.es) que “nosotros ponemos la voluntad de la gente por delante de la Ley”.

 Cualquier estudioso del Derecho sabe que el nacionalsocialismo alemán de Hitler se enfrentó a la legalidad vigente y constitucional del momento manejando este principio que expone sin sonrojo el Sr. Torra y que está copiado de Carl Schmitt, ideólogo jurídico del nazismo, que mantenía que el Estado no es el titular del monopolio constitucional y que por encima de aquel está la sociedad (la gente, en la terminología del Sr. Torra). Así, en Cataluña, como en aquella Alemania de principios del régimen, cuando no se puede cambiar la Ley, primero, se intenta interpretarla según mejor se acomode a las propias ideas, cosa que han hecho hasta ahora los independentistas con la utilización del fraude a la Ley, al Estatuto y a la Constitución, con la aprobación de todas aquellas leyes de ruptura. Y cuando eso no basta, sobreponen, al orden constitucional y legal, la “voluntad de la gente”.

No creo que este ideario tenga cabida en nuestra Constitución (art. 6). Saque, pues, el Gobierno las consecuencias adecuadas.

Valentín Cortés

 

Martes 12 de Febrero de 2019

 

La publicidad del proceso

El Sr. Marchena, Presidente de la Sala del Tribunal Supremo que hoy ha empezado a juzgar a los procesados por rebeldía, ha interpretado acertadamente los arts. 680-682 inclusive(modificados los dos últimos por ley de 2015) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ha permitido la presencia de cámaras de televisión y micrófonos que grabaran la totalidad de la sesiones de las que conste el proceso, que se podrán  ver y escuchar por internet y a través de cuantas emisoras  se conecten, por lo que podrán ser vistas  y escuchadas por cualquier persona que sienta curiosidad o interés en ello. Mayor publicidad no cabe y está, en ese sentido, en concordancia con la importancia política y social, amén de jurídica, que tiene el juicio.

Esa misma interpretación no restrictiva de la publicidad que se admite es lo que ha permitido, también acertadamente, al Sr. Marchena acabar con la inaceptable y tercermundista petición de “observadores” en el juicio, y hacerlo de forma simple y sencilla: si cualquier persona quiere estar presente en las sesiones del juicio, puede hacerlo libremente, se autodenomine o no observador; sólo tiene la limitación física de las plazas de que dispone la sala.

Valentín Cortés

Lunes 11 de Febrero de 2019

Un chantaje claro

He leído en la prensa digital de esta mañana que el Sr. Torra, que es Presidente de la Generalidad catalana, (por tanto, autoridad del Estado), ha manifestado que “sin relator y autodeterminación” no hay apoyo a los Presupuestos del Gobierno que empiezan a discutirse en esta semana. Lo que sabíamos (por cierto, mucho antes que el propio Gobierno se enterara) se ha explicitado de forma contundente. ¡Ya no hay duda de los términos de las negociaciones posibles con el independentismo!

 Las posibilidades que esa afirmación sea de duración corta o, quizá, mínima, son muchas, dada la versatilidad de las manifestaciones de los políticos en general; pero, conviene poner, en cualquier caso, de manifiesto, que lo que propone el Sr. Torra, de forma contundente e inequívoca, tal como dije el pasado viernes, podría ser calificado como un chantaje al Presidente de Gobierno, exigiéndole delinquir conjuntamente, conspirando para quebrar el orden constitucional, a cambio de apoyo a la aprobación de los Presupuestos.

No hay más salida jurídica y constitucional que no aceptar el chantaje, denunciarlo como tal, y meditar seriamente si hay causa (una más) para aplicar el art. 155 de la Constitución a una Comunidad autónoma dirigida por tal persona.

Valentín Cortés

Viernes 8de Febrero de 2019

Donde dice Diego…

Ahora, después del Consejo de Ministros de hoy viernes, la Vicepresidente nos dice que se ha roto el dialogo con los independentistas porque, razón principal, “plantean” un referéndum de autodeterminación y eso es “salirse” de la Constitución. Por supuesto que mi nivel de información es ínfimo al lado de la Vicepresidente, pero yo ya sabía que eso es lo que planteaban los independentistas. De ahí que hace dos días, en este blog, planteara la posibilidad de que el Gobierno estuviera en las puertas de incurrir en un posible delito de conspiración para quebrar la Constitución que hubiera obligado al Fiscal General a plantear la correspondiente querella criminal contra el Presidente y  demás miembros del Gobierno, lo que hubiera dado paso a, posiblemente, la mayor crisis política-jurídica de los últimos tiempos, se hubiese o no interpuesto la querella, o, en su caso, se hubiese o no admitido la misma a trámite por el Tribunal Supremo.

Ese es el problema de traspasar los límites de la Constitución; por eso es tan importante que los políticos tengan un lenguaje tan ambiguo, tan ambivalente o polivalente que les permita decir diego donde dijeron digo y que los juristas nos rijamos por conceptos que suelen ser absolutos, aunque sometidos a la interpretación adecuada, por cierto, regulada también por la ley, por eso en Derecho no vale “donde digo…”.

 Valentín Cortés

 

 

Jueves 7 de Febrero de 2019

El plagio a efectos científicos y universitarios

El Tribunal Supremo ha rechazado la admisión a trámite de la querella interpuesta contra el Presidente de Gobierno por plagio en su tesis doctoral ( www.elconfidencial.com).

No es delito porque el acusado no ha tenido, a juicio del Tribunal, ánimo de enriquecerse con la utilización y copia de la obra ajena. ¡Bueno fuera que, en este caso, hubiera, además, el ánimo de enriquecerse con la utilización de la obra ajena! ¡Hubiera sido propio de locos pensar que un doctorando que plagia piensa que con su tesis plagiada se va enriquecer!

Pero, lo realmente importante es que, esa afirmación del Tribunal, determina que da como establecido que se utilizó y copio la obra ajena, sin manifestar explícitamente que era ajena. No cabe, pues, duda de que no tenemos un Presidente plagiador, desde el punto de vista jurídico penal; pero tampoco cabe duda de que, desde el punto de vista científico y universitario, esa obra no merece los honores de ser una tesis doctoral y que, por tanto, la Universidad que concedió tal grado y merito debería considerar privar al Sr. Sánchez de su título de doctor.

Hoy, perdonen ustedes, me permito firmar como

Dr. Valentín Cortés

Catedrático de Derecho Procesal

 Miércoles 6 de Febrero de 2019

Un grave desenfoque

Todos los periódicos y medios informan esta mañana que el Gobierno ha aceptado la figura del “relator” (coordinador, notario, mediador o cualquier otro término que se quiera manejar) en las conversaciones entre partidos políticos para negociar las exigencias del Sr. Torra al Gobierno de España, que se reducen (hoy las publica la prensa) al reconocimiento y respeto de la soberanía catalana, distinta pues a la española.

Poner el acento del escándalo y de la gravedad del tema en ese factor es olvidarse de que las conversaciones con “relator” se celebrarán con el fin de negociar la soberanía catalana (esa es la exigencia central del Sr. Torra, basta leer el texto que publica la prensa). Como el fin que se pretende negociar es radical y esencialmente contrario a la Constitución, mucho me temo que las negociaciones, no es tanto que sean absurdas, sino que en sí mismas pudieran ser constitutivas de delito, ya que lo único posible, constitucionalmente hablando, para conseguir el fin del Sr. Torra es promover la modificación de la Constitución por el camino constitucionalmente establecido en normas que no están a la disposición de nadie y que, en consecuencia, no son posible objeto de negociación. Pudieran, pues, entenderse tales conversaciones, con “relator” o sin él, como una conspiración para quebrar el orden constitucional.

 

Valentín Cortés