Miércoles 3 de Octubre de 2018

La ilegalidad no es el camino.

Toda la prensa rememora el discurso del Rey hace un año en relación con la situación de ilegalidad política en Cataluña en aquel entonces. Porque, no se nos olvide, no era una situación política inadmisible, sino una situación de ilegalidad inadmisible.

En aquel momento el discurso sirvió para que los partidos políticos, que no querían aplicar el remedio del art. 155 de la Constitución, decidieran, casi obligados por las palabras del Rey, aplicar el procedimiento constitucional de disolver el Parlamento catalán e intervenir la administración catalana. Aquella situación de ilegalidad y de rebelión a la que se refería el Rey fue eliminada por la actuación del Tribunal Constitucional que anuló todo el conjunto normativo anticonstitucional que vertebraba el nacimiento de una república rebelde; y por la iniciación de procesos judiciales penales contra los autores de aquellos actos punibles que, en poco tiempo, estaban en prisión o habían huido. El Estado, pues, funcionó perfectamente en defensa de la legalidad y sigue haciéndolo, pues esa situación de ilegalidad no ha existido en este periodo de tiempo.

Ahora, al cabo justo del año, todo indica que se inicia de nuevo la rebeldía por actos que, irremediablemente, serán ilegales frente a los que el Estado responderá con la misma contundencia y eficacia que hace un año, porque los independentistas, no se olvide tampoco, plantean sus deseos políticos desde la ilegalidad, despreciando los procedimientos legales que saben le son adversos. Por eso no cabe mas remedio que el jurídico.

Y ahora sí, sin duda, de forma irremediable, esa respuesta jurídica eficaz vendrá acompañada por la contundencia política que no hubo hace un año cuando el Estado decidió aplicar el art. 155 de la Constitución.

Valentín Cortés

 

 

 

Martes 2 de Octubre de 2018

De nuevo el fraude y la ilegalidad

Ya tengo dicho en este blog que los independentistas catalanes y sus ad lateres tienen una irrefrenable tendencia al fraude de ley y a la ilegalidad.

 Hoy de nuevo se ha puesto de manifiesto esta tendencia cuando se ha rechazado en el Parlamento( vid. www.elmundo.es) suspender a los procesados tal como ordenaba el Tribunal Supremo y, sin embargo, se ha acordado que los derechos de los diputados procesados puedan ser ejercidos por otros por delegación, consiguiendo así el efecto permitido por el propio Tribunal Supremo de evitar que la suspensión influyera sobre el juego de las mayorías parlamentarias.  De esta manera, el Parlamento catalán ha acordado de forma gratuita e innecesaria dos cosas: primero, no acatar la orden del Tribunal Supremo; y segundo, aprobar la forma de ejercer los derechos parlamentarios de unos diputados, que el Parlamento afirma que no están suspendidos, pero a los que pone en la situación de tales. Como siempre, los independentistas buscan encubrir la ilegalidad en el fraude a la Ley.

Se trata, pues, de añadir consciente e innecesariamente un componente de ilegalidad a una situación política que, en las últimas horas, además, se ha desenfrenado por el camino de la necesaria, cada vez más, aplicación del art. 155 de la Constitución. Porque el auto del Tribunal Supremo no tiene para el Parlamento catalán más camino que el acatamiento (eso es parte del Estado de Derecho), que desgraciadamente ha sido negado hoy de forma chulesca, gratuita e innecesaria.

Valentín Cortés

 

Lunes 1 de Octubre de 2018

El conflicto Chile-Bolivia

Posiblemente mal aconsejado, o mal informado, el Gobierno de Bolivia llevó hace años a Chile ante el Tribunal de la Haya ( Corte Internacional de Justicia) demandando que se declarara la obligación de Chile de negociar de buena fe una salida al mar de Bolivia; lo que significaba, lisa y llanamente, pretender que Chile debería ceder en todo o en parte los derechos adquiridos por el Tratado de 1904 que puso fin a la guerra entre ambas repúblicas, tras la cual Bolivia perdió y cedió una franja de terreno de unos 400 kilómetros de costa al Océano Pacífico. Hoy se ha dictado sentencia, negando la pretensión de Bolivia (vid. toda la prensa digital de esta tarde).

Porque, si no cabe la posibilidad jurídica de anular el Tratado vigente desde 1904 – y no la había -, ¿cómo se puede pretender que la contraparte esté obligada a negociar una salida al mar, lo que implicaría necesaria y conceptualmente pretender obligar a alguien a que sus derechos, adquiridos legítimamente y reconocidos como tal en un tratado bilateral, sean cedidos a un tercero sólo por la conveniencia económica de éste?

Es verdad que en el marco internacional (por tanto, también en la Corte Internacional de Justicia) el Derecho se desdibuja y a veces parece que se construye hasta con dificultades conceptuales, pero, en este caso, la demanda de Bolivia se nos antoja realmente sorprendente, siempre, desde el punto de vista jurídico, como incluso parece que ha sido para la Corte Internacional de Justicia que no tuvo empacho en manifestar al principio de proceso que, en ningún caso, aun en el caso de que admitiera la demanda de Bolivia, el Tribunal determinaría el resultado de las negociaciones.

Valentín Cortés

Viernes 28 de Septiembre de 2018 

La última derivada

Nos referíamos el lunes y martes a los problemas que engendrarían las declaraciones del Presidente de Gobierno sobre la necesidad de llegar a una solución, como en Quebec, para Cataluña.

La última derivada de esas declaraciones (el lunes y el martes exponíamos dos conjuntos de problemas que engendrarían) se manifiesta cuando el Presidente de la Generalidad le espeta al del Gobierno (vid. elmundo.es) que deje de hablar de “priorizar el conflicto”, como táctica de los independentistas, y que llegue a un pacto como el de Quebec con referéndum incluido, precisamente lo propuesto por el Presidente de Gobierno.

En la solución de los problemas (y ahora estamos implicados en la solución jurídica del problema catalán), la introducción en el debate de falsos, o legalmente inaceptables, supuestos o soluciones (es lo que hizo el Sr. Sánchez con aquellas declaraciones) da como resultado una pérdida alarmante de fuerza, que, en el caso concreto, padecen precisamente los tribunales españoles. Porque si la rebelión o la sedición que va a juzgar el Tribunal Supremo tiene su origen en la promulgación de leyes por la Generalidad que permitían consultas populares ilegales, que, además, se llevaron a cabo con violencia en las personas y cosas, ¿Cómo es que ahora una de las partes ( el Estado) le ofrece a la otra( los presuntos delincuentes) la realización precisamente de un referéndum que es ilegal dentro de nuestra Constitución? ¿No comprende el Sr. Sánchez que eso es dar una baza al Sr. Torra incompatible con la tarea que llevan a cabo el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y demás tribunales que juzgan precisamente aquellos hechos?

Y como dar una opinión jurídica, como es mi cometido en este blog, no ampara los prejuicios o juicios de intenciones, no voy mas allá de la constatación de los hechos que he efectuado.

Valentín Cortés

 

Jueves 27 de Septiembre de 2018 

La receta Iceta

He leído en www.lavanguardia.com una amplia referencia sobre unas declaraciones públicas de esta mañana del Sr. Iceta acerca del problema catalán.

No voy a entrar en comentar, obviamente, el contenido político de lo que, parece ser, él mismo llama “receta Iceta”; pero no quiero dejar de hacer constar que, entre el batiburrillo de afirmaciones que se hacen por el Sr. Iceta, hay algunas de contenido jurídico que no parece equivocado imaginar que no se deben al desconocimiento y sí a la clara intencionalidad de minar la actuación de los Tribunales y unirse a la estrategia que sigue el Gobierno y demás políticos cercanos. Así, el Sr. Iceta no sabe “cómo encaja el delito de rebelión en lo que sucedió en Cataluña”; y, al mismo tiempo que afirma que hay que dejar que los tribunales dicten sentencia, dice que “la prisión preventiva de los soberanistas está durando mucho”.

La primera afirmación sólo se la puede plantear alguien que tenga grandes conocimientos de Derecho Penal, que sea capaz de distinguir el supuesto de hecho de un tipo penal y de otro; y, sobre todo, que tenga un amplio conocimiento del sumario o sumarios que se sustancian en este momento. Si es así, sabrá que los hechos que se investigan( que no se reducen como dice el Sr. Iceta a la hora y nueve segundos que duró la independencia) son de tal gravedad que la prisión preventiva, dadas las demás circunstancias, no es algo que jurídicamente se pueda discutir, se califiquen como rebelión o como sedición. Y modestamente afirmo que no me constan ni las capacidades jurídicas del Sr. Iceta, ni que conozca a fondo los sumarios que se han sustanciado.

Yo creo que no cabe dar “recetas” si se ayuda (uno más en la lista) a desacreditar las decisiones que vienen del Tribunal Supremo y de los demás Tribunales que juzgan “lo que sucedió en Cataluña”, como dice el Sr. Iceta; pues difícilmente habrá solución política, incluida la que defiende él, si no se acepta previamente la solución jurídica, lo que veo difícil que haga si se desacredita desde ahora.

Valentín Cortés

Miércoles 26 de 2018

Una encuesta de distracción

Mi escepticismo sobre las encuestas políticas del CIS, tengo que confesarlo, es grande. Por eso la noticia de que un 69,6% de la población española, según la última encuesta del CIS, (vid. la noticia en www.elindependiente.com) entiende que es “necesario” modificar la Constitución de 1978 no ha hecho sino aumentarlo. Yo dudo mucho que la población española sepa cuál es el contenido de la Constitución o, siquiera, que sepa por aproximación cuáles de las cuestiones que le preocupan dependen del contenido de la Constitución, o que sepa cuál es el mecanismo establecido para modificar la Constitución y la trascendencia de iniciar ese camino de modificación. No es extraño lo que digo porque, por ejemplo, ya vimos que un pueblo tan teóricamente culto como el británico fue a un referéndum y votó sin saber lo que significaba hacerlo a favor o en contra del Brexit.

Por tanto, le doy credibilidad nula a esta conclusión de la encuesta, que es la única que comento, por tener, además de un claro contenido político, un trascendente contenido jurídico.

Ahondando en la noticia se sabe algo tan sorprendente como que la mayoría, de los que entiende que es “necesaria” la reforma, llega a esa conclusión porque entiende que hay que mejorar ”la coordinación de las competencias en sanidad y educación” o porque creen “que hay que profundizar la transparencia y control, de la actividad política”, que, sin duda, se pueden mejorar hasta el infinito sin necesidad de cambiar una coma a la Constitución. A no ser que lo que le preocupa a esa inmensa mayoría de españoles sea la estructura autonómica de nuestro Estado; pero eso curiosamente ni se pregunta ni se refleja en la encuesta.

 

Valentín Cortés

 

Martes 25 de Septiembre de 2018 

La otra derivada

Ayer nos referíamos a unas declaraciones del Presidente sobre el tema catalán que son, en si mismas, un enorme error de análisis, que se hace político cuando es jurídico lo obligado.

Las declaraciones del Presidente son el culmen de otras que provienen, como es sabido, de una especie de amplia panoplia de políticos del Gobierno que lo que hacen es proponer soluciones judiciales (libertad de los investigados con censura incluida a la prisión ordenada; indulto para después de la sentencia con censura, por tanto, a la misma condena, etc.) que, en definitiva, son contrarias a las decisiones tomadas por los jueces y que suponen claramente socavar la legitimidad y justicia de la actividad que llevan a cabo los órganos judiciales en relación con los presuntos delitos cometidos. Estos políticos dicen que las medidas judiciales (legales) no son justas y el Presidente, poniendo la guinda en el pastel, habla de soluciones políticas.

Yo creo que el Presidente del Consejo del Poder Judicial, como máxima autoridad del Tercer Poder del Estado, debería defender públicamente algo tan importante como la independencia de la Justicia, censurando lo que no es crítica legitima, sino presión inaceptable del Ejecutivo sobre el Judicial.

Valentín Cortés