Martes 16 de Septiembre de 20114

 

Las reacciones a las declaraciones del Sr. Margallo

 

El mejor resumen de esas reacciones las he encontrado en www.europapress.es.

Dice el Sr. Margallo que el Gobierno “está dispuesto a aplicar la Ley, toda la Ley”, en la solución del tema del secesionismo, y se han producido unas reacciones realmente curiosas. ERC ha llamado fanático al Ministro. El PNV le ha preguntado irónicamente si va a mandar los tanques. El PSOE le pide “que no eche más leña al fuego” y El Fiscal General ha afirmado que la aplicación del art. 155 de la CE es una decisión política. Nadie ha dicho que desgraciadamente eso es lo que tiene que hacer, en mayor o menor grado, el Gobierno y el Senado en el supuesto de que se inicie el proceso de secesionismo anunciado.

Es evidente que la nula formación jurídica de la sociedad española le lleva a no ver con buenos ojos la aplicación estricta de la Ley. ¡Gran problema el que tiene esta sociedad! Quizá porque en muchas ocasiones la aplicación de la ley ha sido desigual y, por ende, mecanismo de  represión y de venganza.

Valentín Cortés

Lunes 15 de Septiembre de 2015

 

 

La desilusión

He hecho un repaso de la prensa digital y noto en todos los medios que dan la noticia de la declaración del hijo del Sr. Puyol ante el Juez Ruz una cierta desilusión porque se haya ido a su casa sin que el Fiscal ni el Abogado del Estado hayan pedido medidas cautelares y sin que el juez, por tanto, las haya acordado.

Por supuesto que no tengo información para opinar sobre esta cuestión. Solo digo que nos estamos acostumbrando a que toda persona “condenada” por la prensa sea ipso facto condenada por el juez y que lo sea a la primera, imponiéndosele severas medidas cautelares.

Debo recordar que las medidas cautelares penales son privaciones o limitaciones de derechos fundamentales (libertad, libre circulación, etc). Cuando el Juez entienda que la posibilidad de investigación está asegurada, que la efectividad de la sentencia futura y posible también,  que la víctima del delito no necesita una protección adicional impuesta por la medida cautelar o cuando no hay que proteger a la sociedad en su conjunto, la medida cautelar no debe imponerse a no ser que la ley expresamente lo ordene dada las características y gravedad del delito.

Valentín Cortés

 

Viernes 12 de Septiembre de 2014

Los “efectos jurídicos” de la manifestación independentista de Barcelona.

He oído en la emisora Onda Cero a un Sr. relevante de Convergencia, (siento no acordarme del nombre) decir, en el programa de Carlos Herrera, ( mutatis mutandi) la siguiente simpleza jurídica: “después de la manifestación de ayer esperamos que el Gobierno tome nota y no recurra al Tribunal Constitucional la convocatoria de consulta”. De donde se deduce que este Sr. entiende que esa manifestación obligaría al  Gobierno a no recurrir. Es la misma idea del Sr. Mas, que poníamos el otro día de manifiesto, pero completada ahora por la nota de obligatoriedad de no recurrir visto el éxito (¡?) de la manifestación. Lo que para el Sr. Mas era un deseo ahora es un “obligación de no hacer” del Gobierno. ¡ gran progresión!.

Este tema, lo hemos dicho muchas veces, es esencialmente jurídico, lo que no quita que su resolución jurídica tenga importantísimos efectos políticos, como los tuvo, en su momento, la regulación constitucional que se hizo del mismo.

Todos los que intentan hacerlo ajurídico o metajurídico, lo que les ocurre es que no les conviene la Constitución y quieren subvertirla utilizando métodos inadecuados e ilegales.

Valentín Cortés

 

  

Jueves 11 de Septiembre de 2014

 

La apertura del Año Judicial

El Sr. Lesmes es Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Es decir, preside el órgano que administra y gobierna a todo el aparato del llamado Poder Judicial; y preside igualmente el órgano judicial máximo de España.

No hay( yo he leído la reseña en www.poderjudicial.es)en el discurso que pronunció ayer en el Acto de apertura del Año Judicial, ante el Rey y ante la sociedad  española, ni una mención relevante de las dos cuestiones que a mí me han venido preocupando desde que escribo este blog, amén de otras menores: la politización de la justicia y la judicialización de la política, por una parte; y, por otra, la irresponsabilidad de facto en la que se mueven los jueces y magistrados por mor de una deficiente regulación legal y una restrictiva aplicación de la misma en la práctica judicial. Por lo que no deben ser problemas que le preocupen a tan importante autoridad.

Como buen funcionario nos ha dado muchas cifras que pretenden demostrar el buen hacer del aparato judicial; y para, me imagino, los candorosos jurídicos, que los hay, ha prometido celeridad en la tramitación de los asuntos de corrupción: a los hechos me remito.

Lo grave de esta situación es que si no se reconocen los problemas, difícilmente los vamos a solucionar.

Valentín Cortés

Miércoles 10 de Septiembre de 2014

 

La cansina amenaza.

Todos los días (mañana, ya verán, mucho más) oímos a los señores de la autonomía catalana decir con gran pomposidad que la consulta-referéndum se va a celebrar el próximo día 9 de Noviembre. Es decir, todos los días oímos a representantes de un órgano del Estado amenazar con subvertir el orden constitucional. Eso, los buenos, los que dicen que actúan dentro de la legalidad. Los otros, los malos, los que no cumplen la ley (¡), ahora nos amenazan con la desobediencia civil.

Para el que no tiene formación jurídica es sorprendente y cansino este continuo anuncio de quehacer ilegal.

A mí me recuerda  a un socio de un despacho de abogados, donde trabajé cuando empezaba mi carrera como abogado, que siempre decía, para amenazar y amedrentar, que “iba a meter un par de querellas” contra la persona de turno. Nunca vi a nadie de los concernidos con tan singular amenaza inmutarse siquiera. Y nunca vi ese fenómeno tan especial de la interposición (¿”metedura”?) de un par de querellas al mismo tiempo.

Yo, que estoy concernido, como español, por tan cansina amenaza catalana, no me siento especialmente preocupado ni por el referéndum ni por la desobediencia civil (¡las amenazas, siempre a pares!). Solo sé lo que el Estado tiene que hacer (como aquellos amenazados por las querellas) si se pasa de la amenaza al acto. Estoy seguro que lo hará.

Valentín Cortés

 

 

Martes 9 de Septiembre de 2014

 

 

La encrucijada en la que se encuentra el Tribunal Supremo.

La remisión que ha hecho la Juez Alaya de la causa, llamada de los EREs, al Tribunal Supremo, al considerar que se debe imputar a un buen número de aforados de distintos Gobiernos andaluces, pone al Tribunal Supremo ante su responsabilidad.

No hablo de la responsabilidad civil, penal o disciplinaria (que se recoge en la Ley Orgánica del Poder judicial, aun cuando de manera lamentable), sino ante su responsabilidad política y social, que la sociedad española le va a exigir porque, por desgracia, la clase política de este país ha convertido al Tribunal Supremo en poder político. Nos jugamos el prestigio de una institución y de uno de los Poderes del Estado, en el que la sociedad española, de forma viciada y dirigida, ha puesto sus esperanzas de regeneración.

Los ajenos a estos menesteres a los que nos dedicamos, quizá comprendan ahora las luchas políticas tan tremendas que se dan cada vez que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que debe nombrar a los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es, a su vez, el Tribunal que debe decidir, por ejemplo, ¡qué casualidad!, si se imputa y de qué manera a estos señores a los que la Juez Alaya entiende que hay que imputar.

  Quizá también comprendan la lucha política, que no jurídica, para nombrar en los próximos días al Presidente de esa Sala

Valentín Cortés

 

Lunes 8 de Septiembre de 2014

 

Leguleyo

 

Con esto de la Diada dicen los periodistas, los que con él han hablado, que el Sr. Mas dice que no hará nada ilegal.

Si él convoca un referéndum (que ahora van a llamar consulta) en base a una ley autonómica que se lo permite, ¿Qué ilegalidad puede cometer? Como buen leguleyo parece que dice que hasta que el Tribunal Constitucional no declare lo contrario la ley será plenamente valida y eficaz; por tanto, él  estaría en la más estricta legalidad. Y dicen que añade: lo que se necesita es que el Gobierno no recurra esa ley al Tribunal Constitucional.

 Si es así, tal como dicen que es: estaríamos en presencia del ejemplo perfecto del leguleyo, pues lo mismo da que lo haya dicho por cinismo que por ignorancia.

Pero,  ya hace muchos años, Don Federico de Castro, maestro de los civilistas españoles, explicó con todo detalle lo que era el fraude a la Ley: utilización de una norma de cobertura para conseguir un resultado no querido por la Ley (en este caso, la Constitución)

Intentar explicar a un leguleyo, cínico o ignorante, lo que es el fraude a la Ley es tarea imposible porque no tienen la sutileza necesaria para comprenderlo o no les conviene comprenderlo.

Valentín Cortés