Viernes 24 de Diciembre de 2021

 

Navidad

Aunque la Navidad tiene un significado y sentido amplísimos, pero, igualmente, únicos, no le veo un sentido jurídico. Por lo que sólo siento necesidad de desearles a todos ustedes lo mejor para el año que viene y, ahora, en Navidad, felicitarlos de todo corazón.

Dejaremos, pues, para el año que viene nuestras opiniones jurídicas y comentaremos entonces lo que pueda ocurrir estos días que, casi seguro, nos dará para mucho.

¡¡Feliz Navidad!! y hasta el día 3 de Enero.

Valentín Cortés

 

Jueves 23 de Diciembre de 2021

El parto de los montes

Ya sabemos que Esopo, en el siglo VI AC, escribió aquello de parturient montes, nascetur ridiculus mus, que, es obvio, sigue teniendo una intacta actualidad. Por supuesto que me refiero a lo que podríamos llamar montes sanitarios.

 La Constitución (art. 97) nos dice que el Gobierno dirige, amén de otras cosas, la política interior del Estado; y el art. 43 nos reconoce a todos el derecho a proteger nuestra salud, afirmando  que corresponde a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y la prestación de servicios necesarios. Por consiguiente, quien debe dirigir la política de protección de nuestra salud es el Gobierno de la Nación.

Después de leer en la prensa de hoy (casi unánime, por cierto) que la medida de prevención que ha tomado el Gobierno, -tras la aparatosa comparecencia publica del Presidente, convocando a los responsables de la Comunidades Autónomas, para tomar decisiones ante la escalada espectacular de la pandemia-, ha sido que debemos llevar mascarilla en los espacios públicos al aire libre ( que por cierto, yo ya llevaba) me he acordado de Esopo ( “parieron los montes, para nacer un ratón ridículo”) y de que, con toda certeza, sin necesidad de ser un especialista, el Gobierno incumple los mandatos constitucionales que he citado.

Valentín Cortés

 

Miércoles 22 de Diciembre de 2021 

Autonomía financiera de la Comunidad de Madrid y estrategia procesal preventiva.

Es conocida la tendencia del Gobierno de la Nación a llevar a cabo lo que llama armonización fiscal de las Comunidades autónomas, que, en el caso de Madrid, significaría acabar con la política fiscal de esta autonomía en relación a la práctica desaparición de determinados impuestos cedidos por el Estado (donaciones, sucesiones, actos jurídicos documentados, etc.). Leo hoy en www.abc.com que la Comunidad de Madrid está preparando la promulgación de una Ley autonómica para hacer imprescindible el acuerdo previo de la Comunidad para que el Estado pueda cambiar la política fiscal y financiera de la Comunidad.

Es evidente que, con la Constitución en la mano, el tema es ciertamente complicado y que todo dependería de lo que fuera una correcta interpretación del alcance de normas constitucionales como las del art. 133 y 157 de la Constitución en relación con otras normas igualmente constitucionales. De modo que, al final, la intervención del Tribunal Constitucional estaría asegurada si es que el Estado interviene en esa política fiscal y financiera de la Comunidad de Madrid a través de esa llamada armonización.

Pero, el sentido común o lógica, que es la base de cualquier interpretación legal que se quiera hacer (también de la Constitución) nos dice que cuando se cede y se acepta la cesión [ como fue el caso de los impuestos estatales cedidos en función de lo dispuesto en el art. 159.1.a) citado] hay, más o menos explicito, un acuerdo; y que si la cesión es tal, y no una mera transferencia de la gestión de cobro, la autonomía del cesionario debe ser total de modo que cualquier modificación del status actual debería partir igualmente de un acuerdo entre  ambas partes. Así, pues, a la postre, esa sería la función del Tribunal Constitucional, que, en mi opinión, es lo que, en su caso, parece quisiera provocar la Comunidad pues no hay que olvidar que el recurso de inconstitucionalidad de una Ley autonómica puede plantearlo el Gobierno con suspensión de la disposición recurrida hasta la resolución del Tribunal Constitucional en el plazo marcado por la norma del art. 161.2 de la Constitucional. De esa manera, la Comunidad de Madrid “obligaría”, en  el peor de los casos, a que fuera el Gobierno quien recurriera la Ley autonómica y no la Comunidad quien lo hiciera respecto a la Ley que armonizara, lo que siempre es una ventaja procesal .

Valentín Cortés

 

 

Martes 21 de Diciembre de 2021

 

Violencia machista institucional

La degradación constitucional que practica el Gobierno es tan clara, y se muestra tan sin tapujos, que (vid. www.europapress.es) hoy sabemos que, en el marco del  III Plan de Igualdad entre mujeres y hombres, que ha elaborado el Ministerio de Igualdad, se aprobó ayer el informe preceptivo en el que se habla, como un caso de violencia machista institucional, la denegación  de la suspensión de la condena a la Sra. Rivas por un  Juez de Granada. Es decir, el Gobierno acusa oficialmente al Poder Judicial de delitos de violencia machista, con hechos concretos que califica como de violencia institucional, pero, sin embargo, no interpone a través de la Fiscalía contra tales jueces la correspondiente querella. Pareciera como que para el Gobierno no importa tanto que exista la tal violencia machista institucional, como denunciar hechos como tal violencia para sacar rendimiento político.

Si ello es gravísimo desde el punto de vista constitucional, igual lo es que el Ministerio de Justicia, que votó en contra de la aprobación de tal informe, basara su voto (eso podemos leer en Europapress) en que violencia institucional es un término que no está bien definido (sic).

Me pregunto cándidamente: ¿es consciente el Ministerio de Justicia de lo que hace y defiende y de cómo lo defiende? El recuerdo a Apocalipsis 3.16 ha sido inevitable.

Valentín Cortés

 

Lunes 20 de Diciembre de 2021

La deriva inconstitucional del Gobierno

La falta de iniciativa legislativa del Gobierno, y de los partidos políticos que lo sostienen, en el caso de la pandemia es, desde nuestro punto de vista, incomprensible y claramente irresponsable. Me imagino que existirán unas coordinadas políticas, en las que no voy a entrar, que están impidiendo lo que sería natural en este caso: la aprobación de una llamada “ley de pandemias” y la toma de decisiones por el Gobierno en base a esa Ley. Desde este punto de vista, las manifestaciones del Presidente del Gobierno ayer en Barcelona son inanes.

Pero dicho eso, lo que quiero es poner de manifiesto que, con ello, junto con otras cuestiones, lo que se pone de manifiesto es una concepción inconstitucional del Estado o, si queremos ser más suaves, una concepción que no encuentra amparo en nuestra Constitución. En efecto, estamos asistiendo a un periodo de tiempo en el que el Gobierno (es decir, el Poder Ejecutivo) o bien no cumple sus funciones constitucionales (por ejemplo, la del art. 87.1 Constitución) o ejerce de forma significativa parcelas de poder que corresponderían a los otros Poderes del Estado que se ven maniatados, activa o pasivamente, por el Gobierno. El Poder Legislativo, por ejemplo, se ve imposibilitado de legislar en materia tan importante como el de la pandemia porque falta la iniciativa del Poder Ejecutivo y de los partidos que lo sostienen; y al mismo tiempo se le hurta la primacía legislativa, con lo que ello conlleva, con el abuso en el Real Decreto-Ley (art. 86. Constitución) del que hace gala el Gobierno o con la aprobación de Decretos inconstitucionales (estados de alarma; art. 116,2 y 3  Constitución). Item más, se obliga al Poder Judicial (a cuyo órgano de gobierno en  funciones se le recortan los poderes) a ejercer funciones propias del Ejecutivo, sin base legal suficiente, porque con  la pandemia no tanto aplica la ley al caso concreto (art. 117  Constitución) como crea la ley en el caso concreto, rompiendo el principio de unidad e igualdad entre los ciudadanos, para, al mismo tiempo, ver como el Ejecutivo le cercena su Poder ejercido mediante indultos injustificables y políticos.

Hay, pues, una preocupante deriva inconstitucional del Gobierno que es inadmisible.

Valentín Cortés

 

 

Viernes 17 de Diciembre de 2021

La dimisión del Ministro de Universidades

Escribo sobre esta dimisión en mi blog motivado por mis largos años dedicados a la Universidad.

Porque, aunque no lo parezca, la dimisión del Ministro de Universidades no sólo es una noticia de política, aunque de escasa importancia según dicen los medios de información críticos, sino que, fundamentalmente, en mi opinión, es una buena noticia jurídica. Lo digo, por supuesto con humor, pero, valga la paradoja, de forma muy seria, porque me imagino que, tras la dimisión de este ministro, será muy difícil que el próximo pueda sacar a la luz, si es que lo hace, una ley de Universidades tan desastrosa y perjudicial para la Universidad española como la que había preparado e intentaba que se promulgara el ahora ministro dimitido. Nos hemos ahorrado, pues, que en nuestro Ordenamiento Jurídico se cuele una Ley como la que preparaba.

 La Universidad no se arregla con sectarismo sino con exigencia al alumnado y formación competitiva cierta, profunda y continua al profesorado. Nada de eso estaba realmente contemplado en el proyecto del dimisionario.

Valentín Cortés

 

 

 

 

Jueves 16 de Diciembre de 2021

El Rey Juan Carlos y la investigación suiza por comisiones ilegales

Ya sabemos por la prensa de los últimos días que la fiscalía suiza ha archivado las diligencias que tenía abiertas sobre la posible percepción del Rey Juan Carlos de comisiones ilegales por la construcción del AVE a la Meca por empresas españolas. La fiscalía suiza no ha encontrado indicio de que esa cantidad, realmente percibida por un fondo, cuyo beneficiario económico era el Rey, fuera debido a comisiones ilegales. Esa cantidad fue transferida posteriormente y de forma íntegra a la antigua amante del Rey, investigada en esas diligencias. La Fiscalía suiza intervenía porque las cantidades se recibieron a través de una cuenta en Suiza, en un banco suizo.

Yo no conozco, obviamente, ni el fondo ni el trasfondo de este tema y creo que se debe investigar criminalmente cuando hay posibles indicios de delito, sea cual sea la persona involucrada; pero rechazo de forma categórica que una persona pueda estar sometida a investigación criminal por la fiscalía española (no por el órgano judicial competente) todo el tiempo que lleva el Rey Juan Carlos, al socaire de que está pendiente una investigación en Suiza, que, a la postre, no es concluyente y que nada impide que se pueda abrir posteriormente si es que se tienen nuevas revelaciones sobre el tema.

 El Estado, es verdad, debe tener un tiempo adecuado para investigar las presuntas actuaciones delictivas de sus ciudadanos, pero debe hacerlo con prontitud, diligencia, respetando los derechos del investigado y no por un órgano estatal que por tradición y funcionalmente busca, de forma principal, la posibilidad de acusación, y que parte de la rémora de ser encabezado por alguien designado por el Gobierno, y sí por un órgano, el judicial, que, amén de ser independiente del Gobierno, y con respeto a todos los derechos del investigado, no busca la acusación, sino si existen o no indicios racionales de criminalidad. Lo que no es una diferencia baladí.

Valentín Cortés

 

Miércoles 15 de Diciembre de 2021

El fraude procesal de las recusaciones

Nuestra legislación procesal y orgánica necesitan de profundas reformas para que se adapten a los tiempos en los que estamos, donde el Poder Judicial y los miembros que lo integran han acreditado infinidad de veces su independencia, no sólo frente a los demás Poderes del Estado, sino, orgánica y funcionalmente, frente a los justiciables, lo que en los años inmediatamente posteriores a la dictadura no era tan claro.

 Una de esas materias que requiere revisión es el de la recusación. Lo digo porque antes de ayer prácticamente todos los periódicos digitales recogían dos noticias referentes a esta cuestión: la recusación del Sr. Villarejo de todos los miembros del Tribunal que lo está juzgando; y de otra, la noticia de que el Tribunal Constitucional resolverá, sin aceptarlas, las recusaciones de los independentistas a determinados miembros de éste, al punto de manejar así a su gusto quién decide o no sobre las cuestiones que les afectan.

En ambos casos (ya hemos hablado de eso en otras ocasiones) no hay que ser un hábil y fino jurista para darse cuenta de la base fraudulenta de esas recusaciones, pues buscan un efecto completamente distinto al que se tutela con la recusación, que no es otro que tener un juez independiente de las partes y, por tanto, imparcial. No se es parcial porque el justiciable así lo crea, sino cuando se producen circunstancias objetivas y subjetivas de las que necesariamente se deduce la parcialidad. Con una nueva regulación, entre otras cosas, se conseguiría con mayor facilidad castigar a las partes que plantearan recusaciones fraudulentas con graves sanciones económicas, extensivas a los letrados que las presentaran al Tribunal.

Valentín Cortés

 

Martes 14 de Diciembre de 2021

La politización de la justicia

Si la Presidenta del Congreso, tal como comentábamos la semana pasada, se equivocaba, y tergiversaba los hechos, cuando hablaba de judicialización de la política, refriéndose a los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional denunciando la inconstitucionalidad de determinados actos del Gobierno y del propio Congreso  –[ pues, en definitiva, con independencia del total acierto de los recursos, quien acude al Tribunal Constitucional buscando amparo o declaración de inconstitucionalidad pone en juego su derecho a la tutela efectiva( art. 24 de la Constitución)]-, no puede calificarse de  politización de la justicia la denegación de suspensión de condena a la Sra. Juana Rivas por un auto del Juez que la condenó por secuestro de sus propios hijos, condena de la que, más tarde, fue indultada parcialmente por el Gobierno. Ni mucho menos se puede y se debe hablar de violencia institucional como lo ha hecho un miembro del Gobierno. De todo esto han hablado los periódicos en  los dos últimos días.

El art. 80 del Código Penal establece la facultad (no la obligación) de los jueces de suspender la pena en determinadas condiciones objetivas (lo que sería, tras el indulto, el caso de la Sra. Juana Rivas), pero sólo si la fundamentan en  que la ejecución de la pena no es necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. El Juez ha razonado exactamente lo contrario. Si el juez está equivocado esa es una cuestión jurídica, que resuelven los órganos superiores, pero nunca es una cuestión política como interesa hacer creer a sus críticos; no creo, pues, que haya en ese auto eso que llaman politización de la justicia, sino aplicación del derecho penal. Otra cosa es que unos y otros quieran politizar el auto del Juez.

Valentín Cortés

 

 

Lunes 13 de Diciembre de 2021

Andrea Orcel y su contencioso contra el Banco Santander

Aunque sea un tema menor (me imagino que no tanto para el Banco Santander ni para el Sr. Orcel) escribo hoy sobre el mismo, porque me sorprende leer en www.expansion.com( Finantial Time) la noticia-entrevista con el Sr. Orcel, quien ha ganado, como ya sabemos, en primera instancia su pleito contra el Banco Santander por indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato en el nombramiento de CEO del banco.

Ganar un pleito en primera instancia ofrece poca seguridad de que, en apelación, o, posteriormente, en casación, la sentencia sea mantenida. Pero sí da grandes ventajas para la negociación, pues amén de que la sentencia es inmediatamente ejecutiva (arts. 526 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil), hasta tanto no se ejecute, además de los intereses legales, da derecho a percibir dos puntos más por los intereses llamados de mora procesal (arts. 576 de la misma Ley). Junto a eso, se ha evitado al ganador pagar costas en primera instancia y en  segunda también. Un panorama que  pone delante de las partes todo un gran riesgo o una gran “inversión” que, estoy seguro, animará a las partes a llegar a un acuerdo. Ese fue el pensamiento del legislador cuando introdujo esas normas en la reforma del año 2000.

Valentin Cortés

 

Viernes 10 de Diciembre de 2021

Una opinión jurídica que el Gobierno de la Nación debería compartir

Hoy toda la prensa digital recoge la noticia del requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al Consejero de Educación de la Generalidad y a la directora del centro donde cursa estudios el niño, cuya familia ha promovido el proceso que dio lugar a la sentencia firme del Tribunal Supremo que obliga a impartir clases en castellano, al menos, en un 25% del conjunto de los estudios. Se les requiere para que preserven la protección e intimidad de la familia y del niño, que están siendo acosados gravemente. A ese requerimiento se une el del Defensor del Pueblo.

Lo que pasa en Cataluña con este niño y esta familia es, por supuesto, un dislate social y antidemocrático promovido y azuzado por el Gobierno catalán, uno de cuyos miembros ha llegado a decir que es inasumible que por un niño los demás tengan que estudiar en español, olvidando, quizá, que no es la voluntad de un niño, o de sus padres, lo que determina la enseñanza en español sino la vigencia de la Constitución.

Este problema de deslealtad constitucional y de incumplimiento continuado y pertinaz de la Constitución en los más diversos sectores y ámbitos sociales, sólo se arregla, con la Constitución en la mano, aplicando los mecanismos establecidos para casos similares en el art. 155. Desgraciadamente es así, porque a golpe de decisión judicial, dictada con retraso por necesidad funcional, se puede declarar la concreta violación constitucional caso por caso, pero no impedir un modo de actuar que se basa en el desconocimiento y violación premeditadas y continuas del orden constitucional. Para eso se pensó el mecanismo del art. citado. Obviamente, no tengo muchas esperanzas de que el Gobierno de la Nación comparta mi análisis jurídico constitucional.

Valentín Cortés

 

Jueves 9 de Diciembre de 2021

 

Los discursos con ocasión de la Constitución

En este largo puente, para mi modo de ver las cosas, lo más relevante, desde el punto de vista jurídico, ha sido sin duda el discurso de la Presidenta del Congreso en el acto de conmemoración de la Constitución en su aniversario. Lo más relevante, sin duda, por lo negativo de su contenido y significado.

Porque, en efecto, siendo el discurso del Sr. Presidente del Gobierno inatendible si es que nos movemos en el ámbito de la seriedad, llama poderosamente la atención la concepción que la Presidenta del Congreso tiene del Estado de Derecho, dada la critica acerva que ha tenido con  lo que ella llama judicialización de la política, refiriéndose a los recursos presentados por la oposición contra actos del Gobierno y del propio Congreso que, o bien han sido anulados por el Tribunal Constitucional por inconstitucionales, o está en vías de hacerlo en los próximos meses dados de los visos de inconstitucionalidad que, en este blog, hemos denunciado, y dada la tendencia del Gobierno a bordear y traspasar el campo de la  constitucionalidad.

 Eliminar al Poder Judicial por incomodo o por creerlo falto de legitimidad democrática, que se empeña la Presidenta en  residenciarla sólo en el Congreso o, acaso, en el Gobierno que surge de la mayoría del Congreso, es tan peligroso e inconstitucional como las posturas que maneja la extrema izquierda gobernante que, al  menos, las complementan  pidiendo abiertamente la reforma de la Constitución.

Valentín Cortés

 

Viernes 3 de Diciembre de 2021

La recusación de jueces y magistrados

Como procesalista me causa escandalo el uso que los independentistas catalanes hacen de una institución procesal como la recusación en el ámbito del Tribunal Constitucional. Y me causa gran preocupación que este tribunal, sometido al “chantaje” de la posible revisión de sus decisiones por las instancias judiciales europeas, no sepa distinguir el legítimo derecho de los justiciables a un juez imparcial y lo que es claramente un fraude a la Ley.

 Lo digo porque he leído en www.elconfidencial.com de esta mañana que el Sr. Puigdemont y compañía han recusado a los dos magistrados que en la última renovación fueron elegidos a propuesta del PP, echándoles en cara su proximidad a este partido, o sus opiniones adversas sobre el llamado proceso independentista. La cuestión es tan fácil de responder como preguntarse, con seriedad, qué tienen que ver las posibles simpatías políticas con la derecha de estos magistrados con decidir con imparcialidad sobre si en el proceso, que se ha seguido ante el Tribunal Supremo, que condenó a estos señores, se han vulnerado sus derechos procesales fundamentales o no. ¿Dónde está el prejuicio que implique parcialidad? O qué tiene que ver que manifestaran que el “proceso de independencia” fue un golpe de Estado fallido (¿Qué es la sedición?, pues) con que ahora estos magistrados tengan predeterminado su fallo en contra del amparo constitucional de los políticos. La recusación por parcialidad no se puede basar en meras conjeturas, sino en constancias irrebatibles y lógicas que la determinen, de modo que o el Tribunal Constitucional pone coto a este fraude o, en poco tiempo, estarán todos los magistrados recusados al socaire del gusto y fantasía de esos señores.

Valentín Cortés

PD. - Me sumo a la práctica del “puente” y volveré a estar con ustedes el próximo jueves día 9.

 

Jueves 2 de Diciembre de 2021

De nuevo sobre la posible detención del Sr. Puigdemont en España

Hoy se puede leer en  www.europapress.es un amplio reportaje-noticia sobre el contenido de la resolución del Tribunal General de la Unión Europea en relación con el alcance de la inmunidad parlamentaria del Sr. Puigdemont en la Unión Europea y la suspensión de la euro-orden de detención emitida por el Tribunal Supremo.

Y para comprender la resolución del TGUE en todo su significado conviene destacar los siguientes aspectos de la cuestión:

-el Sr. Puigdemont, como eurodiputado, tendría, en principio, inmunidad parlamentaria en los países de la Unión Europea; no en terceros países.

- Esa inmunidad la perdió el Sr. Puigdemont al admitir el Parlamento Europeo los suplicatorios del Tribunal Supremo por los delitos de sedición y malversación de fondos. Esta decisión la recurrió el Sr. Puigdemont ante el Tribunal General citado, que ha rechazado por dos veces devolverla cautelarmente hasta tanto se decida el recurso.

-Las euro-órdenes de detención sólo tienen por objeto y son necesarias para ejecutar órdenes judiciales de detención fuera del territorio nacional del tribunal ordenante y dentro de otro territorio nacional de la Unión. La del Tribunal Supremo está suspendida en su eficacia hasta tanto no se decida la cuestión planteada por el Tribunal español ante el Tribunal europeo para que se aclare el alcance y obligatoriedad directa de las mismas, planteada a la vista de la actitud de los tribunales belgas en las peticiones de detención del Sr. Puigdemont y compañía.

 Así, pues, para detener al Sr. Puigdemont en España no se necesita la ayuda de ningún tribunal europeo. Luego, mientras el Sr. Puigdemont siga sin tener inmunidad, puede ser detenido en España, que, es precisamente, lo que fuentes del Tribunal Supremo han advertido que, como se comprenderá, no es nada contradictorio con lo que ha dicho el TGUE.

Valentín Cortés

 

Miércoles 1 de Noviembre de 2021

 

El pasaporte covid y el Tribunal Supremo

Me resulta incomprensible que este Gobierno, que tan inclinado está por la utilización de la via del Real Decreto Ley para legislar, no la utilice para sentar legal y urgentemente las bases de una posible ley de Pandemias, al menos en lo referente a ésta que padecemos, que se pueda aplicar en toda España.

Lo digo porque después de la nueva sentencia del Tribunal Supremo (vid. www.europapress.es de ayer), en relación con la implantación en el País Vasco del llamado pasaporte covid en determinadas circunstancias, ( las anteriores sentencias lo fueron en relación con Andalucía y Galicia), creo que existe la suficiente doctrina jurisprudencial para desarrollar urgentemente( así lo requieren las circunstancias), una base legal que permita, con validez en toda España, limitar derechos fundamentales, cuando la medida que se adopte( en este caso, el pasaporte covid) sea idónea, necesaria y proporcional para combatir la pandemia, máxime cuando esa medida tiene como añadido la protección de un derecho superior cual es la vida y el de la salud, ideas generales fundamentales que se derivan de esas sentencias que se han dictado por el Tribunal Supremo en esta materia

Valentín Cortés.