Viernes 15 de Diciembre de 2023

Sólo condenas formales

La Ministra de Defensa, que antes de diversos cargos políticos fue magistrada, ha manifestado -lo leo en la prensa de hoy- su rechazo a los ataques de la Sra. Nogueras en el Congreso a determinados jueces que intervinieron en las condenas que se produjeron en rededor de los acontecimientos del llamado “proceso” catalán (vid. nuestra opinión del miércoles pasado). Es saludable que un miembro del Gobierno condene esta actitud; también lo ha hecho el Ministro Sr. Bolaños.

Lo que ocurre es que ese Gobierno del que forman parte se ha constituido y se apoya en el grupo parlamentario de la Sra. Nogueras, que tiene el respaldo de aquel en todo lo dicho. Ocurre, también, que, en cumplimiento del pacto que permitió a la Sra. Robles y al Sr. Bolaños ser ministros de tal Gobierno, se ha aprobado en el Congreso, posiblemente con el voto favorable de ellos, la constitución de comisiones parlamentarias que pretenden, entre otras cosas, investigar precisamente a esos jueces, y a otros, acusándolos de eso que ahora llaman, olvidándose del español, lawfare. De donde se deduce que la condena de los ministros es sólo formal y epidérmica, pues la única manera constitucional de controlar a los jueces es a través del proceso jurisdiccional para determinar, en su caso, su responsabilidad civil, administrativa o penal por sus actuaciones jurisdiccionales. La Ministra, que ha sido magistrada, y también el Ministro se olvidan, pues, de algo tan esencial y básico en nuestro sistema constitucional.

Valentín Cortés

 

 

Jueves 14 de Diciembre de 2023

La lucha por el Derecho

Toda la prensa se hace eco de las declaraciones de un importante miembro del partido independentista catalán Junts, que ha anunciado con gran pomposidad que el Sr. Puigdemont y el Presidente de Gobierno se reunirán próximamente, en el extranjero, para “abordar la negociación y profundizar en la resolución del conflicto político”. Traigo esta declaración al blog porque, de ser cierto el contenido del anuncio, y nadie seriamente lo duda ( vid. la prensa digital de esta mañana), esa reunión se produciría antes de que se pudiera aprobar la posible ley de amnistía, pues mientras tanto, si el Sr. Puigdemont viene a España, incluso en contra de la voluntad del Presidente, aquel sería detenido y metido en prisión. De esta noticia no me interesa hoy, siendo importante, el posible enfoque penal que tendría que el Presidente se reuniera con un procesado por diversos y graves delitos, huido de la Justicia y en franca y voluntaria rebeldía a la Justicia Española, es decir, al Estado Español.

Lo que me interesa poner de manifiesto es cómo el imperante espíritu totalitario ( la acumulación del Poder Ejecutivo y Legislativo en manos de una persona, sin frenos  constatables)contamina también a todos los que coadyuvan a tal concentración de Poder, en modo tal que ese representante de Junts ya “descuenta” que a ese cúmulo de Poder se unirán el  del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, en modo tal que ni siquiera hay que esperar a que se apruebe la ley para considerar que el Sr. Puigdemont, de hecho, ya está amnistiado y es posible actuar dentro de ese marco con desprecio absoluto al Poder Judicial. Como todo esto es imposible digerirlo constitucionalmente, porque es una transgresión total de la Constitución, la “lucha por el Derecho”, seria e inexorable, se hace cada día más difícil, pero más necesaria.  Von Ihering,La lucha por el Derecho, Dykinson 2018, decía que cuando el derecho propio ha sido ninguneado y pisoteado con desdén no sólo está en juego el Derecho, sino la persona misma.

Valentín Cortés

 

Miércoles 13 de Mayo de 2023

Gravísima responsabilidad

El gran deterioro constitucional que se está produciendo, ya al inicio de la tramitación de la proposición de ley sobre amnistía, es el anuncio del advenimiento de una gran quiebra constitucional si no es que el Tribunal Constitucional para, como es su deber constitucional, este dislate de ley pactado entre el Sr. Sánchez y los independentistas catalanes y vascos.

 Ayer (vid., por ejemplo, www.elespanol.com de hoy) el deterioro constitucional lo protagonizó, entre otros,  la Sra. Nogueras, que es la portavoz parlamentaria de uno de esos grupos parlamentarios; llamó indecentes, en un discurso y en un contexto de palabras y oraciones gramaticales de insulto y menosprecio, a los magistrados del Tribunal Supremo y del Constitucional que condenaron y no ampararon a los sediciosos catalanes, lo que sobrepasa de forma clara lo que es la libertad de expresión que debe tener todo parlamentario a la hora de defender sus ideas y propuestas políticas y ataca impunemente la estructura básica del Estado, que se basa, ya lo sabemos, en la división de Poderes. El ataque al Poder Judicial es tan patente y tan programado como la responsabilidad constitucional que tiene el Presidente del Gobierno en propiciarlo y seguir con lo pactado adelante sin importarle, a lo que se deduce de sus actuación y de sus silencios y palabras, las consecuencias que ello trae.

Su responsabilidad y la de los diputados que lo apoyan es muy grave e insoslayable.

Valentín Cortés

 

 

 

Martes 12 de Diciembre de 2023

La creación de comisiones de investigación sobre actividad judicial

La aprobación hoy en el Congreso de la constitución de comisiones de investigación (sobre los atentados islamistas en Barcelona en 2017, la llamada operación Cataluña del Gobierno de Rajoy y del espionaje Pegasus) tiene el objetivo confesado y pactado (entre el PSOE y los grupos independentistas catalanes, a fin de posibilitar la investidura del Sr. Sánchez) de demostrar lo que llaman estúpidamente lawfare que, como sabemos, es un término inglés que esconde el término castellano de prevaricación judicial.

 Partir del supuesto de que existió un empleo prevaricador de la Justicia al servicio de una lucha política es de una gravedad extraordinaria; someter a los jueces, que intervinieron de alguna manera en la investigación y castigo de los delitos que se cometieron en torno a esas llamadas operaciones, a  investigación política por el Congreso es una manifestación plástica de un inconstitucional control político del Poder Judicial por el Poder Legislativo y atenta contra la independencia de este último Poder y contra el fundamental principio constitucional y democrático de la separación de Poderes estatales; unir todo esto a la tramitación  de la ley de amnistía es retorcer y agrandar aún  más la violación de nuestra Constitución, pues la conclusión  a la que se llegará será convertir a los jueces en delincuentes y a los delincuentes en jueces, todo ello, para mayor escarnio, sólo y exclusivamente para que el Sr. Sánchez sea  Presidente del Gobierno.

 La responsabilidad, en este caso, del Tribunal Constitucional será histórica y no la podrán soslayar ni el Tribunal ni sus miembros.

Valentín Cortés

 

 

Lunes 11 de Diciembre de 2023

 

La suspensión del proceso penal por causa de la futura y previsible ley de amnistía

En estos días de descanso me llamó extraordinariamente la atención la noticia, presente en todos los medios de comunicación, de la suspensión acordada por un juzgado en Cataluña del proceso penal en el que se estaba enjuiciando a determinadas personas que, según el proyecto de proposición de ley presentado por el PSOE, podrían entrar en la tan anunciada ley de amnistía, que como sabemos ni se ha aprobado, ni siquiera se ha empezado a discutir en las Cortes.

No quiero perder la ocasión de manifestar que se trata de una “barbaridad jurídica”, posiblemente producto de una aberrante interpretación legal que no encuentra amparo en ningún articulo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 744 y ss) y que va en contra del principio de legalidad que consagra de forma solemne el art. 1 de la Ley citada, como necesidad ineludible de conformar la actuación judicial a las disposiciones de la ley, lo que es un trasunto de lo dispuesto en el art. 117 Constitución que obliga a los jueces a someterse exclusivamente al imperio de la Ley. Está de más afirmar que una proposición de ley en las Cortes no es ley hasta tanto no se aprueba de acuerdo con el procedimiento legislativo vigente.

Valentín Cortés

 

Martes 5 de  Diciembre de 2023

El control del Poder Judicial

Todos los intentos, que se están haciendo por los partidos políticos que apoyan al Gobierno por controlar políticamente al Poder Judicial, están destinados al más señalado fracaso. Es evidente que esos intentos llevan acompañada una campaña de desprestigio, pero es difícil que convenza a alguien más que a los políticos interesados y a los convencidos. Porque en un Estado de Derecho el estamento judicial está absolutamente impregnado de lo que dice la Constitución al efecto: “los jueces son independientes, inamovibles, responsables y únicamente sometidos al imperio de la ley”(art. 117.1). De modo que sólo será controlado políticamente aquel que se quiera dejar controlar, y, por el conocimiento personal que tengo de muchos de ellos, será difícil que se dejen.

Digo esto a cuento de las llamadas de parlamentos regionales e incluso del propio Congreso a jueces o magistrados a comparecer en comisiones parlamentarias de investigación de actuaciones judiciales. Irán y comparecerán si están obligados a ello; otra cosa es que sean controlados y se dejen controlar. Creo que no me equivoco cuando hago estas afirmaciones.

Valentín Cortés

 

NB: volveremos el próximo día 11. ¡Buen “puente” a todos!

 

Lunes 4 de Diciembre de 2023

 

El Consejo General del Poder Judicial, en funciones

La prensa de hoy da cuenta de que el CGPJ cumple cinco años en funciones. Esta es una anomalía constitucional que, sin ningún género de dudas, se nos antoja ciertamente grave.

Es mucho más grave que por ley  se haya privado al Consejo, que está en funciones, que desarrolle algunas de ellas que son de una importancia vital para el buen desarrollo de la función jurisdiccional; y aún más que esa mutilación de funciones se haya debido a que una parte de las Cortes, necesaria para llevar a cabo la renovación de los miembros del Consejo, ha querido presionar de esa manera a la otra para que, precisamente ésta última llegue a un acuerdo que, por lo que se ve, no quiere alcanzar. De donde se deduce que la situación de “en funciones” no es el obstáculo insalvable para que el Consejo funcione normalmente, sino la ley posterior que se aprobó.

Obligar a alguien a llegar a un acuerdo, que no quiere alcanzar con el contenido que se le plantea, es un imposible jurídico, pues no sería acuerdo, sino imposición. Quizá la única postura para que la Justicia (y por ende el Estado) no sufra la falta de acuerdo, sea devolver al Consejo todas sus competencias. Recuperadas éstas, será de nuevo el momento de  promulgar una ley que impida que la renovación del Consejo esté en manos de los partidos políticos, pues siempre antepondrán sus intereses partidarios a los intereses constitucionales del Estado.

Valentín Cortés