Lunes 15 de Octubre de 2018 

El espejo de la situación

He abierto la página de www.republica.com y me encuentro con dos titulares en paralelo: de una parte, se nos dice “La fiscalía baraja 20 años de cárcel para Junqueras y ERC pide la absolución para apoyar los PGE”. De otra, y justo al lado, unas declaraciones de Felipe Gonzalez: ”no tener presupuesto ya no es decisivo porque es aplicable la prorroga”. Si a ello le añadimos las filtraciones de este fin de semana sobre el contenido del escrito de acusación del Fiscal del Tribunal Supremo, las excusas de no intervención de la Ministro de Justicia, y las baladronadas de los independentistas llenas de amenazas, tendremos un espejo de la realidad política del momento.

Los independentistas sólo tratan (pienso que estérilmente) de convertir en político un asunto que es exclusivamente jurídico, porque, evidentemente, les iría mucho mejor de lo que previsiblemente les va a ir. De otro lado, no se olvide que las bazas políticas, aunque sean ilusorias e ilegales cómo estas que usan ERC, sólo se tienen si se les dan, y desde ese punto de vista, parece lógico pensar que quien ha apoyado una investidura, porque se le ha pedido, se crea con poder para influir sobre el contenido de los presupuestos. El problema es que se quiere influir con peticiones y amenazas imposibles e ilegales. Por eso está bien que alguien del peso y perspectiva socialista, como Felipe Gonzalez, advierta que no tener presupuestos ya no es decisivo pues se prorrogan los vigentes, aunque sean los del Sr. Rajoy.

Estoy convencido que la Sala Segunda del Tribunal Supremo no dejará que un asunto jurídico se solucione con criterios políticos.

Valentín Cortés

 

 

Jueves 11 de Octubre de 2018

Un despropósito jurídico 

He leído en www.elespanol.com que la Vicepresidente del Gobierno ha declarado en la emisora de radio de mayor audiencia en Barcelona que el Gobierno derogará el Decreto- Ley del Gobierno de Rajoy por el cual se posibilitó, hace justo un año, que un número grande de empresas catalanas se llevaran su domicilio a un lugar fuera de Cataluña al no regular como necesario el acuerdo de la Junta de accionistas para decidirlo, requiriéndose tan sólo el acuerdo del consejo o del órgano de administración.

Aquel Decreto-Ley permitió que miles de empresas pudieran en poco tiempo (eso era lo importante) trasladar el domicilio en Cataluña por otro fuera de esa región. Se consiguió tranquilidad en los mercados y seguridad en los clientes y accionistas de aquellas sociedades. Y no se dio, que se sepa, el caso de ninguna empresa que utilizara ese Real Decreto-Ley para cambiar, en tiempo récord, el domicilio de cualquier lugar del territorio nacional a Cataluña.

La decisión del Gobierno, si al final se toma, indicaría que piensa que las turbulencias independentistas han terminado y que conviene, pues, poner de nuevo trabas de trámites, tiempo y otras exigencias formales de publicidad para el cambio de domicilio que fue lo que precisamente se suprimió con el Decreto-Ley. Amén de que derogar el decreto sería tanto como poner esas trabas formales a las sociedades que quisieran volver a residir en el territorio de la Comunidad autónoma de Cataluña. ¡Todo un despropósito jurídico! Y quizá político.

Valentín Cortés

Miércoles 10 de Octubre de 2019

La tesis

Todo indica, por las noticias que ha ido publicando la prensa en estas ultimas semanas, que la tesis doctoral del Presidente del Gobierno, en cierta parte, es producto del plagio, amén de que contiene, parece ser, infinidad de defectos formales, que ningún doctorando puede cometer y mucho menos para obtener el sobresaliente cum laude que, como es sabido, es la nota máxima que se puede alcanzar en el grado de doctor.

Este tema, que se ha planteado en la sociedad y prensa de estos últimos días, no es ni mucho menos exclusivamente universitario, pues además de las connotaciones penales que pueda tener en su caso un plagio, no cabe duda que afecta al interés público que el Presidente del Gobierno ostente y disfrute de lo que realmente se haya podido ganar, no sólo en buena lid, sino en escrupuloso cumplimiento de las normas establecidas.

Para entendernos en pocas palabras, a mí, como doctor, me afecta personalmente, y tengo interés directo en ello, que toda tesis doctoral, que se pueda leer en España, se haga con cumplimiento de las normas establecidas y sin el menor rasgo de plagio, pues fue así como yo accedí al grado de doctor y fue eso lo que se me exigió. Y a los que no sean doctores les afecta y tienen interés directo en que el Presidente del Gobierno ostente las titulaciones que se merece y no las que haya podido ganar fuera de las reglas de juego.

El Presidente, cuando no quiere ir al Senado para dar cuenta de la tesis, hace mal, me imagino que políticamente, pero sobre todo hace mal desde el punto de vista legal. Es por este sector por donde le auguro peores resultados pues son muchos los que tienen interés.

Valentín Cortés

Martes 9 de Octubre de 2018

Delegar no es sustituir

Quien delega poderes o facultades tiene necesariamente que estar en la plenitud de sus derechos y necesariamente ha de tener los poderes y facultades que delega. El que sustituye se pone en el lugar del sustituido, quien, desde ese momento, pierde la titularidad de los derechos, facultades o poderes que podía ejercer.

 Lo que hoy ha decidido la mesa del Parlamento catalán es que los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo no pueden delegar, pues no tienen el poder de ejercer ninguno de los poderes, facultades o derechos que tuvieran con anterioridad en razón de su condición de parlamentario. Se está, pues, obedeciendo al Tribunal Supremo en la manera decidida por el Magistrado instructor de no incidir en las mayorías parlamentarias modificándolas. Se puede sustituir, pero no cabe delegación de voto, pues eso sería tanto como admitir que los diputados no están suspendidos.

Pues bien, leo en  www.lavanguardia.com el comunicado que han publicado( el periódico publica una fotocopia del comunicado) los cuatros diputados catalanes de JXCat suspendidos por el Tribunal Supremo en la causa por rebelión; comunicado que se ha publicado tras el acuerdo de la mesa.

El lenguaje, las acusaciones al Tribunal Supremo y al Magistrado instructor (a quien se denomina como Llarena, a secas) recuerda mucho, salvadas las grandes distancias, a la dialéctica y a literatura de los comunicados que se publicaban en la Colombia del final de siglo pasado y que provenían del cártel de Medellín en su dislocada lucha contra el pueblo y el Estado de Colombia. Merece la pena leerlo en su versión original en catalán.

Esa dislocada lucha de estos señores contra el Estado Español se resume en la bravata final del comunicado que me atrevo a traducir, que por sí sola se comenta: “Consideramos que esta delegación (la que ellos exigen) sólo puede ser rechazada desde la argumentación supeditada a las posibles coerciones de un órgano ajeno al poder legislativo”, que, por supuesto, es el Tribunal Supremo.

Valentín Cortés

 

Lunes 8 de Octubre de 2018

El Sr. Turull y el Estado de Derecho

 Sr. Turull, que fue Consejero de Presidencia durante los actos que dieron lugar a la acusación por rebelión de determinadas autoridades catalanas, declaró e hizo unas manifestaciones ante el Magistrado Llarena el 18 de Abril de este año, en la causa por rebelión, que, en un espíritu aunque sea medianamente informado de lo que es un Estado de Derecho, producen sonrojo y rechazo. Ahora las conocemos porque las ha dado a conocer Catalunya Radio y, sobre ellas, hace una extensa información www.elespanol.com de hoy.

Conviene escucharlas, porque haciéndolo se comprende mejor que los actos de rebelión producidos hace un año son producto, en gran parte, del convencimiento de que, por encima del ejecutivo y legislativo catalán, no existiría poder alguno y, en concreto, que el Poder Jurisdiccional  (“un magistrado”, en las declaraciones del Sr. Turull) no podría, en ningún caso, contradecir ni entorpecer los actos de aquellos poderes aunque fueran delictivos : “es la primera vez que un magistrado decide quien puede ser presidente y quien no”,  dice con toda desfachatez el Sr. Turull al Magistrado.

Por supuesto que el Magistrado ni quita ni pone presidentes en el sentido que dice el acusado. El Magistrado lo único que hizo fue meter en prisión al Sr. Turull por lo que llevó a cabo. Era, pues, la primera vez que el Magistrado metía en prisión al Sr. Turull, cómo es la primera vez que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzga al Sr. Turull por alzamiento de bienes y pudiera ser que sea la primera vez que ese Tribunal condene al Sr. Turull por la comisión de ese delito (vid. toda la prensa de hoy). Pura obviedad: unos delinquen y los jueces juzgan, aunque los presuntos delincuentes tuvieran la ilusión del ser presidentes de la Generalidad catalana.

Pero es que eso es el Estado de Derecho: ¡los jueces juzgan incluso a los integrantes del poder ejecutivo y del poder legislativo catalán!

Valentín Cortés

Viernes 5 de Octubre de 2018

Pura coacción

Los partidos independentistas se han “conjurado” (vid. la prensa de hoy) para seguir unidos en el Gobierno de Cataluña al menos hasta que se dicte la sentencia por el Tribunal Supremo en el juicio a celebrar contra los procesados por rebelión.

Han hecho mas o menos cómo los jugadores de los equipos de futbol que se conjuran en el campo para vencer al contrario que les va ganando el partido. Pero la diferencia está en el tono claramente amenazante que tiene esta conjura y en la coacción que encierra, no sólo aquella, sino las palabras del Presidente, Sr. Torra, afirmando, durante esta semana, en distintas ocasiones, que la sentencia señalará un punto de inflexión en la política catalana y en el quehacer del Gobierno catalán.

Nunca un tribunal estuvo tan amenazado y coaccionado, ni siquiera cuando ha juzgado y condenado a las mafias del narcotráfico. ¡En eso ha quedado la política catalana!

Valentín Cortés

 

 

Jueves 4 de Octubre de 2018

La búsqueda desesperada de la fortuna en Estrasburgo

Es sabido que la estrategia jurídica de los independentistas pasa por forzar diversas y continuadas decisiones de los tribunales españoles (que normalmente no se dan en la práctica diaria) para acudir, en su caso, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo buscando la nulidad de las resoluciones de los Tribunales españoles y la correspondiente “sanción” que la publicidad de ello comportaría. Hoy la prensa da cuenta de la enésima decisión del Tribunal Supremo negando la puesta en libertad de los presos independentistas que están en prisión provisional. Es claro que en ninguna de las ocasiones que los procesados han pedido la libertad se han dado las condiciones legales para que se produzca. Pero el juego está en buscar, desesperadamente diría yo, la resolución que “oportunamente” se pueda llevar al Tribunal de Estrasburgo con cierto éxito.

En este contexto (vid.www.elconfidencial.com) tiene importancia que ese Tribunal haya inadmitido la demanda de algunos de los miembros de la llamada Junta Electoral ilegal, constituida para poner en marcha el referéndum ilegal catalán, que fue disuelta por el Tribunal Constitucional, imponiendo, además, multas coercitivas a sus miembros hasta tanto no renunciaran al nombramiento. Ahora el Tribunal de Estrasburgo, desestimando la demanda, no aprecia violación de derechos humanos alguna en la decisión del Tribunal Constitucional.

La importancia de la decisión del Tribunal está en que no se ha producido la contraria, que, dados los antecedentes del Tribunal, en todo tipo de asuntos, no cabía excluir. De ahí la persistencia de los independentistas.

Valentín Cortés