Viernes 28 de Abril de 2017

Los aforamientos y la corrupción

Aunque sea una noticia de la prensa de ayer, quiero dar mi opinión sobre el acuerdo de la Asamblea murciana para reformar el Estatuto de Autonomía y suprimir los aforamientos de los Diputados y de los miembros del Gobierno.

Hay dos cuestiones que quisiera destacar:

La primera, es que esa reforma se tiene que aprobar por Ley orgánica en las Cortes Generales y pudiera darse el caso que la mayoría de la Asamblea murciana (PP y Ciudadanos) no se consiguiera en las Cortes, al votar en contra otros partidos necesarios para la obtención de la mayoría reforzada exigida en la aprobación de las Leyes orgánicas. Me imagino que, sin duda, habrá sido un factor tenido en cuenta por los políticos murcianos, tanto los que han votado a favor como los que lo han hecho en contra.

La segunda, que es un hecho científicamente demostrado que emprender reformas con equivocación de método (Ciudadanos ha afirmado que “con esto se lucha contra la corrupción”) conlleva el fracaso de la reforma. Puesto que el aforamiento, según mi humilde criterio, no propicia la corrupción, ni su eliminación depende de la supresión de aquel, estimo que esa reforma tiene poco recorrido, si no es que se emprende una general y bien enfocada de todos los aforamientos.

Valentín Cortés

Jueves 27 de Abril de 2017 

La reprobación del Fiscal General y del Fiscal Anticorrupción

El Partido Socialista y Ciudadanos han presentado en el Congreso la petición de reprobación del Fiscal General y del Fiscal Anticorrupción por su actuación en el caso u operación Lezo.

He podido leer en www.europapress.es que una de las causas que se esgrimen es que ambos fiscales han dictado órdenes a sus subordinados que son contrarias a las leyes.

Los partidos políticos están en la lucha política y utilizan, por consiguiente, las armas que estiman convenientes. Nada que objetar políticamente, porque ese no es mi campo.

 El problema está en el flaco favor que se hace, de camino, al Estado de Derecho, pues se cuestiona, en este caso, sin matiz alguno, a una institución tan importante como es la Fiscalía, perdiéndose de vista que la instrucción penal no se concede al funcionario de turno, sino a la institución pública del Ministerio Fiscal que está sometida al principio de jerarquía, con los correctores internos para evitar arbitrariedades  o, simplemente, divergencias de criterio que se consideren importantes subjetiva u objetivamente.Lo que parece haber funcionado en este caso. 

Esa pérdida de visión general la sufren algunos fiscales de base y algunos fiscales jefes, que están convirtiendo el Ministerio Fiscal en un campo de batalla política, todo ello ayudado por los Partidos políticos que están llegando a la aberración de creer que el único Poder que existe es el Legislativo, con lo que, parece, que nada importa que los demás Poderes se deterioren hasta donde sea conveniente a los intereses del momento.

Valentín Cortés

Miércoles  26 de Abril de 2017

 

A contracorriente

He leído en www.elconfidencial.com una noticia que me anima a ir a contracorriente en este mundo proceloso del binomio Justicia-corrupción política que nos inunda, atosiga, apabulla, cohíbe, acongoja y molesta un día sí y otro también. Por lo leído, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la demanda de la enfermera, antaño contagiada de ébola, y de su marido, contra la Sanidad española por haber sacrificado a su perro Excalibur; pedían 150.000€ de indemnización (¡). El perro fue sacrificado para evitar contagios.

La desgracia se cebó con aquella enfermera y gracias a un inmenso gasto de todos los españoles, a una inmensa profesionalidad de los responsables de Sanidad, a un sistema sanitario extraordinario y eficaz, ella salvó su vida y se evitaron mayores contagios que, curiosa e imprudentemente, la enfermera no había evitado.

La desgracia le trastornó posiblemente su sentido, no ya del agradecimiento, que también, sino su sentido de la medida de sus derechos y, ahora acaba de perder, y con condena en  costas, gracias a una Justicia digna y a la altura de las circunstancias, la última de las demandas que interpuso y con las que pretendía sumas inmensas de euros en indemnizaciones por razones diversas.

En su momento, ya dije en este blog, que tuvo suerte de que algunas de las personas, a las que expuso de forma imprudente a la enfermedad, y que fueron denunciadas por ella de no haberla atendido correctamente, no la emprendieran judicialmente contra ella para que se castigara su proceder.

Por último, www.elconfidencial.com se “equivoca” al intitular la noticia afirmando que el perro no vale 150.000 €, porque lo que la Justicia ha dicho es que el perro fue acertada y legalmente sacrificado, y que, por tanto, no se puede pedir indemnización alguna por su sacrificio.

Valentín Cortés

 

Martes 25 de Abril de 2017

 

La fiscalía denuncia a la Delegada del Gobierno en Madrid

He tenido la paciencia de leerme la noticia, que está en todos los medios digitales. Lo he hecho en www.europapress.es, que la da con más detalle.

 Lo que en unos medios, incluso, se dice que es fraude, resulta al final un posible delito societario, que, por lo que leo, tiene todos los visos de ni siquiera serlo, pues, parece ser más el disgusto que produce, en el Ayuntamiento de Madrid de la actualidad, la gestión empresarial en el pasado de esta señora en una sociedad municipal.

Los juristas ( incluidos los jueces y los fiscales) sabemos que, desde una de las últimas modificaciones del Código Penal, mal afortunada por cierto, hace ya tiempo existe una tendencia procesal de resolver por el camino de la querella y denuncia penales, lo que son sólo conflictos mercantiles entre socios y entre estos y los directivos de la sociedad, porque esa es la manera de presionar con  más fuerza, y de obtener con  menos esfuerzo y razones jurídicas, soluciones al conflicto más favorables para el que denuncia o se querella, soluciones que no se obtendrían, o se tardaría más, de llevarlas por el camino adecuado: el mercantil.

No lo sé; pero lo pongo en conocimiento, porque es una manifestación más de la instrumentalización de la Justicia. Lo malo de esto es que sólo lo sabremos cuando pasen muchos meses y, entonces, quizá, la solución no interesará ni siquiera al Ayuntamiento de Madrid (quien denunció ante la Fiscalía), pues quizá haya conseguido entre tanto lo que pretendía.

Lo que no comprendo es las razones que haya podido tener la Fiscalía para presentar ella la denuncia ante el Juzgado, máxime ahora que se está reivindicando la instrucción sumarial del Fiscal.

Valentin Cortés

 

 

Lunes 24 de Abril de 2017

El desalojo de unas viviendas ocupadas ilegalmente en Majadahonda

Posiblemente no hubiera escrito hoy mi opinión sobre esta noticia (que he leído en www.europapress.es), pero han ocurrido dos circunstancias completamente extraordinarias y escribo sobre ello:

La primera, que he pasado por el lugar muy de mañana; y la segunda, que he podido leer que el Ayuntamiento ha manifestado que “no tiene nada que ver con este desalojo”.

Al pasar he podido ver a la policía que se disponía a cumplir, efectivamente, la orden judicial de desalojo de un edificio cuyo propietario está obligado a demoler, desde el mismo momento en que lo terminó, si no antes, por exceso de altura, volumen, etc.

En el tejado y terrazas hay un muestrario amplísimo de antenas parabólicas, placas solares de calefacción y agua, y placas fotovoltaicas para la producción de electricidad, cada una de ellas dando servicio a las viviendas ocupadas ilegalmente, mediante tubos, cables y demás conexiones que cuelgan por las fachadas del edificio.

Todo, la obra ilegal realizada, la ocupación de las viviendas, una detrás de la otra, de un edificio clausurado por el Ayuntamiento, la colocación de parabólicas, placas solares, fotovoltaicas en terrazas y tejados, todo se ha llevado a cabo a ciencia y paciencia del Ayuntamiento, pues es evidente que no lo ha impedido en su momento o distintos momentos. Tampoco ha procurado el realojo de esas familias mediante la construcción de viviendas de tipo social, alquiladas o vendidas a bajo precio, porque, naturalmente, me imagino, es más barato que se ocupen los edificios de los particulares.

De modo que el Ayuntamiento sí tiene que ver con el desalojo; es, además de los ocupantes, el responsable del desalojo que esta mañana, por las casualidades de la vida, he casi presenciado en Majadahonda; que, por cierto, es el municipio más rico de España, después de Pozuelo de Alarcón. ¡Ah!, un vecino que estaba viendo el espectáculo me ha dicho: como este edificio ocupado hay otros muchos en el pueblo y el Ayuntamiento no hace nada para evitarlo.

Valentín Cortés

Viernes 21 de Abril de 2017

La tendencia al teatrillo

Junto a la tendencia irrefrenable al fraude legal que tiene el independentismo catalán, y que tantas veces hemos señalado, se podría ahora confirmar la tendencia al teatrillo. Lo digo por lo que se puede leer en la prensa digital, acerca del manifiesto firmado por todos los miembros del gobierno catalán, con foto incluida de sus cargos primarios, secundarios y terciarios, “conjurándose” (tal como hacen los jugadores en el vestuario en el descanso del partido que van perdiendo) a convocar y celebrar el referéndum ilegal.

Dado que, tal como sabemos, la tendencia al fraude es irrefrenable, utilizan esta estrategia para organizar una especie de Fuenteovejuna (realmente paradigma de lo castellano) que evite el castigo jurídico que les espera. Unen, por tanto, una tendencia con la otra.

¡Hasta aquí lo político!

El problema (y aquí empieza lo jurídico) vendrá cuando haya que firmar el decreto de convocatoria y gastar dineros públicos para ello. ¡Entonces será el crujir y rechinar de dientes! Y, lo menos sorprendente que pueden esperar “los que sean firmantes conjurados”, no del manifiesto sino del decreto, es que nada evitará el castigo por la convocatoria del referéndum y por ordenar gastar dineros en ello, pues, al contrario de Fuenteovejuna, no se celebrará o cometerá (según se quiera calificar la celebración del evento), y, además, se castigará al que lo ordenare o gastare. ¡Vamos, lo de Lope de Vega, pero al revés!

Valentín Cortés

Jueves 20 de Abril de 2017

La sobreactuación de los partidos políticos.

La prensa digital de hoy, en mayor o menor medida, con más o menos tintes de escándalo, recoge la noticia (que yo aconsejo leer en www.europapress.es), según la cual el Fiscal Anticorrupción “intentó parar” uno de los registros domiciliarios en la llamada operación  Lezo, en la que ha sido detenido un ex Presidente de la Comunidad de Madrid.

Leyendo la noticia en Europa Press se entera uno que la cosa es distinta, pues, ante la divergencia de criterio del Fiscal Jefe y los que llevan la investigación, éstos pidieron la aplicación del Estatuto del Ministerio Fiscal y, por consiguiente, la convocatoria de la Junta de Fiscales para que se debatiera sobre el tema; así se hizo y el Fiscal jefe, ante la opinión contraria a la suya de la Junta, cambió la orden y ese registro domiciliario también se efectuó. La orden no afectaba a los encausados principales sino a un personaje muy secundario de la trama.

Leo en www.elespañol.com que el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos han pedido inmediatamente la comparecencia en el Congreso del Ministro de Justicia (¡?) y del Fiscal General del Estado, y me temo que esa sobreactuación sólo conseguirá que los comparecientes en su momento expliquen lo actuado en el seno de la Fiscalía cumpliendo estrictamente el Estatuto. Una sobreactuación inútil que obtendrá, como resultado, que le impartan a los Sres. Diputados una lección de derecho procesal orgánico, y, si no, al tiempo.

Valentín Cortés