Martes 19 de Diciembre de 2023

La ley de amnistía y la Comisión Venecia

El Consejo de Europa, que no depende de las Unión Europea, a través de la Comisión Venecia, ha accedido ( vid. prensa de hoy) a informar sobre el proyecto de proposición de ley de amnistía que el PSOE ha enviado a las Cortes para su aprobación. Ese informe determinará la adecuación o no de ese proyecto legal a los estándares legales europeos en varios puntos, aunque principalmente en lo que se refiere a la arbitrariedad (para nosotros, patente como ya hemos defendido en varias ocasiones en este blog) del proyecto y ataque a la división de Poderes ( igualmente patente), así como lo referente a la amnistía de delitos de terrorismo y de malversación de caudales públicos, que sobrepasa, aún más allá, la línea roja de un Estado de Derecho europeo.

Lo importante hoy para nosotros es resaltar que el proyecto socialista será sometido, por petición del Senado, al dictamen, no sólo del Consejo General del Poder Judicial y demás órganos consultivos concernidos en el tema, sino también al de la Comisión Venecia de prestigio y seriedad indiscutibles en Europa.

En estas condiciones el recurso de inconstitucionalidad que el PSOE ( vid, www.europapress.es) ha presentado por la modificación del reglamento del Senado, que permite una tramitación parlamentaria más lenta y posibilita estos dictámenes, tiene una dificultad añadida para que prospere, pues parece difícil que el Tribunal Constitucional pueda  soslayar lo positivo de contar con estos asesoramientos que hubieran sido imposibles sin la modificación del Reglamento, precisamente por el fraude parlamentario de presentar lo que es un proyecto de ley del Gobierno como una proposición de ley de un partido político.

Valentín Cortés

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 18 de Diciembre de 2023

La citación de jueces y magistrados para declarar en las comisiones parlamentarias.

Leo en www.elespanol.com que el Consejo General del Poder Judicial ha denegado, en todo momento, el permiso para que los jueces acudan a las comisiones parlamentarias a declarar sobre las actuaciones judiciales en las que han participado. Todo ello en relación con las comisiones parlamentarias que se han creado para investigar la actuación de los jueces que han intervenido de alguna manera en los procesos penales sobre el llamado “proceso” catalán. Dicho así, es evidente que se crea una confusión que es necesario aclarar.

En primer lugar, las actuaciones jurisdiccionales (en cuanto el Juez decide y dicta resoluciones, art.233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) son secretas y el Juez comete un delito si revela algo más allá de su contenido, art. 466,2 del Código Penal); ni tampoco podrá desvelar el contenido de sus demás actuaciones judiciales fuera del estrecho campo subjetivo de las partes procesales. En segundo lugar, a los jueces sólo se les puede exigir responsabilidad civil, penal y administrativa, en los márgenes que marca la ley y ante el órgano competente, que es el jurisdiccional, en el marco civil y penal, o el del Consejo General del Poder judicial, en el marco disciplinario, porque el juez no está sometido  sino al imperio de la Ley ( art. 117 de la Constitución) que excluye la responsabilidad política y, desde luego, la justificación o explicación de actuaciones judiciales antes órganos distintos al del Poder Judicial; por lo que es inútil citarlos para que declaren ante Comisiones Parlamentarias sobre actuaciones judiciales en las que hayan podido intervenir. Es una perdida absoluta de tiempo, amén de que justificaría, en su caso, que no acudieran sin son citados para ello. Por tanto, o los parlamentarios desconocen por completo nuestro ordenamiento jurídico y constitucional ( lo que es muy probable) o buscan, sabiendo el resultado final de la citación, un  medio propagandístico de ataque al Poder Judicial

Valentín  Cortés

 

 

Viernes 15 de Diciembre de 2023

Sólo condenas formales

La Ministra de Defensa, que antes de diversos cargos políticos fue magistrada, ha manifestado -lo leo en la prensa de hoy- su rechazo a los ataques de la Sra. Nogueras en el Congreso a determinados jueces que intervinieron en las condenas que se produjeron en rededor de los acontecimientos del llamado “proceso” catalán (vid. nuestra opinión del miércoles pasado). Es saludable que un miembro del Gobierno condene esta actitud; también lo ha hecho el Ministro Sr. Bolaños.

Lo que ocurre es que ese Gobierno del que forman parte se ha constituido y se apoya en el grupo parlamentario de la Sra. Nogueras, que tiene el respaldo de aquel en todo lo dicho. Ocurre, también, que, en cumplimiento del pacto que permitió a la Sra. Robles y al Sr. Bolaños ser ministros de tal Gobierno, se ha aprobado en el Congreso, posiblemente con el voto favorable de ellos, la constitución de comisiones parlamentarias que pretenden, entre otras cosas, investigar precisamente a esos jueces, y a otros, acusándolos de eso que ahora llaman, olvidándose del español, lawfare. De donde se deduce que la condena de los ministros es sólo formal y epidérmica, pues la única manera constitucional de controlar a los jueces es a través del proceso jurisdiccional para determinar, en su caso, su responsabilidad civil, administrativa o penal por sus actuaciones jurisdiccionales. La Ministra, que ha sido magistrada, y también el Ministro se olvidan, pues, de algo tan esencial y básico en nuestro sistema constitucional.

Valentín Cortés

 

 

Jueves 14 de Diciembre de 2023

La lucha por el Derecho

Toda la prensa se hace eco de las declaraciones de un importante miembro del partido independentista catalán Junts, que ha anunciado con gran pomposidad que el Sr. Puigdemont y el Presidente de Gobierno se reunirán próximamente, en el extranjero, para “abordar la negociación y profundizar en la resolución del conflicto político”. Traigo esta declaración al blog porque, de ser cierto el contenido del anuncio, y nadie seriamente lo duda ( vid. la prensa digital de esta mañana), esa reunión se produciría antes de que se pudiera aprobar la posible ley de amnistía, pues mientras tanto, si el Sr. Puigdemont viene a España, incluso en contra de la voluntad del Presidente, aquel sería detenido y metido en prisión. De esta noticia no me interesa hoy, siendo importante, el posible enfoque penal que tendría que el Presidente se reuniera con un procesado por diversos y graves delitos, huido de la Justicia y en franca y voluntaria rebeldía a la Justicia Española, es decir, al Estado Español.

Lo que me interesa poner de manifiesto es cómo el imperante espíritu totalitario ( la acumulación del Poder Ejecutivo y Legislativo en manos de una persona, sin frenos  constatables)contamina también a todos los que coadyuvan a tal concentración de Poder, en modo tal que ese representante de Junts ya “descuenta” que a ese cúmulo de Poder se unirán el  del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, en modo tal que ni siquiera hay que esperar a que se apruebe la ley para considerar que el Sr. Puigdemont, de hecho, ya está amnistiado y es posible actuar dentro de ese marco con desprecio absoluto al Poder Judicial. Como todo esto es imposible digerirlo constitucionalmente, porque es una transgresión total de la Constitución, la “lucha por el Derecho”, seria e inexorable, se hace cada día más difícil, pero más necesaria.  Von Ihering,La lucha por el Derecho, Dykinson 2018, decía que cuando el derecho propio ha sido ninguneado y pisoteado con desdén no sólo está en juego el Derecho, sino la persona misma.

Valentín Cortés

 

Miércoles 13 de Mayo de 2023

Gravísima responsabilidad

El gran deterioro constitucional que se está produciendo, ya al inicio de la tramitación de la proposición de ley sobre amnistía, es el anuncio del advenimiento de una gran quiebra constitucional si no es que el Tribunal Constitucional para, como es su deber constitucional, este dislate de ley pactado entre el Sr. Sánchez y los independentistas catalanes y vascos.

 Ayer (vid., por ejemplo, www.elespanol.com de hoy) el deterioro constitucional lo protagonizó, entre otros,  la Sra. Nogueras, que es la portavoz parlamentaria de uno de esos grupos parlamentarios; llamó indecentes, en un discurso y en un contexto de palabras y oraciones gramaticales de insulto y menosprecio, a los magistrados del Tribunal Supremo y del Constitucional que condenaron y no ampararon a los sediciosos catalanes, lo que sobrepasa de forma clara lo que es la libertad de expresión que debe tener todo parlamentario a la hora de defender sus ideas y propuestas políticas y ataca impunemente la estructura básica del Estado, que se basa, ya lo sabemos, en la división de Poderes. El ataque al Poder Judicial es tan patente y tan programado como la responsabilidad constitucional que tiene el Presidente del Gobierno en propiciarlo y seguir con lo pactado adelante sin importarle, a lo que se deduce de sus actuación y de sus silencios y palabras, las consecuencias que ello trae.

Su responsabilidad y la de los diputados que lo apoyan es muy grave e insoslayable.

Valentín Cortés

 

 

 

Martes 12 de Diciembre de 2023

La creación de comisiones de investigación sobre actividad judicial

La aprobación hoy en el Congreso de la constitución de comisiones de investigación (sobre los atentados islamistas en Barcelona en 2017, la llamada operación Cataluña del Gobierno de Rajoy y del espionaje Pegasus) tiene el objetivo confesado y pactado (entre el PSOE y los grupos independentistas catalanes, a fin de posibilitar la investidura del Sr. Sánchez) de demostrar lo que llaman estúpidamente lawfare que, como sabemos, es un término inglés que esconde el término castellano de prevaricación judicial.

 Partir del supuesto de que existió un empleo prevaricador de la Justicia al servicio de una lucha política es de una gravedad extraordinaria; someter a los jueces, que intervinieron de alguna manera en la investigación y castigo de los delitos que se cometieron en torno a esas llamadas operaciones, a  investigación política por el Congreso es una manifestación plástica de un inconstitucional control político del Poder Judicial por el Poder Legislativo y atenta contra la independencia de este último Poder y contra el fundamental principio constitucional y democrático de la separación de Poderes estatales; unir todo esto a la tramitación  de la ley de amnistía es retorcer y agrandar aún  más la violación de nuestra Constitución, pues la conclusión  a la que se llegará será convertir a los jueces en delincuentes y a los delincuentes en jueces, todo ello, para mayor escarnio, sólo y exclusivamente para que el Sr. Sánchez sea  Presidente del Gobierno.

 La responsabilidad, en este caso, del Tribunal Constitucional será histórica y no la podrán soslayar ni el Tribunal ni sus miembros.

Valentín Cortés

 

 

Lunes 11 de Diciembre de 2023

 

La suspensión del proceso penal por causa de la futura y previsible ley de amnistía

En estos días de descanso me llamó extraordinariamente la atención la noticia, presente en todos los medios de comunicación, de la suspensión acordada por un juzgado en Cataluña del proceso penal en el que se estaba enjuiciando a determinadas personas que, según el proyecto de proposición de ley presentado por el PSOE, podrían entrar en la tan anunciada ley de amnistía, que como sabemos ni se ha aprobado, ni siquiera se ha empezado a discutir en las Cortes.

No quiero perder la ocasión de manifestar que se trata de una “barbaridad jurídica”, posiblemente producto de una aberrante interpretación legal que no encuentra amparo en ningún articulo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 744 y ss) y que va en contra del principio de legalidad que consagra de forma solemne el art. 1 de la Ley citada, como necesidad ineludible de conformar la actuación judicial a las disposiciones de la ley, lo que es un trasunto de lo dispuesto en el art. 117 Constitución que obliga a los jueces a someterse exclusivamente al imperio de la Ley. Está de más afirmar que una proposición de ley en las Cortes no es ley hasta tanto no se aprueba de acuerdo con el procedimiento legislativo vigente.

Valentín Cortés