Martes 12 de Diciembre de 2023

La creación de comisiones de investigación sobre actividad judicial

La aprobación hoy en el Congreso de la constitución de comisiones de investigación (sobre los atentados islamistas en Barcelona en 2017, la llamada operación Cataluña del Gobierno de Rajoy y del espionaje Pegasus) tiene el objetivo confesado y pactado (entre el PSOE y los grupos independentistas catalanes, a fin de posibilitar la investidura del Sr. Sánchez) de demostrar lo que llaman estúpidamente lawfare que, como sabemos, es un término inglés que esconde el término castellano de prevaricación judicial.

 Partir del supuesto de que existió un empleo prevaricador de la Justicia al servicio de una lucha política es de una gravedad extraordinaria; someter a los jueces, que intervinieron de alguna manera en la investigación y castigo de los delitos que se cometieron en torno a esas llamadas operaciones, a  investigación política por el Congreso es una manifestación plástica de un inconstitucional control político del Poder Judicial por el Poder Legislativo y atenta contra la independencia de este último Poder y contra el fundamental principio constitucional y democrático de la separación de Poderes estatales; unir todo esto a la tramitación  de la ley de amnistía es retorcer y agrandar aún  más la violación de nuestra Constitución, pues la conclusión  a la que se llegará será convertir a los jueces en delincuentes y a los delincuentes en jueces, todo ello, para mayor escarnio, sólo y exclusivamente para que el Sr. Sánchez sea  Presidente del Gobierno.

 La responsabilidad, en este caso, del Tribunal Constitucional será histórica y no la podrán soslayar ni el Tribunal ni sus miembros.

Valentín Cortés

 

 

Lunes 11 de Diciembre de 2023

 

La suspensión del proceso penal por causa de la futura y previsible ley de amnistía

En estos días de descanso me llamó extraordinariamente la atención la noticia, presente en todos los medios de comunicación, de la suspensión acordada por un juzgado en Cataluña del proceso penal en el que se estaba enjuiciando a determinadas personas que, según el proyecto de proposición de ley presentado por el PSOE, podrían entrar en la tan anunciada ley de amnistía, que como sabemos ni se ha aprobado, ni siquiera se ha empezado a discutir en las Cortes.

No quiero perder la ocasión de manifestar que se trata de una “barbaridad jurídica”, posiblemente producto de una aberrante interpretación legal que no encuentra amparo en ningún articulo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 744 y ss) y que va en contra del principio de legalidad que consagra de forma solemne el art. 1 de la Ley citada, como necesidad ineludible de conformar la actuación judicial a las disposiciones de la ley, lo que es un trasunto de lo dispuesto en el art. 117 Constitución que obliga a los jueces a someterse exclusivamente al imperio de la Ley. Está de más afirmar que una proposición de ley en las Cortes no es ley hasta tanto no se aprueba de acuerdo con el procedimiento legislativo vigente.

Valentín Cortés

 

Martes 5 de  Diciembre de 2023

El control del Poder Judicial

Todos los intentos, que se están haciendo por los partidos políticos que apoyan al Gobierno por controlar políticamente al Poder Judicial, están destinados al más señalado fracaso. Es evidente que esos intentos llevan acompañada una campaña de desprestigio, pero es difícil que convenza a alguien más que a los políticos interesados y a los convencidos. Porque en un Estado de Derecho el estamento judicial está absolutamente impregnado de lo que dice la Constitución al efecto: “los jueces son independientes, inamovibles, responsables y únicamente sometidos al imperio de la ley”(art. 117.1). De modo que sólo será controlado políticamente aquel que se quiera dejar controlar, y, por el conocimiento personal que tengo de muchos de ellos, será difícil que se dejen.

Digo esto a cuento de las llamadas de parlamentos regionales e incluso del propio Congreso a jueces o magistrados a comparecer en comisiones parlamentarias de investigación de actuaciones judiciales. Irán y comparecerán si están obligados a ello; otra cosa es que sean controlados y se dejen controlar. Creo que no me equivoco cuando hago estas afirmaciones.

Valentín Cortés

 

NB: volveremos el próximo día 11. ¡Buen “puente” a todos!

 

Lunes 4 de Diciembre de 2023

 

El Consejo General del Poder Judicial, en funciones

La prensa de hoy da cuenta de que el CGPJ cumple cinco años en funciones. Esta es una anomalía constitucional que, sin ningún género de dudas, se nos antoja ciertamente grave.

Es mucho más grave que por ley  se haya privado al Consejo, que está en funciones, que desarrolle algunas de ellas que son de una importancia vital para el buen desarrollo de la función jurisdiccional; y aún más que esa mutilación de funciones se haya debido a que una parte de las Cortes, necesaria para llevar a cabo la renovación de los miembros del Consejo, ha querido presionar de esa manera a la otra para que, precisamente ésta última llegue a un acuerdo que, por lo que se ve, no quiere alcanzar. De donde se deduce que la situación de “en funciones” no es el obstáculo insalvable para que el Consejo funcione normalmente, sino la ley posterior que se aprobó.

Obligar a alguien a llegar a un acuerdo, que no quiere alcanzar con el contenido que se le plantea, es un imposible jurídico, pues no sería acuerdo, sino imposición. Quizá la única postura para que la Justicia (y por ende el Estado) no sufra la falta de acuerdo, sea devolver al Consejo todas sus competencias. Recuperadas éstas, será de nuevo el momento de  promulgar una ley que impida que la renovación del Consejo esté en manos de los partidos políticos, pues siempre antepondrán sus intereses partidarios a los intereses constitucionales del Estado.

Valentín Cortés

 

 

Viernes 1 de Diciembre de 2023

 

Sólo desprecio por el Derecho

La decisión del Consejo General del Poder Judicial (vid. prensa de hoy) sobre falta de idoneidad del Sr. Ortiz como Fiscal General, según la propuesta del Gobierno, es la consecuencia obligada de la sentencia del Tribunal Supremo de hace unos días en la que se anulaba una decisión de aquel por desviación de poder, que, como dijimos el pasado 23 de Noviembre, es la manifestación más espuria de la actuación de una autoridad, incalificable por su gravedad si se predica del Fiscal General. Éste, lejos de dimitir, aceptó la nueva propuesta de renovación que le hizo el Gobierno, lo que fue producto del desprecio de uno y otro al Tribunal Supremo y al Estado de Derecho. Frente a esto no caben excusas de mal pagador, como las que recoge hoy la prensa proveniente del Ministro de Justicia, excusas que no voy a comentar por su evidente y total vaciedad jurídica.

La nueva decisión del Tribunal Supremo, anulando el nombramiento de la Presidenta del Consejo de Estado por no ser una jurista de reconocido prestigio (vid. toda la prensa de hoy), pone al Gobierno (heredero del anterior que hizo el nombramiento) ante su espejo: sólo desprecio continuado y pertinaz al Derecho sin importarle nada el Estado de Derecho. Ahora, sin duda y a coro, vendrán los ataques al Poder Judicial.

Valentín Cortés

 

 

Jueves 30 de Noviembre de 2023

La legitimidad en el pensamiento de la Presidenta del Congreso

La prensa da debida cuenta de los términos del discurso de la Presidenta del Congreso en la apertura conjunta ayer de la nueva legislatura en ambas Cámaras. No voy a entrar, lógicamente, en el comentario político que hace la prensa y me atendré a dar mi opinión jurídica.

Tiene la Presidenta un concepto de “legitimidad” ciertamente rudimentario. Para ella la decisión sobre la ley de amnistía (sobre cualquier ley, me imagino) “es legítima porque emana de la voluntad ciudadana”. Digamos que en nuestra Constitución la voluntad ciudadana no existe; existe “la soberanía nacional que reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado (art.1.2 Constitución), también, lógicamente, del Legislativo. Pero eso no significa que el Poder Legislativo pueda hacer lo que quiera, porque esa soberanía nacional le viene dada al Poder Legislativo, como a los demás, con la condición que se sujete (atenga), en su actuación, a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico (art.9.1 Constitución). Lo contrario sería ir contra la soberanía nacional, que reside en el pueblo español, que ha establecido esa condición y límite, en la Constitución, otorgada y aprobada por ese pueblo. De modo que las Cortes no están legitimadas sin más para hacer y promulgar la ley que quiera: lo estarán si se atienen y sujetan a la Constitución. El pensamiento de la Presidenta tuvo un gran protagonismo en Alemania  con el advenimiento del nacional-socialismo,  que, como dijo Radbruch, estaba dispuesto a “eludir la exigencia que caracteriza especialmente a la justicia: el tratamiento igual de lo igual”, de donde “no se trata de un derecho injusto sino que no es en absoluto derecho”. En esa situación no puede haber legitimidad alguna.

Valentín Cortés

 

Miércoles 29 de Noviembre de 2023

La arbitrariedad de la Mesa del Congreso

Como hemos leído en la prensa, la Mesa del Congreso ha rechazado la petición del PP y de Vox para que la Cámara solicite sendos informes jurídicos al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal sobre la proposición de ley de amnistía presentada por el Partido Socialista. Si el proyecto hubiera sido de ley sería preceptivo que se hubieran presentado dichos informes entre otros. Ya hemos hablado en este blog del fraude que supone, de hecho, esta vía parlamentaria de la proposición de ley.

Será difícil encontrar un ejemplo más plástico que éste del sometimiento del Congreso a un partido político y, por ende, en este caso, al Poder Ejecutivo; de donde, cuando en alguna ocasión hemos dicho, de forma jocosa, en este blog que el Congreso se había convertido en el brazo tonto del Ejecutivo no andábamos muy equivocados. No existe, fuera de lo meramente procedimental (que precisamente da pie al fraude de ley que citábamos), explicación jurídica-constitucional alguna que pueda justificar que, un proyecto tramitado en el Congreso, que ha suscitado tanta contestación en la sociedad, no cuente con esos informes jurídicos; ello es especialmente escandaloso cuando se trata de un proyecto legislativo sobre la amnistía que afecta de lleno al Poder Judicial, a la igualdad de los ciudadanos, a la interdicción de la arbitrariedad y al Estado de Derecho en su conjunto: sólo el sometimiento de la Mesa del Congreso al dictado del Gobierno explica el gran sin sentido de esta decisión, que es el culmen de la arbitrariedad anticonstitucional que practica el Gobierno y, ahora, la Mesa del Congreso con esta decisión.

Valentín Cortés