Valentín Cortés Domínguez

Valentín Cortés Dominguez es Catedrático de Derecho Procesal. Ha sido abogado con 47 años de experiencia, conferenciante y autor de múltiples publicaciones jurídicas y de manuales de derecho procesal que son libros de texto en distintas universidades españolas y de América latina.

jueves, 11 de mayo de 2023

 

Jueves 11 de Mayo de 2023

Otro expediente de la Junta Electoral Central a la Ministra portavoz

Creo que ya son dos los expedientes sancionadores de la Junta Electoral a la Ministra  Portavoz por utilizar las ruedas de prensa, tras el Consejo de Ministros, para llevar a cabo con sus declaraciones actos de propaganda o de crítica no permitidos por la Ley Electoral. Hoy la prensa, de forma unánime, recoge la noticia de este nuevo expediente.

No sé el impacto social y político que puedan tener estas declaraciones o estas críticas; provenientes de una ministra, por muy portavoz que sea, yo me imagino que poco o nulo. Pero sí sé que es de gran impacto que la ministra muestre ese talante de desprecio por el Derecho vigente, al que la propia Constitución remarca, con declaración solemne de principio esencial de nuestro sistema, que vincula a todos: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento juridico” (art. 9.1).

 Entiendo que para los españoles no es muy edificante que una ministra desprecie a la Junta Electoral Central, y a sus expedientes sancionadores, y que viole sistemáticamente la Ley Electoral. Desgraciadamente estos resabios antijurídicos de algunos miembros del Gobierno nos recuerdan a aquella doctrina marxista de la aplicación alternativa del derecho, una de cuyas variantes es que sólo aplico el derecho que me gusta y el que no, o lo desprecio o lo modifico con interpretaciones sectarias o partidistas.

Espero que la ministra abandone este desprecio por el Derecho y se sumerja en todo lo que significa Estado de Derecho.

Valentín Cortés

 


miércoles, 10 de mayo de 2023

 

Miércoles 10 de Mayo de 2023

El desastre constitucional del Tribunal Constitucional

Ayer se anunció la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto; hace unos días conocimos la sentencia sobre la ley de la eutanasia. Sólo he podido leer la sentencia referente a la eutanasia, pero todo indica que la del aborto bebe en las mismas fuentes.

 En las dos el Tribunal Constitucional crea un derecho constitucional nuevo, cual es el de autodeterminación, que, en el caso de la eutanasia, es de la persona sobre su vida y la decisión sobre el momento de su muerte y, en el caso de la del aborto, es el de la mujer sobre su gestación. Nada de eso está en la Constitución; por el contrario, sí está el derecho a la vida que “formalmente" se respeta (en la que he leído) dándole tal interpretación que deja o de ser derecho o de referirse a la vida. Argumentos de aquella, y me imagino de la del aborto, sacados con fórceps (nunca mejor empleado el termino en sentido derivado), después de muchas líneas de incomprensible o de difícil escritura, párrafos cogidos de aquí y de allí, de copiar y pegar, de infinidad de citas inconsistentes, en sentencia sin la menor claridad expositiva y con grandes lagunas jurídicas. Es un deterioro evidente de la Justicia constitucional que se une, así, de forma clara y directa, a las tesis que emana el Gobierno de turno con la asistencia inestimable de un Poder Legislativo de turno fuera de la independencia que querría la Constitución. Cualquier persona con un poco de formación se preguntará si el Tribunal Constitucional puede crear derechos constitucionales no recogidos en la Constitución. Yo, modestamente, opino que no. Y  aun más:  creo que es un desastre constitucional y que lo será en el futuro porque el Tribunal Constitucional está en el camino de convertirse con toda seguridad en el Tribunal Constitucional del Gobierno y del Parlamento de turno; y entonces nos preguntaremos qué utilidad nos ofrece el Tribunal.Ninguna.

Valentín Cortés

 

martes, 9 de mayo de 2023

 

Martes 9 de Mayo de 2023

Las advertencias de Europa en materia de Estado de Derecho

Me imagino que la advertencia del Comisario europeo de Justicia, Sr. Reynders, a España (vid. la prensa de hoy), recordándole la necesidad de que, antes de que el Sr. Sánchez asuma la Presidencia de la Unión, se haya renovado el Consejo General del Poder Judicial e inmediatamente se cambie el sistema legal de elección de los vocales del Consejo, no será atendida.  Lo digo no porque crea que es una advertencia equivocada o insensata, sino por los antecedentes que conocemos. Y porque, me imagino, que los partidos políticos implicados en la solución del tema habrán valorado las consecuencias políticas de no hacerlo.

Pero, en esos antecedentes observo, de una parte, un desprecio evidente del Gobierno por el problema de la Justicia en España, y un irresponsable desconocimiento de su importancia social y económica (que se muestra tambien en los continuos problemas que existen entre el Ministerio y el personal y funcionariado al servicio de la Administración de Justicia), lo que dificulta bastante que el Gobierno se sienta de verdad concernido por las palabras del Comisario.

De otra parte, tambien observo que este tema afecta a los dos partidos mayoritarios, de modo que la responsabilidad es compartida, pero honestamente creo que no cabe hablar de posibilidad de pactos y de renovación si previamente no se ha normalizado la vida del Consejo General del Poder Judicial, derogando la ley que limitó de forma extraordinaria e inconstitucional sus poderes estando en funciones.

A partir de ahí, páctese un proyecto de ley para la elección de vocales del Consejo, renuévese el Consejo y de inmediato, apruébese por el trámite de urgencia, tan usado por el Gobierno, el nuevo sistema de elección. Pero, no se hará.

Valentín Cortés

 

lunes, 8 de mayo de 2023

 

Lunes 8 de Mayo de 2023

El Sr. Revilla se olvida de la Constitución

En época de elecciones parece que todo está permitido: la mentira, la distorsión de la realidad, el olvido de la Constitución. . .

 El Sr. Revilla, que es Presidente de la Comunidad de Cantabria, ha hecho una declaraciones a www.expansion.com ciertamente curiosas, desde el punto de vista constitucional, cuando dice que “los impuestos deberían ser uniformes entre todos los españoles”, para, a continuación, decir que Cantabria, por sus condiciones orográficas, no puede bajar los impuestos como hace Madrid, ciudad en la que además están domiciliadas grandes compañías. No llega a lo de otros políticos autonómicos y nacionales que hacen lo posible por subir los impuestos en Madrid, pero ciertamente se aproxima.

Sorprenden desde el punto de vista constitucional porque, en definitiva, se queja de no ser Madrid, y se olvida, primero, que España es un país autonómico; segundo, que las Comunidades autonómicas tienen capacidad y autonomía financiera para el desarrollo de sus competencias (art.156 de la Constitución); tercero, que cada Comunidad cuenta, entre sus recursos, con los impuestos cedido por el Estado y, entre otras fuentes, sus propios impuestos (art. 157 de la Constitución), y cuarto, que las condiciones orográficas y demás diferencias es algo que cada comunidad se administra para lo bueno y lo malo como mejor le conviene. Lo único que diferencia a Madrid y Cantabria en materia de recursos es la política impositiva y de gasto  que se sigue en cada una de las Comunidades; echarle la culpa a la naturaleza no parece muy adecuado, porque, además, es bellísima y privilegiada en Cantabria.

Valentín Cortés

viernes, 5 de mayo de 2023

 

Viernes 5 de Mayo de 2023

 

La posible armonización de las penas por malversación en la Unión Europea.

Si el anuncio europeo de que, en un futuro inmediato, habrán de armonizarse las penas en la Unión por la comisión del delito de malversación (véase la prensa de ayer y hoy) se materializa en una directiva, el resultado en España será que estaremos obligados a subir las penas que fueron rebajadas en la última reforma que aquí se hizo del Código Penal.

Si se produce esa directiva europea que obligue a España a subir las penas, además de este efecto directo, que no es baladí, lo que quedaría aún más manifiesto que ahora sería que aquella modificación del Código penal dio lugar a una ley ad hoc (claramente anticonstitucional), que pensaba en ciertos políticos ( fundamentalmente catalanes y andaluces) y que, en consecuencia, no se trataba de una ley que resolviera un problema de desajuste en las penas, ni menos que pensara en el bien común de nuestra sociedad, sino tan sólo en el mantenimiento del Gobierno con la asistencia y ayuda de determinados partidos políticos. Un fin que no es atendible si con ello se viola la Constitución.

La experiencia de las últimas decisiones del Tribunal Constitucional me hace temer que esa posible armonización, sin embargo, no tendrá trascendencia alguna en los posibles recursos que lleguen al Tribunal, denunciando por este motivo la anticonstitucionalidad de aquella reforma. Y esto, según mi criterio, añadiría gravedad al tema.

Valentín Cortés

jueves, 4 de mayo de 2023

 

Jueves 4 de Mayo de 2023

La observancia de la Ley electoral por el Gobierno

El expediente abierto por la Junta Electoral Central a la Ministra Portavoz del Gobierno, por contravenir la ley electoral con sus manifestaciones en la rueda de prensa tras los Consejos de Ministros, del que hoy se hace eco la prensa en general, es un indicador más de esa tendencia, que ya hemos denunciado en otras ocasiones en este blog, que tiene el Gobierno de no respetar la Ley, cuando la aplicación de la misma se opone a los fines que se ha propuesto alcanzar.

Pareciera que para el Gobierno la única ley aplicable fuera aquella que le gusta; o, dicho de otro modo, no aplica o vulnera las normas jurídicas que no le gustan o que no sirven para alcanzar, por cualquier medio, los objetivos que tiene marcados: en este caso, los electorales. En ese sentido, el Gobierno vulnera conscientemente la Ley electoral ponderando los logros del Gobierno o los errores de la oposición en las citadas ruedas de prensa.

Es claro que se puede discutir sobre muchos y diferentes aspectos de la Ley electoral; incluso, me parece conveniente que se abriera un proceso de reforma del propio sistema electoral y sus complementos, porque responden a un momento histórico constitucional muy preciso de la España moderna; pero si la Ley no se modifica, hay que observarla y cumplirla. Y esto es lo que el Gobierno no hace, como con cierta asiduidad ha venido haciendo durante toda la legislatura en otros sectores legales, económicos y sociales.

Valentín Cortés

miércoles, 3 de mayo de 2023

 

Miércoles 3 de Mayo de 2023

El Ministro Sr. Bolaños y la España autonómica

Tengo que decir que, desde el punto de vista personal, desligado de cualquier connotación jurídica, me produce ternura ver a un ministro del Gobierno de España suplicar estar en la tribuna de autoridades, y presidirla, en una parada militar. Lo digo por un video que he visto del conocido incidente ayer en las fiestas autonómicas del dos de Mayo en Madrid y que publica toda la prensa digital de hoy,  en el que, además, como ocurre en las puertas de las discotecas, el portero deja pasar a unos mientras niega el paso a otros. Ternura.

Otra cosa es que el Ministro de la Presidencia de Gobierno de España desconozca una de las consecuencias, plenamente constitucional, que tiene el que España sea un país fuertemente descentralizado (en la práctica, un país federal) en donde las Comunidades autonómicas manejan una parte importantísima del presupuesto global de las Administraciones españolas y en el que las competencias del Estado, siendo importantes, no son ni mucho menos mayoritarias. En estas circunstancias, y situaciones constitucionales, un ministro del Gobierno es, de hace ya tiempo, un valor en decadencia al que sólo a veces se le abren las puertas de buen grado si está en juego un interés económico para la Comunidad Autónoma, o por mero compromiso social o humano. No parece que alguno de estos casos estuviera ayer en juego en el incidente. En un país centralista el Ministro Sr. Bolaños hubiera presidido la parada militar de las fiestas de Madrid; en España, no y además está fuera de toda consideración, incluso jurídica, pedirlo.

Valentín Cortés