Viernes 2 de Diciembre de 2022

Una buena ocasión para el Defensor del Pueblo

Ayer noche el Congreso rechazó, como estaba previsto, las enmiendas a la totalidad del proyecto de reforma del Código Penal (delito de sedición) que presentaron los partidos que mantienen la necesidad de no suprimir tal delito.

Los argumentos para rechazarlas han sido tan absolutamente peregrinos, faltos a la verdad y lejos de la realidad de todo Estado de Derecho, que no merece la pena detenerse en ellos; y yo no me voy a detener ni un segundo en hacerlo.

Todo indica que la reforma del Código Penal será una triste realidad antes de fin de año. Y todo indica que, de inmediato, se presentaran los correspondientes recursos de inconstitucionalidad del PP y de Vox, que son los únicos grupos que podrán hacerlo. Pero sería bueno que, en concreto, el Defensor del Pueblo apareciera ante la sociedad como tal e interpusiera también el recurso, para lo que tiene la legitimación que le otorga el art. 162.a de la Constitución. Porque la reforma de la sedición no sólo es un desarme del Estado de Derecho y una norma ad hoc, que va dirigida a favorecer a determinadas personas, perfectamente identificadas, y a sustentar los particulares intereses de un  Gobierno, que de otra manera no habría aprobado los Presupuestos de este año, sino que es un ataque a la sociedad y a cada uno de sus componentes, los ciudadanos españoles integrantes del Pueblo Español, que quedan sometidos al riesgo de cualquier golpe de Estado que se quiera preparar y llevar a cabo, sin que el Estado pueda, siquiera sea, amenazar con penas disuasorias a sus organizadores

Valentín Cortés

P.S.  Dado el calendario de fiestas de la semana que viene, la próxima entrada en este blog será el lunes 12 de Diciembre de 2022. Hasta entonces, pues.

 

 

Jueves 1 de Diciembre de 2022

El Tribunal Supremo y la aplicación de la llamada ley del “sólo el sí es sí”

Con la gran intensidad informativa de los temas sobre la supresión del delito de sedición y la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional que toca nombrar al Gobierno en la renovación conjunta Gobierno-Consejo General del Poder Judicial, no hemos podido opinar sobre la sentencia del Tribunal Supremo, que hemos conocido días pasados, en el caso de los futbolistas del Arandina CF y la revisión de penas debido a la aplicación de la llamada ley del “sólo sí es sí”. Y antes de que termine la semana queremos hacerlo brevemente.

Lógicamente, el Tribunal Supremo no ha sentado doctrina en el sentido que le pedía el Gobierno; es decir, no ha interpretado una ley para hacer de lo blanco negro. Simplemente ha aplicado el principio de que al condenado se le aplica la ley penal más favorable, aun cuando ésta sea posterior a la condena ( art.2.2 de Código Penal), que está suficientemente asentado desde tiempo muy lejano en la doctrina jurisprudencial y en la Teoría General del Derecho A los jugadores del Arandina CF se le ha aplicado la ley más favorable, que es, frente a la legislación antigua, la legislación nueva.

E, igualmente, y con similar lógica, el Tribunal Supremo ha mantenido que, en este supuesto, como en todos los supuestos en los que hay una ley más favorable o que puede ser más favorable al condenado, hay que examinar la aplicación de la nueva ley caso por caso, porque, entre otras cosas, la aplicación de las normas penales no se produce en masa sino individualmente. Pura obviedad.

Valentín Cortés

 

 

 

Miércoles 30 de Noviembre de 2022

¿Hasta cuándo resistirá el Tribunal Constitucional?

El nombramiento que ha hecho el Gobierno de los dos Magistrados del Tribunal Constitucional, que le corresponden en la presente renovación (vid. la prensa de hoy), es desde el punto de vista jurídico, y en la terminología del mus, un verdadero órdago: ha puesto sobre la mesa todos los tantos de este juego, que es el “juego” de la Justicia y el Poder Constitucional.

 En efecto, el Gobierno no ha esperado a que al Tribunal accedan los cuatro magistrados que conforman el tercio de miembros del Tribunal que deben renovarse (faltan los del Consejo General del Poder Judicial, art. 159.3 de la Constitución), y ha presentado en solitario a dos consumados políticos del PSOE, que han formado parte del Gobierno de la Nación en esta legislatura, en cuya personalidad lo que menos  destaca sería que fueran juristas de reconocida competencia (que es lo que exige principalmente el art. 159.2 de la Constitución) y, además, se nombran sin importarle al Gobierno nada ( eso parece) la gran crisis institucional y deterioro de nuestro sistema de Estado de Derecho que se produciría si se acepta por el Tribunal Constitucional el nombramiento de esos magistrados dándole posesión de su cargo, sin hacerlo con los que debe proponer el Consejo General del Poder Judicial.

En esta “partida de mus”, constitucionalmente siniestra, ya ha quedado, en juegos anteriores, dañado y herido de muerte el Consejo General del Poder Judicial; y no se hace nada por arreglar este problema y nada por propiciar el acuerdo de sus integrantes; lo que se hace, en cambio, ahora, es poner en el brete al Tribunal Constitucional de originar una crisis constitucional sin parangón en nuestro país, si al final cede ante el Gobierno.

El constituyente no previó que podía darse tan altísimo nivel de deslealtad constitucional y una tan irreflexiva manera de tratar el Ejecutivo al resto de los Poderes Estatales.

España necesita un reforzamiento de la Constitución que haga imposible acabar o atentar con la independencia, frente al Ejecutivo y al Legislativo, del Poder Judicial (Tribunal Constitucional incluido).

Valentin Cortés

 

Martes 29 de Noviembre de 2022

La política criminal que se está fijando en los casos de corrupción por los EREs en Andalucía

El Ministerio Fiscal, dado su autonomía funcional que le reforzó la Ley 24/2007, de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y con los instrumentos procesales que le otorga el Ordenamiento Jurídico, puede, obviamente, marcar, coordinar y dirigir la política criminal del momento, en todos los ámbitos, pero principalmente en el de los delitos trafico de drogas y de corrupción.

Ahora, por ejemplo, (vid. www.elmundo.es de hoy) está dirigiendo la política criminal, creo de forma adecuada, en el tema de los EREs de Andalucía. No en el caso de los políticos corruptos (donde no es necesario fijar las líneas de esa política, que son claramente de imposición de penas de privación de libertad y de inhabilitación), como en el caso de los empresarios y otras personas que se beneficiaron ilegalmente de esa política corrupta. Y se hace mediante acuerdos con los acusados, para que, reconociendo su culpabilidad y aceptando, previa garantía, la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, el Ministerio Fiscal acuse solicitando una pena privativa de libertad que no supone el ingreso en prisión del acusado, quien entonces pedirá al Juez que se dicte sentencia de conformidad con la petición del Ministerio Fiscal( art. 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). De esta manera se consigue, se está consiguiendo, algo muy importante: la reparación del daño patrimonial de la corrupción, que por sí solo el ingreso en prisión no consigue normalmente.

Valentín Cortés

 

Lunes 28 de Noviembre de 2022

A vueltas con la actuación del Tribunal Constitucional

Vuelvo sobre este tema, que traté el viernes pasado, a raíz de leer en www.elmundo.es de hoy una noticia sobre la posibilidad de que, de forma inmediata, el Gobierno nombre a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le correspondería hacerlos en la renovación que comparte con el Consejo General del Poder Judicial (art. 159.1 y 3 de la Constitución). A la noticia acompaña un magnífico artículo del Prof. Manuel Aragón, constitucionalista y ex magistrado del Tribunal Constitucional, que aconsejo leer.

Dada la deriva en la actuación del Gobierno, de más que dudosa constitucionalidad en los últimos tiempos, nada me hace pensar que no se produzcan esos nombramientos, sin que a su vez se tengan los del Consejo General del Poder Judicial, con lo que el Tribunal Constitucional tendrá que decidir si les da posesión del cargo a los que pueda nombrar el Gobierno. La Constitución (art.159.3) y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) (art.16,tres ) establecen de forma clara y meridiana que la renovación de los miembros del  Tribunal se hará, en todo caso, “por terceras partes”. El Pleno del Tribunal, de acuerdo con el art. 10,1,i) de la LOTC, tendrá que decidir, pues, si se puede renovar el Tribunal por sextas partes. En mi opinión no se puede hacer sin que sea evidente que el Tribunal Constitucional orilla con su actuación la Constitución, por lo que no debe dar posesión del cargo  a esos magistrados. Si lo hace, el peligro de una  gran crisis institucional es cierto; por eso el Tribunal Constitucional debe asumir su responsabilidad en este momento y no sólo, en su caso, no debe permitir la toma de posesión de esos magistrados así designados, sino que debe desenmarañar la situación actual y resolver de forma inmediata los recursos planteados por reformas legales que entorpecen claramente la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo que, sin duda, facilitará de forma sustancial la renovación del Tribunal Constitucional.

Valentín Cortés

 

Viernes 25 de Noviembre de 2022

¿Defensa constitucional de nuestro Estado de Derecho?

El Código Penal, como cualquier ley, se puede reformar; pero lo que se sale de la buena practica y de los moldes constitucionales es reformar el Código Penal para favorecer a determinadas personas o grupos, cuyos integrantes han cometido un determinado delito, en modo tal que se favorezca su posición personal, haciéndolo desaparecer del mapa punitivo, con el resultado añadido de que se favorece y se potencia la repetición  de esos actos que incluso se anuncian para el futuro más o menos inmediato. Me refiero obviamente a la supresión del delito de sedición. Si esa reforma legal es producto del trueque (como se vio ayer noche sin disimulo alguno por parte de los artífices de la reforma) y se consigue a cambio de la aprobación de los Presupuestos del Estado para asegurar la permanencia del Gobierno unos meses, la irregularidad constitucional es aún más patente.

Esto que describo se llama en nuestra Constitución “arbitrariedad”, que como tantas veces he repetido está proscrita en nuestra Constitución (art. 9).

 Item más, dice (vid. la prensa de hoy) el Presidente de Gobierno que el Estado no queda con la supresión del delito de sedición desarmado porque existe el mecanismo del art. 155 de la Constitución que lo protege. Y de esta manera, a la arbitrariedad se une el sarcasmo y la mentira, que ciertamente no están prohibidas en la Constitución pero que en este caso demostrarían, una de dos, o la ignorancia inexcusable del Sr. Presidente o su desprecio por el Derecho y por la Constitución, lo que quedaría políticamente en nada, en este caso como en otros, por el devenir temporal e inercia natural de la Justicia Constitucional, en donde posiblemente está una de las grandes fallas de la defensa de nuestro Estado de Derecho.

Valentín Cortés

 

 

Jueves 24 de Noviembre de 2022

La sentencia del Tribunal Supremo británico sobre el referéndum de secesión escocés y su influencia en España.

Aunque las características estructurales de creación del Reino Unido nada tienen que ver con las de España, y aun cuando, en el Reino Unido, la sentencia dictada por el órgano supremo de la Justicia británica puede crear la correspondiente polémica, no cabe duda de que se trata de una sentencia que encierra un principio  básico, lógico y trascendente en el mundo del Derecho, que es el que rige el mundo de la Política, porque ni ésta existe sin Derecho ni el Estado es algo que se pueda disociar del Derecho; ese principio es que nadie puede disponer de parte del todo, si no es que se acepta por todos, de  modo que no vale que unos pocos decidan por sí solos disponer de parte de lo que es de todos. Permítasenos la broma, pero esto todo vecino de comunidad lo entiende a la perfección.

Esta simplicidad argumental es perfectamente aplicable en España, por lo que, en caso de que fueran admisibles los referenda de secesión, el correspondiente a cualquier región de España siempre sería un referéndum para y de toda la Nación. Claro está que para ello habría que reformar la Constitución (art. 2). Por eso mismo, no tiene el menor sentido jurídico, y estaría igualmente prohibido, lo que los independentistas catalanes, con falsa candidez política, llaman referéndum consultivo sobre la secesión, entre otras cosas, porque lo que se preguntaría y a quien se preguntaría es de una inanidad jurídica absoluta, aunque muy peligrosa desde el punto de vista político. Pero, ya lo hemos dicho, lo político no puede disociarse de lo jurídico.

Valentín Cortés