Miércoles 11 de Mayo de 2022

 

El tema Pegasus también se puede enmarañar jurídicamente

Hoy en el Congreso, ha dicho el Presidente del Gobierno que el cese de la directora del CNI se debe a fallos graves en la seguridad de las comunicaciones. Si es como dice el Presidente, parece claro que se imponía el cese pues los servicios secretos del Estado no parecen haber estado a la altura de las circunstancias.

Por su parte, también en el Congreso, la ministra de Defensa, que, por cierto, es Juez, ha dicho que el espionaje a los independentistas fue legal. Siendo una contradicción conceptual en sí misma, pues el espionaje es por esencia ilegal, parece que la Ministra confirma la posición del Presidente. Porque el cese no se ha producido por la intervención de comunicaciones, judicialmente aprobadas, de los independentistas, entre ellos el Sr. Aragonés, sino por el espionaje que han sufrido miembros del Gobierno.

Pero, teniendo en cuenta que a los independentistas no les importa poco ni mucho que se haya espiado ilegalmente a miembros del Gobierno, todo indica que, a la postre, se les ha compensado con la intervención de comunicaciones con lo que pedían: el cese de la directora del CNI. Hasta ahí, me puedo escandalizar políticamente, pero no jurídicamente.

 En cualquier caso, como también piden abiertamente que no se repita lo que ellos llaman “espionaje”, mucho me temo que, si el Presidente del Gobierno les concede esta última petición, estaría incurriendo en responsabilidad penal, por prevaricación y por atentar contra la seguridad del Estado.

Valentín Cortés

 

Martes 10 de Mayo de 2022

La orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña referente a la educación en castellano en los centros educativos de Cataluña

Toda la prensa recoge la noticia del requerimiento-orden que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dirigido a la Generalidad de Cataluña y a la Alta Inspección del Estado; a la primera para que se cumpla en todos los centros educativos de Cataluña la impartición del 25% de las materias en castellano, y, a la segunda, para que compruebe e informe al Tribunal si se cumple esta orden.

A partir de ahora sólo cabe o el cumplimiento o la desobediencia con sus consecuencias penales que conllevan la inhabilitación para ejercer la función pública. La Justicia, como hemos dicho en varias ocasiones, es lenta pero inexorable.

Pero, el hecho de que la constancia del cumplimiento o incumplimiento de la orden judicial se haya atribuido por el Tribunal a la Alta Inspección introduce un factor muy importante que el Gobierno no podrá soslayar, pues será el Estado quien asuma las consecuencias penales y políticas, no sólo del incumplimiento de la orden que se le ha dado, sino de la exactitud de los datos sobre el futuro incumplimiento o cumplimiento de la orden dirigida a todos los centros educativos de Cataluña.

Valentín Cortés

 

Lunes 9 de Mayo de 2022

La política como enturbiadora de la acción jurídica

Las noticias referentes a Pegasus están tan cargadas de tintes políticos, que limitarnos, como hacemos nosotros en nuestro blog, a hacer exclusivamente comentarios jurídicos, que es nuestra misión asumida desde el principio, puede dar la sensación de banalidad en nuestras opiniones.

 Pero, a pesar de ello, debemos insistir en el aspecto jurídico del tema, que es precisamente el que no entusiasma a los espiados o, en su caso, intervenidos. Todo parece indicar que los independentistas han sido intervenidos con autorización judicial en sus comunicaciones y ello no es sino consecuencia de la existencia de actividades ilegales o sediciosas. De modo que la responsabilidad del Gobierno no existiría, por mucho que se empeñen los independentistas, por haberse investigado e intervenido la comunicaciones, sino que habría responsabilidad si el Gobierno no hubiera, a través del CNI, investigado esas conductas.

Valentín Cortés

 Viernes 6 de Mayo de 2022

Intervención judicial de comunicaciones

Parece haber quedado claro que el llamado espionaje a los independentitas se ha quedado en intervencion de las comunicaciones con autorización judicial, lo que no sólo indica su legalidad, sino que añade un plus jurídico trascendente, porque nos pone ante actividades de las personas  intervenidas que,bajo el prisma judicial,presentan visos de criminalidad.

Otra cosa debe ser  lo de la interceptación del contenido de los telefonos moviles del presidente de Gobierno y Ministra de Defensa, que tiene toda la apariencia de espionaje delictivo.

Ahora, lo importante es que se sepa qué actos llevaron a cabo los independentistas para justificar la intervención, a fin de que la sociedad en su conjunto saque las consecuencias oportunas y para conocer, en su caso, si los legitimados a ejercitar la accion penal popular pueden y quieren ejercitarla

VALENTÍN CORTÉS

 

Jueves 5 de Junio de 2022

¿El Sr. Puigdemont voluntariamente en España?

Desconozco las posibilidades reales de que el Sr. Puigdemont pueda ser nombrado integrante de una comisión de eurodiputados que pueda visitar a España con motivo de la investigación del presunto espionaje del Estado Español a los independentistas catalanes. Como también desconozco si esa comisión visitaría al final España.Pero todo indica que los independentistas catalanes(vid www.elespanol.com) están calentando el ambiente en la Eurocámara para conseguirlo.

Pero, sí sé que el procesamiento del Sr. Puigdemont es anterior a su condición de eurodiputado y por hechos presuntamente criminales que fueron cometidos con anterioridad a ser eurodiputado. También sé que su inviolabilidad está suspendida por la Justicia europea y que solamente está suspendida la eficacia de la euroorden de detención europea dictada por el Tribunal Supremo contra el Sr. Puigdemont. También sé que la Justicia europea, todo lo indica hasta ahora, va a dictar en las próximas semanas sentencia por la que se dará plena validez a la euroorden de detención.

En estas condiciones no veo probable que el Sr. Puigdemont venga a España formando parte de esa posible e hipotética comisión del Parlamento Europeo, como, de contrario, la prensa se encarga, como serpiente de primavera, de comentar en los últimos días.

Valentín Cortés

 

Miércoles 4 de Mayo de 2022

 

Las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial

 

Fuera de los espionajes, pero muy importante,hemos conocido en este pasado puente, y parece haber confirmación de ello, que el Partido Popular se dispone a empezar de nuevo las negociaciones con el Partido Socialista para la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y también hemos sabido que el Partido Popular piensa, previamente, oír (¡o quizá negociar ¡) el asunto con las asociaciones judiciales.

En este asunto, dado la situación actual de bloqueo mutuo y, sobre todo, dada la posición de la Unión Europea en relación con la elección de los miembros del Consejo, parecería inútil empezar unas negociaciones para renovar al Consejo que no tuvieran, por así decirlo, el visto bueno de los jueces y magistrados. El bloqueo no es baladí, sino que responde a una situación donde los partidos en el Gobierno han querido de forma directa o indirecta controlar el aparato judicial y en la que el déficit democrático y de respeto a la Constitución ha brillado con esplendor. Tampoco son baladíes las advertencias reiteradas de la Unión Europea en el asunto. De modo que no cabe mas posibilidad de o bien reformar la ley previo a la renovación, o hacer la renovación con el aval de las asociaciones de jueces y magistrados para después cambiar la Ley. Todo lo demás no parece tener mucho recorrido.

Valentín Cortés

 

Martes 3 de Mayo de 2022

 

Las querellas de los independentistas señalan la via política

La noticia de este fin de semana pasado por la que hemos conocido que los independentistas, que se pretenden espiados por el Estado Español -(¿ también el Estado ha espiado al Presidente de Gobierno y a la Ministra de Defensa?)- van a interponer querellas criminales en  España, y fuera de España, no contra el Estado Español, o contra alguno de sus organismos, a los que acusan de espionaje, sino contra la empresa israelí propietaria del programa Pegasus que, según ellos, ha sido utilizado para espiarlos, nos confirma un poco más en lo que dijimos cuando saltó a la prensa este caso. Pensamos que no debe haber espionaje del Estado, pero, como dijo Junqueras, a ellos les da lo mismo que existiese espionaje o intervención  judicial, porque ellos están en la lucha política y para ello intentan utilizar a la Justicia.

Bajo mi opinión querellarse contra la empresa creadora del programa Pegasus es pretender utilizar la investigación criminal como una suerte de mecanismo de investigación universal, en donde el Juez es un comodín que se pretende mover al gusto de los querellantes para ver si al final sale en la investigación algo que se pueda aprovechar políticamente o, da igual, jurídicamente. Si se nos permite la comparación chusca es como querellarse contra la fábrica de embutidos de Jabugo porque el asesino utilizó el jamón para golpear y matar a la víctima, para de esa manera obtener información del jamonero.

En circunstancias normales, tal querella debería ser rechazada de plano nada más interponerse. Pero….

Valentín Cortés