Degradación
Hoy seré breve y conciso.
A qué grado de miseria moral, política y jurídica hemos llegado para que el presidente de un Comunidad autonómica, Sr. Torra para ser precisos, se niegue a contestar al Tribunal que lo juzga por desobediencia. ( www.eleconomista.es).
No somos conscientes de que está situación no tiene salida jurídica posible? Pues, he llegado a la conclusión, de que no.
Valentín Cortés
Martes 22 de Septiembre de 2020
A modo de complemento de mi
opinión del 15 de Septiembre pasado
El Teniente Fiscal, que es el
segundo en la jerarquía de la Fiscalía del Estado, de cuyas declaraciones a una
emisora de radio se ocupa toda la prensa, viene a decir que la fiscal del
Tribunal Supremo, Sra. Madrigal, ex Fiscal General, trató de influirle
en su informe acerca de la inadmisión a trámite de todas las querellas
interpuestas contra el Gobierno por la gestión en la crisis sanitaria. No hay,
pues, acusación de ni siquiera presión, nada digamos de coacción o
intimidación; sí de que los argumentos para influir no eran jurídicos, sino
políticos. Al mismo tiempo, el Teniente Fiscal defendió en la entrevista en la
radio que no es el orden penal donde las victimas deben buscar resarcimiento a
sus perjuicios.
Todo parece, pues, decir que el Sr.
Navajas, que ha sido acusado de elevar un informe negando la admisión a trámite
de las querellas en base a criterios políticos e ideológicos, se defiende
afirmando lo contrario.
Después de esto, que no demuestra
sino la “politización” de los miembros de la Fiscalía, sigo manteniendo que no
es razonable pensar que ninguna querella deba admitirse al no tener, al menos,
su relato de hechos, indicios de actos criminales. Mantener que, en bloque,
deben rechazarse parece que es en cierto modo manifestación, quizá, de una idea
preconcebida: que estos temas deben ventilarse en el ámbito civil y administrativo
y que para esos resarcimientos no está ni el orden penal, ni la Fiscalía, ni el
Tribunal Supremo.
Valentín Cortés
Lunes 21 de Septiembre de 2020
Normas de apariencia
general, pero de aplicación particular en la práctica.
El Ministro de Justicia concedió
ayer una entrevista a Europa Press (vid. hoy www.europapress.es), en la
que anuncia una reforma del Código Penal en lo referente a los delitos de
sedición y rebelión. Esa reforma, en caso de establecer penas menores a las
actuales, beneficiará de forma inmediata a los condenados por sedición y a los
fugados que pudieran ser juzgados y condenados en el futuro por los hechos que
se produjeron en Cataluña.
Una reforma tal del Código Penal,
desligada de una reforma y revisión global y total de la penalidad de los delitos,
podíamos decir, contra el Estado y su orden constitucional, lo que va mucho más
allá de los límites de la rebelión y sedición, se entendería como una reforma
legal ad hoc cuya finalidad última sería rebajar las condenas a los
sediciosos catalanes, o lo que es lo mismo un indulto encubierto, y nos pondría
de frente a normas no generales sino de aplicación, en la práctica, particular.
Esto abrirá un debate político y
jurídico, bajo mi opinión, lastrado por el sectarismo que domina la política
española, que envenenará la actuación futura de los Tribunales españoles, y en
el que, quizá, no impere la lógica de perfeccionar y adaptar al presente la
narración de hechos que constituyan el tipo de ambos delitos, sin restar por
ello trascendencia penal a tales hechos contra el orden constitucional.
Valentín Cortés
