Viernes 16 de Noviembre de 2018

 

El Magistrado de Prada ante el Congreso

Toda la prensa recoge hoy lo que un diputado del PP, en el curso del examen de los propuestos para ser nombrados miembros del Consejo General del Poder Judicial, le ha dicho al Sr. de Prada, me imagino, que para justificar que el propio PP haya accedido a ese nombramiento a propuesta del PSOE:” Es bueno que Ud. deje de poner sentencias”, acusándole de hacerlo en determinados casos desde el sectarismo político. Si está en el Consejo, es evidente, no dictará sentencias.

Es, pues, evidente, esta vez de forma cruda y con trazos muy gruesos, que la composición del Consejo General del Poder Judicial responde, no a criterios de valía o de eficacia judicial, sino a puros criterios políticos (vid. mi opinión del pasado miércoles, día 14).

Yo, modestamente, le doy ideas al PP si quiere que, en adelante, no sea necesario hacer a un magistrado vocal del Consejo para que deje así de dictar sentencias sectarias y parciales: modifique los criterios de nombramiento de jueces y magistrados; modifique los criterios de selección de jueces; modifique los supuestos de abstención y recusación de los jueces y magistrados y regule, de una vez por todas, el régimen de la responsabilidad de jueces y magistrados por el contenido de sus sentencias, que en el momento actual, se puede decir, sin  temor a equivocarse, que, de hecho, no existe. Pudiera ser, incluso, que el nombramiento de miembros del Consejo del Poder Judicial perdiera el exclusivo carácter político que tiene en la actualidad.

Valentín Cortés

Jueves 15 de Noviembre de 2018

Las declaraciones del Sr. González

En unas declaraciones, efectuadas en un desayuno informativo organizado por Europa Press (vid.www.europapress.es), el expresidente de Gobierno, Sr. González, creo, ha sido el primero, desde la izquierda civilizada, que ha propuesto, entre otras muchas aseveraciones de signo distinto, un contenido específico para la modificación de la Constitución de la que tanto se habla: así cree que hay que “aumentar las garantías ante los intentos de desintegrar la soberanía nacional”; y, al mismo tiempo, ha recordado, en relación con la aplicación pasada del art. 155 de la Constitución en Cataluña que “él quería que se hiciera política y la última ratio de la acción política se llama 155”.Por último, a lo que a nosotros interesa en este momento, ha manifestado que, en este problema de desintegración de la soberanía nacional, no hay que confundir descentralización, que es lo que se intentó hacer con la creación del Estado de las autonomías, con la “centrifugación del poder” que lo que se consiguió y se agravó -decimos nosotros- con la praxis posterior.

Me imagino ( pero, me puedo equivocar) que la intención del Presidente ha sido plantear una llamada de atención a sus colegas del Partido Socialista, indicándoles el camino del reforzamiento de la soberanía nacional (parece ser con reforzamiento de art. 155 Constitución) y el de la concentración del Poder como piedras angulares de esa  modificación que todos anuncian.

Valentín Cortés

 

Miércoles 14 de Noviembre de 2018

La politización de la Justicia y el nombramiento de miembros del Consejo general del Poder Judicial.

A cuenta del pacto entre el PP y el PSOE para el nombramiento de miembros del Consejo General del Poder General, la prensa sigue escandalizándose hablando de la politización de la Justicia.

Sería bueno decir que el Consejo no es la Justicia (jueces y magistrados que ejercen la función jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado: art. 117 de la Constitución) sino el Órgano de Gobierno del Poder Judicial (art. 122.2 Constitución).

Escandalizarse por la politización del Órgano de Gobierno del Poder Judicial es tan cínico e inexacto, constitucionalmente, como escandalizarse de la politización del Congreso o del Gobierno (que son los órganos señeros del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo). ¡Cualquiera que fuera el sistema de elección de los miembros del Consejo, necesariamente sería político!

La politización de la Justicia, entre otras cosas, viene cuando los magistrados y jueces nombrados o ascendidos, en virtud de las funciones que la Constitución otorga al Consejo (art. 122.2), creen o asumen ( porque así se lo hacen creer o prometer) que deben fidelidad a quienes lo nombraron o ascendieron, y a su ideario político, y no se sienten, por las razones que sea, independientes y sometidos únicamente al imperio de la Ley (art. 117.1 de la Constitución).

En cualquier caso, un nuevo sistema en materia de nombramientos y ascensos de jueces y magistrados, mas centrado en el mérito que en la oportunidad, sería una bocanada de aire fresco en este mundo tan espeso.

Valentín Cortés

 

 

Martes 13 de Noviembre de 2018.

¿Hacia un mercado hipotecario estatal?

Posiblemente animada por el impacto producido por el Decreto-Ley sobre el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en las escrituras de hipoteca, la Ponencia del proyecto de Ley Hipotecaria del Congreso nos anuncia ahora (vid. toda la prensa de hoy) que, en la futura legislación hipotecaria, se establecerá que todos los gastos derivados de la escritura de préstamo o crédito con hipoteca serán de cuenta de la entidad financiera; todos, menos la tasación del inmueble (¿¡).

Yo dudo mucho que, en una economía de mercado, como la nuestra (art. 38 de la Constitución), pueda el legislador ordinario imponer que los gastos derivados de la formalización de un contrato sean pagados obligatoriamente por una de las partes, quitándole, precisamente al mercado, esa regulación. El Código Civil, mucho antes de la existencia de la Constitución, ya estableció (art. 1255) el principio obvio por el que “los contratantes pueden establecer los pactos, clausulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”. Predominancia, pues, del derecho subjetivo frente a la intervención estatal en el tráfico jurídico. A no ser, claro está, que se quiera intervenir el mercado hipotecario; y en ese caso, habrá que estudiar si el Estado tiene recursos para acoger en su seno el negocio jurídico hipotecario, otorgando cuantos créditos y préstamos exija el mercado; y habrá que estudiar si esa intervención estatal está de “acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación” (art 38 Constitución).

Valentín Cortes

Lunes 12 de Noviembre de 2018

Manuel Marchena

El acuerdo del Partido Popular y del Socialista para que el Sr. Marchena sea el próximo Presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (primera página en toda la prensa de esta mañana), desde el punto de vista jurídico, que es el mío, es una gran noticia y supone una garantía para el Estado en los años que dure su mandato. Se trata de un gran jurista, con un prestigio fuera de toda duda y una autoritas que no es discutida en el ambiente judicial. Si nuestra Ley confiara a los jueces el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo, sin duda, Manuel Marchena sería nombrado por sus compañeros, porque su designación viene dada por su solvencia profesional, y no por su adscripción política.

El único problema que plantea esta designación, si al final se produce, es que el Sr. Marchena debe abandonar sus funciones como magistrado y Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que, como es sabido, tiene un papel pendiente en la resolución de una de las más grandes crisis que ha sufrido el Estado Español desde la restauración de la democracia, producida aquella por el golpe de Estado  de los independentistas catalanes. Es en el nombramiento del Presidente de esta Sala donde estará la segunda parte de la gran noticia que comentamos hoy.

Valentín Cortés

Jueves 8 de Noviembre de 2018

¡Seamos serios!

Los medios de comunicación quieren hacer trascedente lo que es sólo coyuntural. Me refiero a la decisión del Tribunal Supremo de unificar su doctrina en relación con el pago del Impuesto de actos jurídicos documentados en las escrituras de hipoteca.

Lo realmente trascendente es que se ha aprobado una decisión sin que se cometiera el desatino de obligar al pago a las entidades financieras, pero dándole efectos retroactivos a la nulidad del Reglamento. Eso hubiera sido un desastre jurídico, económico y financiero y una manifestación evidente de que el populismo se había apoderado del Tribunal Supremo; amén de que hubiera sumido a la Nación en una imprevisible crisis de certeza y seguridad jurídicas. La decisión del Gobierno en forma de Real Decreto-Ley (vid. la prensa de esta mañana), llena de oportunismo político y de desprecio jurídico al Tribunal Supremo, tampoco ha caído en el error jurídico, económico, financiero y populista de la retroactividad, como no lo hubiera hecho el Tribunal Supremo de haber acordado que el pago era obligación del prestamista, pero sin efectos retroactivos.

Lo coyuntural es si la Sala está dividida o cual fuera la actuación de todos y cada uno de los magistrados. Porque lo que estaba y está en el meollo del problema no es la responsabilidad del Presidente del Tribunal ni la del Presidente de la Sala (que, por supuesto, la tienen) sino la aplicación estricta de la Ley, que debe (aunque no se consiga siempre) trascender las afinidades, convicciones o sectarismos políticos de los integrantes de las Sala Tercera, del Presidente del Gobierno o de los medios de comunicación.

Valentín Cortés

Miércoles 7 de Noviembre de 2018

Una tardía y extraña petición de autocrítica

Que el tema de “las hipotecas” tenía un trasfondo político, desde la misma interposición del recurso (que falló el Tribunal Supremo las pasadas semanas), ha quedado claro tras la comparecencia del Presidente de Gobierno en esta tarde (vid. toda la prensa), quien, además de anunciar demagógicamente que “los españoles nunca mas pagarán el impuesto hipotecario(¡?), lo hará la banca”, ha pedido que el Tribunal Supremo haga autocrítica, uniéndose así a la campaña generalizada de desprestigio del Tribunal Supremo emprendida por un sector de la política española.

Porque, la verdad es que el Presidente ha intervenido tarde; lo ha hecho cuando el Tribunal Supremo, haciendo la autocrítica jurídica y legal que le corresponde, reunida en Pleno la Sala Tercera, había decidido ayer, por mayoría, mantener el mismo criterio jurisprudencial de siempre, en cuanto al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, poniendo remedio al sin sentido llevado a cabo por una de sus Secciones que había actuado, parece ser, y dicho coloquialmente, por libre.  Ha restaurado la seguridad y certeza jurídicas, que es lo que tenía que hacer; y me imagino que se tomarán las medidas de funcionamiento pertinentes para que nada de eso vuelva a suceder.

Pero es que, además de tardía, la petición de autocrítica es extraña, pues, a lo que se vislumbra, lo que quería el Presidente es que el Tribunal Supremo, en definitiva, "cambiara", con su doctrina, la ley, lo que evidentemente no es función de la Jurisdicción, sino del Parlamento.  Sin olvidar que al Tribunal se le pedía públicamente que su decisión tuviera efectos retroactivos, petición que fue lo que aumentó considerablemente el pánico bursátil y la inseguridad jurídica de que ahora se le acusa. Obsérvese que el Presidente ya ha manifestado que la legislación que prepara por Decreto-Ley nunca determinará efectos retroactivos.

Así, pues, no añade el Presidente al tráfico jurídico más seguridad y certeza jurídicas que las que había ayer noche; simplemente, hace lo que el Tribunal Supremo, no podía hacer: cambiar la legislación, que es precisamente lo que el Presidente del Tribunal Supremo le ha recordado esta mañana que debería hacer (vid. toda la prensa).

 

Valentín Cortés