Martes 23 de Mayo de 2017

La vacuidad de una frase

Aunque no era mi intención, vuelvo hoy al tema catalán, porque una de las cosas que dijo el Presidente de la Generalidad en su conferencia de ayer fue una frase pomposa, pero vacua, típica de los secesionistas, que, en principio, me ha interesado: El Estado “no tiene tanto poder como para detener tanta democracia”. Realmente, no creo que se cite en el bachillerato del futuro como ejemplo del detonante de una nueva era, pero la traigo a colación porque creo que enlaza con lo que yo ayer, en este blogg, decía y me reafirma en lo que decía.

Que el Estado tenga el poder no creo que nadie lo pueda negar en serio, ni siquiera el conferenciante;  que lo que hay en frente sea tanta democracia, no voy a negar que alguien lo pueda creer, pero ni lo cree el Estado( en el conjunto de sus instituciones), ni la comunidad internacional que nos concierne, por lo que pareciera  se refería el Presidente de la Generalidad, más bien, a que “le interese” utilizar ese poder.
Veamos: La opción que ofrece el conferenciante es la ilegalidad y la ruptura del Estado, de modo que, como esta opción es inasumible ontológicamente por el Estado, mucho me temo, que descartada también la fuerza por los independentistas, la única salida es el art. 155 de la Constitución que, llegado el momento, el Estado puede llevarla cabo, le interesa llevarla a cabo y, además, sirve para restaurar la democracia, pues aplica la Constitución allí donde fue violada.

Valentín Cortés

Lunes 22 de Mayo de 2017

El batiburrillo secesionista catalán

Hoy, - véase la prensa de esta tarde-, se mezclan en el tema catalán la conferencia del Presidente de la Generalidad en una sala del Ayuntamiento de Madrid sobre el referéndum secesionista y la filtración de lo que puede ser la llamada ley de desconexión o de independencia unilateral de Cataluña que se aprobaría en el Parlamento catalán de forma automática si el Estado se niega a la celebración del mismo.

 Al hablar de batiburrillo no me refiero a esto sino al empeño de las autoridades independentistas catalanas de legitimar con la Ley lo que es ilegitimable, por ser esencialmente ilegal. Una secesión no consentida no se puede hacer sino imponiéndola por la fuerza, por lo que parece un contra sentido afirmar que se llevará a cabo, -o se intentará hacerlo-, con el amparo de la Ley, porque no existe posibilidad alguna de ley catalana que no esté originada en el seno de la legalidad estatal. Todo lo que no sea eso es pura ilegalidad.

Nos podemos imaginar, entonces, los pasos sucesivos que se darán desde ahora al momento de la promulgación de esa norma catalana ilegal de declaración de independencia, y la Ley, es decir la Constitución, sólo nos lleva a la solución legal y constitucional del art. 155 de la Constitución que puede llegar en cualquiera de los hitos de ese proceso de ilegalidad continua y permanente. Amén, claro, de las querellas, inhabilitaciones y demás remedios jurídicos

Valentín Cortés

 

 

Viernes 19 de Mayo de 2017

Las opiniones del Fiscal General sobre la “compliance”

Remito a ustedes a www.eleconomista.es, donde hay un amplio reportaje en el que se recoge la intervención del Fiscal General en el II Congreso mundial sobre la “compliance”, que se ha celebrado en España. La compliance es, frivolizando hasta el exceso, esa figura anglosajona, tantas veces vista en las películas, en las que el Fiscal llega a acuerdos con los presuntos autores de delitos, de exculpación o de rebaja en las peticiones de pena, a cambio de ayuda en la investigación criminal. Algo de eso hay en el juicio oral que regula nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Pero, traigo a colación esta intervención del Fiscal General porque ha declarado que esa figura, esos acuerdos, no son posibles en la instrucción penal mientras que ésta esté en manos del Juez, que es una figura imparcial, sometida al principio de legalidad y que no puede, bajo ninguna excusa o principio, investigar o dejar de investigar en razón a fines que no sean el cumplimiento de la Ley. Conclusión, aboga por la investigación criminal en manos del Fiscal para hacerla posible.

Pero, para ello, además de otras muchas innovaciones en el Estatuto del Ministerio Fiscal, habría que regular de forma minuciosa y amplia la aplicación del principio de oportunidad por el Fiscal, someter el acuerdo que se tomara a la decisión del Juez y, muy posiblemente, producir un cambio en la mentalidad y manera de pensar de nuestra sociedad, que si duda de los fiscales y jueces sometidos al principio de legalidad, que no haría en el caso de que imperara el principio de oportunidad.

Valentín Cortés

Jueves 18 de Mayo de 2017

 

La Seo de Zaragoza

La Justicia, que tantas críticas recibe, merece, como en otras ocasiones ha ocurrido, una “opinión” favorable en este blog.

 El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza (leo en www.heraldo.es) ha decidido, sabia y razonadamente, suspender el acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza de iniciar acciones judiciales para reclamar la propiedad de dicha Catedral a la Iglesia Católica. Dice el Juez que, en el preceptivo informe jurídico previo al acuerdo, no observa “ni un solo razonamiento explicito para justificar el acuerdo sobre la viabilidad de la acción procesal”, como “tampoco consta el más mínimo indicio relativo a los posibles derechos del Ayuntamiento sobre el templo”. Estas carencias, evidentemente, no son responsabilidad de los servicios jurídicos, sino muestra, quizá, de la probidad de los mismos.

Esta noticia me ha recordado a mi Maestro Emilio Gómez Orbaneja cuando ponía como ejemplo de falta de legitimación para ejercitar la acción procesal, que se debería resolver sin necesidad de juicio por su obviedad manifiesta, si alguien reivindicara la Catedral de Burgos a la Iglesia. Eso es lo que ha venido a decir el Juez de Zaragoza.

Valentín Cortés

Miércoles 17 de Mayo de 2017.

La degradación de la presunción de inocencia

Estamos tan inmersos en la degradación jurídica, y la vida política y mediática está tan encanallada, que toda la prensa de hoy, unos medios más y otros menos, pero todos, prácticamente condenan a la Presidenta de la Comunidad de Madrid por financiación irregular de su Partido (vid., como ejemplo paradigmático de esa degradación y encanallamiento, www.elespañol.com y sus titulares sobre la noticia). Parece ser que conviene a unos y otros bajar, aún más, el listón de la presunción de inocencia.

Ya no se trata de condenar por anticipado, sin esperar a la sentencia, al que es formalmente citado como investigado para declarar (lo que es hoy habitual y consecuencia  sólo de un mandato, según el Tribunal Constitucional, que emana de la propia Constitución, mandato que convierte al querellado en investigado con tan sólo hacer la querella formalmente bien); ahora, hemos llegado al paroxismo de que, aunque el Juez no cite como investigado y  el Fiscal no acuse, la persona concernida es culpable porque lo dice la policía judicial, cuyo informe ha desechado el Juez y el Fiscal por irrelevante en ese caso.

Pronto, llegaremos al zenit: se será culpable si así lo dice el pueblo, ni siquiera necesitaremos policía. ¿No se dan cuenta la prensa y los políticos del daño que están haciendo a la sociedad española en su conjunto con el desprecio sistemático de las normas básicas jurídicas?

 

Valentín Cortés

 

Martes 16 de Mayo de 2017

La reprobación del Ministro de Justicia

Hoy el Congreso debatirá la reprobación del Ministro de Justicia por su actuación indirecta en el problema que afecta a la Fiscalía Anticorrupción. Mi opinión, que la doy conscientemente antes de que se produzca el acto parlamentario, se queda en el hecho de que la reprobación vendría dada sólo por su responsabilidad en el nombramiento del Fiscal General que es, a su vez, quien ha nombrado al Fiscal Anticorrupción. Es de notar que, con esa lógica, habría que pedir también la dimisión del Presidente del Gobierno y su Gobierno, pues fue un decreto del Gobierno el instrumento de nombramiento del Fiscal General.

Si al Fiscal General lo nombrara el Congreso, a estas horas estaría destituido y esa circunstancia mostraría de forma descarnada la politización de la institución de la Fiscalía. Sin embargo, al Fiscal General lo nombra el Gobierno y sólo puede ser destituido por las razones estrictas que están recogidas en el Estatuto del Ministerio Fiscal, entre las que no están que su actuación no guste a la oposición en el Parlamento, ni siquiera que no guste al Gobierno. Constato menos politización en este supuesto.

En estas circunstancias, la reprobación del Ministro de Justicia sólo tiene, si la tiene, trascendencia política y nunca jurídica. Y la política, me temo sería a muy corto plazo.

Valentín Cortés

 

Viernes 12 de Mayo de 2017

Las reformas estatutarias de los Partidos políticos

La crisis política en la que vive el PSOE muy posiblemente llegará a su zenit al principio de la semana próxima cuando se celebre el debate televisado de los tres candidatos a secretario general.

Es verdad que la Constitución (art. 6) exige que la estructura y funcionamiento interno de los partidos deberán ser democráticos, pero eso no les obliga a las elecciones llamadas “primarias”, ( ni a las consultas a los afiliados) donde necesariamente aflora la diversidad o el antagonismo ideológico o de gestión , lo que por esencia enfrenta a uno con otros y divide al partido político.

Tras la crisis, necesariamente, el PSOE (y lo que digo es válido para los otros partidos), tendrá que pensar en modificar sus estatutos, porque lo importante (tal como se deduce del citado art. 6) es preservar la unidad ideológica que es lo que se ofrece a los votantes, personas que, en definitiva, eligen a un partido para que los representen según su ideología, que no puede ser por esencia múltiple, y sean ( los partidos), pues, “instrumento fundamental para la participación política”.

Por eso, necesariamente, se ha de frenar el método de las primarias, pues hay otros métodos de funcionamiento y organización igualmente democráticos y, en absoluto, disolventes como éste.

Valentín Cortés