Miércoles 12 de Noviembre de 2014

 

Una fiscalía independiente

Ayer oí al Fiscal General del Estado manifestar indignado ante la prensa que la Fiscalía era independiente del Gobierno y que no recibía ni había recibido instrucciones en relación a la actuación del Sr. Mas y demás secesionistas. Hoy he oído al Sr. Presidente del Gobierno mantener con firmeza, en el mismo tema, que el Gobierno desconoce qué tipo de querella interpondrá el Ministerio Fiscal, contra quien, por qué delitos y si al final se interpondría.

Esta sociedad está tan sumida en la corrupción, y en la desfachatez, que tanto una como otra personalidad han tenido que responder a preguntas que, en sí mismas, son ofensivas y acusadoras de conductas ilegales, provenientes de unos periodistas que ni siquiera ya creen en la división de poderes, tan acostumbrados, como están, al pasado al pensar que el Ministerio Fiscal es un correveidile del Ministro de Justicia. ¡Pronto pedirán el relevo del Fiscal General, pues no admitirán que sea independiente!

Valentín Cortés

 

Martes 11 de Noviembre de 2014

Todavía hay gente a la que se puede engañar.

El Sr. Mas ha dicho pomposamente que ha enviado una carta al Presidente de Gobierno ofreciéndole abrir negociaciones “entre los dos Gobiernos” para celebrar el “referéndum vinculante de independencia”. Ha advertido que si el Sr. Rajoy no le hace caso convocará eso que llama elecciones plebiscitarias con lista independentista única (www.elmundo.es).

Como toda la actuación del Sr. Mas, esta propuesta también está instalada en la ilegalidad y en el desconocimiento de la existencia de la Constitución. Lo que propone es que “los dos gobiernos” se olviden de la Constitución y la violen.

Como el Presidente Rajoy no puede pensar que el Sr. Mas sea un memo jurídico, es evidente que debe tratarlo como a alguien que propone ilegalidades sin fin, para que no se le acepte ninguna y ver si así engaña a alguien más, porque no olvidemos que a fuerza de insistir puede engañar otra vez  a sus amigos independentistas.

Valentín Cortés

Lunes 10 de Diciembre de 2014

 

¡Sigo creyendo en el Estado de Derecho!

Con independencia de la farsa y del descontrol, todo fuera del Estado de Derecho, cualquier persona medianamente formada sabe que ayer delinquieron gobernantes y funcionarios de Cataluña. Ya lo dije el día 5 pasado: las ovejas barruntaban mal; mal en los gobernantes catalanes y en los poderes del Estado, fundamentalmente en el Judicial, representando en este caso por varios jueces de Barcelona que se apuntaron( y acomodaron) al relativismo que yo denunciaba el miércoles pasado. Eso fue ayer, ¿y hoy? ¿Seguirán “acomodándose” el Ministerio Fiscal y los jueces?

Ahora, digo que para negociar, que es lo que recomiendan los relativistas, es imprescindible dejar esta herida jurídica cerrada y curada, porque no se puede negociar fuera del Estado de Derecho. Si no es así, como dijera el castizo: “apaga y vámonos”.

Valentín Cortés

Viernes 7 de Noviembre de 2014

La Audiencia de Palma de Mallorca y doña Cristina de Borbón

Nuestro sistema procesal penal es acusatorio. Nadie puede ser juzgado si no es tras una acusación; que, además, tiene que venir de parte legítima.

Lo que ha dicho la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca es que en la conducta de la Sra. Borbón existen indicios racionales de criminalidad por fraude fiscal. Pero para que se pueda juzgar a la Sra. Borbón es imprescindible que sea acusada por parte legítima. Lo son, en el delito fiscal, el Ministerio Fiscal( acusador público) y el Abogado del Estado( acusador particular), pero no  Manos Limpias (la acusación popular). Hasta ahora ni el Ministerio Fiscal ni la Abogacía del Estado han acusado a la Sra. Borbón.

Si se aplica la doctrina del Tribunal Supremo llamada “Botín” no podría abrirse el juicio oral para juzgarla; pero si se aplica la doctrina “Atucha”, sí, pero entonces el Juez  Bravo deberá explicar las razones que le llevan a ello y yo creo, modestamente, que no es tan fácil. Todavía quedan muchos trámites procésales para saber si al final se juzga o no a Doña Cristina

Valentín Cortés 

Jueves  6 de Noviembre de 2014

Los Sres. Chávez y Griñán y el Tribunal Supremo

¿Qué significa el informe de los fiscales del Tribunal Supremo relativo a la investigación de los EREs falsos llevada a cabo por la Juez Alaya?

La prensa habla de imputación. La fiscalía no puede imputar; eso solo le corresponde a los jueces y magistrados. Lo que los fiscales le han dicho al Tribunal Supremo es que la exposición de la Juez Alaya mantiene y contiene datos e indicios de criminalidad en la conducta de aquellos señores y que el Tribunal Supremo, que es el competente, debe investigar.

El Tribunal Supremo, lógicamente, los citará como imputados y les tomará declaración; y, después, tomará las medidas que correspondan, siendo el final de ellas o bien el sobreseimiento o bien la apertura del juicio oral.

Valentín Cortés

 Miércoles 5 de Noviembre de 2014

Hartazgo

Espero no escribir, por lo menos, hasta el día diez de este mes sobre la consulta secesionista del Gobierno de Cataluña.

De aquí al día nueve el único problema jurídico en este tema es saber si alguien cometerá delito de desobediencia y cuantos funcionarios, además, prevaricarán.

Como decía aquel poema costumbrista “mal barruntan mis ovejas...”. Pero, aun así, como jurista preferiría que el Estado no se acomodara a la desobediencia, aceptando el relativismo que le ofrece un sector de la opinión publicada, y , aunque la reacción me imagino que en todo caso sería selectiva, espero que al menos lo sea utilizando la inteligencia, dejando de lado la astucia.

Valentín Cortés

Martes 4 de Noviembre de 2014

 

La “astucia” procedimental.

Toda la prensa recoge que la Generalidad catalana ha presentado un escrito ante el Tribunal Constitucional, pidiendo que no se admita a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno; ha alegado abuso de poder del Gobierno que – se argumenta -, si piensa que este referéndum convocado no es sino una continuación del anterior, debería el Gobierno haber presentado un incidente en la ejecución  del anterior recurso y no un recurso autónomo. La manera de actuar del Gobierno implicaría que la suspensión se produciría sin audiencia previa de la Generalidad, audiencia que hubiera permitido, al tener que dar trámite a las partes, la consulta del 9 de Noviembre sin la suspensión especifica del Tribunal Constitucional.

No he podido leer los argumentos del Gobierno ni los de la Generalidad, pero observo que ésta tiene un procedimentalista “astuto”, que no procesalista. El procesalista siempre piensa qué puede hacer el contrario y nunca parte de que hará lo que más nos convenga a nosotros.

Esperaremos a ver qué hace el Tribunal Constitucional en esta batalla que necesariamente ahora es y será jurídica.

Valentín Cortés