Lunes 3 de Febrero de 2025

La publicidad en el proceso de investigación criminal del Fiscal General

El principio de publicidad del proceso que rige en nuestro sistema procesal es una victoria, ya secular, contra el proceso inquisitivo. Este proceso, parece inútil recordarlo, era secreto, pues impedía la publicidad de lo actuado no sólo de frente a las mismas partes intervinientes (sobre todo del procesado y enjuiciado) sino de frente al exterior, al público. Ello ofrecía impunidad a los jueces de frente a la opinión pública que no podía controlar, así, a sus jueces en el ejercicio de su labor: la publicidad es, pues, garantía de control por parte de la sociedad de la labor de un juez y esta recogida e impuesta en la Constitución (art. 120.1).

 Es verdad que la Ley Orgánica del Poder Judicial(art.232.3), como excepción admitida por la Constitución, permite la restricción total o parcial de la publicidad externa de los actos procesales por razones de orden público y de protección de los derechos y de las libertades. Esto es lo que pretendía el Fiscal General que decretara el Magistrado Instructor de su causa y que éste le ha negado (vid. la prensa de hoy). Yo creo que, en este caso concreto, la publicidad externa es de todo punto necesaria, pues no se está juzgando la actuación presuntamente delictiva de un ciudadano cualquiera, que pueda pedir la protección de sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, y que puedan verse afectados por la publicidad de los mismos antes de una posible e incierta  condena, sino que se investigan actuaciones del Fiscal General, en el ejercicio de sus funciones institucionales que, por eso, mismo requieren, además, que sean de conocimiento general, como método  eficaz de controlar la pureza de la actuación judicial y la responsabilidad institucional de alguien que ha sido designado por el Congreso. Cualquier otra información de actos no institucionales y sí personales e íntimos si cabe prohibir que se difundan al público

Valentín Cortés