Miércoles 22 de Diciembre de 2021 

Autonomía financiera de la Comunidad de Madrid y estrategia procesal preventiva.

Es conocida la tendencia del Gobierno de la Nación a llevar a cabo lo que llama armonización fiscal de las Comunidades autónomas, que, en el caso de Madrid, significaría acabar con la política fiscal de esta autonomía en relación a la práctica desaparición de determinados impuestos cedidos por el Estado (donaciones, sucesiones, actos jurídicos documentados, etc.). Leo hoy en www.abc.com que la Comunidad de Madrid está preparando la promulgación de una Ley autonómica para hacer imprescindible el acuerdo previo de la Comunidad para que el Estado pueda cambiar la política fiscal y financiera de la Comunidad.

Es evidente que, con la Constitución en la mano, el tema es ciertamente complicado y que todo dependería de lo que fuera una correcta interpretación del alcance de normas constitucionales como las del art. 133 y 157 de la Constitución en relación con otras normas igualmente constitucionales. De modo que, al final, la intervención del Tribunal Constitucional estaría asegurada si es que el Estado interviene en esa política fiscal y financiera de la Comunidad de Madrid a través de esa llamada armonización.

Pero, el sentido común o lógica, que es la base de cualquier interpretación legal que se quiera hacer (también de la Constitución) nos dice que cuando se cede y se acepta la cesión [ como fue el caso de los impuestos estatales cedidos en función de lo dispuesto en el art. 159.1.a) citado] hay, más o menos explicito, un acuerdo; y que si la cesión es tal, y no una mera transferencia de la gestión de cobro, la autonomía del cesionario debe ser total de modo que cualquier modificación del status actual debería partir igualmente de un acuerdo entre  ambas partes. Así, pues, a la postre, esa sería la función del Tribunal Constitucional, que, en mi opinión, es lo que, en su caso, parece quisiera provocar la Comunidad pues no hay que olvidar que el recurso de inconstitucionalidad de una Ley autonómica puede plantearlo el Gobierno con suspensión de la disposición recurrida hasta la resolución del Tribunal Constitucional en el plazo marcado por la norma del art. 161.2 de la Constitucional. De esa manera, la Comunidad de Madrid “obligaría”, en  el peor de los casos, a que fuera el Gobierno quien recurriera la Ley autonómica y no la Comunidad quien lo hiciera respecto a la Ley que armonizara, lo que siempre es una ventaja procesal .

Valentín Cortés

 

 

Martes 21 de Diciembre de 2021

 

Violencia machista institucional

La degradación constitucional que practica el Gobierno es tan clara, y se muestra tan sin tapujos, que (vid. www.europapress.es) hoy sabemos que, en el marco del  III Plan de Igualdad entre mujeres y hombres, que ha elaborado el Ministerio de Igualdad, se aprobó ayer el informe preceptivo en el que se habla, como un caso de violencia machista institucional, la denegación  de la suspensión de la condena a la Sra. Rivas por un  Juez de Granada. Es decir, el Gobierno acusa oficialmente al Poder Judicial de delitos de violencia machista, con hechos concretos que califica como de violencia institucional, pero, sin embargo, no interpone a través de la Fiscalía contra tales jueces la correspondiente querella. Pareciera como que para el Gobierno no importa tanto que exista la tal violencia machista institucional, como denunciar hechos como tal violencia para sacar rendimiento político.

Si ello es gravísimo desde el punto de vista constitucional, igual lo es que el Ministerio de Justicia, que votó en contra de la aprobación de tal informe, basara su voto (eso podemos leer en Europapress) en que violencia institucional es un término que no está bien definido (sic).

Me pregunto cándidamente: ¿es consciente el Ministerio de Justicia de lo que hace y defiende y de cómo lo defiende? El recuerdo a Apocalipsis 3.16 ha sido inevitable.

Valentín Cortés

 

Lunes 20 de Diciembre de 2021

La deriva inconstitucional del Gobierno

La falta de iniciativa legislativa del Gobierno, y de los partidos políticos que lo sostienen, en el caso de la pandemia es, desde nuestro punto de vista, incomprensible y claramente irresponsable. Me imagino que existirán unas coordinadas políticas, en las que no voy a entrar, que están impidiendo lo que sería natural en este caso: la aprobación de una llamada “ley de pandemias” y la toma de decisiones por el Gobierno en base a esa Ley. Desde este punto de vista, las manifestaciones del Presidente del Gobierno ayer en Barcelona son inanes.

Pero dicho eso, lo que quiero es poner de manifiesto que, con ello, junto con otras cuestiones, lo que se pone de manifiesto es una concepción inconstitucional del Estado o, si queremos ser más suaves, una concepción que no encuentra amparo en nuestra Constitución. En efecto, estamos asistiendo a un periodo de tiempo en el que el Gobierno (es decir, el Poder Ejecutivo) o bien no cumple sus funciones constitucionales (por ejemplo, la del art. 87.1 Constitución) o ejerce de forma significativa parcelas de poder que corresponderían a los otros Poderes del Estado que se ven maniatados, activa o pasivamente, por el Gobierno. El Poder Legislativo, por ejemplo, se ve imposibilitado de legislar en materia tan importante como el de la pandemia porque falta la iniciativa del Poder Ejecutivo y de los partidos que lo sostienen; y al mismo tiempo se le hurta la primacía legislativa, con lo que ello conlleva, con el abuso en el Real Decreto-Ley (art. 86. Constitución) del que hace gala el Gobierno o con la aprobación de Decretos inconstitucionales (estados de alarma; art. 116,2 y 3  Constitución). Item más, se obliga al Poder Judicial (a cuyo órgano de gobierno en  funciones se le recortan los poderes) a ejercer funciones propias del Ejecutivo, sin base legal suficiente, porque con  la pandemia no tanto aplica la ley al caso concreto (art. 117  Constitución) como crea la ley en el caso concreto, rompiendo el principio de unidad e igualdad entre los ciudadanos, para, al mismo tiempo, ver como el Ejecutivo le cercena su Poder ejercido mediante indultos injustificables y políticos.

Hay, pues, una preocupante deriva inconstitucional del Gobierno que es inadmisible.

Valentín Cortés

 

 

Viernes 17 de Diciembre de 2021

La dimisión del Ministro de Universidades

Escribo sobre esta dimisión en mi blog motivado por mis largos años dedicados a la Universidad.

Porque, aunque no lo parezca, la dimisión del Ministro de Universidades no sólo es una noticia de política, aunque de escasa importancia según dicen los medios de información críticos, sino que, fundamentalmente, en mi opinión, es una buena noticia jurídica. Lo digo, por supuesto con humor, pero, valga la paradoja, de forma muy seria, porque me imagino que, tras la dimisión de este ministro, será muy difícil que el próximo pueda sacar a la luz, si es que lo hace, una ley de Universidades tan desastrosa y perjudicial para la Universidad española como la que había preparado e intentaba que se promulgara el ahora ministro dimitido. Nos hemos ahorrado, pues, que en nuestro Ordenamiento Jurídico se cuele una Ley como la que preparaba.

 La Universidad no se arregla con sectarismo sino con exigencia al alumnado y formación competitiva cierta, profunda y continua al profesorado. Nada de eso estaba realmente contemplado en el proyecto del dimisionario.

Valentín Cortés

 

 

 

 

Jueves 16 de Diciembre de 2021

El Rey Juan Carlos y la investigación suiza por comisiones ilegales

Ya sabemos por la prensa de los últimos días que la fiscalía suiza ha archivado las diligencias que tenía abiertas sobre la posible percepción del Rey Juan Carlos de comisiones ilegales por la construcción del AVE a la Meca por empresas españolas. La fiscalía suiza no ha encontrado indicio de que esa cantidad, realmente percibida por un fondo, cuyo beneficiario económico era el Rey, fuera debido a comisiones ilegales. Esa cantidad fue transferida posteriormente y de forma íntegra a la antigua amante del Rey, investigada en esas diligencias. La Fiscalía suiza intervenía porque las cantidades se recibieron a través de una cuenta en Suiza, en un banco suizo.

Yo no conozco, obviamente, ni el fondo ni el trasfondo de este tema y creo que se debe investigar criminalmente cuando hay posibles indicios de delito, sea cual sea la persona involucrada; pero rechazo de forma categórica que una persona pueda estar sometida a investigación criminal por la fiscalía española (no por el órgano judicial competente) todo el tiempo que lleva el Rey Juan Carlos, al socaire de que está pendiente una investigación en Suiza, que, a la postre, no es concluyente y que nada impide que se pueda abrir posteriormente si es que se tienen nuevas revelaciones sobre el tema.

 El Estado, es verdad, debe tener un tiempo adecuado para investigar las presuntas actuaciones delictivas de sus ciudadanos, pero debe hacerlo con prontitud, diligencia, respetando los derechos del investigado y no por un órgano estatal que por tradición y funcionalmente busca, de forma principal, la posibilidad de acusación, y que parte de la rémora de ser encabezado por alguien designado por el Gobierno, y sí por un órgano, el judicial, que, amén de ser independiente del Gobierno, y con respeto a todos los derechos del investigado, no busca la acusación, sino si existen o no indicios racionales de criminalidad. Lo que no es una diferencia baladí.

Valentín Cortés

 

Miércoles 15 de Diciembre de 2021

El fraude procesal de las recusaciones

Nuestra legislación procesal y orgánica necesitan de profundas reformas para que se adapten a los tiempos en los que estamos, donde el Poder Judicial y los miembros que lo integran han acreditado infinidad de veces su independencia, no sólo frente a los demás Poderes del Estado, sino, orgánica y funcionalmente, frente a los justiciables, lo que en los años inmediatamente posteriores a la dictadura no era tan claro.

 Una de esas materias que requiere revisión es el de la recusación. Lo digo porque antes de ayer prácticamente todos los periódicos digitales recogían dos noticias referentes a esta cuestión: la recusación del Sr. Villarejo de todos los miembros del Tribunal que lo está juzgando; y de otra, la noticia de que el Tribunal Constitucional resolverá, sin aceptarlas, las recusaciones de los independentistas a determinados miembros de éste, al punto de manejar así a su gusto quién decide o no sobre las cuestiones que les afectan.

En ambos casos (ya hemos hablado de eso en otras ocasiones) no hay que ser un hábil y fino jurista para darse cuenta de la base fraudulenta de esas recusaciones, pues buscan un efecto completamente distinto al que se tutela con la recusación, que no es otro que tener un juez independiente de las partes y, por tanto, imparcial. No se es parcial porque el justiciable así lo crea, sino cuando se producen circunstancias objetivas y subjetivas de las que necesariamente se deduce la parcialidad. Con una nueva regulación, entre otras cosas, se conseguiría con mayor facilidad castigar a las partes que plantearan recusaciones fraudulentas con graves sanciones económicas, extensivas a los letrados que las presentaran al Tribunal.

Valentín Cortés

 

Martes 14 de Diciembre de 2021

La politización de la justicia

Si la Presidenta del Congreso, tal como comentábamos la semana pasada, se equivocaba, y tergiversaba los hechos, cuando hablaba de judicialización de la política, refriéndose a los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional denunciando la inconstitucionalidad de determinados actos del Gobierno y del propio Congreso  –[ pues, en definitiva, con independencia del total acierto de los recursos, quien acude al Tribunal Constitucional buscando amparo o declaración de inconstitucionalidad pone en juego su derecho a la tutela efectiva( art. 24 de la Constitución)]-, no puede calificarse de  politización de la justicia la denegación de suspensión de condena a la Sra. Juana Rivas por un auto del Juez que la condenó por secuestro de sus propios hijos, condena de la que, más tarde, fue indultada parcialmente por el Gobierno. Ni mucho menos se puede y se debe hablar de violencia institucional como lo ha hecho un miembro del Gobierno. De todo esto han hablado los periódicos en  los dos últimos días.

El art. 80 del Código Penal establece la facultad (no la obligación) de los jueces de suspender la pena en determinadas condiciones objetivas (lo que sería, tras el indulto, el caso de la Sra. Juana Rivas), pero sólo si la fundamentan en  que la ejecución de la pena no es necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. El Juez ha razonado exactamente lo contrario. Si el juez está equivocado esa es una cuestión jurídica, que resuelven los órganos superiores, pero nunca es una cuestión política como interesa hacer creer a sus críticos; no creo, pues, que haya en ese auto eso que llaman politización de la justicia, sino aplicación del derecho penal. Otra cosa es que unos y otros quieran politizar el auto del Juez.

Valentín Cortés