Lunes 7 de Octubre de 2019 

La sensibilidad jurídica de la sociedad española

He leído en www.abc.es que la Universidad Camilo José Cela ha suspendido a uno de sus directores administrativos, del que se ha sabido que presentó como trabajo de tesis ( obteniendo el doctorado correspondiente en la Universidad Complutense de Madrid) íntegramente, sin cambio alguno, lo que años antes  había servido como tesis para que otra persona se doctorara en aquella Universidad privada. Se da la circunstancia que aquella otra persona había plagiado su tesis doctoral en una proporción escandalosa, copiando incluso párrafos enteros de páginas, de inexistente calidad científica, de internet. Pero, lo que puede parecer mucho no es nada, porque con esa reacción no se cubren siquiera los mínimos de la dignidad, nada digamos de la responsabilidad jurídica que tiene tal Universidad.

La observancia del Derecho por los particulares requiere de una cierta sensibilidad y responsabilidad jurídicas, es decir, de asumir, como propias, las reglas emanadas de la Ley, sin que sea necesario que los órganos judiciales las impongan por la fuerza. Y es claro que esa Universidad (¿?) no tiene la menor sensibilidad y responsabilidad jurídicas.

Supuesto que aquella Universidad es el centro de una escandalosa coincidencia de plagios (recuérdese el del Presidente del Gobierno en su tesis doctoral), y vista la poca sensibilidad jurídica que demuestra (por no hablar de la científica y universitaria), no sería malo que, se supliera aquella falta de sensibilidad con la aplicación estricta de la Ley y se empezara, amen de despojar del doctorado a tan incalificables( universitaria y científicamente hablando) personajes, por iniciar un expediente que acabara con la suspensión y retirada de la licencia y habilitación para ser Universidad.

Valentín Cortes (Catedrático de Derecho Procesal)

 

Viernes 4 de Octubre de 2019

La inminencia de la sentencia

Toda indica que la semana que viene, quizá el lunes mismo, se dé a conocer la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio por rebelión contra determinados políticos catalanes.

 Por eso, antes de que termine esta semana no quiero perder la oportunidad de opinar sobre algo que, después de conocida la sentencia, ya no será, con toda seguridad, objeto de noticia.

En estos días estamos asistiendo a una clara y manifiesta campaña de amenaza y coacción que trata de influir, hasta el final, al Tribunal Supremo anunciando conflictos miles, altercados, huelgas, tomas de vías públicas y carreteras, males sin fin, para el caso de que la sentencia sea, tal como se prevé, condenatoria.

Todo es un proceso coactivo, claramente organizado y llevado a la practica por personas que, me imagino, deben ser conocidas. El Estado de Derecho exige que el Ministerio Fiscal actúe investigando estas conductas y que proceda como corresponde en Derecho.

Valentín Cortés

 

Jueves 3 de Octubre de 2019

La ley de seguridad nacional

Me imagino que la polémica que existe en la prensa digital sobre la posibilidad de intervenir el Estado en la policía catalana en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional está dirigida a la consecución  y defensa de intereses políticos varios, que poco tienen que ver con los intereses generales que se defienden en la Ley  citada al definir lo que es la “seguridad nacional”( art.3) como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y los derechos de los ciudadanos y a garantizar, entre otras cosas, los principios y valores constitucionales. Como tampoco tienen aquellos intereses nada que ver con lo que supone la declaración de la “situación de interés para la seguridad nacional” (art. 23), que implica la coordinación de todas las autoridades “bajo la dirección del Gobierno”, ni menos con la posibilidad de que entre las posibilidades de esa declaración se prevea (art. 24.1.d) el nombramiento, por el Gobierno, de una autoridad funcional con determinación de sus competencias”.

La Ley de Seguridad Nacional lo que no permite es la disolución de la policía catalana, o de cualquier otra, sino la muy cierta de poner a esa policía bajo las ordenes directas, con todas sus consecuencias, de una autoridad estatal nombrada por el Gobierno.

Y todo esto ¿qué tiene que ver con la sentencia de 3 de Noviembre de 2016 del Tribunal Constitucional tantas veces citada en esa polémica estéril?  Nada.

Valentín Cortés

Miércoles 2 de Octubre de 2019 

Pareto y Cipolla y su proyección en Cataluña

Vilfredo Pareto formuló en 1896, en su Curso de economía política, la llamada regla del 80-20 y la ley de “los pocos vitales”. Y Cipolla publicó en  1.988 su librito Allegro ma non troppo, donde incluyó su famoso estudio “Las leyes fundamentales de la estupidez humana”.  Reglas y leyes que son extrapolables a todas las clases sociales y a todo tipo de situaciones, también las jurídicas.

Siguiendo a estos dos pensadores italianos podemos decir que el Sr. Torra y su entorno son los perfectos estúpidos (jurídicamente hablando) pues, queriendo herir al Estado con sus bravatas y desobediencias, se ocasionan un daño personal(jurídico-penal) de la misma naturaleza y consistencia del que pretenden ocasionar. Como hemos dicho en tantas ocasiones, el Sr. Torra acabará inhabilitado, cuando menos.

De otra parte, en Cataluña unos pocos (muchos menos de los que parecía, quizá, como Pareto aventuraba, un 20%), es decir, el Sr. Torra y su entorno, son capaces de convertirse en esos “pocos vitales” que van a conseguir para ellos y para el resto de la sociedad catalana (el 80% de la regla) una situación de intervención autonómica propiciada por la aplicación del art. 155 de la Constitución o la aplicación de leyes limitadoras de sus capacidades autonómicas.

Valentín Cortés

Martes 1 de Octubre de 2019

Amagar y no dar

El Sr. Sánchez afirma (eso dice toda la prensa) que un gobierno en funciones puede aplicar el art. 155 de la Constitución. El Sr. Puigdemont, obviamente, afirma (también dice la prensa) que no puede.

Pero basta leer el art. 21 de la Ley 50/1997, del Gobierno, para darse cuenta que puede tomar  medidas, fuera del despacho ordinario de los asuntos, por causas de urgencia debidamente acreditada “o por razones de interés general”. Por su parte, el art. 78.2 de la Constitución establece que las Diputaciones Permanentes de las Cámaras (cuando las Cortes están disueltas) asumen las facultades que aquellas tienen de acuerdo con la Constitución. Y, por último, cabe recordar que el Senado tiene entre sus competencias adoptar las medidas que se crean necesarias, (tras la petición del Gobierno, aunque sea en funciones), cuando una comunidad autónoma no cumpla con sus obligaciones o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España (art. 155 de la Constitución).

En estas circunstancias lo que tiene que hacer el Gobierno es, por supuesto, no amenazar, sino actuar; y tiene la obligación de actuar cuando se dan las circunstancias previstas en el art. 155 de la Constitución. Yo, modestamente, creo que se dan  para aplicar unas medidas parciales que eviten actuaciones ilegales reiteradas del Gobierno y del Parlamento catalanes.

Valentín Cortés

Lunes 30 de Septiembre de 2019

 El uso alternativo de la Justicia

El Sr. Tezanos, que es el Director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha declarado hoy (así viene escrito en la prensa digital) a una cadena de televisión que ”sería prudente retrasar la sentencia del procés para que no coincida con  la campaña de las elecciones generales”. Se supone que dicha declaración la hace en su condición de director de ese Centro y que, por consiguiente, estima que, supuesto el carácter condenatorio de la sentencia, ésta influirá en el comportamiento del electorado y, lógicamente, estima que ese influjo no es bueno.

No se puede resumir en tan pocas palabras tanto desprecio por la función de la Justicia que aparece, así, en palabras del Sr. Tezanos, como un medio alternativo, temporalmente, y sociológico que es capaz de propiciar o conseguir un resultado electoral que se piensa que es o no el adecuado. Pero, claro, la Justicia no es un instrumento de acción electoral, ni el Juez-Estado puede dejar de funcionar en su momento condicionado por un resultado electoral al que se supone condiciona. Por esa misma regla de tres habría que pedir a los Ayuntamientos que no actuaran en un determinado sentido, al Gobierno que no lo hiciera o a las Cortes que no legislaran sobre tal o cual materia no fuera a ser que modificaran los resultados electorales de futuro que tenga in mente el Sr. Tezanos.

La Justicia es mucho más de lo que cree el Sr. Tezanos. Todo recuerda a aquello del uso alternativo del Derecho que, ahora, sería el uso alternativo de la Justicia

Valentín Cortés

Viernes 27 de Septiembre de 2019



De la deslealtad constitucional a la rebeldía constitucional


Ese es el camino que se ha recorrido por las instituciones catalanas.

 Si el Sr. Torra, como jefe de gobierno autonómico, justifica la violencia de unos investigados en prisión por presuntos delitos de terrorismo, y si ayer el Parlamento catalán, no sólo los ampara y protege, sino que afirma pomposamente la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional como instrumento de defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados", todo ello, en su conjunto, significa que las instituciones catalanas han entrado, parece que de nuevo y sin tapujos, en la situación de "rebeldía institucional", entendiendo rebeldía, en este momento, en su sentido no técnico-jurídico-penal.

El remedio de nuestro Estado de Derecho a tales situaciones es, se quiera comprender o no, la suspensión constitucional de esas instituciones y el reemplazo, a su tiempo, por otras que, sencilla y únicamente, deben ser democráticas, pues estas no lo son.

 

Valentín Cortés