Lunes 25 de Febrero de 2018

Roma y el MWC

Si algo conmueve de la película “Roma”, que hoy ha perdido la batalla de “los oscar”, es la exquisita educación de la protagonista, lo que, junto a su bondad, ha hecho, posiblemente, que la película en la que interviene haya superado cumbres que posiblemente no pensaba su autor alcanzar.

Cito este tema porque -¡gran contrapunto!- toda la prensa hace referencia a los desplantes de las autoridades catalanas (especialmente, el Sr. Torra) al Rey en el Mobile World Congress. Al contrario que la chica de servicio de la película citada, estas autoridades son maleducadas.

Pues bien, yo creo que, como todos los actos derivados o con origen en la mala educación (en este caso, además, de personal, política), estos desplantes no deben tener, en principio, un reflejo en el campo jurídico, pues son dos mundos (el de los buenos modales-buena urbanidad y el del Derecho) que son paralelos y que no inciden el uno sobre el otro. ¡No está sancionado jurídicamente ser maleducado!

Sin embargo, unas autoridades y una Autonomía, que tienen encima de sus cabezas (al parecer, según sean los resultados electorales próximos) la espada de Damocles de la aplicación, mas bien severa, del art. 155 de la Constitución, deberían modular sus malos modales, pues pudiera pasar que la educación (la mala, se entiende) incidiera negativamente en el clima político y este, a su vez, avivara o exaltara una más numerosa exigencia de aplicación del orden constitucional. De donde, los malos modales acabarían por tener trascendencia jurídica y constitucional, o, al menos, ayudarían a una más “fácil” aplicación de esa medida estrictamente jurídica.

Valentín Cortés

Viernes 22 de Febrero de 2019

La exhumación del cadáver de Franco

El pasado miércoles me ocupaba tangencialmente de este asunto, para poner ejemplos de las que creo que serán limitaciones del próximo Gobierno en funciones. Hoy me ocupo de manera central al leer el amplio reportaje que sobre el tema hace www.elindependiente.com, a la vista de la contestación del Vaticano a la carta de la Vicepresidenta pidiendo que se forzara la decisión del Prior del Valle de los Caídos de no permitir la exhumación sin el acuerdo de  la familia o hacerlo sólo obligado por el Tribunal Supremo.

A la vista de la contestación del Vaticano, que invoca la inviolabilidad de los templos [por tanto, la imposibilidad de actuar en ellos sin el permiso de la autoridad competente religiosa (art. 1.5 de los Acuerdos entre el Vaticano y España de 3 de Enero de 1979)] hay que sacar la conclusión de que el Vaticano no tiene nada que decir en relación a la autorización; es decir, el Vaticano no se considera la autoridad religiosa cuya orden buscaba la Vicepresidenta. Lo es el Prior.

En esas circunstancias, la exhumación del cadáver, dado que el tema está judicializado por los familiares de Franco, habrá de esperar a la decisión que tome el Tribunal Supremo. Un motivo más, que se une al que expuse el pasado miércoles, que me hace pensar que este Gobierno no podrá exhumar el cadáver de Franco, aun cuando el Prior cambiara de opinión.

Valentín Cortés

 

 

 

Jueves 21 de Febrero de 2019

Las palabras del Rey

Toda la prensa digital de esta mañana recoge las palabras del Rey al recibir el Premio Mundial de la Paz y de la Libertad, manifestando que “no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima de la Ley”.

Esta idea se contrapone frontalmente, y de forma excluyente, a la que mantenía, hace poco, el Sr. Torra (“nosotros ponemos la voluntad de la gente por delante de la Ley”) y a la que, estos días de juicio, proclaman los procesados (“teníamos un mandato”, dicen sin pudor) que priman hasta anular la Ley, haciéndola, según su criterio, inoperante.

Ya dijimos el pasado día 13 de este mes que Carl Schmitt, cabeza pensante jurídica del nazismo, se había encarnado en el Sr. Torra y, por lo que ahora oímos, lo hace en todos estos procesados, que basan su defensa en algo tan chirriante [para un Tribunal, que sólo está sometido al imperio de la Ley ( art. 117 de la Constitución)], como que le digan que el incumplimiento y fractura de la Ley y Constitución tiene justificación en la “voluntad de la gente”.

Frente a esta deriva totalitaria, lo único que ha hecho el Rey, en cuanto Jeje del Estado (art. 56.1 de la Constitución) es recordar algo tan obvio como el mandato del art. 9.1 de la Constitución: Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Valentín Cortés

Miércoles 20 de Febrero de 2019

Las limitaciones de un Gobierno en funciones

Leo en la prensa que existe la voluntad decidida del Gobierno de aprobar por Decreto-Ley una serie de medidas económicas, incluidas en los presupuestos rechazados la semana pasada, que se convalidarían en la Diputación Permanente del Congreso, una vez disuelto el Parlamento por la convocatoria de elecciones generales. También leo en la prensa, hoy, por ejemplo, con argumentos jurídicos incluidos, que el Gobierno tiene la voluntad decidida de exhumar el cadáver de Franco, ejecutando el Decreto que aprobaba la exhumación en los pasados días (vid. www.elindependiente.com).

Ambas decisiones pueden chocar abiertamente con el art. 21 de la Ley del Gobierno, de 27 de Noviembre de 1997, que limita la gestión del Gobierno en funciones al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar otras medidas, salvo casos de urgencia debidamente acreditada o por razones de interés general, cuya acreditación expresa lo justifique. Lo digo porque veo difícil que este Gobierno, cuando esté en funciones, pueda acreditar debidamente la urgencia o el interés general en exhumar el cadáver de Franco o en adoptar medidas económicas o sociales que, precisamente, el Congreso ha rechazado implícitamente al devolver los Presupuestos, por lo que no parece que el Parlamento haya creído que fuera necesario adoptarlas y menos de forma urgente. Pero, aunque no lo dijera Don Quijote, ¡cosas veredes..!

Valentín Cortés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 19 de Febrero de 2019

El proceso no es un escenario político

Hasta ahora, los procesados por rebelión, que han declarado ante el Tribunal Supremo, no sólo se han limitado a hacerlo sobre los hechos y actos en los que han intervenido [art. 691 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “se preguntará… sobre la participación que se le haya atribuido”( en los hechos que se enjuician)], sino que profusamente  han aprovechado cualquier ocasión ( cada pregunta, diría yo) para verter todo tipo de opiniones o pensamientos políticos, sociales y hasta filosóficos que, se supone, tienen que ver con los acontecimientos que se juzgan.

Parecería baladí afirmar que lo que juzga el Tribunal son hechos y actos que puedan tener relevancia penal y que se atribuyan al procesado, por lo que cualquier otra manifestación, juicio de valor, critica, u opinión no tienen la menor relevancia procesal. Hoy el Presidente del Tribunal (www.republica.com) se lo ha recordado al procesado Sr. Turull, lo que es tanto como recordarle la inutilidad jurídica de esa línea de defensa adoptada por los procesados. Por eso mismo, no tiene la menor relevancia (vid. el medio citado) que, por ejemplo, el declarante diga que la declaración de independencia, que se retransmitió por Televisión, sólo era una declaración política (¡).

Intencionadamente, me imagino, las defensas equivocan, si siguen así, la estrategia, que no debería ser otra que conseguir la absolución o la menor pena posible, porque los procesados están inmersos en un gravísimo problema jurídico, que desgraciadamente para ellos no va a ser solucionado con criterios políticos. Contra antes lo comprendan, mejor resultado obtendrán.

Valentín Cortés

Lunes 18 de Febrero de 2019

Instrumentalización política y politización del proceso por rebelión.

Los políticos, de todas las tendencias, han visto en el proceso que se sigue ante el Tribunal Supremo un filón que explotar, según sea su ideario político.

 Hoy, por ejemplo, en al menos dos medios digitales importantes ( www.elindependiente.es y www.larazon.es), se habla de la  existencia de un pacto para indultar a los ahora procesados por rebelión, me imagino, para advertir al electorado, pero olvidándose de la presunción de inocencia y trasladando la idea de que todo está decidido. Esta misma mañana, www.lavanguardia.com lanza una encuesta donde se afirma que la mayoría de los españoles quieren una solución dialogada en el tema catalán, con lo que de camino se cuestiona, sin decirlo, el proceso que supone todo lo contrario a la solución dialogada. La semana pasada, la prensa insistió en la idea de que los independentistas, en fin, a través de la declaración del Sr. Junqueras, habían utilizado el proceso para proyectar la idea de la persecución que sufre el pueblo catalán en la prensa internacional. Es seguro, pues, que, cuando termine el proceso, los intentos de instrumentalizar el proceso en cuestión se contarán por decenas de miles.

Curiosamente, se instrumentaliza políticamente el proceso porque los políticos han llegado al convencimiento de que no pueden politizarlo. Así, pues, la seguridad que tenemos es que, en medio de esas batallas políticas, la Justicia avanzará, cada día con más seguridad y determinación, en su papel de aplicar sólo la Ley. ¡Y lo harán en plena campaña electoral!

Valentín Cortés

 

Viernes 15 de Febrero de 2019

El fondo y la forma de los mandatos constitucionales

He oído al Presidente del Gobierno su perorata anunciando la convocatoria de elecciones generales, en la que ha hecho una mención al art. 113 de la Constitución (que regula la moción de censura) para defender, sin que nadie se lo haya pedido, que su Gobierno ha sido legítimo y constitucional, dado el sistema parlamentario de elección del Presidente de Gobierno, y que su Gobierno, además, ha gobernado.

La forma que impone la norma constitucional citada, para llevar a cabo la moción de censura, sin duda que se observó fielmente, como no podía ser de otra manera.

Pero, las dudas son grandes en cuanto al fondo o al espíritu que anida en la moción de censura que, según la norma citada, se puede utilizar, con limitaciones, sólo para exigir la responsabilidad política al Gobierno censurado; lo que implica (cosa que olvidó, posiblemente, el Sr. Sánchez) que aquel que se propone  como Presidente debe tener la capacidad de responsabilidad política que se le exige al censurado, lo que se concreta en, al menos, poder Gobernar.

 Es ahí, donde están las dudas; y quizá el Sr. Presidente se ha visto ahora “censurado” por su actuación en estos meses, de modo que a su perorata, quizá, se le pueda aplicar el viejo aforismo de excusatio non petita, accusatio manifesta.

Valentín Cortés