Jueves 22 de Marzo de 2018

La decisión del Sr. Torrent

Como Presidente del Parlamento catalán, ha propuesto al Sr. Turull como candidato a Presidente de la Comunidad Autónoma; sabemos que lo ha hecho de forma urgente, con sesión parlamentaria incluida, para que se haga la designación antes del viernes, que es cuando se ha anunciado una “vistilla”, tras la comunicación de los procesamientos por el Tribunal Supremo, para revisar la situación cautelar del Sr. Turull, que será procesado por rebelión, sedición y malversación de fondos y que puede entrar en prisión, siendo entonces imposible, legalmente, que ejerza como Presidente.

Dice el Presidente del Parlamento (www.expansion.com) que “entendiéramos que la entrada en prisión del Sr. Turull demostraría que se han vulnerado todos los derechos”.

Lo destacable de estas manifestaciones del Presidente del Parlamento es que se demuestra por enésima vez que el independentismo no reconoce la legalidad española y que pretende vivir y funcionar fuera de ella, de otra manera no afirmaría que la prisión vulnera algún derecho del procesado, aunque del contexto de la entrevista parece que esos derechos que se vulnerarían no sólo serían del Sr. Turull, sino así  mismo de los parlamentarios que lo designarían como Presidente. De donde, igualmente, las conductas y actos de esos parlamentarios parece que, para el independentismo, quedan fuera del control, aplicación y órbita de las normas españolas. Piensan y actúan, pues, bajo la órbita de su  “legalidad”.

Con esta manera de actuar en política, me parece inevitable que el Magistrado Instructor tenga más clara aún la voluntad decidida de estos señores de seguir delinquiendo. Pienso, pues, que mal augurio para el Sr. Turull.

Valentín Cortés

Miércoles 21 de Marzo de 2018

“Top manta”

Si despojamos al fenómeno “top manta” de su componente demagógico y, por supuesto, social (que nos lleva a la marginación, esclavitud, inmigración ilegal y un largo etc. de problemas) nos encontramos con el problema jurídico de la venta de productos y mercancías falsificados. Dicho de otra manera, se trata de vender mercancías o productos que todo el mundo sabe que son falsas, pero que ello no evita que con dicha falsificación y venta de este vulnerando la propiedad industrial y, a veces, intelectual de los legítimos propietarios.

Una sociedad que admita que se puede atacar, violar o apropiarse de lo ajeno sin que ello sea considerado punible, merecedor de un reproche penal, es evidente que está socavando los cimientos de la convivencia y, en nuestro caso, de la Constitución (art.33) que, además de reconocer el derecho a la propiedad privada, establece el principio de que nadie puede ser privado de sus bienes  y derechos, salvo los supuestos de expropiación por utilidad pública e interés social y ello con la correspondiente indemnización.
Por tanto, los problemas sociales hay que solucionarlos con medidas sociales; nunca, como se propone ahora por algunos grupos políticos, violando la Ley

Valentín Cortés

Martes 20 de Marzo de 2018

El pasaporte de los fugitivos

He leído en www.republica.com un extenso reportaje sobre la petición que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha hecho al Magistrado instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación de fondos que se sigue, entre otros, contra los independentistas catalanes fugitivos en el extranjero.

Se trata, por lo leído, de poner fin a una serie de “viajes de propaganda política” que estos señores han empezado a realizar a determinados países europeos, en los que tienen mas o menos seguridad que es difícil que se proceda a la detención y entrega a España por los delitos de rebelión y sedición. Me imagino que la Fiscalía ha estudiado el tema y que la petición que se hace tendrá un serio fundamento jurídico penal.

Tengo que decir que el fin de las medidas cautelares (y no olvidemos que lo que pide el Fiscal es una medida cautelar penal), es asegurar, primero, la realización del juicio y, en segundo lugar, el cumplimiento de la condena que pudiera recaer en el juicio. Desde este punto de vista, que es estrictamente procesal, no veo claro que la medida cautelar pedida tenga acomodo en el concepto que tiene la Ley de Enjuiciamiento Criminal de esas medidas, pues, según mi modesta opinión jurídica, la anulación de los pasaporte de los fugitivos está destinada más a evitar el menosprecio a la Justicia española, que la viabilidad de la resultancia del futuro juicio.

Por todo esto, me imagino que el Magistrado Ponente no accederá a lo pedido por la Fiscalía.

Valentín Cortés

 

 

Lunes 19 de Marzo de 2018

Algunas ideas para las encuestas futuras

Una encuesta (www,.lavanguardia.es de hoy) afirma que la reforma constitucional se impone como solución para la crisis catalana, que,dicen, es la crisis española.

Para Montesquieu, en su famoso y poco leído “De l´esprit des loix”, el Poder realmente peligroso, en el reparto de poderes y funciones que hay que hacer en una sociedad democrática dentro de un Estado, era el Judicial porque, aplicando la Ley (que es su cometido y su función), podía interpretarla de tal modo que se vulnerara la voluntad del legislador, convirtiéndose así en una especie de Poder Legislativo sin control.

En la crisis política, no sólo provocada por la crisis catalana, que vive España desde hace años, a consecuencia posiblemente de un Poder Legislativo inexistente políticamente, por su división y fragmentación, y del Ejecutivo por la falta de un apoyo claro en el Parlamento, el Poder Jurisdiccional salva al Estado de la inacción y perención en las que está sumido, aplicando la Constitución y las leyes vigentes, interpretándolas por encima del impulso sectario de las fuerzas políticas, es decir, como querría Montesquieu.

 Todas esas personas que piensan que la solución de la crisis catalana está en la reforma constitucional (no sabemos en qué sentido), en el fondo, desean que los jueces no apliquen la Constitución y las leyes interpretándolas como lo hacen. Porque es molesto a sus intereses políticos y personales.

Montesquieu, posiblemente, de haber vivido la realidad española actual habría superado sus preocupaciones y reservas con relación al Poder Judicial, lo que me hace pensar que, en esa reforma constitucional, que todos indican que será la panacea de superación para nuestra crisis, quizá haya que propiciar un sistema para que el Ejecutivo y el Legislativo cumplan realmente con las funciones que Montesquieu pensó para ellos y, quizá, con ello, el Judicial pierda protagonismo.

Valentín Cortés

Jueves 15 de Marzo de 2018

La pena permanente revisable

El debate en el Congreso sobre la derogación de la pena permanente revisable ha demostrado lo importante que es la argumentación jurídica para los políticos, aunque, en esta ocasión, denota que no son juristas. La utilizan, aunque lo que se exponen son meridianamente razones políticas o, si queremos, ideológicas, como, por ejemplo, la derrota del adversario político.

Afirmar, como se ha afirmado, que la pena dicha es inconstitucional, cuando se ha interpuesto previamente un recurso ante el Tribunal Constitucional de inconstitucionalidad y procurar, antes de la resolución del Tribunal, la derogación de la norma, no tiene ningún contenido jurídico a no ser que sea porque no se tiene la menor fe en el recurso planteado.

Afirmar que dicha pena no ha evitado el delito, o los delitos, de ultima hora es tan absurdo como poner en tela de juicio las penas (todas) como sistema de castigo de los delitos, porque es evidente que las penas no evitan la comisión de los delitos.

Olvidar que la pena es un castigo que trata de proteger a la sociedad del delincuente es tan ingenuo jurídicamente como olvidarse que, detrás de una argumentación jurídica forzada o interesada, no hay mas que, en este caso, la defensa de una ideología o una conveniencia política. ¡Dígase claramente y no enturbiemos el Derecho!

 

Valentín Cortés

 

Miércoles 14 de Marzo de 2018

 

Un grave problema

El problema no es la condena del Estado Español. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hoy recoge toda la prensa española, ha declarado que quemar la foto de los Reyes de España no es un delito de incitación al odio, en este caso, ideológico, de los regulados en el Código Penal Español, sino una manifestación del derecho a la libertad de expresión.

Lo más preocupante de la sentencia, como antes de otras del mismo Tribunal, no es que implica una clarísima extralimitación de las competencias del Tribunal, invadiendo la de los Tribunales españoles; ni siquiera lo es la particular idea que sustenta de lo que sea la libertad de expresión, sino la absoluta falta de sintonía que el Tribunal tiene, en este caso, con la sociedad española y lo que ésta entiende y se ha dado como Derecho.

La falta de sintonía, que denunciamos, se debe, como desgraciadamente hemos dicho en otras ocasiones, a que el Tribunal Europeo, cada vez más, es un tribunal que no es el natural, condición que es esencial para que la Justicia sea realmente lo que se espera de ella, porque un tribunal nunca es natural si sustituye al que lo es.

Grave problema y difícil de arreglar: quizá buscando la auténtica formación jurídica en los jueces que compone el Tribunal, y evitando, en algunos casos, el sectarismo político e ideológico de sus componentes.

Valentín Cortés

 

 

 

Martes 13 de Marzo de 2018

El procesamiento de los independentistas enjuiciados

Recoge la prensa la noticia, que ha surgido en el seno de la fiscalía, según la que, tras el próximo y, parece ser, inmediato, procesamiento y auto de prisión provisional de los independentistas catalanes, acusados de rebelión y sedición, unido a la malversación de fondos en su caso, se pedirá la orden internacional de detención de los fugados. Con ello se inicia un periodo de enorme inseguridad jurídica para las personas fugitivas de la Justicia española, pues esta orden llegará cuando ya se haya instruido el sumario, antes de su conclusión, y estén totalmente articulados los indicios, (si no pruebas) de criminalidad, en concreto de rebelión, sedición o malversación de fondos públicos. Nada comparable a cuando se libró la orden de detención internacional contra el Sr. Puigdemont y ad lateres.

Siendo importante que se promueva la orden de detención internacional, desde el punto de vista procesal, lo realmente importante del procesamiento del que se habla es que, de acuerdo con el art. 384 bis, que fue añadido a la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de Mayo, el rebelde procesado que “estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.

Quizá la cercanía de estos procesamientos tenga una derivada política que se manifiesta en los movimientos políticos, totalmente incomprensibles, que se están desarrollando entre los partidos independentistas en la actualidad.

Valentín Cortés