Lunes 18 de Septiembre de 2017

Un “proceso” con un fin menos incierto

Se está dibujando día y día el panorama jurídico que quedará, según mi opinión, tras el uno de Octubre, fecha elegida por el independentismo catalán para que eclosione el llamado “proceso”.

La comisión sin cesar de delitos por parte de las autoridades catalanas, cada vez de mayor gravedad, pues recordemos que el descubrimiento de malversaciones de caudales públicos es continuo, dará lugar a un escenario de procesos penales que dejará a una buena parte de esas autoridades sin futuro político y un considerable y penoso futuro penal, en el mejor de los casos.

La toma de control por parte del Estado de las cuentas de la Generalidad por la aplicación de la legalidad vigente( que curiosa pero lógicamente ha dado lugar a un recurso ante el Tribunal Supremo de la Generalidad, pidiendo la suspensión cautelar de la medida: www.europapres.com)  muestra el camino  nada conflictivo en lo político de la toma de otras competencias autonómicas por la vía de otras leyes ordinarias( como por ejemplo, la de Seguridad Nacional) o la, cada vez menos engorrosa y molesta, del art. 155 de la Constitución, todo ello por la aceptación ciudadana, parece ser muy mayoritaria ahora (vid. el giro en este aspecto que ha dado el PSOE, según la prensa digital de hoy), y, dentro de unos días, por la exigencia prácticamente, me temo, unánime de los ciudadanos de este país, de poner fin a ese estado de cosas delictivo en el que se ha convertido la Generalidad catalana.

Según mi criterio quedaría por aclararse si esta tremenda crisis dará lugar a una modificación de la Constitución y si esa modificación en su caso nos llevará o no a una mayor centralización de competencias en manos del Estado. Todo dependerá del grado delictivo que alcance el “proceso”

Valentín Cortés

Viernes 15 de Septiembre de 2017

Los jueces y el proceso

De todo el torrente de noticias que ayer se produjeron en relación con el llamado “proceso” de secesionismo catalán, en mi opinión, la más trascendente fue la nota conjunta de todas las asociaciones de jueces. En ella comunicaban a los ciudadanos que las autoridades catalanas habían perdido legitimidad y que era licito y obligado desobedecerlas, llamando a no cumplir ninguna orden tendente a la realización del referéndum.

Yo no recuerdo que esta nota tenga antecedentes, como tampoco que se hable de forma clara de rebelión, que será, como al final, habrá que tratar este tema.

Las asociaciones de jueces, en puridad, no son los jueces, uno más otro en su individualidad, pero aun así la nota es un aviso de quienes aplican la ley de que no existen dos legalidades, sino sólo una, pues, tal como decíamos hace algunas fechas, al proceso se le ha venido abajo una de las patas con las que, según sus protagonistas, había que dotarlo.

La catarata de delitos que se cometerán en los próximos días, obligará, sin duda, al Estado, y en concreto al Tribunal Constitucional, a plantearse la timorata posición jurídica de no inhabilitar a los sediciosos advertidos y desobedientes.

Valentín Cortés

Jueves 14 de Septiembre de 2017 

Un “proceso”, pero de querellas y condenas

La interposición de querellas por la Fiscalía, contra los principales intérpretes del proceso cesionista catalán, es el principio de la necesaria y obligada reacción del Estado contra el quebrantamiento legal, amplio y variado, que se produce con ocasión de la convocatoria del referéndum ilegal y prohibido por el Tribunal Constitucional.

La reacción de las autoridades de la Generalidad, en abierta y clara insumisión y desprecio por los Tribunales y sus mandatos, más su política de involucrar a centenares de autoridades y funcionarios como escudo que se antoja muy pueril, aunque no menos peligroso, producirá no sólo más querellas y más condenados en el futuro, sino lo que parece más grave y que no es de descartar, cual es que se produzcan reacciones violentas y tumultuarias que pueden dar, sin  duda, lugar a que los hechos se puedan calificar de rebelión con penas muy altas para los responsables e inductores.

Es evidente que todo esto no es deseable, pero cualquiera que conozca el funcionamiento de la Administración de Justicia, tiene la certeza de que existen muchas posibilidades de que ocurra, si antes la Generalidad y sus instituciones no se someten a la legalidad y mandatos judiciales, que es tanto como decir si antes no respeta y cumple el Estado de Derecho.

Valentín Cortés

Miércoles 13 de Septiembre de 2017 

Las pérdidas del Banco Popular

La publicación en la prensa de ayer de las pérdidas sufridas por el Banco Popular en el primer semestre de este año (que se elevan a más de 12.000 millones de €) abren, desde el punto de vista jurídico, un panorama claro, eso creo yo, en el camino que muchos accionistas y perjudicados tomarán tras la decisión en su día de las autoridades europeas de adjudicación de la entidad al Banco de Santander por un euro simbólico.

Es evidente que mi conocimiento del tema es el del lector de periódicos, pero cabría, tras esta información de ayer, llegar fácilmente a la conclusión que la decisión de las autoridades financieras europeas( y españolas) fue acertada, que la adquisición por el Banco Santander no debe merecer reproches, ni siquiera el de enriquecimiento injusto, del que ayer se hablaba, y que los tiros se dirigirán  a los antiguos administradores y auditores que tendrán que explicar el desfase tan enorme entre las cuentas del año pasado y estas. Y mucho me temo que a esos accionistas y perjudicados no les quedará muchas más opciones que acoger las ofertas que se le hacen desde el Banco Santander con la adjudicación de los llamados “bonos de fidelización” ( vid. en  www.expansion.com), que, incluso ahora, se muestra mas generosa.

 

Valentín Cortés

Martes 12 de Septiembre de 2017

El Sr. Puigdemont busca apoyos legales

He leído en www.expansion.com un extracto de unas declaraciones del Sr. Puigdemont a RAC1 que son dignas de traer a este blog. Completan a las de ayer, y confirman, según su autor, que no puede ser inhabilitado por el Tribunal Constitucional, ya que la figura de Presidente de la Generalidad está regulada por el Estatuto y en este texto legal ( por cierto que forma parte del Ordenamiento jurídico español) se recoge que el Presidente será depuesto de su cargo sólo en los supuestos de moción de censura o de confianza: ergo el Tribunal Constitucional no lo puede destituir.

Como se aprecia, el argumento es de una simpleza absoluta, pero es curioso que fueron los secesionistas lo que dieron contenido y naturaleza jurídica al llamado proceso buscando, en la promulgación de leyes por el Parlamento, una legitimidad distinta a la del Ordenamiento jurídico nacional. Pero, tras las resoluciones del Tribunal Constitucional, se han quedado sin apoyo legal (así lo sienten ellos, oído lo que dicen), por la inexistencia de esa nueva regulación que ha quedado suspendida y sin efecto, y buscan desesperadamente otro apoyo jurídico, que es ahora (¡gran sorpresa!) el Estatuto de autonomía.

Pero, como siempre (lo que me hace dudar de la bondad y técnica del asesoramiento jurídico que tiene la Generalidad), creen que leyendo una ley se han leído toda la legislación, como cuando cometen fraude de Ley o de Constitución que creen que la aplicación de una norma puede encubrir la violación de otra. En cualquier caso, este Presidente (que no es jurista, según tengo entendido) no le han asesorado bien y da respuestas jurídicas tan equivocadas como grotescas y, sobre todo, incomprensibles dentro de lo que debería ser la mecánica revolucionaria de un golpe de Estado que, se supone, no se debería detener mucho en aspectos jurídicos, ni menos buscar apoyo dialectico en el Derecho.

 

Valentín Cortés

 

 

Lunes 11 de Septiembre de 2017

“Parole”, “parole”, “parole”

Con la pomposidad y heroicidad épica habituales, el Sr. Puigdemont ha declarado, institucionalmente, que “sólo el Parlament puede inhabilitar al Govern que presido”.  Así lo recoge la prensa digital de esta mañana. No se trata, como podría parecer, de una declaración política, sino de una claramente jurídica.  La comento, pues, desde ese ángulo que es el mío.

Como se trata de una declaración institucional con ocasión de la Diada, me imagino que, aunque no se lo crea, la manifestación se ha hecho por este señor para expresar un principio fundamental e institucional del llamado proceso, del cual se ha de partir para entenderlo (los que estamos fuera) y llevarlo a cabo (los que está dentro), con lo que se adivina, incluso para el más convencido de los secesionistas, el futuro tan corto y ridículo que tiene el proceso, entre otras cosas por lo que dijimos en nuestra última “opinión”: desgraciadamente, para el Sr. Puigdemont, éste no tiene dos legalidades para escoger la que más le guste o convenga, ni tampoco tienen esa posibilidad ni autoridad ni funcionario alguno.

No soy capaz de averiguar ni cómo, ni cuándo, ni que autoridad (Senado, jurisdicción ordinaria o Tribunal Constitucional) será la que al final inhabilite al Sr. Puigdemont y a su Gobierno, pero sí sé que el llamado proceso está tan trufado de ilegalidades, y que, además, “obliga” para su consecución a la comisión de un tan variado ramillete de delitos, que indefectiblemente acabará con esas autoridades inhabilitadas y condenadas, incluso por más delitos de los que hasta ahora han sido acusadas por el Ministerio Fiscal.

Valentín Cortés

 

Viernes 8 de Septiembre de 2017 

Los resortes del Estado

La aprobación en esta pasada madrugada de la llamada Ley de la desconexión jurídica por el Parlamento catalán es, podemos decir, como la segunda parte del bodrio de ilegalidades del que hablábamos ayer. Me imagino que vendrán otros actos ilegales de las instituciones catalanas para seguir rellenando ese bodrio.

Nuestra opinión hoy enlaza con la de ayer y, por tanto, no perdemos de vista que lo que quiere el independentismo, curiosamente, es poder decir que la “ley” le ampara en sus actos. Es aquí donde el proceso falla de inicio. Veamos:

La reacción del Estado a esa primera parte se ejecutó en menos de 24 horas y lo más importante es que ya no existen dos legalidades, pues el Tribunal Constitucional ha suspendido la vigencia de la espuria. Nadie puede, pues, ampararse en una legalidad, inexistente por ahora en el ordenamiento jurídico español, para llevar a cabo actos permitidos por ella.

Hoy, me imagino el Gobierno presentará recurso contra esa paradójica (¡ se han fijado en el titulo!) Ley de desconexión jurídica y el Tribunal Constitucional la suspenderá tras admitir a trámite el recurso del Gobierno.

Esto, que puede parecer baladí, es, por contrario, esencial y permite terminar con la ambigüedad que podría ser aprovechada por quien tiene que elegir desde ahora, no entre dos legalidades ambas vigentes, sino entre la legalidad y su violación, con las consecuencias económicas, administrativas y penales que ello conlleva. Por eso, en el discurso de  ayer,el Sr. Rajoy hizo bien en poner énfasis en la situación de los funcionarios y autoridades.

Valentín Cortés